Centros sociales
Edificios tapiados y viviendas de lujo, el destino de los centros sociales desalojados en la última década

Varias decenas de personas siguen concentrándose frente al centro de salud La Alameda, en Atocha, para pasear juntos hasta la calle Gobernador. Allí reclaman que el edificio que fue el centro social la Ingobernable acoja el centro de salud del barrio. Fue la promesa que hizo José Luis Martínez Almeida en la campaña que en 2019 le convirtió en alcalde de Madrid. Una campaña que tuvo como tema central la lucha contra los okupas. Hoy, ese edificio, en el que varias decenas de colectivos organizaron actividades de todo tipo, sigue vacío, aunque no lo estará por mucho tiempo. En contra de lo prometido en campaña, el Ayuntamiento intentó primero ceder el edificio de la calle Gobernador 39 por 50 años a la Fundación Hispanojudía, presidida por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Abortaron misión y, finalmente, acaba de ser cedido, a pesar de las reclamaciones de los vecinos del barrio Las Letras, a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, presidida por la millonaria y coleccionista de arte italiana  Patrizia Sandretto. Al menos tendrá algún uso, aunque no sea el que piden los vecinos. 

El edificio de la calle Gobernador 39 es la primera parada de un recorrido por los centros sociales ocupados que fueron desalojados en la última década. Una suerte de turismo nostálgico, bastante deprimente, para ver edificios que antes tenían vida y que hoy, en su mayoría, se ven tapiados y abandonados, o han sido convertidos en apartamentos de lujo o turísticos.

Desde que el Partido Popular tomó posesión del Ayuntamiento de Madrid, han desalojado ocho centros sociales, la mitad en 2020, a pesar del estado de alarma provocado por el Covid-19. A ellos se suman otros tantos desalojos, la mayoría en la zona centro de la ciudad, y algunos repartidos por barrios como Moncloa, Carabanchel, La Elipa o Vallecas.

Nos dirigimos a nuestro siguiente destino: el edificio que el mismo colectivo de La Ingobernable ocupó el 4 de marzo de 2020 cerca de la iglesia de Los Jerónimos, en la calle Alberto Bosch número 4. El edificio, propiedad del Ministerio de Justicia y que durante algún tiempo había albergado el Archivo General de Protocolos de la Comunidad de Madrid, llevaba entonces cinco años vacío. Su ocupación reunió a un centenar de personas que celebraron que el centro de Madrid volvía a tener espacios para el común. Pero duró muy poco. A pesar de que el estado de alarma decretado a raíz de la pandemia de coronavirus paralizó los procesos administrativos en curso, el desalojo de este edificio se catalogó como prioritario y siguió su curso. El 24 de abril de 2020 fue desalojado por la policía, aunque no había nadie dentro a causa de la pandemia. Casi un año después, el edificio sigue sin uso y varias cámaras vigilan que no vuelva a ser ocupado.

Seguimos nuestro paseo por la zona de Malasaña, en la calle Acuerdo número 8. Allí se levanta una corrala que durante años fue el colegio Luz Casanova y quedó vacía durante ocho años. El edificio había cambiado de manos. De Cáritas pasó a formar parte del patrimonio del constructor Leopoldo Arnaiz, vinculado al PP de Esperanza Aguirre. Llegó 2007 y, en verano, el colectivo del Patio Maravillas abrió las puertas de este edificio y lo convirtió en centro social, hasta que fue desalojado el 5 de enero de 2010. Pocos meses después del desalojo, Arnaiz alquiló el edificio a la Parroquia Santiago el Mayor, que le volvió a dar uso hasta que, en 2018, el edificio fue adquirido, por 2,2 millones de euros financiados con una hipoteca a bajo interés de Bankia, por la socimi Entrecampos, el vehículo de inversión patrimonial de la familia Segura Rodríguez. Su objetivo era transformar el edificio en una residencia de estudiantes, pero, tres años después, la pintura desconchada de sus paredes y su estado de abandono muestran que la única vida que alberga hoy el edificio son algunas ratas.

El mismo 5 de enero en que los activistas del Patio Maravillas fueron expulsados del edificio de la calle Acuerdo, entraron en el de la calle Pez, que entonces era propiedad de la inmobiliaria Procasa, que estaba en concurso de acreedores, y después pasó a formar parte de la cartera de propiedades de la inmobiliaria Nivel 29. Durante cinco años, el centro social fue sede de colectivos como Juventud sin Futuro, Yo Sí Sanidad Universal, Oficina Precaria y tantos otros más. También albergó varias de las reuniones que sirvieron como germen a Ahora Madrid, que ganó el ayuntamiento de la ciudad en las elecciones de 2015. 

Tres días antes de que Manuela Carmena tomara posesión del cargo de alcaldesa madrileña, la Policía Nacional desalojó el Patio Maravillas. Hoy la fachada del edificio de la calle Pez, 21 sigue siendo bonita. Adornada, como buena parte de la calle con figuras, botellas pintadas y otros objetos que le dan color. No ha sido obra de la propietaria del edificio, que lo mantiene vacío y tapiado, sino de iniciativas de arte urbano del vecindario.

A unos minutos de la calle Pez está otro de los edificios ocupados por el colectivo del Patio Maravillas. La de Corredera Baja de San Pablo 20 fue una ocupación que duró poco. Apenas dos meses: de enero a marzo de 2011. El edificio había sido comprado por el Ayuntamiento en 1991 por 11 millones de euros junto con el de calle Barco para vivienda de alquiler social y equipamientos sociales que nunca llegaron. En 2014, tres años después de su desalojo, el Ayuntamiento vendió los dos edificios a una empresa llamada Prime Cities Spain, con sede en Holanda, por 2 millones de euros, cinco veces menos de lo pagado veinte años antes por el Consistorio. Ahora se han convertido en pisos de lujo en alquiler por 2.150 euros o en venta por 1,18 millones de euros. 

El de Divino Pastor, otro de los edificios que fueron brevemente ocupados por el Patio Maravillas —de junio a agosto de 2015, poco más que el tiempo que llevó limpiarlo—, también ha  tenido el mismo destino, pero con el apellido Capriles como propietario. Miguel Ángel Capriles, primo del opositor venezolano Henrique Capriles, le compró el edificio al Ayuntamiento por 1,7 millones de euros. Otra ganga de 853 euros el metro cuadrado frente a los 3.192 que tiene de media la zona. Ahora sus viviendas se alquilan por unos 2.000 euros o por 124 euros por noche como apartamentos turísticos. 

En diciembre de 2020 también fue desalojado el solar Antonio Grilo, durante más de siete años abierto a los vecinos. El Ayuntamiento de Madrid, también propietario de este inmueble, afirma que se convertirá en un centro de salud, pero el proyecto, que se ha repetido durante años, sigue sin presupuesto.

La Morada y Casablanca, dos de los centros sociales que más espacio han dado a los colectivos sociales relacionados con el 15M, también se han convertido en pisos de lujo. La historia de Casablanca, en la calle Santa Isabel números 21 y 23, está ligada a las tramas de corrupción del Partido Popular. Era propiedad del grupo inmobiliario Monteverde SL, especializado en pisos de lujo y gestionado por Carlos Monteverde, uno de los condenados por el caso Malaya. Estuvo ocupado desde abril de 2010 hasta septiembre de 2012, a pesar de que la causa por usurpación contra algunos de los activistas del centro social había sido archivada. El desalojo fue apenas unos días antes del primer Rodea el Congreso y dejó dentro del inmueble, ya tapiado, todo el material que allí guardaban los colectivos que lo usaban además de una biblioteca colaborativa compuesta por más de 10.000 libros procedentes de la acampada que ocupó la plaza del Sol durante los primeros meses del 15M. 

El edificio de Santa Isabel pasó en 2016 a manos de Lone Star, un fondo buitre estadounidense que un año después también hizo negocios en Portugal quedándose con el 75% de Novo Banco, una especie de Sareb a la portuguesa creada para rescatar al Banco Espírito Santo. Actualmente, el palacete está formado por 25 viviendas de lujo cuyo alquiler ronda los 3.000 euros mensuales. 

En el caso de La Morada, que ocupaba el edificio de la calle Casarrubuelos número 5, el destino es similar. Ocupado en septiembre de 2012, el edificio era propiedad de la inmobiliaria Cuatro Almenas, de la familia López Brea, y después del Banco Santander, que en 2015 se lo vendió a otra inmobiliaria, InmoGlaciar —en 2017 comprada por Cerberus, donde trabaja el hijo de José María Aznar y Ana Botella—, estando ya ocupado. El desalojo del inmueble, en abril de 2016, acabó con 32 personas detenidas, de las que cuatro fueron imputadas y cuyas causas fueron archivadas un mes después. Hoy, la planta baja del local se ha convertido en cocheras. Sobre ellas hay diez viviendas de lujo, con piscina incluida, que en 2017 tenían un precio medio de 539.000 euros.

Salimos de la zona centro para visitar el edificio que hasta julio de 2020 alojó el centro social La Yaya. El local, de una planta y rodeado de edificios de varias alturas en la  calle Juan Álvarez Mendizábal número 74, pertenece a la familia de Julio iglesias. En concreto, a la sociedad Iglesias Assembly. S.L., administrada por Jorge Iglesias Domínguez-Macaya, sobrino del cantante Julio Iglesias, que contrató los servicios de Desokupa para intimidar a la decena de jóvenes que habían abierto el espacio al barrio tras más de veinte años abandonado. Los jóvenes le ganaron el pulso a Desokupa, pero en julio de 2020 los jóvenes abandonaron el espacio presionados por el juzgado, según explicaron en su perfil de Twitter. Nueve meses después de su desalojo, el edificio vuelve a estar abandonado y sin uso, y ahora además tapiado.

El edificio que antes era el centro social La Dragona, en avenida de Daroca número 91, a las puertas del cementerio de La Almudena, también sigue sin uso un año y medio de su desalojo. Es propiedad del Ayuntamiento y Martínez Almeida estrenó su alcaldía con su desalojo, cerrando una historia de once años de funcionamiento.

En los barrios del sur de Madrid también se han sufrido dolorosos desalojos, como el de La Gatonera, que ahora ubica su actividad en la calle Antoñita Jiménez número 60. Su primera sede, en calle Amistad, fue desalojada en 2014 tras cinco años y medio de actividad. Este edificio continúa hoy vacío y tapiado. El colectivo de este centro social ocupó un nuevo espacio en 2014, ahora en la calle Valentín Llaguno 32, donde estuvieron otros cinco años y medio. El edificio, sobre el que ahora se extiende una lona en la que aparece como promotora la empresa Bru&Co, se espera que entre en obras en junio de este año para convertirse en viviendas con precios desde los 215.000 hasta los 400.000 euros.

Son muchos más los centros sociales a los que han cerrado las puertas en la última década: La Traba —convertido en viviendas—, el Ateneo Libertario de Vallekas —desalojado en octubre de 2020, hoy vacío y tapiado—, La Salamanquesa —que tras la ocupación ha vuelto a ser un centro formativo tras haber estado años en abandono—.

A ellos se suman los espacios cedidos por el Ayuntamiento de Ahora Madrid que, con la llegada del Partido Popular han vuelto a ser cerrados al público, como el Espacio Vecinal Arganzuela, que supuestamente alojará la base del Samur, o los locales en Tetuán para asociaciones del barrio cuya cesión, por concurso público, Almeida anuló. Menos espacios abiertos a la gente, más puertas y ventanas tapiadas y más pisos de lujo en una ciudad en la que alquilar es ahora un 50% más caro que hace un año.