Catalunya
La Audiencia Nacional aparta a Pujol del juicio y lo exime de responsabilidad penal por su estado de salud

La Audiencia Nacional ha decidido dejar fuera del juicio al president de la Generalitat Jordi Pujol — en Catalunya el título de president se mantiene de por vida —al considerar que no se encuentra en condiciones de responder penalmente por los hechos que se le imputan. Tras un nuevo reconocimiento forense realizado este lunes y una entrevista directa con los magistrados, el tribunal ha concluido que su estado de salud le impide declarar y afrontar el proceso con las garantías mínimas.

Parece evidente que Pujol, de 95 años, no dispone de las capacidades físicas ni cognitivas necesarias para someterse a un interrogatorio ni para ejercer su defensa en relación con los delitos que se le atribuyen, entre ellos asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicitaba para él nueve años de prisión.

El caso Pujol no ha sido solo un proceso judicial, sino una de las grietas más profundas en la construcción política de la Catalunya contemporánea

La decisión, comunicada por el presidente de la sala, José Ricardo de Prada, cierra así una incertidumbre que se arrastraba desde el inicio del juicio y que se había convertido, en Catalunya, en un motivo de preocupación institucional hasta el punto de que el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, apeló al “sentido común” ante la posibilidad de que fuera trasladado a Madrid —como finalmente ocurrió— para ser examinado en la Audiencia Nacional.

Un proceso suspendido entre informes médicos y decisiones judiciales

El recorrido hasta este punto no ha tenido una trayectoria lineal. Desde noviembre, cuando comenzó el juicio, los informes médicos coincidían en que Pujol no estaba en condiciones de declarar. Peritos del Instituto de Medicina Legal de Cataluña lo evaluaron en su domicilio, y posteriormente fue examinado por especialistas designados por la propia Audiencia Nacional. A pesar de esa coincidencia, el tribunal decidió mantener abierta la causa contra él y posponer la decisión definitiva.

Durante estos meses, su presencia en el juicio ha quedado suspendida en una especie de limbo procesal. La posibilidad de que declarara se mantuvo abierta, en ocasiones alimentada por informaciones contradictorias, mientras el proceso avanzaba con el resto de acusados. Todo eso iba generando en Catalunya un cierto sentimiento de consenso, incluso ante algunos de sus más acérrimos rivales, de que la justicia no puede estar desprovista de un cierto “sentido común” humanista.

El tribunal defendió entonces que debía evitar cualquier decisión basada exclusivamente en la edad y comprobar directamente el estado cognitivo del acusado antes de resolver. El argumento apuntaba a garantizar formalmente la igualdad ante la ley. Pero la escena —un president anciano, con claro deterioro cognitivo, obligado a desplazarse para ser examinado— puso también sobre la mesa otra cuestión menos formal: los límites reales del proceso penal cuando se enfrenta a figuras de poder envejecidas.

La decisión final resuelve esa tensión en un sentido claro: al considerar que Pujol no puede declarar ni defenderse, el tribunal lo aparta del juicio y lo exime de responsabilidad penal, en una línea similar a la aplicada en 2021 en el caso de su esposa, Marta Ferrusola, excluida por “demencia sobrevenida”.

El proceso continúa ahora sin él, centrado en el resto de acusados y en la estructura familiar y financiera que durante años gestionó la fortuna oculta en Andorra.

El cierre judicial y la pregunta política que queda abierta

Queda, sin embargo, un elemento difícil de cerrar. El caso Pujol no ha sido solo un proceso judicial, sino una de las grietas más profundas en la construcción política de la Catalunya contemporánea. Durante décadas, el pujolismo funcionó como una forma de orden, de estabilidad institucional y de legitimidad política.

La revelación de la fortuna oculta abrió una crisis que iba más allá de lo penal: afectaba a la arquitectura misma de ese proyecto. Esa misma arquitectura es la que Jordi Pujol trató de salvaguardar en su comparecencia ante el Parlament en 2014, tres meses después de haber reconocido que poseía una fortuna no declarada Andorra, cuando afirmó que “si se corta una rama del árbol, caen las demás”. Aquella frase apuntaba a una estructura de relaciones, responsabilidades y silencios que excedía su figura personal.

El juicio debía servir, en parte, para delimitar ese alcance. Y todavía debe de ser así. Es necesario — es de justicia — conocer con exactitud hasta dónde hundía las raíces ese árbol, cuántas sombras proyectaron sus ramas, y qué frutos se esparcieron en todo el territorio estatal. La pregunta sigue hoy abierta, y se espera que la decisión del Tribunal, comprensible en términos humanos, no acabe ofuscando la respuesta que tanto Catalunya como España necesitan.