Un nutrido grupo de jóvenes rodea el Palacio del Marqués de Rozalejo en la Plaza de Navarrería, portando la pancarta “Alde Zaharreko Gaztetxea Aurrera”. Se abre un pasillo frente a la puerta metálica pintada con el arrano beltza para dejar pasar a varios representantes políticos de algunas formaciones del cambio. En la penumbra interior de este palacio barroco, desvencijado tras 20 años de abandono, un pequeño comité explica a los visitantes que esta okupación no va negociar con las instituciones, pero que, paradójicamente, solicitan el apoyo de las formaciones que las sustentan. A continuación, se organiza un pequeño tour por un laberinto de habitaciones vacías y polvorientas, algunas apuntaladas con andamios, hasta el tejado, el único elemento reconstruido recientemente.

Justo hace 10 años, este mismo edificio, propiedad del Gobierno de Navarra, fue okupado (y desalojado) cuando UPN dirigía la ciudad con mano de hierro... y la porra de Santamaría ejecutaba. Tras tres años de gobierno del cambio, a la ciudad le invade un cierto déjà vu: ¿otra vez el tenso tira y afloja bajo el lema “Un desalojo, otra okupación”?

La Asamblea del Gaztetxe de Alde Zaharra, después de reactivarse hace más de dos años, okupó en 2015 un portal de la cercana calle Compañía —también propiedad del Gobierno de Navarra—, hasta que mediante un proceso de negociación, se trasladó al Chalet de Caparroso, propiedad del Ayuntamiento de Iruñea. Sin embargo, de este local fueron expulsados por haber realizado obras no autorizadas, que consistieron en “tirar tres muros que no eran de carga y construir una pequeña barra”. Y en ese momento comenzó el definitivo desencuentro que, tras una segunda e infructuosa etapa negociadora, cerrando el círculo, les ha conducido a un “clásico” como es el Palacio de Rozalejo.

Iñaki Molina, miembro de la Asamblea del Gaztetxe, señala que aunque “han aprendido bastante del proceso negociador, no te puedes fiar de la institución, pues a pesar de las voluntades, hay límites muy grandes”. Considera por tanto esta okupación “una victoria muy grande, porque ha repercutido en el propio barrio”, animando a los chavales a involucrase, por primera vez “a coger una escoba” y a organizar comisiones y actividades. La percepción mayoritaria en la asamblea era que “la vía institucional abocaba al desgaste y que la calle es la solución”, ya que no modula el enfoque desobediente y “refuerza al movimiento juvenil”. En definitiva, no ven a la institución como palanca de movimientos, tanto por la oposición de Geroa Bai —“que apoyó la denuncia”— como por “el miedo y las restricciones del resto”. En la actualidad el gaztexe de Alde Zaharra, bautizado Gaztetxe Maravillas, está amenazado de desalojo por el Gobierno de Navarra, que se ha personado como acusación particular, además de verse sometido al acoso de la oposición municipal y las reticencias de parte del gobierno municipal, que cuestionan la celebración de conciertos o la instalación de una barra en su interior.

La mayoría de formaciones del cambio en el Ayuntamiento —a excepción de Geroa Bai, liderada por el PNV— han apoyado a estas iniciativas sociales que buscan autogestionar espacios públicos vacíos y han trabajado para encontrar un encaje administrativo a una demanda que consideran legítima. No obstante, resulta evidente que los ritmos y maneras de las instituciones no están sincronizados con los de asambleas horizontales, recelosas de su tendencia al control. En esta tesitura ha habido momentos tanto de tensión (desalojo violento de un piso okupado por hIREKIn en el Paseo Sarasate por parte de la Policía Municipal en octubre de 2016, con tres detenidos y seis heridos), como de acercamiento (presencia de representantes del cambio en la manifestación de apoyo al Gaztetxe de la Rotxapea en mayo de 2017). Este tímido apoyo es fruto de una compleja relación amenazada por la espada de Damocles de un juicio impulsado por uno de los copropietarios de la nave okupada. La Caixa denunció a tres activistas, y la sanción, en caso de condena, podría ascender a 40.000€. Iñaki y Garazi, miembros de la asamblea, confiesan cierta decepción respecto al Ayuntamiento. Reconocen haber mantenido varias reuniones y que se les han facilitado algunas gestiones, pero le acusan de no haber visibilizado y sostenido el conflicto “porque tienen muchísimo miedo a la oposición”.

El proceso de diálogo del Gaztexte Maravillas y el de la Rotxapea suponen una llamada de advertencia sobre el futuro inmediato de una serie de procesos que están en marcha. En este punto, la pregunta que han de responder ambas partes sería: ¿son compatibles las iniciativas de autogestión y los gobiernos del cambio?

Otras dinámicas, ¿mejores resultados? 

No todos los procesos han resultado tan alambicados y accidentados como los anteriores. El Ayuntamiento de Iruñea inició una ambiciosa dinámica de trabajo con varias iniciativas, a las que acompaña con recursos técnicos y económicos, para desarrollar procesos participativos. En los tres últimos años, al calor del cambio, se ha producido una explosión de demandas vecinales de espacios comunitarios de carácter autogestionado que ni los CCIS (Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales) ni los Civivox —en manos de empresas privadas como Sedena— pueden cubrir. De esta efervescencia social destacan tres iniciativas más maduras (Antzara, Plazara! y Salesianas), con diferentes composiciones y trayectorias.

Antzara es el proceso más veterano y el primero en obtener algún fruto tangible después de 25 años de lucha. Situado en Mendillorri, zona de la ciudad que se resiste a ser el típico barrio dormitorio del extrarradio, tiene claro que aspira a ofrecer una alternativa a su alta población infanto-juvenil (un 33% de la población menor de 19 años).

La iniciativa popular apoyada desde las apymas hasta la Gazte Asamblada se vio reforzada por el diagnóstico de la Unidad de Barrio y la asociación comunitaria Bideberri sobre las debilidades del vecindario. Se han detectado marcadores claros de desestructuración social, como el alto consumo de drogas entre jóvenes. La iniciativa vecinal se decidió a reclamar el viejo Palacio gótico, que ha sido okupado varias veces de manera simbólica. Sin embargo, la negativa del Gobierno de Navarra, su propietario, debido a los enormes costes de rehabilitación, orientó la resolución del proceso hacia la construcción de una nueva dotación. En un tiempo récord se levantó un sencillo edificio modular passive house al lado del Civivox.

Para Xabi Senosiain, de Bideberri, el elemento clave en la relación con la institución es la “autonomía”. “Hay que tender puentes y romper con su dependencia, para que se convierta en herramienta facilitadora” —afirma— “pues resulta evidente que los procesos sociales no se deben prostituir por las maniobras de los partidos políticos”. Por otra parte, señala que la dificultad para garantizar la pluralidad del espacio no la va a garantizar una reglamentación municipal sino la propia comunidad, por ejemplo, “la vecina mayor que se se siente invitada a participar en un proceso”. No obstante, después de las pintadas fascistas en sus muros, la última mala noticia ha sido la resolución de los tribunales contra el estatuto provisional del espacio.

Salesianas, el antiguo colegio religioso María Auxiliadora en Txantrea, dominado por la torre de la iglesia anexa, es el único espacio que ha mantenido parcialmente su uso como CCIS. De la mano del Ayuntamiento inició su propio proceso participativo Renove Salesianas Zaharrak Berri, que está teniendo un desarrollo más lento de lo esperado. Una de las razones ha sido la ubicación de la unidad de barrio que conviviría con el propio centro comunitario. Una vez realizada el primer periodo de análisis de las necesidades, en otoño se realizará la segunda fase del proceso en el que se decidirá el uso del los espacios y la forma de gestión, aunque en paralelo una parte del centro quedará abierto una vez finalicen las obras de acondicionamiento. “Salesianas está siendo una oportunidad de aprendizaje por la pluralidad que existe, que se ve reflejada también en las opiniones sobre la forma de gestión y funcionar de las vecinas, ya que muchas vienen de una cultura política diferente”, señala Iñigo Martínez, miembro del grupo motor.

Plazara! es quizá la experiencia más compleja, y sobre la que están puestas todas las miradas, incluidas las de una beligerante oposición, que “sospecha” de una agenda oculta para convertir el antiguo Palacio de Redín-Cruzat en un “gaztetxe cultural”. La convergencia de la iniciativa vecinal de Alde Zaharra y del colectivo Batera!, este último de perfil más cultural, ha generado un proceso conjunto para crear un centro comunitario sociocultural e intergeneracional en la antigua Escuela de Música situada de la Calle Mayor. Tras tres años de proceso participativo, que se pretende “para el barrio y para la ciudad”, y con más de 2.000 propuestas recogidas, se entregó al Ayuntamiento un proyecto de rehabilitación arquitectónica. Sin embargo, el retraso de las obras previstas ha encendido todas las alarmas entre sus impulsoras , solo compensado por el uso provisional de la planta baja del edificio. Tras las continuas demoras administrativas y arquitectónicas, la iniciativa se encuentra ahora a la espera de recibir un espacio provisional en el antiguo local de Muebles Apesteguía, mientras dure la rehabilitación -que se prevé concluya en marzo de 2018- todo lo cual está enfriando los ánimos de los participantes en esta fase final. A esta situación hay que añadir la incertidumbre sobre el estatuto legal del espacio, después del recurso interpuesto por UPN.

en busca de la luz

Cinco procesos arrancaron con el comienzo de la legislatura, y ni uno solo parece asentado. ¿Serán capaces las iniciativas populares y el Ayuntamiento de superar sus desencuentros y de llevarlos a buen puerto antes de mayo de 2019? El temor compartido es que un eventual cambio de signo político en el próximo consistorio cancele la línea de apertura y deje al vecindario y a los colectivos, literalmente, en la calle. En el horizonte asoma la posibilidad que de retornen los años de plomo de la exclusión y la represión, el ecosistema donde florece la okupación de espaldas a la institución.

La transferencia de los comunes urbanos a la ciudadanía empoderada es un proceso inédito, extremadamente delicado, cuyo desarrollo requiere voluntad política, confianza, paciencia y altas dosis de sensibilidad social por todas las partes

Parece claro que hay una quiebra entre los procesos participativos —legitimadores socialmente pero demasiado lentos— y su aterrizaje burocrático-arquitectónico, lleno de recovecos urbanísticos, dilaciones jurídico-administrativas, y trampas políticas. El sueño de tejer una pequeña red de centros comunitarios autogestionados (o con el mayor grado de autogestión posible) en Iruñea es frágil y corre serio riesgo de ser orillado. En este sentido, es importante señalar que un fiasco en este ámbito supondría una (nueva) derrota de los gobiernos del cambio, que son quienes detentan la mayor responsabilidad en esta cuestión y cuyas bases sociales respaldan, genéricamente, este tipo de procesos sociales.

No debiera ser un consuelo, pero Iruñea no es la excepción; en otros ayuntamientos del cambio ha habido derivas similares, como en Madrid —referencia de los centros autogestionados de nueva generación— donde tras el desalojo del Patio Maravillas ha emergido La Ingobernable. El problema de fondo es el mismo: la transferencia de los comunes urbanos a la ciudadanía empoderada es un proceso inédito, extremadamente delicado, cuyo desarrollo requiere voluntad política —que no suelen compartir por igual todos los socios de gobierno—, confianza, paciencia y altas dosis de sensibilidad social, por todas las partes.

La mayor desventaja de la Pamplona posUPN es que, a diferencia del área metropolitana de Barcelona —el territorio más avanzado en este sentido—, no ha habido experiencias de cogestión de procesos ni de diálogos maduros. Pero por otro lado, su gran ventaja, según ponen de manifiesto todas las interlocutoras, es que el histórico anhelo de autogestión y la necesidad de espacios sociales es tan grande que, de una manera u otra, seguirá activándose...

Mientras que la juventud de Mendillorri disfruta de su gaztetxe express (como en Antsoain con Txokogorri) bajo la incertidumbre legal, y en Rotxapea rumian los movimientos judiciales, Salesianas sigue el desarrollo de los planos con escuadra y cartabón, Plazara! aguarda en vilo la cesión temporal de un local, y en la puerta del Gaztetxe Maravillas, sobre el que se puede ver el Guernica de Picasso —ojalá no sea premonitorio— , llaman a la defensa del espacio "con uñas y dientes".

De la okupación al centro comunitario y vuelta

Desde el desalojo del emblemático Euskal Jai (1994-2004), la intrahistoria reciente de los espacios autogestionados en Iruñerria está salpicada de breves okupaciones y brutales desalojos (como Piztera! en 2007). Quizá la iniciativa más articulada fuera Etxe Komunala en 2011, que tras unas jornadas, dio a luz a un ambicioso proyecto comunitario que derivó en la okupación de una nave industrial de Rotxapea... y que igualmente acabó con la intervención policial. A partir de entonces, Iruñea se convierte en tierra de nadie para este tipo de experiencias, más allá de okupaciones simbólicas.

La práctica imposibilidad de acceso de la autogestión a espacios públicos lleva a algunas iniciativas de perfil cultural, tras el 15M, a alquilar locales en los cuales desarrollar proyectos particulares de enfoque social; de Jazar a Vesarte, destaca la operación de Katakrak en 2014, café-librería vinculada a la Fundación de los Comunes y antiguamente conocido como La Hormiga Atómica, que es comprado con amplia participación popular.

El panorama de espacios autogestionados de vocación asociativa o comunitaria se completa con la pervivencia de proyectos autogestionados no okupados como Zabaldi y Auzoenea en Alde Zaharra; de Auzotegi en Txantrea —uno de los más antiguos espacios okupados del Estado—, o de locales municipales cedidos, como Karrikaluze en Sanduzelai. En la Comarca de Pamplona sobreviven varios gaztetxes, algunos en locales públicos, como el de Barañain.

En estos momentos, el tejido asociativo de la ciudad se debate entre su histórica e irrenunciable aspiración a la autogestión (plenamente insertada en la banda sonora de las sucesivas generaciones juveniles, iniciada por Barricada y Tijuana in Blue) y la tentación de lanzarse al terreno desconocido de la cogestión, explorando las posibilidades de dotaciones municipales como los CCIS y los Civivox, que son percibidas como ajenas, pero que han flexibilizado su acceso y están mayoritariamente infrautilizadas. En este sentido, la onda larga del movimiento por la okupación, que fue clausurada tras el desalojo del Euskal Jai (y que abarca varias oleadas), se ha reabierto a la expectativa de procesos conjuntos con los gobiernos del cambio. Enfrascado en el laberinto a sus propios límites, es previsible que las originarias pulsiones desobedientes, se abran paso, cada vez con más fuerza.