Centrales nucleares
El oligopolio eléctrico redobla la presión para frenar el cierre de Almaraz y prorrogar las nucleares

“Hoy hay una mayoría que entiende que España no puede renunciar a su energía nuclear”. La frase que pronunciaba este miércoles 27 de mayo el expresidente de la Junta de Extremadura, hoy reconvertido en Senador por el PP, José Antonio Monago, resume la postura que el oligopolio eléctrico y sus grupos afines defienden ante esta polémica energía que se enfrenta a un hito en España: la clausura de los reactores I y II de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), programada para el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028, respectivamente.

Monago pronunciaba estas palabras en la Cámara alta el mismo día en que ésta aprobaba una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular para pedir al Gobierno la derogación “de forma inmediata” del calendario de cierre de las nucleares, un plan pactado en 2019 entre Ejecutivo, propietarias y Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos. La moción hacía especial mención a los dos reactores cacereños, los primeros de una lista de siete que tiene prevista su clausura entre 2027 y 2035, y que la derecha y las grandes eléctricas —propietarias de las plantas— quieren evitar a toda costa.

Lo que está en juego va mucho más allá de Almaraz: tanto detractores como partidarios, así como gran parte del sector, entienden que la batalla por el cierre de esta planta nuclear no se ciñe a los sus dos reactores: si su vida útil inicial de 30-40 años se alarga hasta 2030 como piden las propietarias, o más allá, el resto irá detrás.

Los partidarios de lo nuclear ponen toda la carne en el asador

El del Senado es el último disparo de la ofensiva política y mediática cada vez más agresiva, pues el tiempo corre y quienes abogan por la prórroga han redoblado sus esfuerzos. Pero no ha sido el único pistoletazo del mes. Como resaltó en varias ocasiones la senadora popular Mónica Grados Caro en el senado este miércoles, el pasado 6 de mayo PP y Vox conseguían que la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo pidiese reconsiderar el cierre. La petición, que según recalcó Grados había sido impulsada por la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro' —donde se encuentran algunos alcaldes y organizaciones de los municipios de la zona— iba más allá de los tres años: pedía alargar su funcionamiento hasta “al menos 2040”.

Si la prórroga hasta 2030 supone extender la vida útil de las unidades I y II hasta los 48 años, respectivamente —lo que excede en casi una década la vida operativa máxima para la que se diseñaron— llegar a 2040 acercaría su periodo de funcionamiento a las seis décadas, lo que plantearía nuevas inversiones, dudas sobre la seguridad y todo un terremoto para el sector eléctrico español en plena expansión de las renovables.

El estudio de Eloy Sanz y Víctor García indica que el sobrecoste de la prórroga podría llegar a los 3.831 millones de euros en 2033 y unas pérdidas de inversión en renovables de hasta 26.129 millones 

El accionariado de la central nuclear de Almaraz podría servir de ejemplo para exponer qué compañías forman el oligopolio eléctrico en España. Está operada por la sociedad Nucleares Almaraz-Trillo, conformada por Iberdrola (al 53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%). De hecho, las tres –especialmente las dos primeras– controlan la práctica totalidad de las centrales nucleares españolas. Solo EDP se cuela mínimanente en el negocio, con un 15,5% de la accionariado de la central de Trillo.

Debates aparte, es un hecho que éstas serían las principales beneficiadas de la prórroga, algo que es calificado como una “estafa millonaria financiada indirectamente por la ciudadanía” por un centenar de organizaciones, capitaneadas por la plataforma Movimiento Ibércio Antinuclear (MIA). Epicentro de la lucha contra la energía que causó desastres como los de Chernobyl o Fukushima, la última respuesta a la ofensiva pronuclear del MIA se vivió el 23 de mayo frente al Ministerio de Transición Energética (Miteco), donde protagonizaron una manifestación convocada bajo el lema “¿Alargar las nucleares? No, gracias”. 

Su portavoz, Cristina Rois, es de las que cree que una prórroga en Almaraz significará también una moratoria para los reactores de Ascó I y II; Cofrentes; Vandellós II (donde la unidad I cerró en 1989 debido a un accidente considerado como el más grave de historia de Europa occidental) y Trillo, todos ellos con cierre programado entre 2030 y 2035. “Muy probablemente será así”, señala, y añade: “Las centrales cerrarán cuando a las empresas les convenga, lo que por cierto es un grave problema en cuanto a la recaudación de dinero para sus residuos radioactivos”.

Rois justifica su argumento señalando que si se concede la prórroga a Almaraz, su cierre coincidiría con el de Ascó I y Cofrentes, ambos con una potencia similar a la de los dos de Almaraz. “Que desaparezcan de repente unos 4.000 MW de los 7.000 MW que tiene en total la capacidad de producción eléctrica nuclear probablemente llevará a decir ‘esto no puede ser’ y Ascó y Cofrentes tendrán que prorrogarse”. Al mismo tiempo, añade que el desmantelamiento de cuatro reactores “es algo tremendamente difícil”, “Las empresas van a reclamar que eso son pérdidas para ellos, porque es un proceso largo y mientras Enresa no se haga cargo tienen que pagar por el mantenimiento de los residuos ahí, las piscinas y demás”.

Controlar el mensaje

La portavoz del MIA denuncia que la jugada mediática pone a las centrales nucleares con la jubilación pactada —y una vida útil inicial ya superada de largo actualmente— “en un contexto en el que parece razonable que lo mejor sea prolongar su vida útil”. “Pero no lo es”, zanja. Además de las reivindicaciones históricas contra una energía capaz de destruir regiones enteras, el principal problema sobre la mesa es cómo afectarían las prórrogas al despliegue de las renovables.

Dos estudios presentados recientemente, y con conclusiones similares, alertan de que una prórroga en Almaraz supondría un mayor coste para el consumidor en forma de aumento del precio de la electricidad y un retraso en el despliegue de las renovables con importantes consecuencias. 

La investigación Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz, elaborada por el director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Eloy Sanz, y el investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Víctor García Carrasco, señala que, si bien prorrogar tres años el funcionamiento de la planta supondría “una estabilidad y unos menores precios a corto plazo”, tal como apuntaba el propio Sanz en la presentación del trabajo el pasado marzo, a medio plazo tendría un efecto desincentivador en el desarrollo de las renovables por la pérdida de interés en la inversión en las mismas, lo que tendría graves consecuencias socioeconómicas.

Natalia Fabra: “Si se prorroga la operación de Almaraz cae la producción renovable, caen los precios en una primera instancia y, por lo tanto, a menores precios y menor cantidad, baja la rentabilidad de inversión en energía renovables”

Sanz y García realizaron una simulación de mercado eléctrico entre los años 2026 y 2033 en tres escenarios supuestos: uno con el cierre de Almaraz según estipula el calendario pactado en 2019, otro con la prórroga solicitada para Almaraz de tres años, y un tercero con una prórroga de más de tres años y el resto de centrales nucleares acogiéndose a moratorias similares. Sus resultados señalan que en los dos escenarios con prórroga el coste económico sería mucho mayor. De hecho, podría llegar a los 3.831 millones de euros en 2033 y unas pérdidas de inversión en renovables de hasta 26.129 millones. 

En la misma línea, el estudio de Natalia Fabra, catedrática de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), publicado el pasado enero, apunta a que una extensión de vida de la planta nuclear de Almaraz supondría un recorte de inversiones en las renovables que incrementaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista. En concreto, de los diferentes escenarios que plantea, el más adverso –con una reducción de la inversión prevista en renovables del 50%–, los precios se incrementarían entre un 15 y un 20% en el periodo anterior a 2031 y podrían dispararse hasta un 46,8% a partir de 2031.

“Si se prorroga la operación de Almaraz cae la producción renovable, caen los precios en una primera instancia y, por lo tanto, a menores precios y menor cantidad, baja la rentabilidad de inversión en energía renovables. Y los inversores, que claramente invierten para obtener un beneficio, ante esa bajada de la rentabilidad van a responder reduciendo sus inversiones”, señalaba Fabra el pasado marzo a los medios.

“Las planificaciones de inversión en renovables cuentan con la desaparición de la potencia nuclear en 2035, un 20% de la producción eléctrica. Si ese hueco no se crea habrá más probabilidades de que ocurran vertidos, es decir, producción eléctrica renovable que no puede entrar en la red”, añade Rois por su parte.

La portavoz explica que “si no se ha venido desarrollando potencia renovable al ritmo previsto, si el inversor desconfía que se puedan amortizar sus inversiones en el tiempo que tenían planeado, éste se va a retraer, y cuando Almaraz cierre en 2030, si es que cierra, o a medida que cierren las demás nucleares, no habrá suficiente potencia renovable instalada para sustituir esa potencia”. Eso significaría un mayor uso de las centrales de ciclo combinado a gas para paliar la falta de potencia renovable al cierre de las nucleares, unas centrales “que van a cerrar tarde o temprano”, matiza Rois. Y más gas en el mix energético es una factura más cara para los consumidores.

Cuando la energía nuclear supone más emisones

Otro de los argumentos que el oligopolio y los partidarios de la prórroga esgrimen es la reducción de emisiones que supone el uso de la energía nuclear. Sin embargo, los datos de los dos estudios también ponen eso en entredicho. García y Sanz dan por buena esa tesis, pero solo hasta 2030: al retraerse la inversión en renovables, el mayor uso de gas fósil en las centrales de ciclo combinado para suplir la potencia que ya no aportaría Almaraz supondría a partir de 2031 más emisiones que en un escenario con un cierre de los reactores cacereños en 2027 y 2028. Para ser más preciosos, los escenarios con prórroga suponen entre entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO2 equivalente extra respecto al escenario con la nuclear apagada, según los datos del estudio. Eso supondría, además, hasta 984 millones de euros adicionales de coste en derechos de emisión, un monto que repercutiría directamente en el precio de la electricidad.

“Esto de que son competitivas es solo si le quitan los impuestos. Su principal impuesto es la tasa Enresa para los residuos radioactivos, y si eso se baja, como quieren, al final vamos a pagar nosotros”, dice Rois

Independientemente de los siguientes golpes en la mesa que puedan lanzar partidarios y detractores de la prórroga de las nucleares, el siguiente gran hito en esta batalla será el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este ente tiene pendiente publicar su dictamen sobre la viabilidad técnica en materia de seguridad de la prórroga de Almaraz, algo que ocurrirá, previsiblemente, en julio. En él se señalará además si hacen falta inversiones para que la posible prórroga pueda darse. Sin embargo, desde el MIA remarcan que “el Gobierno tiene capacidad para decir si sí o si no aunque el informe del CSN sea favorable”. Un dictamen negativo sería de obligado cumplimiento para el Ejecutivo, pero uno positivo deja en manos del Gobierno la decisión.

Es algo que ya ocurrió a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España cuando se planteó su cierre, que cesó su actividad en 2013 y fue clausurada definitivamente en 2017, aun con un informe positivo del CSN, condicionado, eso sí, a inversiones de más de 200 millones de euros).

Sea como fuere, “la central no es necesaria para el suministro eléctrico”, apunta Rois. “Desde 2024 empezaron a parar las centrales de Almaraz y Trillo por no casación”, es decir, porque les sale más a cuenta no funcionar que seguir operativas en situaciones en las que hay muchos potencia renovable. Los datos que maneja el MIA es que ambas centrales han parado 89 días, descartando las jornadas de paro por descargas, paradas por incidencias, mantenimiento, sucesos y el apagón. “Esto de que son competitivas es solo si le quitan los impuestos. Su principal impuesto es la tasa Enresa para los residuos radioactivos, y si eso se baja, como quieren, al final vamos a pagar nosotros por los residuos radioactivos”, finaliza la portavoz.