Colombia
¿Está Colombia transformando su modelo económico y energético?

Cuando se cumple un año de Gobierno de Gustavo Petro, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) realiza una evaluación sobre el grado de cumplimiento de las promesas de cambio en cuanto a economía y transición energética.
Gustavo Petro y Francia Márquez festejan los resultados en Bogotá en la noche electoral del 19 de junio.
Gustavo Petro y Francia Márquez festejan los resultados en Bogotá en la noche electoral del 19 de junio. Edu León
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
14 sep 2023 09:44

Ha transcurrido algo más de un año desde que se produjese la inédita victoria electoral del Pacto Histórico en Colombia. Tiempo suficiente para realizar un balance preliminar de la acción del primer gobierno progresista y popular en la historia del país

Para avanzar en este ejercicio, partimos de las dos apuestas que, en términos generales, confieren identidad y articulan el conjunto de la agenda política del gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Junto a la superación del conflicto armado a través de la búsqueda de la “paz total”, destaca especialmente el cambio de modelo económico-energético, transitando de una economía extractiva a otra de carácter productiva. “Colombia potencia mundial de la vida” se convierte así en el lema de una agenda verde, digital e inclusiva, bajo la supervisión y regulación de un Estado que asume una mayor agencia económica y social.

Dentro de este ámbito, realizaremos en el presente artículo —resumen de un informe más amplio— un balance de lo acontecido a lo largo de este primer año de Gobierno del cambio, enfatizando de manera especial sus avances más significativos, las contradicciones en las que podría estar incurriendo, así como los riesgos que conlleva su impulso.

El objetivo no es otro que fortalecer el debate sobre un aspecto absolutamente estratégico, invocado por las autoridades colombianas en todas las cumbres nacionales e internacionales, pero sobre el que, paradójicamente, no existe aún una masa crítica popular en consonancia. Debido, quizá, a la hegemonía que el conflicto y la búsqueda de la paz mantienen en la agenda política y social, pero también a la conciencia de que el actual gobierno constituye una suerte de anomalía histórica que debe ser preservada a toda costa, prevaleciendo así la cautela a la hora de desplegar los debates estratégicos desde movimientos y articulaciones.

Somos conscientes que un año es un periodo muy corto para evaluar un objetivo que, en el mejor de los casos, se proyectará a lo largo de décadas. No obstante, en el “cuarto de hora” que acaba de cumplir el Gobierno del cambio se han publicado documentos estratégicos, se han firmado acuerdos internacionales y se han anunciado medidas suficientes como para realizar un balance preliminar sobre la identidad de la agenda que se está perfilando. Máxime si, como decimos, nuestra meta pretende no solo analizar sino azuzar el fundamental e inconcluso debate sobre qué priorizar, quién va a protagonizar y cómo enfrentar la ineludible transición ecosocial desde un punto de vista internacionalista.

Transformación de la matriz económico-energética

Con el citado informe se pretende desentrañar la identidad de la agenda de transformación del modelo económico colombiano, en el que la transición energética juega un rol fundamental. Para ello nos hemos basado fundamentalmente en tres tipos de fuentes: el relato institucional desplegado en términos comunicativos; los principales documentos estratégicos que definen los lineamientos de la acción económica, energética y climática del gobierno; así como las primeras decisiones concretas adoptadas en este ámbito a lo largo de este primer año.

Antes de comenzar, es preciso que establezcamos dos consideraciones que atraviesan necesariamente cualquier análisis sobre la coyuntura colombiana actual. Por un lado, no podemos obviar que el modelo económico colombiano tiene grabado a fuego un carácter periférico-dependiente, primario-exportador y extractivista, con todas las limitaciones y vulnerabilidades que esto entraña a la hora de impulsar cambios estructurales. Por otro, tampoco podemos pasar por alto que Colombia se ha destacado a lo largo de toda su historia republicana como un país sometido a un modelo de gobernanza oligárquica especialmente violenta (incluso en términos comparativos con otros territorios de América Latina), sobrevolando en todo momento un riesgo permanente de involución reaccionaria.

Partiendo de ahí, y realizando un ejercicio de síntesis, la agenda del gobierno del cambio plantearía como prioridad el aprovechamiento de “la potencialidad vital” de Colombia para insertarse en los nuevos nichos internacionales de negocio del capitalismo verde y digital, sobre todo energías renovables y materiales críticos. Una inserción que pretende ser más horizontal respecto al capital transnacional, en base a negociaciones tripartitas (grandes corporaciones, Estado y comunidades) más equilibradas, que permitan obtener un incremento en los recursos económicos que se quedan en el país tanto a escala nacional como local y, muy especialmente, establecer dinámicas de transferencia tecnológica e inversión que faciliten el escalamiento industrial y la generación de valor añadido; todo ello dentro de una estrategia regional de mayor integración e interconexión. El objetivo sería, en última instancia, acceder a un modelo más productivo, equitativo y sostenible, contribuyendo además al reto clave de la descarbonización de la matriz energética en la lucha contra el cambio climático.

Bajo esta premisa, destacamos cinco ideas-fuerza como señas de identidad de la agenda de transformación de la matriz económico-energética de Colombia.

La primera, vinculada al horizonte de descarbonización, observa que la preceptiva reducción de la extracción y uso de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) es aún incipiente y poco significativa.

Parece complicado alcanzar la meta de reducción del 51% de las emisiones contaminantes para 2030 al que el país se ha comprometido

En este sentido, parece complicado alcanzar la meta de reducción del 51% de las emisiones contaminantes para 2030 al que el país se ha comprometido: se mantiene o aumenta el volumen de extracción de petróleo —aunque se prohíbe la práctica del fracking, y se cuestionan nuevas exploraciones—, se apuesta por el gas como “energía de transición”, se avala la continuidad del carbón en la medida en que duren las licencias actuales. También es cierto que el punto de partida no es sencillo: la demanda de energía primaria depende al 75% de las fuentes fósiles (con especial atención al transporte), que a su vez generan en torno al 8% de los ingresos fiscales totales con los que cuenta Colombia.

La segunda idea-fuerza sería que la apuesta por el desarrollo de fuentes renovables de energía es indudable, fundamentalmente a través de la proliferación e interconexión de megaproyectos corporativos.

Megaproyectos en toda una gama de sectores (energía eólica y fotovoltaica, minería metálica, hidrógeno verde, mercados de carbono, etc.), liderados en muchos casos por empresas transnacionales, donde la capacidad para descentrar el rol de los poderes empresariales locales tradicionalmente dominantes es escasa, y en los que la vocación hacia los mercados exteriores de lo extraído y generado es muy significativa. Una fórmula peligrosa, sin duda alguna, dada la sistematicidad de los impactos negativos de este tipo de iniciativas, dentro de un marco que concede más relevancia a la acumulación de capital en los mercados internacionales que a las necesidades de las mayorías populares.

La tercera idea-fuerza insiste en la escasa capacidad institucional para regular las actividades de las empresas transnacionales desde la defensa del marco internacional de los derechos humanos, frente a la vigente arquitectura de la impunidad corporativa a escala global.

La apuesta por el desarrollo de fuentes renovables de energía es indudable a través de la proliferación e interconexión de megaproyectos corporativos

Así, la propuesta inicial de revisar los tratados de comercio e inversión vigentes —verdadero marco de blindaje de los intereses corporativos— está actualmente pendiente de definición e implementación. La primera noticia al respecto ha tenido lugar en agosto de 2023, al anunciar Petro que se dispone a renegociar el TLC con EE UU.

Al mismo tiempo, se constata dispersión y falta de liderazgo en el abordaje del ámbito de empresas y derechos humanos: el ministerio de Medio Ambiente dinamiza la concreción del Acuerdo de Escazú, pero sin competencias en justicia; el ministerio de Relaciones Exteriores conduce la elaboración del plan de empresas y derechos humanos, con lo que el peso de estos últimos podría diluirse en beneficio de una mirada empresarial y/o geopolítica; el ministerio de Energía y Minas está al mando del nuevo código de minas, que en ningún caso tendrá efecto retroactivo; la Defensoría del Pueblo, por su parte, está preparando una ley de diligencia debida, un concepto sofisticado pero vacío de contenido para enfrentar la asimetría normativa vigente; a su vez, la Comisión de la Verdad definió 30 medidas al respecto, completamente obviadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, la impunidad corporativa también sale reforzada por la imposibilidad de aprobar la reforma del sistema de justicia, manteniéndose de este modo la arquitectura y las dinámicas de criminalización de la protesta sobre militantes sociales, de mucho peso en el país, en un país en el que, según los datos de Indepaz, se ha asesinado en 2023 a más de 100 líderes sociales, y en el que el Atlas de Justicia Ambiental recoge ya más de 168 conflictos activos.

En agosto de 2023,  Gustavo Petro anunció que se dispone a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Siguiendo con nuestra secuencia de ideas-fuerza, la cuarta señala que la inserción internacional propuesta se basa en un modelo incapaz de enfrentar los retos globales, en profunda crisis, sostenido incluso en base a burbujas económicas, y que no garantiza un marco más propicio para el escalamiento industrial.

Bajo un horizonte global poco halagüeño, reincidir en la inserción internacional de Colombia en función de su capacidad de alimentar la cadena de suministros de los países centrales —en competencia además con muchos otros países periféricos— no parece una estrategia de mirada larga, más aún si parte importante del relato verde y digital se sostiene sobre auténticas burbujas como en el caso del hidrógeno, donde ya hay de por medio acuerdos formales con países como Alemania.

A su vez, una inserción dependiente, en pleno auge del neocolonialismo, protagonizada por multinacionales ante las que, por el momento, las facultades estatales y comunitarias se muestran insuficientes, y sin un marco regulatorio en favor de los derechos colectivos, no es el mejor escenario para avanzar hacia la industrialización y un escalamiento en el valor añadido generado.

Finalizamos nuestra secuencia con una quinta idea: la agenda de reforma agraria integral, reclamo histórico de los movimientos populares, se encuentra en la actualidad prácticamente estancada.

Bien es cierto que a lo largo de este año se han dado avances significativos, como la consideración constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, la aprobación de la ley de jurisdicción agraria y rural, o el impulso de la restitución de tierras por mor del conflicto armado. No obstante, queda mucho por hacer en la búsqueda de figuras político-jurídicas que transiten de la tierra a la territorialidad, esto es, a la gobernanza de los territorios, así como al desarrollo de políticas que aclaren y redistribuyan la propiedad de la tierra, e integren en su seno ámbitos como la soberanía alimentaria, agroecología, digitalización, cambio climático, género, información, control de precios, etc.

Conclusiones del balance preliminar

Pese al escaso año de vigencia del gobierno del cambio, los documentos estratégicos publicados y las decisiones tomadas a lo largo de este atribulado periodo nos permiten elaborar un bosquejo del modelo de transformación económica y transición energética que plantea el actual ejecutivo: aprovechar la consideración de Colombia como “potencia mundial de la vida” para lograr una inserción en las cadenas globales de valor del capitalismo actual desde claves más equilibradas entre Estado, corporaciones y comunidades que, junto a una reforma agraria integral, permita avanzar hacia una economía más moderna, industrializada, equitativa, así como articulada interna y externamente.

Bajo este horizonte nuestro análisis más amplio, estructurado en cinco ideas-fuerza, podría sintetizarse en siete avances, una gran contradicción, y tres riesgos de calado.

Se han dado avances significativos, como la aprobación de la ley de jurisdicción agraria y rural o el impulso de la restitución de tierras

Empezando por los avances, es de valorar la prohibición de la práctica del fracking; el pulso que aún se mantiene con el sector petrolero por la suspensión de las exploraciones de nuevas reservas; la no concesión por motivos ambientales y sociales de la licencia a Anglogold Ashanti en el proyecto minero La Quebradona; la apuesta estratégica por las energías renovables; la ratificación del Acuerdo de Escazú; y la consideración del campesinado como sujeto de especial protección.

En este sentido, partimos de que, en un contexto de enormes dificultades y fuerzas contrarias al cambio, el actual gobierno representa una de las expresiones más confrontativas con los poderes establecidos del último ciclo progresista en América Latina, con mayor vocación de plasmar cambios reales en las estructuras del país, y que está tratando de implementar medidas concretas (aunque puedan valorarse como insuficientes) en términos de transición ecológica, energética, económica y social.

No obstante, la agenda adolece de una notable contradicción, centrada fundamentalmente en la lógica de descarbonización que atraviesa el conjunto de la estrategia. El capitalismo verde y digital, en Colombia y en el mundo, no descarboniza, sino que aumenta la cantidad de gases contaminantes en la atmósfera; no sustituye unas fuentes de energía fósiles por otras renovables, sino que provoca un efecto de adición de unas con otras; amplía la dependencia fósil a la minería metálica, generando una multidependencia que amplía las lógicas neocoloniales; y, finalmente, sostiene la acumulación de capital como principio, el patrón globalizado de desarrollo y el protagonismo del poder corporativo, verdadera génesis de la tormenta perfecta actual.

La lógica de adición de fuentes de energía que se vislumbra en el horizonte colombiano le acercaría a este modelo del que debería escapar, aun siendo conscientes de su gran dependencia energética y económica de los combustibles fósiles.

Por último, destacamos los riesgos que asume al impulsar una agenda bajo esta identidad.

En primer lugar, parece imposible superar el conflicto armado y avanzar hacia otra matriz económica sin enfrentar una reforma agraria integral que, sí o sí, pasa por encarar un cierto grado de confrontación expropiatoria con los grandes tenedores de tierra. La compra pública de tierras, a cuentagotas además, parece escaso medio para un fin tan amplio y estratégico.

En segundo término, la proliferación de megaproyectos verdes anuncia un recrudecimiento de los conflictos ecosociales, mientras la arquitectura de la impunidad que suponen los tratados comerciales y de inversión, la legislación neoliberal, y las estructuras y dinámicas de criminalización de la protesta siguen intactas. El empoderamiento de las comunidades en información y derechos, así como el rol de intermediación del Estado, parecen de nuevo poca trinchera frente a la ofensiva corporativa en ciernes.

Es de valorar la prohibición del fracking, el pulso por la suspensión de las exploraciones de nuevas reservas o la no concesión a la minera Anglogold Ashanti

Tercero y último gran riesgo: las apuestas por la interconexión, la internacionalización y la industrialización pudieran resultar mecanismos muy frágiles de inserción internacional para un país periférico, en las que competiría de manera encarnizada y a la baja con otros países periféricos, dentro de un contexto de crisis que favorece el impulso de burbujas como forma desesperada de capitalización, y sin contar además con marcos regulatorios ni propiedad pública protagónica que garanticen recursos, inversiones y transferencia tecnológica.

En definitiva, nuestra reflexión pretende aportar claves para una revisión de la agenda actual por parte de los movimientos populares, desde una óptica de profundización en vectores de transformación estructural, y bajo el necesario acompañamiento del internacionalismo solidario.

En este sentido, y teniendo por supuesto en cuenta las dos consideraciones de las que partía nuestro análisis, quizá habría que valorar el planteamiento de un modelo económico menos dependiente del exterior y más autocentrado; que apueste por revertir su posición periférica en las cadenas globales de valor, reimpulsando procesos de integración regional latinoamericana –tanto preexistentes como otros nuevos que pudieran emerger- que resten capacidad de influencia y desestabilización a potencias y mercados internacionales; que planifique avances concretos en la ineludible transición metabólica del tejido productivo, con mayor protagonismo público y comunitario en la propiedad de las iniciativas económicas, reduciendo en consecuencia el poder corporativo -tanto transnacional como el vinculado al tejido empresarial local tradicionalmente dominante-; que revise incluso denuncie los tratados comerciales y de inversión; que otorgue prioridad a la regulación de los derechos colectivos frente a los intereses empresariales; que elimine los patrones e instrumentos de criminalización de la protesta; y que afronte decididamente la prioridad de una reforma agraria integral.

Una profundización en el cambio que sólo puede avanzar a partir de un ahondamiento en la dialéctica, leal y conflictiva al mismo tiempo, entre el poder político en las instituciones y el poder popular en las calles y territorios. Un ámbito propicio para posicionar esta agenda popular ambiciosa y de ruptura pueden ser los espacios de participación previstos en el marco de los diálogos entre gobierno y ELN, tomando además en consideración la centralidad que en el proyecto histórico de esta guerrilla ha tenido la cuestión del modelo económico y minero-energético, ahora también en el centro de la agenda de gobierno.

El internacionalismo, por su parte, debe jugar un rol protagónico en el impulso del esfuerzo de transformación emprendido tanto desde el gobierno como desde los movimientos sociales colombianos.

Un internacionalismo corresponsable, de ida y vuelta, que trascienda la mera enunciación de solidaridades para asumir como propio el proceso de transformación en marcha. Esto significa confrontar en nuestro propio territorio con toda expresión de explotación y dominación generada acá, que impacte en Colombia y ponga palos en la rueda del cambio. Hemos de seguir denunciando las actuaciones de las instituciones y empresas de nuestros territorios, el carácter neocolonial de nuestras supuestas transiciones, hacer reivindicaciones que ponen en cuestión nuestra propia viabilidad como sociedad de consumo —como la necesaria corresponsabilidad financiera que deben asumir los países del centro del sistema-mundo para la consecución de objetivos climáticos y de transición energética en países como Colombia, financiando el coste que para este y otros países representa la decisión de no explotar yacimientos de hidrocarburos—, y enfrentar a nuestros propios gobiernos para que las asuman por la presión popular.

En definitiva, sumar luchas junto al campo popular colombiano bajo el objetivo global, no solo colombiano, de cambiar el modelo económico y afrontar de verdad la ineludible transición ecosocial.

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