Catalunya
Los Mossos reconocen haber espiado la asamblea de docentes y aseguran que es su obligación

Espiar una asamblea de docentes que prepara una huelga es, según ha manifestado Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos d'Esquadra, una “obligación normativa”. Trapero, en una situación inédita, ha admitido la infiltración de dos agentes de paisano en la reunión que tuvo lugar en el Institut Pau Claris de Barcelona este miércoles 6 de mayo.

La asamblea pretendía coordinar y poner en común las acciones y manifestaciones que el profesorado prepara camino de la huelga. Una protesta en la que su antagonista es, precisamente, el Govern que dirige la policía enviada para espiarles. El mismo que ha reconocido la existencia de un plan piloto que consiste en desplegar agentes en 14 institutos públicos, una decisión ampliamente rechazada por la comunidad educativa.

De hecho, la Consellera de Interior, Núria Parlón, pese a no hacer referencia explícita a la infiltración policial, ha respaldado en un mensaje de x.com a Trapero. Parlón ha reiterado su confianza “y la del conjunto del Govern” en su responsable policial. Además, ha querido reconocer públicamente la labor de los Mossos d'Esquadra “ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Tanto Parlón como la Consellera de Educación, Esther Niubó, tendrán que dar explicaciones en el parlament. Así lo han solicitado los grupos parlamentarios de ERC, Junts, Comuns y CUP, quiénes también coinciden en exigir la dimisión del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Desde los Mossos insisten en que llevan “a cabo sus funciones y responsabilidades siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas”. Además, añaden que “tanto la Dirección General de la Policía como la Conselleria de Interior y Seguridad Pública muestran voluntad plena de dar todas las explicaciones oportunas y necesarias a los grupos parlamentarios que lo soliciten en relación con estos hechos”.

La policía autonómica catalana afirma que el decreto de estructura de la Dirección General de la Policía concede a la Comisaría General de Información (CGINF) “funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social”. Por eso, añaden que “el objetivo explícito de estas funciones es poder realizar una valoración de amenazas y riesgos. No se trata de una decisión discrecional del cuerpo policial: es el cumplimiento de una obligación normativa”.