Catalunya
El instituto La Ribera fuerza a la Generalitat a asumir la gratuidad de la educación pública

La matriculación telemática del instituto Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès obliga a adjuntar el justificante de pago de la cuota del material escolar para seguir avanzando en el proceso de matriculación, denunció recientemente una madre a la Federación de Ampas de Catalunya (FaPaC), y adjuntó las capturas de pantalla. Meses antes, esta federación había realizado un extenso informe en el que alertaba de que la cuota media que pagan las familias por alumno en los centros públicos catalanes se eleva a 88 euros, una cifra que, multiplicada por 742.852 alumnos, supone un ahorro para la Generalitat de 65,3 millones por curso, gracias a una cuota que el tiempo ha establecido como imprescindible para el ajuste presupuestario de los centros, y que no solo se destina al material fungible que usa el alumnado, sino a mobiliario, ordenadores, proyectores y fotocopias. En una decisión pionera, el instituto La Ribera de Montcada i Reixac ha decidido no recaudarla, porque ni es obligatoria ni debería ser voluntaria y probablemente es ilegal. 

El instituto de Montcada i Reixac es un centro de máxima complejidad, es decir, muchas de las familias son socioeconómicamente vulnerables. La dirección del centro realizó este curso un proceso de reflexión para suspender la recaudación, a pesar del riesgo que implica y de la posición de rebelión en que les sitúa ante la administración. Elevaron su petición al consejo escolar del centro, que la avaló, y así ha sido cómo se han convertido en el primer instituto que, al menos públicamente, ha borrado dicha cuota de las matriculaciones que han realizado estas semanas para el curso 2020/2021. 

Esta decisión supone un “gran esfuerzo” para el centro, reconoce su directora, Àngels Longan. El equipo de dirección ha presentado un presupuesto “equilibrado” ante el servicio territorial de Educación y confía en que, cuando necesiten dinero, la Generalitat aplique la ley: que la educación obligatoria sea gratuita en la enseñanza pública (artículo 88 de la Ley de Educación).

El Síndic de Greuges —el defensor del pueblo — sostiene que las familias aportan el 75% de los gastos de funcionamiento en los centros públicos de primaria y el 60% en secundaria

Los recortes que trajo la anterior crisis llevaron a la educación pública a una situación precaria que se perpetúa y avanza desde 2010. Esta semana, el Síndic de Greuges —el defensor del pueblo— ha trasladado al Parlament de Catalunya el informe Estimación del coste de la plaza escolar. Y los datos confirman la “infrafinaciación” a la que está sometida la Educación pública, y alerta de la segregación que comporta. 

En cuanto a las cuotas de material, el informe del Síndic las eleva aún más: los ingresos en concepto de funcionamiento del Departamento de Educación en los centros públicos de primaria fueron de 11,4 millones en 2018 y otros 14,7 provenían de los ayuntamientos, mientras que las cuotas de las familias ascendieron a 78,6 millones. Las familias aportaron el 75% de los gastos de funcionamiento en primaria; el 60% en el caso de secundaria, advierte el Síndic. 

Hay una parte de esos gastos que sí corresponde a las familias: lápices, colores, cuadernos, esas cosas. El material fungible de uso personal. Para ello, el centro debería adjuntar una lista de materiales y que cada familia los compre donde considere oportuno. O recibirlo de otras personas, como los abuelos del niño.

La obligatoriedad de esa cuota extendida en el 96% de los centros, según el estudio de la FaPaC, elimina la autonomía de las familias y las carga con sobrecostes encubiertos que no deberían asumir, como la compra de mobiliario, el pago del papel higiénico o incluso de la calefacción. 

Educación aplica un “coeficiente de reducción” por el que solo abona el 0,56 en primaria y el 0,69 en secundaria de los presupuestos que necesitan los centros públicos

Educación es consciente de que paga de menos y técnicamente lo aplica en función de lo que llama el “coeficiente de reducción”: ante un presupuesto necesario de 1, aplica una fórmula por la que solo paga el 0,56 en primaria y el 0,69 en secundaria. Y esta fórmula se da por válida y las direcciones de los centros la tienen que asumir. Hasta ahora.

“Cuando llegué a la dirección, cobramos la cuota de materiales. Llegas, te la encuentras y lo haces. Pero ser inconsciente no te exime de responsabilidades para con tus familias”, explica Longan. “Dejé de ver las cuotas como madre o como ciudadana y tomé conciencia de que algo que vivía como natural, podíamos cambiarlo entre todas. Era cuestión de decidirlo”, resume.

Hay personas que han aplaudido la decisión del centro. Otros institutos no la comparten. Longan también lo entiende, porque ha estado ahí: “Las direcciones tenemos las manos atadas y no aspiramos a que nuestras peticiones sean atendidas por Educación a corto plazo, y tiras adelante del centro como puedes”, alerta sobre la dejación de la Generalitat. En su presupuesto ahora no espera que las familias sufraguen proyectores, la tiza, los pinceles de arte y las fotocopias del examen, “sería como hacer pagar la jeringuilla con que un médico te vacuna”. Si los alumnos necesitan algo concreto para uso personal, como una cartulina o un mapa, “les pediremos que lo compren, como se ha hecho toda la vida”. 

En la educación pública, solo es obligatorio el pago del seguro escolar (1,12 euros). Para todo lo que suponga un desembolso durante las horas lectivas, como el comedor, el transporte y los libros de texto, hay becas. Para las cuotas del material escolar no las hay, porque ni son obligatorias ni tienen encaje legal. Sin embargo, a través de la matriculación online los centros generan aún más presión sobre las familias, exigiéndoles el abono. Cuando la matriculación se realiza en persona, los centros deben atender individualmente las quejas que suscitan, y asumir el impago si así lo deciden las madres y padres. 

Un padre Contra las cuotas

En la escuela Auró de Terrassa, un padre, Matías Fidemraizer, lleva dos años peleando contra este sistema de cuotas y negándose a pagar, asumiendo las consecuencias que implica su oposición. En septiembre, su hijo empezará en el aula de cinco años. La escuela le pedía el pasado curso una cuota indivisible de 110 euros, que se ha elevado a 120 para el próximo. La cuota incluye el material escolar y las salidas. Cuando quiso ir a pagar la excursión al Cosmo Caixa, el centro le requirió pagar la cuota entera, de lo contrario, su hijo no iría a ver la exposición. Ante su negativa, el pequeño fue excluido de la salida, explica.  

Fidemraizer se ha incorporado en el consejo escolar y ha realizado múltiples peticiones a Educación para obtener el desglose de los ingresos del centro. Tras los rechazos de Educación, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información de Pública le facilitó la información desde 2008, a falta de 2012, que le siguen denegando. 

“En el colegio público de nuestro hijo, y en la mayoría de los centros de Catalunya, se nos obliga a las familias al pago de cuotas totalmente ilegales a las que nos oponemos”, afirma Matías Fidemraizer

En la gráfica que ha realizado se aprecia cómo las cuotas de las familias y los ingresos de Educación han invertido posiciones desde la crisis económica anterior. “En el colegio público de nuestro hijo, y en la mayoría de los centros de Catalunya, se nos obliga a las familias al pago de cuotas totalmente ilegales a las que nos oponemos. Dicen que los pagos son para material escolar y excursiones, pero en realidad lo que hacen es camuflar sobrecostes ocultos y con ello justifican el repago ilegal de gastos del colegio. En paralelo, la Generalitat no cesa en recortar la educación pública y engordar los conciertos educativos”, sostiene.

Su pareja y él denunciaron los hechos ante el Departamento y solicitaron “la nulidad y eliminación del sistema de cuotas”, pero obtuvieron como respuesta el silencio administrativo. Están resueltos a seguir con su reivindicación y el próximo paso que van a dar será interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

“Para muchas de nuestras familias, socioeconómicamente vulnerables, la cuota implicaba un gran esfuerzo. Además, aquí al lado tenemos la Nissan, y cientos de familias se quedarán en el paro”, recuerda Àngels Longan

Aumento de la segregación escolar

Desde los recortes de 2010 —el presupuesto de Educación pasó de 6.324 a 5.750 en 2011— , la segregación escolar ha escalado posiciones y se ha afianzado. Según el informe del Síndic de Greuges, la escuela pública concentra el 61% de los centros de complejidad mediana-alta, alta o muy alta, mientras que solo es así en el 25% de los concertados.

“En centros socioeconómicamente favorecidos, hay más material escolar y las salidas son más espectaculares”, indica Lidón Gasull, portavoz de la Federación de Ampas de Catalunya. “No estamos garantizando la gratuidad y se está cometiendo una ilegalidad”, añade, y alerta de que la disparidad de las cuotas en el territorio catalán es enorme. Mientras que el área metropolitana de Barcelona, a excepción del Baix Llobregat, son las que más pagan, en la comarca de Terres de l’Ebre son mucho más bajas, “un 300% menos que las familias del Vallès Occidental”. 

“Para muchas de nuestras familias, la cuota implicaba un gran esfuerzo, más aún en estos momentos de crisis. Aquí al lado tenemos la fábrica Nissan, y cientos de familias se quedarán en el paro”, recuerda Longan. Por ello su instituto ha borrado del horizonte construir robots en clase y centrarse en la excelencia educativa sin parafernalias. Asimismo, la directora explica que, por coherencia, también se ha negado este curso a pagar los 100 euros de la cuota de material escolar que le exigía el centro de su hija, ordenador aparte.