Colombia
“La paz no llega con el silenciamiento de los fusiles, sino con la solución de problemas estructurales”

La lideresa social María Mercedes Ramos, integrante del Congreso de los Pueblos en Colombia, explica las expectativas de los movimientos sociales sobre la nueva política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
Maria Mercedes Ramos
Maria Mercedes Ramos Jose Ángel Sánchez Rocamora

Entrevistamos a la lideresa social colombiana, María Mercedes Ramos, de la Fundación Pasos, la Red de Hermandad y del Congreso de los Pueblos respecto a las expectativas de los movimientos sociales sobre la nueva política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y la situación actual de los derechos humanos en el país.

Por primera vez en más de 200 años de historia, Colombia eligió un presidente, Gustavo Petro, que no pertenece a los partidos tradicionales de derecha ni a la oligarquía: ¿Cómo se está viviendo la propuesta de Paz Total desde los territorios, las comunidades y los movimientos sociales?
Después del Proceso de Paz con las FARC, los resultados tanto para el país como para los movimientos sociales han sido bastante negativos, ya que durante los últimos cuatro años hubo un incremento de las acciones violentas de los grupos paramilitares, y han extendido el control político y militar del país, además de la grave inflación debida también a su modelo económico. Durante el gobierno de Iván Duque, se fortalecieron, mientras el movimiento social continuaba sufriendo las consecuencias de las prácticas genocidas.

En noviembre, en Colombia se presentó la política de Paz Total, que los gobiernos pueden modificar cada cuatro años, durante 30 años más o menos. El gobierno ha presentado dos formas en las que la llevaría a cabo: una son las negociaciones con la insurgencia, y otra los diálogos que desarrollaría con paramilitares y grupos armados del narcotráfico.

En la actualidad tenemos una mesa instalada que ya ha tenido varios ciclos de conversaciones, y por el otro lado tenemos un paramilitarismo fortalecido que le está apostando a la movilización nacional

Desde que comenzó el mandato de Gustavo Petro la situación no ha cambiado. De hecho, hemos visto que se han intensificado las acciones en contra de las comunidades, y sobre todo de las organizaciones sociales de las comunidades.

En la actualidad tenemos una mesa instalada que ya ha tenido varios ciclos de conversaciones, y por el otro lado tenemos un paramilitarismo fortalecido que le está apostando a la movilización nacional. Esto tiene que ver con las declaratorias de paros que han hecho y que han tenido un alcance nacional. Este modelo no se había visto en años anteriores o en las dimensiones y en las proporciones que lo vienen haciendo. Ya desde hace un tiempo estamos viendo los paros que se han declarado en Antioquia y en otros departamentos, con mucha preocupación porque realmente esto no es solamente una demostración de fuerza, sino que reafirma que el paramilitarismo es una problemática que ha sido constante y es vigente en nuestro país.

En la prensa y en algunos medios de comunicación se habla o se intenta imponer la matriz de que los problemas de Colombia se desprenden de la aparición de grupos insurgentes, pero esto no se corresponde con la realidad. Los problemas y la violencia del país anteceden a su creación como muestran distintos ejemplos de la historia colombiana.

¿Qué se está desarrollando en la práctica en las distintas negociaciones y conversaciones de Paz?
Como decía, hay dos tipos de procesos. Uno es el de la negociación con grupos insurgentes, con los que se adelantan diálogos políticos en los que se van a pactar unos acuerdos de paz. Este tipo de proceso es el que tiene que ver con las acciones que se están desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional. Y el segundo tipo de proceso tiene que ver con los acercamientos y las conversaciones con grupos armados organizados con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y el posterior desmantelamiento. Para hacerlo más comprensible, tiene que ver con esos acercamientos que se están haciendo con las estructuras del paramilitarismo como el Clan del Golfo (AGC) y otros grupos pequeños locales de Medellín, de Barranquilla, etc. Es decir, son grupos pequeños que antes su control era responsabilidad de municipios o departamentos, y evidentemente los poderes locales no lograban controlarlos. Ahora tiene que afrontarse a nivel nacional y esto es justo parte del proceso de paz.

El proceso de paz con las FARC-EP tenía un carácter de estado, pero el gobierno de Iván Duque no lo cumplió, con el nuevo modelo de paz, ¿qué garantías tiene para que esta situación no vuelva a suceder?
Dentro de la política de Paz Total hay elementos importantes. Uno, es que esta política define la paz como una política de estado. Esto quizá puede ser obvio, pero tiene que ver con que el gobierno anterior desconoció lo que había hecho el gobierno de Santos. Bajo la idea de que eso había sido un compromiso del gobierno y no del estado, a pesar de que en realidad los compromisos a los que llegan los presidentes son compromisos del estado. Entonces esta política define ese primer elemento. Se trata de recordar que los compromisos que se establecen son de todas las instituciones, que es un compromiso estatal, no es un compromiso solamente de un periodo de gobierno. Es decir, que los gobiernos venideros tienen que implementar lo que se acuerda ahora. La política de paz regula y recuerda el tipo de compromiso al que se llega en este tipo de espacios. Así funciona como una refrendación de lo que hacen los presidentes.

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En el caso de la mesa con los paramilitares, y organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico ¿Qué se está negociando?
Justamente este segundo tipo de proceso es del que se desprende esa propuesta de ley de sometimiento. La propuesta que se ha conocido tiene que ver con cómo instaurar un proceso de justicia con estos grupos. A nosotros lo que nos preocupa, a las organizaciones de derechos humanos o al movimiento social, tiene que ver con que no quedan muchas cosas claras. En teoría debe responder a establecer los criterios bajo los cuales harían esos acercamientos, qué se pactaría, cuáles serían los beneficios en términos judiciales, jurídicos para ellos y qué beneficios de ley recibirían por entregarse, dar cuentas de financiación, de su organigrama criminal, cómo se haría un posible desmantelamiento y sujeción a la justicia de estos grupos.

En dichas conversaciones con narcotraficantes ¿Se plantea legalizar el narcotráfico o la venta, por ejemplo, de la hoja de coca? En el caso de que dejasen el negocio, en un futuro ¿podría haber un relevo por parte de otros grupos armados?
Sí, se conoce que esa es una de las propuestas del gobierno; desarrollar también debates en torno a la necesidad de legalizar la planta de coca para cortar también las fuentes de financiación de estas economías ilegales. Pero en el negocio del narcotráfico también han entrado otros participantes, estructuras de otros países como clanes de México…etc., entonces nos preguntamos: ¿Con ellos que conversaciones se adelantarían? Porque si al final retenemos a los locales a través de las negociaciones, ¿se quedarán otros con el negocio? Si se da el caso de que entran otros a liderarlos ¿Cómo se negociaría con ellos?

Después del mes de tregua que hubo en la ciudad de Buenaventura ¿se baraja la posibilidad de que se convierta en un futuro laboratorio de paz?
No sé si podría definirse como “laboratorio de paz” porque justamente hace un mes y medio en Buenaventura hubo una movilización de las comunidades, donde buscaban tener un canal de diálogo con el gobierno para exponer que, mientras se está hablando de paz, estos grupos con los que se están teniendo acercamientos y conversaciones, es decir, las estructuras paramilitares, han aprovechado la situación para desplazarse y aumentar el control en los territorios. El mes de tregua que hubo, sin duda lo han aprovechado. Todas las acciones que el gobierno ha facilitado para adelantar espacios de diálogo y acercamientos, las han aprovechado para ampliar su control.

¿Ha habido algún proceso de participación del movimiento social en la nueva política de paz y en su desarrollo?
Más que un proceso concreto, a partir de espacios de plataformas o de coordinaciones que se tienen entre algunos sectores de defensa derechos humanos, de manera decidida se formularon algunas críticas al respecto de este proyecto y se les hicieron llegar. No fue tanto como decir que se nos invitó a dar aportes al respecto, sino que de manera autónoma se hizo y se logró la escucha a partir del momento en el que las organizaciones empezaron a pronunciarse en la radio, o en los conversatorios con los funcionarios de gobierno. El gobierno ha tenido la disposición de escuchar las observaciones al respecto de esta propuesta de ley.

Del estallido social de 2021 se cuentan más de 100 muertos. No se ha establecido la responsabilidad de quienes asesinaron a estos jóvenes y los detenidos por las protestas continúan en prisión. Esa es una promesa todavía por cumplir

Respecto al derecho a la protesta en Colombia, ¿Cuál es la situación de las personas detenidas en las protestas de 2021? ¿Qué ha hecho el nuevo gobierno al respecto?
Del estallido social de 2021 se cuentan más de 100 muertos. No se ha establecido la responsabilidad de quienes asesinaron a estos jóvenes y los detenidos por las protestas continúan en prisión. Esa es una promesa todavía por cumplir. Realmente, las personas que salieron en libertad fueron muy pocas y su libertad se ha dado por motivos diferentes a los referidos a las posibilidades de libertad que se introdujeron dentro de esta política de paz. Estamos hablando de centenares de personas detenidas y que el resultado sea una o dos personas en libertad, no es ni siquiera un resultado, es un buen indicador de la situación de violación de derechos humanos.

Pero sí se están acelerando las investigaciones para encontrar a las personas que participan de la protesta social y esto también se entiende como una forma de desactivar el ejercicio de este derecho, de criminalizar la protesta y justifica que quien se moviliza es una persona que le hace mal a la democracia y merece castigos como la cárcel. Estas estrategias han sido también aplaudidas y difundidas a través de los medios de comunicación hegemónicos que señalan a las personas que salen y se manifiestan, haciendo juicios anticipados. Y no prestan la atención a que tengamos 383 grupos paramilitares. O a que tenemos responsables de violaciones de derechos humanos dentro de las instituciones estatales: 188 de la Policía Nacional, 81 de la Fiscalía General de la Nación, 63 del Ejército Nacional. Eso respecto a cifras solamente de 2022. Estas cifras son indignantes, porque se refieren a las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

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Desde el Congreso de los Pueblos y los movimientos sociales, ¿Qué pensáis que se podría añadir a la Paz Total y cuales son vuestras propuestas para la pacificación del país?
El movimiento social sabe que, aunque existen espacios para hablar con los grupos armados, la paz no se reduce al silenciamiento de los fusiles sino a la solución de problemas estructurales que están en la base del conflicto y que los gobiernos no han querido atender. En esta oportunidad, hemos visto también las salidas en falso que el gobierno ha tenido respecto a lo que ha adelantado con las negociaciones. Aunque existen espacios de participación, los problemas del país, y lo que ha expuesto el movimiento social, todo no se puede solucionar en dichos espacios de diálogo.

Pensamos que, si el ELN en el futuro considera dejar las armas, o si piensa continuar en la lucha armada, si el paramilitarismo no se desmonta en nuestro país, en efecto el movimiento social va a continuar luchando, porque las problemáticas del país no nacieron con las FARC, ni con el ELN, sino por el hambre que sufre el país y los constantes y sistemáticos asesinatos de la oposición que ya se veían a comienzos del siglo pasado. Por lo que vamos a continuar sacando adelante las propuestas que se presentarán al gobierno, en torno a reconocer que en el país hay una emergencia humanitaria, una crisis que debe ser atendida y a que es necesario una política que desmonte el paramilitarismo. Se trata de incidir en solucionar problemas estructurales que tiene que ver, sobre todo, con la redistribución de la riqueza. Un país rico en recursos naturales, que tiene a más del 60% de la población desempleada o sin empleo formal, no es posible que viva en paz.

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