Catalunya
“La Ley de Amnistía tiene mucho valor político: el poder legislativo y ejecutivo han enmendado al judicial”

Es difícil de entender qué es Òmnium Cultural fuera de su ámbito de actuación. Es una entidad cultural. La más grande de Catalunya, con 165.000 socios y socias. Nació en plena dictadura, en 1961, con el propósito de defender lengua y cultura de los ataques franquistas. Clandestinidad, exilio y prisión son estados que le acompañan desde su nacimiento. Su expresidente más conocido es Jordi Cuixart, quien fue encarcelado por convocar una manifestación, a pesar de que es fácil recordar aquella imagen que dio la vuelta al mundo de Cuixart subido a un coche, megáfono en mano, pidiendo a los manifestantes que se dispersaran.

Tras recibir el indulto, Xavier Antich le relevó del cargo. Profesor y filósofo experto en Aristóteles, habla con serenidad a su paso por Bilbao, donde ha sido invitado por el sindicato ELA. Si no se espera la pregunta, coge unos segundos para reflexionar sin rubor. Recuerda que Òmnium Cultural no es un partido político, sino una organización de la sociedad civil, cuya fortaleza es “la capacidad de vertebrar agentes muy diversos del mundo independentista, soberanista y del catalanismo histórico, tal y como hemos hecho desde 2010”. Desde 2020, solicitan la amnistía como enmienda a la represión judicial. 

Hay un poema de Joan Brossa que hace un juego de palabras cambiando la B de Llibres (libros, en castellano) por la U de Lliures (libres). ¿Cultura y libertad van de la mano?
Sí, y de manera clara: nuestra forma de trabajar la libertad es trabajar la cultura. A veces se olvida que el nombre de Òmnium es Òmnium Cultural y que cultural no es un adjetivo, sino un sustantivo que define a la entidad que nació para trabajar por la lengua y la cultura y, también, el país. La cultura es la singularidad que define a Òmnium.

¿El poder judicial protege todos los derechos fundamentales de la ciudadanía o preserva la unidad de España?
El Estado español es una anomalía europea. El poder judicial es el responsable de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y lo que nos ha enseñado el proceso de autodeterminación de Catalunya es que el poder judicial español ha sido el principal responsable de la vulneración de derechos fundamentales en Catalunya. Estamos hablando de centenares de causas penales abiertas por ejercer derechos fundamentales. Jordi Cuixart fue condenado a nueve años de prisión por convocar una manifestación el 27 de septiembre de 2017, cuando el derecho de protesta es el derecho más fundamental de todos, porque permite defender los demás. Es una anomalía que el poder judicial, en sus máximas instancias, como el Tribunal Supremo, no solo no garantiza un derecho fundamental, sino que además es responsable de emitir una sentencia penal por ejercerlo. Es una anomalía intolerable. Como ya han dicho instituciones europeas, el ejercicio de la protesta, en ningún caso y bajo ningún concepto, puede considerarse terrorismo. Sin embargo, es lo que está pasando en el Estado español: la Audiencia Nacional acusa de terrorismo a once personas por las movilizaciones de 2019 convocadas por Tsunami Democràtic. El poder judicial no solo no defiende derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que parte de la cúpula del poder judicial es responsable de la vulneración de derechos fundamentales. Esto es de una gravedad impropia de un Estado de derecho y democrático.

El derecho de protesta es el más fundamental de todos, porque permite defender los demás derechos

En previsión del escaqueo que intentarán llevar a cabo en los próximos dos meses, el plazo legal para aplicar la Ley de Amnistía, des de Òmnium habéis organizado la ‘Sindicatura de l’Amnistia” para “velar por la correcta aplicación de la ley, causa a causa, a pesar de las trampas que pongan los jueces”. ¿Por qué esta necesidad?
Òmnium defiende desde 2020 la amnistía como una solución política y colectiva a la represión. Pusimos sobre la mesa que la represión no solo afectaba a nueve presos políticos, sino a centenares y centenares de personas. Por ello, en los últimos cuatro años Òmnium ha defendido la amnistía como manera de abordar políticamente una enmienda a la vía represiva del Estado. Para nosotros, políticamente la Ley de Amnistía tiene mucho valor, ya que el poder legislativo y ejecutivo ha enmendado al judicial. La vía de la represión para resolver un conflicto político no es adecuada. 

Pero la amnistía, a diferencia del indulto, no es de aplicación inmediata cuando se publica en el BOE, que automáticamente las puertas de las cárceles deben abrirse. Hablamos de centenares de causas y procedimientos administrativos que afectan, como mínimo, a más de 1.600 personas. Debe ser cada tribunal y organismo administrativo que borre, cierre, archive o corrija las causas, procesos y multas. 

Se abre una fase en el que la amnistía debe aplicarse a todas las personas amnistiables, algo que en una democracia consolidada sería relativamente rápido: los jueces están para cumplir la ley y, si hay una Ley de Amnistía, deben aplicarla. Pero ya sabemos que parte de los tribunales, y así lo han dicho explícitamente, intentarán no aplicarla, buscar subterfugios y provocar demoras. Ante el riesgo de que la norma no se aplique, hemos creado la Sindicatura, que es un instrumento jurídico que Òmnium pone al servicio de un movimiento y las más de 1.600 personas represaliadas y sus defensas, para compartir indicaciones y estrategias. 

Es muy importante fiscalizar caso a caso para que la Ley de Amnistía se aplique a todas las personas potenciales

¿Y juntarlas?
Muchas de esas 1.600 personas no forman parte de organizaciones, viven en pueblos de toda Catalunya y pueden tener abogados que no son penalistas. Por coherencia con la defensa que hemos hecho de la amnistía como solución colectiva para ellas, para nosotros era importante acompañarlas en un proceso que no será fácil. Seguramente, ahora se archivarán automáticamente muchas causas, sobre todo en juzgados de instrucción. Pero es muy importante fiscalizar caso a caso para que la Ley de Amnistía se aplique a todas las personas potenciales. 

Òmnium cifra en 1.616 los represaliados y Alerta Solidària, en 419 los amnistiables.
Alerta contabiliza manifestantes y deja fuera otros hechos que no son relativos al derecho a la protesta, así como a los cargos políticos y trabajadores de la administración. No son cifras incompatibles, sino que su contabilización es menor. No hay batalla de cifras.

¿Os lleváis bien?
Sí, Alerta Solidària es una de las alianzas estratégicas contra la batalla represiva de estos años.

El periodista Jesús Rodríguez se exilia a Suiza para evitar decisiones arbitrarias de la Audiencia Nacional

Redacción El Salto

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Libertad de información

Derecho a la información El periodista Jesús Rodríguez se exilia a Suiza para evitar decisiones arbitrarias de la Audiencia Nacional

Redacción El Salto

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Dos días después del preacuerdo de la Ley de Amnistía entre PSOE y Junts, Rodríguez fue imputado por un presunto delito de terrorismo por cubrir una manifestación de 2019. Su abogado advierte de que su imputación vulnera al derecho a informar.

¿Cómo se está adaptando Oleguer Serra en Suiza?
Bien, con la conciencia plena de la gravedad de la situación: haberse visto obligado a escoger entre prisión y exilio. Y consciente de haber escogido exilio como forma de denuncia de que sus derechos fundamentales no están protegidos dentro del Estado español ante esta persecución política. Como Oleguer es un cargo directivo de Òmnium, daremos una respuesta política, por lo que coordina toda la estrategia internacional de Òmnium, tanto en la denuncia de la represión como en la defensa de la lengua. 

¿Y cómo está Jordi Cuixart?
Continúa con su fortaleza habitual y siguiendo muy de cerca la política y la actividad de la entidad. Jordi no se ha retirado. Como dice él, simplemente ha pasado a la reserva. En Suiza, donde reside ahora, nos ayuda a desplegar parte de nuestra estrategia internacional y preside Òmnium Civil Rights Europe, con sede en Bruselas. 

Es una barbaridad, se mire como se mire, dejar sin derecho a voto a algunos parlamentarios 

El próximo lunes se celebra la constitución del Parlament de Catalunya y el Tribunal Constitucional, en respuesta a un recurso del PSC, anuló el miércoles el acuerdo de la Mesa para que pueda haber voto telemático. En consecuencia, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Ruben Wagensberg, los tres exiliados, no podrán votar. ¿Es parte de la represión judicial o parte de la estrategia política?
Ambas. Y en la pregunta está la respuesta. No es una actuación distinta a cualquiera de las distintas actuaciones del Tribunal Constitucional en los últimos años: interferir en la normalización de la vida política de Catalunya. Deciden dejar sin derecho a voto a algunos parlamentarios. Es una barbaridad se mire como se mire. Supone corregir la legitimidad popular de la representación a través de un sistema electoral que permite que unos candidatos se presenten pero, por la puerta de atrás, un tribunal impide que puedan ejercer su derecho a voto. Esta es una anomalía que necesita ser impugnada y la Mesa debe tomar las medidas necesarias para que el voto de los tres parlamentarios puedan ser efectivos. Un tribunal no puede impedir que los canales por los que se expresa la soberanía popular.

Parte de la izquierda español, no toda, no ha entendido la realidad plurinacional del Estado español

¿La izquierda española es de izquierdas hasta que se topa con quien cuestiona las actuales fronteras del Estado español?
Parte de la izquierda español, no toda, no ha entendido la realidad plurinacional del Estado español. Y como no la ha entendido, no ha querido canalizar la forma de su reconocimiento explícito. Ante unas posiciones que proceden de Catalunya, País Vasco o Galicia, muchas veces, parte de esa izquierda española parece más cercana a los postulados de la derecha y extrema derecha que de posiciones progresistas que deberían formar parte de su ADN. El PSC, en los primeros años de democracia, mantenía el derecho de autodeterminación. Es incomprensible que no adopten estas posiciones partidos de tradición democrática que, ante la cuestión territorial, dan la misma respuesta que la derecha o extrema derecha. 

¿Cómo crees que habría pasado el día Aristóteles si hubiera revivido para el 1 de octubre de 2017?
Seguramente, se hubiera quedado muy estupefacto, porque criticó el sistema democrático por sus anomalías. Precisamente porque el sistema no es capaz de articular lo que dice la palabra, que es la canalización política de la fuerza de la gente y de la fuerza del pueblo. Así que probablemente se quedaría gratamente sorprendido de que pudiera ocurrir 2.500 años después de haber escrito La política, donde consideraba que el régimen democrático era un régimen anómalo. Todo lo que a él le generaría estupefacción, es lo que a nosotros nos genera un extraordinario orgullo. El 1 de octubre fue una apuesta por la radicalidad democrática. 

¿Qué hiciste tú aquel día?
Fui miembro de una de las mesas del Colegio Cervantes de Barcelona. 

¿Votaste?
Sí, voté al final, junto con los otros miembros de la mesa, antes de abrir las urnas, hacer el recuento, escribir las actas y entregarlo a los representantes de la Generalitat.

¿Y qué votaste?
Qué sí [se ríe].

Catalunya no está al margen de uno de los grandes problemas políticos de las sociedades del mundo actual: el surgimiento de partidos de extrema derecha

¿La extrema derecha europea y la extrema derecha catalana tienen alguna diferencia?
No, extrema derecha es extrema derecha. Catalunya no está al margen de uno de los grandes problemas políticos de las sociedades del mundo occidental, que es cómo surgen partidos extrema derecha, que caen en la culpabilización, fundamentalmente, de la inmigración como todos los problemas. En su esencia no hay diferencia. Demonizan al otro como responsable de todos los males propios y las iniciativas políticas o legislativas que proponen pasan por restringir, aún más, los derechos de las personas migrantes. 

La batalla por la lengua y el uso social de la lengua como instrumento de cohesión social será el foco de Òmnium en los próximos años

¿Qué retos tiene Òmnium?
Tiene tres grandes retos, dos tienen que ver con la continuidad de estos años. El primero es la reconstrucción del movimiento independentista y soberanista, que ha quedado maltrecho, tal y como demuestran los resultados electorales y la tendencia fraticida. El segundo, vertebrar la sociedad civil para que pueda incidir políticamente en el país. Òmnium no es un partido político, es una organización de la sociedad civil, pero tenemos conciencia de que parte de nuestra fuerza es la capacidad de vertebrar a agentes muy diversos del mundo independentista, soberanista y del catalanismo histórico, tal y como hemos hecho desde 2010. Y el tercer reto, que para nosotros es nuevo y que define el foco de la acción para los próximos años, es la construcción nacional que considera que la batalla por la lengua y el uso social de la lengua como instrumento de cohesión social es una batalla central en los próximos años, que es la forma que tiene Òmnium de contribuir a la cohesión social en una sociedad como la catalana, extremadamente diversa, que no es un fenómeno nuevo, ya que el fenómeno migratorio es estructural en Catalunya desde hace 150 años, pero ahora necesitamos actualizar la respuesta que permita perseverar en el horizonte de un solo pueblo, con una sociedad no fracturada, con la lengua como elemento cohesionador. Y en esta batalla, incorporar a la gente joven es importante.

Ahí toparéis con Horitzó Socialista, y quizá sus propias contradicciones, si las llega a tener, cuando tenga que posicionarse políticamente respecto a la lengua.
Efectivamente. La lengua a menudo se ha considerado como un elemento instrumental, pero para Òmnium es un elemento vertebrador y que, por tanto, cualquier decisión que afecta a la lengua toca temas de cohesión. Frecuentemente decimos que todos los ataques del Estado español a la lengua y escuela catalana no son porque sí. No atacan a la lengua porque sí, atacan al elemento más fuerte de cohesión catalana. Así fue en los años 60, fue clave en los años 70-80 y ahora sigue siendo capital. En Òmnium siempre trabajaremos contra la fractura social a través de la lengua. El Estado ataca la lengua porque busca fracturar Catalunya.

¿Y País Valencià y Balears?
Por supuesto, de todos los Países Catalanes. 

No atacan a la lengua porque sí, atacan al elemento más fuerte de cohesión catalana

¿Podrías explicar a las lectoras de El Salto dónde se habla catalán y por qué el castellano que se habla en Andalucía no se llama andaluz?
El catalán se habla en Catalunya. Pero también se habla en el País Valencià y en les Illes Balears. Actualmente, tres organizaciones autonómicas bajo el Estado español, pero que tienen una única lengua y cultura común, con variables muy diversas. Pero la lengua catalana no solo se habla en el Estado español, también se habla en la Catalunya Nort, el Alguer y Andorra. Científica y académicamente, no hay filólogo en el mundo que discuta que, a pesar de la diversidad de variedades, como en cualquier otra lengua, se trata de una única lengua. Sin duda, el castellano de Santander no es el mismo que se habla en Granada ni en Soria. Ni tampoco en Buenos Aires. Y nadie duda de la unidad de la lengua española. 

¿Cuáles fueron los secretos de la masiva movilización del 1 de octubre?
Seguramente, la suma articulada de una acción conjunta de la sociedad civil organizada. Hubo centenares de entidades y organizaciones en la Plataforma en Defensa del Referéndum, partidos políticos, instituciones y la ciudadanía movilizada. Para Òmnium, esa es la fórmula del éxito. Cuando esos cuatro agentes, pese a su diversidad ideológica y pluralidad constitutiva, van juntos, se pueden hacer cosas como el 1 de octubre. Más de dos millones de personas realizaron un acto de desobediencia cicvil masiva en un acto que es difícil de encontrar en la historia reciente de los últimos 25 años de Europa.