Los bomberos ‘voluntarios’ demandarán a la Generalitat catalana por ser personal ‘low cost’

Bombers Precaris en Lluita denuncia que el gobierno catalán tiene a casi un tercio de los efectivos, unas 1200 personas, cobrando diez euros la hora por intervención en una app como los ‘riders’.
Bombers Precaris en Lluita
Los bomberos llamados 'voluntarios' denuncian una uberización del servicio

Mucho se ha hablado este verano sobre las condiciones laborales de los hombres y mujeres que apagan las llamas de los incendios forestales y hacen las tan necesarias tareas de prevención. Pese a ser una de las comunidades con una integración mejor entre bomberos urbanos y bomberos forestales —que evita muchos conflictos e ineficacias—, Cataluña tiene lo que llaman un “modelo mixto” que en lo laboral levanta ampollas. Se trata de tener bomberos profesionales, en plantilla, y bomberos ‘voluntarios’, que solo acuden cuando se les necesita pero que cobran por ello. Es lo que denuncian públicamente desde la asociación Bombers Precaris en Lluita, un colectivo que representa a los llamados ‘bomberos voluntarios’, una especie de uberización del servicio, según ellos. Un servicio pensado para personas con otros trabajos que puedan complementar su salario con esta actividad de prevención y extinción de incendios tanto urbanos como forestales, pero que en la realidad representa una precariedad para estas personas. 

“Tenemos que tener una aplicación del Departamento de Interior instalada en nuestros teléfonos particulares sin ningún tipo de contraprestación y el mero hecho de no tenerla instalada es causa de expulsión”, explica a El Salto Miquel Mesegué, portavoz de la asociación. Si tienen un móvil viejo o se les rompe y no pueden comprarlo uno en breve, también son expulsados. Él comenta que están obligados a ofrecer y apuntar en esa app 650 horas de disponibilidad al año, entre intervenciones, formación y reuniones. “Si son 649, automáticamente te expulsan”, relata. 

Explica que en esa disponibilidad puede haber horas de guardia en el parque o de actuación, todas por diez euros la hora. Esta situación estrambótica para unas personas llamadas voluntarias, da un giro mayor con el control fiscal de esta remuneración. “Yo pago por esos diez euros la hora en el IRPF como si fuera un trabajador pero no estoy dado de alta en la Seguridad Social, así que no cuenta en la pensión”, sigue relatando Mesegué, que añade que como no tienen contrato ni relación laboral como tal no tienen Prevención de Riesgos Laborales ni vigilancia sobre la salud. “En caso de accidente hay muchas lagunas porque no somos nada para la Generalitat, es una situación muy paradójica”, insiste. 

Personas que se presentan y que cobran por intervención, pero con unas 300 horas lectivas de formación, tal y como anuncia la Generalitat en su web. También tienen pruebas físicas, psicológicas, un examen y requisitos como tener la ESO o vivir a menos de 30 minutos de un parque de bomberos. Una vez que se forma parte de los bombers voluntaris, a través de una app se especifica los días a trabajar y los servicios requeridos. Estos son compensados, según el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y la  Orden de compensaciones INT/268/2023, además del precio hora por intervención, fija en 30 euros al mes por prácticas obligatorias o en 120 euros al mes como máximo por labores de mantenimiento (12 horas máximas a diez euros la hora). “Somos como los riders, te descargas la app y al final de mes, si cumples, cobras, si no vas fuera”, se quejan. 

“El famoso modelo mixto de bomberos del que tanto presume la Generalitat se basa en la falta de derechos laborales de, al menos, un tercio del dispositivo" denuncia Dani Sitjà

Mientras que un bombero profesional pasa unas oposiciones, tiene una formación exigente y un rango salarial entre 25.000 y 40.000 euros brutos anuales. Esta realidad, que no se da en otros servicios de prevención y extinción de incendios, supone una situación desigual para quienes se enfrentan juntos al fuego, explican desde Bombers Precaris en Lluita, que anuncian una demandan contra la Generalitat catalana y manifestaciones. El presidente del colectivo, Dani Sitjà, asegura que la campaña que acaba de finalizar ha sido “la más dura de los últimos años”, de ahí su decisión de denunciar la situación. 

“El famoso modelo mixto de bomberos del que tanto presume la Generalitat, y que puede ser muy avanzado en cuanto al concepto de bomberos integrales, se basa en la falta de derechos laborales de al menos un tercio del dispositivo”, denuncia Sitjà, que continúa diciendo que “el modelo se sostiene sobre los 1.200 bomberos que no tenemos reconocidos nuestros derechos laborales pero que hacemos el mismo trabajo que el resto de bomberos integrales”.

La asociación denuncia, además, que tienen peores materiales y equipos que sus compañeros, pese a enfrentarse a las llamas por un salario mínimo. “Como no se pueden quejar estos que no tienen contrato, les damos los peores materiales, los peores vehículos y así, nos habéis precarizados”, describe Mesegué. “Nos llaman bombers voluntaris, pero lo cierto es que somos los bomberos low-cost de la Generalitat”, denuncia Sitjà y adelanta que van a “demandar a la Generalitat y, además, convocaremos todas las movilizaciones que hagan falta para poner fin a esta situación y conseguir que se respeten nuestros derechos laborales”.

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