Catalunya
La Ley de Amnistía echa a andar: más de 55 requerimientos presentados y hasta diez días para responderlos

Los requerimientos estaban preparados para presentarlos en los juzgados nada más se publicase en el BOE la Ley de Amnistía. La norma entró en vigor ayer y, antes de la hora de comer, los representantes legales de al menos 55 amnistiables ya los habían interpuesto: Alerta Solidària tramitó veinte casos que afectan a 53 personas, Òmnium Cultural interpuso el recurso de Oleguer Serra, miembro de su ejecutiva, y Red Jurídica anunció el del periodista Jesús Rodríguez. 

En el caso del Tsunami Democràtic, del que forman parte Serra y Rodríguez, el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción, Manuel García-Castellón, contestó con un plazo: las partes —fiscalías, acusaciones y defensas— deberán dar respuesta en diez días, valorando si el caso se ubica dentro de la norma o fuera. 

La Ley de Amnistía podría aplicarse a al menos 419 manifestantes y activistas

Gessamí Forner

Procés

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Gessamí Forner

El Congreso votará en la sesión de hoy la norma. Dos terceras partes de las causas penales que Alerta Solidària conoce ya han sido archivados o han obtenido sentencia absolutoria.

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Es de esperar que las acusaciones argumenten que no deben ser amnistiados. Las acusaciones son Vox, Societat Civil Catalana y dos agentes de la Policía Nacional. El fiscal sigue siendo Miguel Ángel Carballo. Acordó permanecer en la causa tras su traslado a Ciudad Real, señala el abogado Daniel Amelang. Pertenece a la asociación conservadora de fiscales, acusó a doce miembros de los CDR y solicitó entre 8 y 27 años de cárcel para cada uno, pero se opone a la imputación por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic, una instrucción que caracteriza la carrera judicial del magistrado García-Castellón que, en un giro del timón, propuso este cargo penal, previsiblemente para eliminar la posibilidad de amnistía o alargar la causa en el tiempo y el padecimiento de los encausados. 

Aunque la ley es muy clara, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra el procés —Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal— se declararon en rebeldía de la Ley de Amnistía horas después de su aprobación el 30 de mayo. Entregaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un informe en el que explicaban que no eran favorables de aplicar la norma en los casos de delitos de malversación; reconocían su aplicación en los de desobediencia y desórdenes públicos. La malversación afecta a, entre otros políticos Carles Puigdemont, sobre el cual pesa una orden de detención que el juez de este órgano, Pablo Llarena, se negó ayer a desactivar. Y dio a las partes un plazo de cinco días; su compañero del Supremo, el magistrado Manuel Marchena, también ha optado por el mismo intervalo de tiempo.

El primer escollo en la aplicación de la Ley de Amnistía son los fiscales alineados más a la derecha; el segundo, los magistrados. Con su decisión, Llarena sigue retrasando la entrada de Puigdemont y dificultando la actividad parlamentaria. Conscientes de las intervenciones judiciales en la vida política catalana, en la tarde del lunes, el Parlament de Catalunya decidió desobedecer al Tribunal Constitucional y aceptar el voto telemático de Puigdemont y otros dos parlamentarios en el exilio —Luís Puig, de Junts, y Ruben Wagensberg— para formar la Mesa, presidida por Josep Rull (Junts), con los votos de Junts, ERC y la CUP.

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Redacción El Salto

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Libertad de información

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Dos días después del preacuerdo de la Ley de Amnistía entre PSOE y Junts, Rodríguez fue imputado por un presunto delito de terrorismo por cubrir una manifestación de 2019. Su abogado advierte de que su imputación vulnera al derecho a informar.

El fiscal del Estado, García Ortiz reclamó ayer a toda la parte fiscal del Supremo que realice un segundo informe procesal sin “consideraciones políticas”, informó elDiario.es. Los fiscales en desacato argumentaban en mayo que la norma contaba con un rechazo popular “ampliamente mayoritario” y opinaban que el PSOE había dado un “brusco e inesperado cambio de opinión”.  

El recurso del periodista Jesús Rodríguez cita la ley, cuyo redactado, es muy claro: “La consecución del objetivo pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista”.

Veinte casos “estratégicos” para ver cómo responden las fiscalías

Por su parte, Alerta Solidària instó ayer la amnistía en veinte casos que define como “estratégicos”, en órganos judiciales diferentes y en partes del proceso distintas. Afectan a 53 amnnistiables. “Consideramos que podrán dibujarnos un mapa claro de la orientación de la fiscalía y de las reacciones de la judicatura”, explica Martí Majoral.

Los casos involucran delitos “habitualmente atribuibles a activistas y manifestantes, como son desórdenes públicos y atentado a la autoridad”. Entre ellos se encuentran Adrián Sas —pendiente de ser llamado para entrar en prisión—, cuatro personas que ya tienen condenas de cárcel recurridas en instancias superiores, un caso que está pendiente de recibir sentencia, 18 pendientes de juicio, 12 que esperan citación para el juicio, cuatro en instrucción y 13 que ya han sido condenados, alguno de ellos con sentencia de conformidad. 

El colectivo jurídico de apoyo a los represaliados destaca que están pendientes de otros tres casos singulares más: el del preso Abel Mora, el caso de la Operación Judas —el 27 de junio tienen vista para las cuestiones previas— y el del Tsunami Democràtic. 

El artículo 2: ni mutilaciones ni tratos inhumanos son amnistiables

Por su parte, Irídia, el Centro por los Derechos Humanos, destacó que el artículo 2 de la Ley de Amnistía excluye su aplicación a los actos dolosos con resultado de pérdida o inutilidad de órgano o miembro y los actos constitutivos de torturas o tratos inhumanos o degradantes. “La amnistía no es aplicable a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encausados por estos actos”, recuerda.

Irídia ejerce la acusación en 15 causas relacionadas con la brutalidad policial durante las diversas protestas con actuaciones graves que consideran que podrían constituir delitos de tortura y contra la integridad moral, así como lesiones muy graves como amputaciones oculares o impactos psicológicos graves.