Chile
Manuela Royo: “Las constituciones se escriben para 50 años, no para una legislatura”

El 4 de septiembre tiene lugar en Chile un plebiscito clave para el futuro del país: se vota la Constitución que un grupo de 154 cargos electos han escrito a lo largo de un año. La abogada ambientalista y defensora de los derechos humanos Manuela Royo es una de esas ponentes.
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Manuela Royo. David F. Sabadell
22 ago 2022 12:16

Manuela Royo (Santiago de Chile, 1982) llegó a la Convención Constitucional desde el Movimiento de Defensa del Agua, Territorio y Medio Ambiente. “Somos parte de los movimientos sociales”, reconoce con una mezcla de responsabilidad y orgullo. Desde esa posición, esta abogada, representante de la Región de la Araucanía, trabajó desde el 4 de julio de 2021 hasta julio de 2022 junto con otros 154 “convencionales” para desarrollar la primera Constitución chilena del siglo XXI. Una carta que es el fruto de la coyuntura de un movimiento ciudadano de protesta que en 2019 removió los cimientos de un país construido desde y por el neoliberalismo, y que también se arraiga en la transformación política interrumpida en 1973 por la dictadura militar del general Augusto Pinochet.

Aunque la oscuridad se extendió durante décadas, la historia no termina y hay momentos en los que se acelera. En diciembre de 2021, Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales al ultraderechista José Antonio Kast con once puntos de ventaja. El nuevo inquilino de la Casa de la Moneda afronta en sus primeros meses una crisis económica perenne, agudizada en este caso por la inflación y ha decepcionado a militantes como Manuela Royo en su abordaje “militarizado” de la cuestión mapuche.

No obstante, como dice Royo, las constituciones se escriben para las generaciones que vendrán, con la mirada puesta en los próximos 50 años. De este modo, aunque el triunfo de Boric ha llevado una nueva esperanza, es en el plebiscito del 4 de septiembre de este año en el que se pueden plasmar una serie de nuevos derechos para las casi 20 millones de personas que hoy viven en Chile. El texto, defiende esta convencional constituyente, incluye avances importantes en materia de feminismos, de derechos ambientales, de memoria histórica, de derechos y justicia social. Reclamaciones que hacen imprescindible el trabajo desde la institucionalidad, señala esta abogada, pero que deben ser sostenidas desde afuera. “Hay que seguir siendo movimiento social, seguir construyendo desde la calle, desde el territorio, desde distintos espacios que permitan también empujar la transformación”, reclama Manuela Royo, “porque creemos también que, si el Estado, la institucionalidad, coopta a todo el movimiento social, este finalmente se debilita y no se van a empujar los procesos como deben”.

Royo, que a mediados de julio estuvo en Madrid en una gira que la llevará por distintos países europeos para presentar a distintos movimientos sociales y políticas la Constitución, cree que el refrendo de la carta es importante para consolidar el cambio político. Las encuestas no son positivas. El 17 de julio, la encuestadora chilena Cadem, situaba el rechazo al texto constitucional en el 52% del electorado, mientras que situaba la aprobación al nuevo texto constitucional en torno al 37%.

¿Cómo se lleva a cabo un proceso de tal calado en una nación tradicionalmente dirigida por la derecha?
El Proceso Constituyente fue expresivo y muy demostrativo de lo que fue el estallido social, pero también de muchas demandas que se han ido fraguando durante muchos años. La transición entre la dictadura y la democracia, con los gobiernos de la Nueva Mayoría y de la derecha, fue hecha desde las altas esferas políticas, que excluyeron al pueblo de la toma de decisiones, del acceso a derechos sociales. Se excluyó a los pueblos indígenas, se nos excluyó las mujeres en muchas ocasiones. Y creo que este despertar que se dio en Chile en 2019 hizo que el proceso constituyente fuera un reflejo de la diversidad política que existe en Chile. Tuvimos una composición mayoritariamente de izquierda, que, claro, es inédita en cualquier proceso político chileno. No solamente estaban los partidos políticos tradicionales, sino que se permitió la integración de personajes independientes y de listas independientes. 

Tú de hecho vienes de una lista independiente.
Yo fui independiente, pero por Apruebo Dignidad, por la coalición del Frente Amplio, formada por el Partido Comunista entre otros. Pero pertenezco a un movimiento social, no soy militante del partido y esto también creo que es importante. Esta fue la primera Constitución que se escribe de forma paritaria en el mundo y que además incluye a los escaños reservados de los pueblos indígenas. Y eso finalmente se traduce en un texto que reconoce nuevas formas de democracia, que profundiza los mecanismos de participación y reconoce las múltiples diversidades que existen en Chile y también sus derechos. 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido uno de los mayores focos de ataque por parte de la derecha

¿La mayor resistencia al proceso ha venido desde los medios de comunicación?
Chile es uno de los países en los que existe mayor concentración de los medios de comunicación. Por un lado, de la familia Edwards, que desde los años 70 ha sido el pasquín de la ultraderecha [los Edwards editan El Mercurio]. De Copesa, que tienen también periódicos que son referentes de derecha. En televisión, la derecha también es la que tiene la mayor cantidad de participación en los canales masivos. Había un canal que era más progresista y se cerró. En Chile, la prensa construye realidades desde la óptica de la derecha. Hemos contado con el apoyo de medios digitales o de medios independientes, pero es difícil. En Chile existe muy poco pluralismo de prensa y se han vivido situaciones graves. El pasado 1 de mayo, en una marcha por el día del Trabajo, fue asesinada una reportera independiente —Francisca Sandoval— por sicarios. Fue muy sintomático de lo que vive la prensa independiente en Chile. Hay mucha precariedad versus el monopolio y la concentración de la prensa hegemónica por parte de los sectores de derecha. 

En vuestro trabajo del día a día, esa hegemonía de la derecha, ¿cómo se traduce? ¿Ha sido un trabajo accidentado o se ha podido hacer con cierta tranquilidad y con ciertas garantías?
No, ha sido muy desigual. Mientras algunas ingresamos en el proceso, para trabajar, para hacer normas, para presentar iniciativas, otros entraron desde el primer día a hacer campaña por el rechazo. O sea, votaron rechazo, salieron electos en la Constituyente, pero finalmente trabajaron siempre por el rechazo. Y ello fue muy fuertemente marcado por esta lógica que hemos visto a nivel global desde Trump, con Bolsonaro, etc. Coincidentemente, un par de convencionales de extrema derecha viajaron a España a mediados de año a formarse con Vox, a empaparse de estas prácticas de las fake news y de lo que hace la ultraderecha española. Y la llevaron a Chile replicando las mismas mentiras, la misma manipulación de los medios de comunicación. 

Tengo compañeras que se tienen que cortar el pelo porque no tienen agua para lavárselo. Gente que tiene que defecar en bolsas de plástico porque no hay agua para tirar de la cadena

La cuestión de la memoria, los derechos de los poblaciones originarios, las demandas sobre el trabajo... ¿Qué ha sido lo que más os ha costado implementar en el texto aprobado?
Desde mi perspectiva, lo más difícil es lo que tiene relación con los pueblos originarios. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido uno de los mayores focos de ataque por parte de la derecha. Se vivió mucho racismo, mucha discriminación, mucha denostación hacia los constituyentes indígenas en una actitud súper colonial, muy racista, de una derecha que replica prácticas y lógicas desde el siglo XIX. En Chile, nunca una Constitución había reconocido la existencia de los pueblos indígenas. Solo en 1823 la Constitución decía que una de las labores del Parlamento era civilizar a los indios. Esa es la única referencia que había. Pero Chile hoy es un país en el que existen pueblos indígenas que están vivos, que mantienen su cultura, su cosmovisión y que, al igual que todos los otros pueblos indígenas del mundo, tienen derecho a que se reconozcan sus derechos, que están garantizados en instrumentos internacionales, ratificados por Chile en 1989 en el Convenio 169 de la OIT. Los gobiernos de Chile se comprometieron a cumplir ciertos pactos que a la fecha no han cumplido. 

¿Qué introduce la Constitución respecto a los pueblos indígenas?  
Me parece importante el reconocimiento de la plurinacionalidad como una forma de reparación. La violencia que se ha ejercido respecto a los pueblos indígenas por parte del Estado chileno ha sido brutal, en especial respecto del pueblo mapuche. Chile fue condenada por la Corte Interamericana por la aplicación de leyes antiterroristas en contra de los pueblos indígenas y por la vulneración de sus derechos. Existe una deuda histórica del Estado de Chile respecto a ellos. Esta es una forma de reparación mediante el reconocimiento de las autonomías territoriales, el reconocimiento también de su derecho a la tierra, al territorio, al agua. Pero nada es un invento de la Convención, todo está en los tratados internacionales. Lo único que se hizo fue constitucionalizar normas que estaban en el derecho internacional y aplicarlas al contexto chileno. 

En un caso como el de pueblos originarios como el mapuche, pesan al menos dos de los factores fundamentales. Por un lado, el racismo histórico. Por otro lado, los derechos ambientales. Especialmente respecto al agua, uno de los campos en los que más has trabajado como abogada. 
Cuando habla sobre el derecho de propiedad, la Constitución de la dictadura de 1980, en su artículo 19/24, establece derechos de propiedad sobre el agua. Chile es el único país del mundo en que el agua es propiedad privada a nivel constitucional. Esto se operativizó en el Código de Aguas, que fue promulgado un año después de la Constitución del 80, en el cual se estableció la existencia de derechos que fueron otorgados de forma gratuita y perpetua a particulares por el propio Estado chileno, por la Dirección General de Aguas. Este regalo, que no tuvo ningún control, ha significado que hoy día en Chile no sepamos cuánta agua hay, porque el propio Estado sobreotorgó mucha más agua de la que realmente existía. Eso significó la falta de regulación y de fiscalización.

¿Qué ha significado el acaparamiento en estas cuatro décadas?
El acaparamiento de agua por parte de la agroindustria y en desmedro de las comunidades rurales ha supuesto que muchas de estas tuvieran que emigrar, que dejar de existir como existían previamente. En la zona central y en el norte de Chile tú te asomas a un puente y donde antes había río hay solo tierra y piedras, no hay agua. Y uno sube y sigue caminando y ve cómo los cerros en la quebradas están plantados de monocultivos, y si subes los cerros, puedes ver que hay piscinas de agua de particulares que tienen miles y miles de litros de agua y la gente que vive a dos kilómetros no tiene agua para tomar. Tengo compañeras que se tienen que cortar el pelo porque no tienen para lavárselo. Gente que tiene que defecar en bolsas de plástico porque no hay agua para tirar la cadena y es absolutamente indigno, absolutamente vulneratorio de derechos humanos. 

Si bien esta Constitución plantea la superación del modelo extractivista, plantea la superación del Estado neoliberal subsidiario, tampoco es que establezca un régimen socialista o comunista

¿Qué significa lo que aparece en el texto?
Se trata no solo de garantizar el derecho al agua, sino también de establecer que es un bien común, natural, inapropiable, que es incomerciable. Eso nos invita a pensar en otra forma de relación con la naturaleza, que no es desde la propiedad, sino también desde el cuidado y el uso. Debemos saber cómo resolvemos comunitariamente cuánta agua necesitamos, para quién y cómo. Y ese es el proyecto que encarna la Constitución en materia de aguas. Es decir, una institucionalidad que va a permitir saber cuánta agua hay, porque no lo sabemos. Siempre va a prevalecer el derecho humano al agua y la protección de las funciones ecosistémicas, luego la agricultura familiar campesina y los usos de los pueblos indígenas. Y cuando eso ya esté resuelto, pueden efectivamente seguir existiendo usos extractivistas como históricamente han existido. Pero algo tan sencillo como que la gente pueda tomar agua y que el agua no se la lleven las empresas que viven a dos kilómetros de las personas es lo que estamos haciendo y es tan de sentido común... Creo que eso ha generado mucha resistencia, porque pensar en desprivatizar, en redistribuir, es un cambio muy profundo y quienes son los dueños del agua no lo quieren hacer. Es importante recalcar que, cuando nosotros decidimos ir a la Convención Constitucional, nos planteamos eso. Fueron nuestras propuestas y todo lo que nosotros escribimos en la Constitución fue por lo que la gente nos eligió. 

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Manuela Royo. David F. Sabadell


En medio de la crisis climática, ¿un proyecto como escribir una Constitución es algo que cortocircuita necesariamente el régimen de acumulación del neoliberalismo?
Obvio. Somos muy conscientes de que esta es la primera Constitución que se escribe en el contexto de la emergencia climática, de la crisis ambiental. Y por lo tanto tiene que dar respuesta certera al contexto actual y a la crisis que estamos viviendo. Además de reconocer principios tan relevantes como la interdependencia entre las personas y la naturaleza, también posee un capítulo en el cual se reconocen a nivel constitucional los principios ambientales y crea institucionalidad, no solamente la Agencia Nacional del Agua, sino también la existencia de tribunales ambientales en todas las regiones y de una Defensoría de la Naturaleza que permite que las personas que ven vulnerados derechos ambientales, o que asumen la representación de estos derechos de la naturaleza, puedan representar esos derechos judicialmente. Hay normas importantes, no solamente respecto al agua, sino de protección de bosques nativos, humedales, glaciares. Son palabras que no existían en nuestra Constitución: hablar de ecosistemas, hablar de naturaleza es algo inédito y creemos que es un logro muy significativo porque pone a esta Constitución en la vanguardia en temas ambientales. 

Desde que estalló el movimiento en 2019 se dice aquello de que Chile fue el lugar en el que nació el neoliberalismo y que será donde este muera. ¿Hasta qué punto teméis la resistencia o el contragolpe?
Creo que, si bien esta Constitución plantea la superación del modelo extractivista, plantea la superación del Estado neoliberal subsidiario —que deja en manos del mercado la regulación de bienes tan esenciales como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etc.—. Tampoco es que establezca un régimen socialista o comunista, sino que abre puertas para la profundización de las decisiones democráticas, abre esos caminos para avanzar. Ahora, obviamente, hay avances que son muy significativos.

¿Cómo afecta al trabajo?
Una de las consecuencias más brutales del neoliberalismo fue el desmantelamiento de todas las organizaciones sindicales en Chile. El plan laboral de José Piñera, el hermano del expresidente, cercenó la negociación colectiva, la prohibió a nivel de ramales, en la dimensión sectorial y nacional. Limitó la huelga a tal punto que es casi impracticable en Chile. Una de las formas de superar esa lógica neoliberal es el aseguramiento de mecanismos de redistribución de la riqueza, como por ejemplo a través de la huelga, pero también el rol del Estado respecto a la educación, a la salud, a la vivienda y a los derechos sociales. Un rol que fue dejado a los actores privados durante mucho tiempo y que no solo fue impuesto en dictadura, sino que fue administrado y profundizado también por los gobiernos socialdemócratas y de la derecha.

La génesis de todo esto es una protesta por condiciones materiales como es el precio del transporte. ¿Qué mejoras materiales introduce la Constitución?
Cuando hablamos de derechos sociales hablamos de necesidades materiales de las personas, de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, que son aspectos muy importantes porque en Chile existe una desprotección importantísima. Pero no solo esas áreas. Hay protección de aspectos que son evidentes, como por ejemplo los trabajos de cuidados, que históricamente hemos llevado las mujeres. Hay un reconocimiento de esos trabajos como parte de la economía de un país que por años se ha invisibilizado. La existencia también de un Estado cuidador es muy importante así como la apertura hacia la titularidad como nuevos agentes de derechos de la niñez, las personas mayores o de las personas con discapacidad.

¿Hasta que punto tiene que caminar Gabriel Boric junto con el texto constitucional y hasta qué punto es importante que el texto se defienda por sí solo?
Es que las constituciones se escriben para 50 años: no se escriben para una legislatura, un gobierno que va a durar cuatro años. En ese sentido, creo que es importante pensar que esto es un proyecto a largo plazo, si bien hoy día Boric tiene un rol importante. Él ha apoyado la Convención Constitucional, cosa que no hizo Sebastián Piñera, pero tenemos diferencias legítimas con el Gobierno. A la vez, creo que el apruebo de esta nueva Constitución significa un respaldo hacia el Gobierno y el rechazo finalmente afectaría a Boric y a su programa, aun cuando digan que no. También afecta muchísimo a los movimientos sociales, porque todas aquellas normas que hemos plasmado en el texto, si eventualmente se rechazan, va a ser la justificación para que nada cambie, para que todo siga igual y para que todas aquellas luchas que llevamos como movimientos sociales sean descalificadas.

¿Cómo se moviliza para la aprobación? ¿Manteniendo el músculo, la protesta, la movilización, siguiendo conectados o mediante la pacificación hasta que salga el resultado del plebiscito? 
Hay varias visiones. El Gobierno y el oficialismo está mucho más enfocados en buscar el voto de centro, en convencer a esos sectores moderados. Nosotros desde los movimientos sociales tenemos otra apuesta, que es hacia los tres millones de personas jóvenes que no votaron, hacia las compañeras feministas, que sabemos que tienen gran fuerza. Hacia los sectores populares. Nosotras no creemos que tengamos que ir hacia el centro. Ese no es nuestro público, sino que nuestras bases son los territorios, son las compañeras feministas, son las ambientalistas. Queremos hablarles a ellos, pero también a todas esas personas que no han votado nunca para que la primera vez que voten sea en conciencia, sea de manera informada, y sea por transformar la realidad. 

¿Viven hoy mejor las clases populares en Chile tras la llegada de Boric a la Casa de la Moneda? 
Creo que no. Hay una crisis de inflación terrible. Por lo tanto, creo que el rechazo también nos llevaría a una crisis institucional importante. Porque si no logramos resolverlo vamos a quedar peor de cómo estamos. 

¿Cómo crees que se va a desarrollar el proceso hasta hasta que se dé el referéndum? ¿Y dónde tienes las esperanzas? ¿Qué crees que puede ser lo que decante la balanza a favor de un nuevo texto? 
Sabemos que tenemos que trabajar durísimo, que no tenemos los recursos, los medios ni el poder que tienen los dueños de Chile. Pero sí tenemos la convicción de que estamos del lado correcto, de que estamos del lado de la justicia, de la protección de la naturaleza, de los cuidados, de pensar en la justicia social y en un Chile mejor. Y eso también nos pone una mochila importante, porque sabemos que si esta Constitución es aprobada va a ser un ejemplo para el mundo en términos de feminismo, en términos ambientales, en términos también de democracia directa. Y por lo tanto tenemos un gran desafío. Vamos a salir con toda la fuerza a trabajar por informar, por educar, para que la mentira no le gane a la verdad.

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