Ceuta
Continúan los desalojos de asentamientos en Ceuta mientras se alerta contra el decreto que suspende el asilo

Ayer domingo 4 de octubre, la Policía Nacional empezaba a desalojar la playa del Trampolín en Ceuta, donde permanecían más de 3.500 personas migrantes. En la noche, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial anunciaba que eran hasta 1.100 personas las realojadas en los recursos habilitados en el enclave, la actuación sigue al desalojo reciente de la Playa Benítez. La actuación del domingo se trataría de una primera fase en el Trampolín, dado que aún no se disponen de plazas suficientes para alojar a todas las personas presentes en la playa.

Además de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército han participado en una operación, que según señalaba Torres, se ha producido sin incidentes. Durante toda la jornada cientos de personas que pernoctaban en el asentamiento, han sido trasladados en autobuses al CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), 500 personas han sido trasladadas a la frontera de Marruecos para efectuar lo que las autoridades definen como “retorno voluntario”.

La reubicación en los recursos habilitados por el gobierno ante la llegada del otoño, y el empeoramiento de las condiciones climáticas que situarían en una situación aún de más vulnerabilidad a personas que llevan ya más de dos meses a la intemperie. La masiva operación de las fuerzas de seguridad llega después de múltiples denuncias contra los malos tratos recibidos por personas migrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma desde finales de junio.

El informe publicado la semana pasada en el que se ofrecen testimonios y pruebas de agresiones sistemáticas contra personas migrantes en el enclave por parte de ejército y policía, seguía a otras denuncias documentadas por las organizaciones en terreno como No Name Kitchen y Border Resistance. Vulneraciones que ponen en cuestión el carácter “voluntario” de los retornos a Marruecos.

Por otro lado las organizaciones han hecho público el caso de decenas de personas solicitantes de asilo, la mayoría de ellas sudanesas, que denuncian haber sido sometidas a un triaje engañoso, a través del cual se justificó su devolución a Marruecos. Decenas de sudaneses refirieron ser preguntados sobre cuál era el país donde querrían pedir asilo (una opción no legal, pues la normativa europea obliga a pedir asilo en el país de entrada) y al contestar destinos diversos a España, fueron conducidos a la frontera. Otros ciudadanos sudaneses devueltos, afirmaron que su voluntad de pedir asilo en España no fue registrada. 

El realojo de personas migrantes en los CATE sucede en el marco en el que el gobierno trabaja en vías para acelerar las devoluciones a Marruecos de personas solicitantes de asilo, con la redacción de un decreto ley que según han denunciado múltiples organizaciones implica un “ataque frontal” al derecho de asilo. 

La nueva normativa, que se iba a debatir mañana en el Consejo de Ministros, limita a siete días el plazo para presentar solicitud de asilo desde la entrada en territorio europeo, permite las expulsiones sin esperar a que la justicia se pronuncie, y permite suspender el principio de no devolución, lo que ha sido calificado por las organizaciones, que el viernes enviaron una carta para movilizar a la sociedad civil contra el decreto, como una suspensión de facto del derecho de asilo y los compromisos internacionales con la normativa de derechos humanos y derechos de las personas refugiadas.

Todo esto se da en un marco de gran incertidumbre con la aprobación definitiva del Reglamento de Retorno en Bruselas el pasado jueves 1 de octubre, el futuro de la legislatura en suspenso tras el anuncio de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre e incluso la solicitud de la oposición para iniciar una investigación sobre los hechos del 30 y 31 de julio en Ceuta que está prevista sea registrada en el Senado el miércoles 7 de octubre, y requerirá la comparecencia de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa. 

Mientras Fernando Grande-Maslaska estará citado el mismo 8 de octubre, Jose Manuel Albarés ha sido convocado el jueves 22 y Margarita Robles el 23. Los tres ministros habrían sido ya llamados a declarar ante distintas comisiones previamente sin que se llegara a concretar su comparecencia en la Cámara Alta. Esta nueva hoja de ruta queda en el aire tras el fin precipitado de la legislatura.