Opinión
Bomberos como peones en la lucha política del PP

Años se lleva pidiendo una ley de coordinación en incendios forestales. Décadas llevan muchos bomberos pidiendo que se actualicen sus convenios, que se acabe con la temporalidad de sus contratos y que se añadan más medios. Meses llevan algunos con encierros, huelgas y manifestaciones para evitar el desastre. Y el desastre, cómo no, llegó sin que se atendiera a ninguna de sus reivindicaciones. 

Es cierto que este desastre va por barrios: bomberos como los pertenecientes a las BRIF han logrado mejores condiciones —se acaba de conocer el nuevo convenio del Ministerio de Transición Ecológica que contrata los 365 días a este personal, considerada la élite de la extinción de incendios forestales—; otros han logrado revertir parcialmente la privatización con empresas públicas, mientras que algunos siguen pidiendo una simple lavadora para no llevar las sustancias tóxicas y cancerígenas a su casa al lavar su traje de protección. 

Estos últimos, los de Castilla y León son los que han sido más golpeados por los incendios forestales. Desde que el 9 de agosto un incendio que se unió a otro, saltó provincias y amenazó el Patrimonio Paisajístico de Las Médulas, han sido muchos más incendios los que han pasado a nivel 2 y no han logrado ser perimetrados durante días. En ese infierno que dura ya más de doce días, el resultado ha sido centenares de bomberos haciendo jornadas de hasta 20 horas, sin comida ni avituallamiento adecuado ni mucho menos un descanso aceptable. Un esfuerzo que no ha sido fruto del caos de unos incendios ingobernables, si no de un puesto de mando inexistente. 

Un puesto de mando que va mucho más allá arriba de los técnicos que están en los puestos de mando, ya que hemos visto cómo los responsables últimos de cada comunidad, sus presidentes, pasaban de agradecer la colaboración a todo el mundo y decir que estaba todo controlado a culpar al Estado central cuando ya ni ellos podían encubrir que nunca nada estuvo controlado. Pasamos de ver a Mañueco asegurando que había coordinación máxima a denunciar que el Gobierno central había hecho oídos sordos a sus peticiones. Ahora sabemos que el Ejecutivo de Castilla y León tardó una semana en movilizar efectivos propios que estaban de descanso o que no llegaron a enviar a nadie para coordinar con el operativo que desde el Gobierno central se había instalado. Tanto puestos de mando como instalaciones para dormir y evacuar. 

Unas instalaciones que les habrían venido muy bien a bomberos que durmieron dos o tres horas en camastros, sin ropa para cambiarse. Y es que esto que se sabe ahora, ellos, los y las bomberas que están sobre el terreno ya lo advertían. “En demasiadas ocasiones no entendemos las instrucciones que se nos dan, nos sentimos inútiles o infrautilizados”, decía a El Salto un bombero de Ávila. Una compañera suya reflexionaba sobre la muerte de un conductor de autobomba en León: “Mis compañeros de Castilla y León no pueden más, con turnos de 12, 15 y hasta 18 horas, y es un hecho que el cansancio provoca accidentes”. Mañueco, el que aseguró que respondería por “todas y cada una de las decisiones del operativo de Castilla y León”, ahora ve que sus vecinos piden que declare en nivel 3 de emergencia y piden su dimisión. 

Los únicos que reciben aplausos de estos presidentes ‘populares’ son el Ejército, la UME en concreto, como si no fueran enviados directamente por el Gobierno central a través de su Ministerio de Defensa. Como si las BRIF, las personas más preparadas para actuar en estos incendios no estuvieran sobre el terreno y  no fueran el modelo de gestión de los bomberos que mejor está en la actualidad. Mejor no fijarse en ellos, que aunque siguen sin ser funcionarios o personal laboral público, marcan la línea a seguir para acabar con la precariedad, la temporalidad y el despilfarro de la privatización. 

En su estrategia, de disimulo y balones fuera, también hay varias cartas que juegan: la de que todos los fuegos han sido intencionados —no solo provocados—, que son las víctimas de un plan contra sus autonomías o hasta que la Agenda 2030 es la culpable de los males que asolan el rural. 

La escuela de Mazón y lo que queda por venir

Y mientras, el Partido Popular repite estrategia de la dana: culpar a otros por su falta de gestión. No solo en Castilla y León porque aunque en las dos autonomías donde más ha impactado el fuego este verano, Extremadura y Galicia, el rebote ha sido el mismo. Mientras los focos seguían controlados en Ourense, el Gobierno de Alfonso Rueda pedía más medios al Gobierno central. Ahora sabemos que mientras pedía más autobombas para apagar los incendios, las propias de la Xunta estaban paradas jornadas enteras por falta de personal. En Extremadura lo mismo: por un lado se pedía más medios al Gobierno central, se aplaudía la llegada de bomberos de otras comunidades autónomas, pero resulta que bomberos forestales del norte de Cáceres estaban parados esperando instrucciones. Ellos, que sí que están dentro del Plan Infoex. 

Esto hace ver que ni con protocolos claros, como este plan de extinción de incendios forestales, estamos a salvo de los juegos estratégicos de quienes luchan por salvar su puesto. Se afanan en abrir un debate más que cerrado sobre si las competencias son del Estado central, de si son los técnicos o los políticos quienes toman las decisiones. Y es que los bomberos no olvidan cómo el Gobierno valenciano retiró a sus compañeros de la vigilancia de los barrancos o como rechazaron ayuda de otros cuerpos autonómicos en las primeras horas de la terrible y mortífera dana de 2024. La escuela de Mazón, que siguen en Génova a rajatabla, está dejando mucho más que cadáveres políticos en su estela. Y lo que queda por llegar.