Colombia
“La paz no llega con el silenciamiento de los fusiles, sino con la solución de problemas estructurales”

La lideresa social María Mercedes Ramos, integrante del Congreso de los Pueblos en Colombia, explica las expectativas de los movimientos sociales sobre la nueva política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
Maria Mercedes Ramos
Maria Mercedes Ramos Jose Ángel Sánchez Rocamora

Entrevistamos a la lideresa social colombiana, María Mercedes Ramos, de la Fundación Pasos, la Red de Hermandad y del Congreso de los Pueblos respecto a las expectativas de los movimientos sociales sobre la nueva política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y la situación actual de los derechos humanos en el país.

Por primera vez en más de 200 años de historia, Colombia eligió un presidente, Gustavo Petro, que no pertenece a los partidos tradicionales de derecha ni a la oligarquía: ¿Cómo se está viviendo la propuesta de Paz Total desde los territorios, las comunidades y los movimientos sociales?
Después del Proceso de Paz con las FARC, los resultados tanto para el país como para los movimientos sociales han sido bastante negativos, ya que durante los últimos cuatro años hubo un incremento de las acciones violentas de los grupos paramilitares, y han extendido el control político y militar del país, además de la grave inflación debida también a su modelo económico. Durante el gobierno de Iván Duque, se fortalecieron, mientras el movimiento social continuaba sufriendo las consecuencias de las prácticas genocidas.

En noviembre, en Colombia se presentó la política de Paz Total, que los gobiernos pueden modificar cada cuatro años, durante 30 años más o menos. El gobierno ha presentado dos formas en las que la llevaría a cabo: una son las negociaciones con la insurgencia, y otra los diálogos que desarrollaría con paramilitares y grupos armados del narcotráfico.

En la actualidad tenemos una mesa instalada que ya ha tenido varios ciclos de conversaciones, y por el otro lado tenemos un paramilitarismo fortalecido que le está apostando a la movilización nacional

Desde que comenzó el mandato de Gustavo Petro la situación no ha cambiado. De hecho, hemos visto que se han intensificado las acciones en contra de las comunidades, y sobre todo de las organizaciones sociales de las comunidades.

En la actualidad tenemos una mesa instalada que ya ha tenido varios ciclos de conversaciones, y por el otro lado tenemos un paramilitarismo fortalecido que le está apostando a la movilización nacional. Esto tiene que ver con las declaratorias de paros que han hecho y que han tenido un alcance nacional. Este modelo no se había visto en años anteriores o en las dimensiones y en las proporciones que lo vienen haciendo. Ya desde hace un tiempo estamos viendo los paros que se han declarado en Antioquia y en otros departamentos, con mucha preocupación porque realmente esto no es solamente una demostración de fuerza, sino que reafirma que el paramilitarismo es una problemática que ha sido constante y es vigente en nuestro país.

En la prensa y en algunos medios de comunicación se habla o se intenta imponer la matriz de que los problemas de Colombia se desprenden de la aparición de grupos insurgentes, pero esto no se corresponde con la realidad. Los problemas y la violencia del país anteceden a su creación como muestran distintos ejemplos de la historia colombiana.

¿Qué se está desarrollando en la práctica en las distintas negociaciones y conversaciones de Paz?
Como decía, hay dos tipos de procesos. Uno es el de la negociación con grupos insurgentes, con los que se adelantan diálogos políticos en los que se van a pactar unos acuerdos de paz. Este tipo de proceso es el que tiene que ver con las acciones que se están desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional. Y el segundo tipo de proceso tiene que ver con los acercamientos y las conversaciones con grupos armados organizados con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y el posterior desmantelamiento. Para hacerlo más comprensible, tiene que ver con esos acercamientos que se están haciendo con las estructuras del paramilitarismo como el Clan del Golfo (AGC) y otros grupos pequeños locales de Medellín, de Barranquilla, etc. Es decir, son grupos pequeños que antes su control era responsabilidad de municipios o departamentos, y evidentemente los poderes locales no lograban controlarlos. Ahora tiene que afrontarse a nivel nacional y esto es justo parte del proceso de paz.

El proceso de paz con las FARC-EP tenía un carácter de estado, pero el gobierno de Iván Duque no lo cumplió, con el nuevo modelo de paz, ¿qué garantías tiene para que esta situación no vuelva a suceder?
Dentro de la política de Paz Total hay elementos importantes. Uno, es que esta política define la paz como una política de estado. Esto quizá puede ser obvio, pero tiene que ver con que el gobierno anterior desconoció lo que había hecho el gobierno de Santos. Bajo la idea de que eso había sido un compromiso del gobierno y no del estado, a pesar de que en realidad los compromisos a los que llegan los presidentes son compromisos del estado. Entonces esta política define ese primer elemento. Se trata de recordar que los compromisos que se establecen son de todas las instituciones, que es un compromiso estatal, no es un compromiso solamente de un periodo de gobierno. Es decir, que los gobiernos venideros tienen que implementar lo que se acuerda ahora. La política de paz regula y recuerda el tipo de compromiso al que se llega en este tipo de espacios. Así funciona como una refrendación de lo que hacen los presidentes.

Colombia
América Latina El declive del negocio de la cocaína en Colombia impacta en millones de campesinos sin alternativas
Las políticas del Gobierno de Petro han llevado a una menor demanda de hoja de coca en Colombia. Una buena noticia con un reverso oscuro: la difícil situación de los campesinos que dependen de la venta de este cultivo ilegal para su supervivencia.

En el caso de la mesa con los paramilitares, y organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico ¿Qué se está negociando?
Justamente este segundo tipo de proceso es del que se desprende esa propuesta de ley de sometimiento. La propuesta que se ha conocido tiene que ver con cómo instaurar un proceso de justicia con estos grupos. A nosotros lo que nos preocupa, a las organizaciones de derechos humanos o al movimiento social, tiene que ver con que no quedan muchas cosas claras. En teoría debe responder a establecer los criterios bajo los cuales harían esos acercamientos, qué se pactaría, cuáles serían los beneficios en términos judiciales, jurídicos para ellos y qué beneficios de ley recibirían por entregarse, dar cuentas de financiación, de su organigrama criminal, cómo se haría un posible desmantelamiento y sujeción a la justicia de estos grupos.

En dichas conversaciones con narcotraficantes ¿Se plantea legalizar el narcotráfico o la venta, por ejemplo, de la hoja de coca? En el caso de que dejasen el negocio, en un futuro ¿podría haber un relevo por parte de otros grupos armados?
Sí, se conoce que esa es una de las propuestas del gobierno; desarrollar también debates en torno a la necesidad de legalizar la planta de coca para cortar también las fuentes de financiación de estas economías ilegales. Pero en el negocio del narcotráfico también han entrado otros participantes, estructuras de otros países como clanes de México…etc., entonces nos preguntamos: ¿Con ellos que conversaciones se adelantarían? Porque si al final retenemos a los locales a través de las negociaciones, ¿se quedarán otros con el negocio? Si se da el caso de que entran otros a liderarlos ¿Cómo se negociaría con ellos?

Después del mes de tregua que hubo en la ciudad de Buenaventura ¿se baraja la posibilidad de que se convierta en un futuro laboratorio de paz?
No sé si podría definirse como “laboratorio de paz” porque justamente hace un mes y medio en Buenaventura hubo una movilización de las comunidades, donde buscaban tener un canal de diálogo con el gobierno para exponer que, mientras se está hablando de paz, estos grupos con los que se están teniendo acercamientos y conversaciones, es decir, las estructuras paramilitares, han aprovechado la situación para desplazarse y aumentar el control en los territorios. El mes de tregua que hubo, sin duda lo han aprovechado. Todas las acciones que el gobierno ha facilitado para adelantar espacios de diálogo y acercamientos, las han aprovechado para ampliar su control.

¿Ha habido algún proceso de participación del movimiento social en la nueva política de paz y en su desarrollo?
Más que un proceso concreto, a partir de espacios de plataformas o de coordinaciones que se tienen entre algunos sectores de defensa derechos humanos, de manera decidida se formularon algunas críticas al respecto de este proyecto y se les hicieron llegar. No fue tanto como decir que se nos invitó a dar aportes al respecto, sino que de manera autónoma se hizo y se logró la escucha a partir del momento en el que las organizaciones empezaron a pronunciarse en la radio, o en los conversatorios con los funcionarios de gobierno. El gobierno ha tenido la disposición de escuchar las observaciones al respecto de esta propuesta de ley.

Del estallido social de 2021 se cuentan más de 100 muertos. No se ha establecido la responsabilidad de quienes asesinaron a estos jóvenes y los detenidos por las protestas continúan en prisión. Esa es una promesa todavía por cumplir

Respecto al derecho a la protesta en Colombia, ¿Cuál es la situación de las personas detenidas en las protestas de 2021? ¿Qué ha hecho el nuevo gobierno al respecto?
Del estallido social de 2021 se cuentan más de 100 muertos. No se ha establecido la responsabilidad de quienes asesinaron a estos jóvenes y los detenidos por las protestas continúan en prisión. Esa es una promesa todavía por cumplir. Realmente, las personas que salieron en libertad fueron muy pocas y su libertad se ha dado por motivos diferentes a los referidos a las posibilidades de libertad que se introdujeron dentro de esta política de paz. Estamos hablando de centenares de personas detenidas y que el resultado sea una o dos personas en libertad, no es ni siquiera un resultado, es un buen indicador de la situación de violación de derechos humanos.

Pero sí se están acelerando las investigaciones para encontrar a las personas que participan de la protesta social y esto también se entiende como una forma de desactivar el ejercicio de este derecho, de criminalizar la protesta y justifica que quien se moviliza es una persona que le hace mal a la democracia y merece castigos como la cárcel. Estas estrategias han sido también aplaudidas y difundidas a través de los medios de comunicación hegemónicos que señalan a las personas que salen y se manifiestan, haciendo juicios anticipados. Y no prestan la atención a que tengamos 383 grupos paramilitares. O a que tenemos responsables de violaciones de derechos humanos dentro de las instituciones estatales: 188 de la Policía Nacional, 81 de la Fiscalía General de la Nación, 63 del Ejército Nacional. Eso respecto a cifras solamente de 2022. Estas cifras son indignantes, porque se refieren a las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

América Latina
América Latina Colombia en busca de la Paz Total: la desactivación de las organizaciones narcoparamilitares
Enfocadas las negociaciones de paz con las guerrillas, el Gobierno de Petro se enfrenta a otro gran foco de violencia que afecta de manera especial a las comunidades rurales y étnicas, las bandas narcoparamilitares.

Desde el Congreso de los Pueblos y los movimientos sociales, ¿Qué pensáis que se podría añadir a la Paz Total y cuales son vuestras propuestas para la pacificación del país?
El movimiento social sabe que, aunque existen espacios para hablar con los grupos armados, la paz no se reduce al silenciamiento de los fusiles sino a la solución de problemas estructurales que están en la base del conflicto y que los gobiernos no han querido atender. En esta oportunidad, hemos visto también las salidas en falso que el gobierno ha tenido respecto a lo que ha adelantado con las negociaciones. Aunque existen espacios de participación, los problemas del país, y lo que ha expuesto el movimiento social, todo no se puede solucionar en dichos espacios de diálogo.

Pensamos que, si el ELN en el futuro considera dejar las armas, o si piensa continuar en la lucha armada, si el paramilitarismo no se desmonta en nuestro país, en efecto el movimiento social va a continuar luchando, porque las problemáticas del país no nacieron con las FARC, ni con el ELN, sino por el hambre que sufre el país y los constantes y sistemáticos asesinatos de la oposición que ya se veían a comienzos del siglo pasado. Por lo que vamos a continuar sacando adelante las propuestas que se presentarán al gobierno, en torno a reconocer que en el país hay una emergencia humanitaria, una crisis que debe ser atendida y a que es necesario una política que desmonte el paramilitarismo. Se trata de incidir en solucionar problemas estructurales que tiene que ver, sobre todo, con la redistribución de la riqueza. Un país rico en recursos naturales, que tiene a más del 60% de la población desempleada o sin empleo formal, no es posible que viva en paz.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

México
Defensoras Frayba denuncia ante la ONU al Estado mexicano por tortura a defensores indígenas
Existen dos patrones que se tocan, uno de tortura y fabricación de culpables contra la población en general y otro de criminalización contra defensores de los derechos humanos.
Derechos Humanos
Derechos Humanos Un nuevo incendio destruye 200 chabolas en un asentamiento de Huelva
El fuego ha arrasado 200 chabolas, algunas aún en construcción, tras el incendio registrado el pasado mayo en la misma zona. Se trata de una situación endémica de vulneración de Derechos Humanos aún sin solución por parte de las instituciones.
Renta básica
Entrevista Jaume Saura: “Hay que conseguir explicar que con una Renta Básica Universal muchos, muchísimos, ganarían”
El doctor en Derecho y Adjunto General al Síndic de Greuges de Catalunya, Jaume Saura, reflexiona sobre la renta básica universal como un derecho humano emergente, enfoque que abordará en unas jornadas el próximo 20 de septiembre en Barcelona.
Arte
Narración oral Bea Campos: “Conto segredos para que o fascismo non volva”
O espectáculo de narración oral “Marcho que teño que marchar”, de Inventi Teatro, pechou o Festival Internacional de Cabaret de México.
Plurilingüismo
Opinión Estraños no karaoke
Escoitaron falar en galego e non tardaron en amosar o seu desprezo deixando os auriculares no escano de Pedro Sánchez, acción equiparable ao mecanismo de rematar o cubata dun grolo.
Catalunya
Catalunya Amnistía y referéndum, dos palabras inseparables en la celebración del sexto aniversario del 1 de Octubre
Òmnium contabiliza 1.432 personas amnistiables de los alrededor de 4.400 represaliados desde 2017 en el Procés. La Plataforma Antirrepressiva de Ponent defiende una amnistía total, extensible a todos los presos políticos del Estado español.
Cine
Estreno de ‘Orlando’ Paul B. Preciado: “El relato de la transición de género se quiere despolitizar haciéndolo individual”
‘Orlando, mi biografía política’, se estrena el 11 de octubre en España. El filósofo Paul B. Preciado dirige esta interpretación de la novela de Virginia Woolf que es política porque es colectiva.
Promociones
Comunidad El Salto Descubre la otra cara de la actualidad con El Salto
Suscríbete este mes y llévate de regalo el libro ‘Pescar el salmón’, de Yago Álvarez, “una herramienta al servicio de la gente que está harta de sentirse manipulada”.
Memoria histórica
Memoria histórica Retrato de un fusilamiento: falangistas a caballo, una corbata roja y nueve republicanos desaparecidos
Apenas un mes después de la sublevación militar, y reducida a escombros la Casa del Pueblo, nueve trabajadores fueron fusilados y otros muchos encarcelados. Aún cuesta recomponer esta historia y más duele hacer memoria. Uno de ellos era mi bisabuelo.
Medio ambiente
Medio ambiente El ecologismo menorquín vuelve a unirse para defender el Camí de Cavalls
El Consell Insular ha anunciado que modificará la ley que protege el recorrido, pero usuarios y asociaciones aseguran que no hacen falta más servicios.

Últimas

Iglesia-Estado
Estado laico A Subdelegación do Goberno convida a unha misa polo Día da Policía a decenas de concelleiros pontevedreses
A subdelegada en Pontevedra, María Isabel Alonso e o comisario xefe da Policía Nacional da comisaría Vigo-Redondela, Ramiro José Gómez, envían unha carta na que convidan a asistir a “santa misa en honor de los Santos Ángeles Custodios”.
Afrodescendientes
Memoria Afro Lucía Mbomío: “A las personas que migran siempre se las tiene por recién llegadas”
Un proyecto audiovisual y fotográfico recoge en la exposición “Afromayores. Alcorcón y periferias” la memoria y genealogía de personas afro de la tercera edad en España.
Más noticias
Urbanismo
Tala de árboles Alicante, la ciudad como descampado
El Ayuntamiento de la ciudad ha talado más de 2.000 árboles y 30.000 plantas en los dos últimos años.
Inflación
IPC La inflación interanual sube hasta el 3,5% en septiembre
El aumento se debe principalmente al incremento de los precios de electricidad comparado con septiembre de 2022
Derechos reproductivos
Despenalización del aborto Así se articuló el movimiento feminista para despenalizar el aborto en México
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia despenaliza el aborto en México al considerar inconstitucional el artículo que lo criminaliza. El amparo presentado en el estado de Coahuila marcó el camino de la vía judicial en 2021.

Recomendadas

Literatura
Diego Sánchez Aguilar “Continuamente se vende la idea de que en el futuro habrá sitio solo para unos pocos elegidos”
Con su segunda novela ‘Los que escuchan’, Diego Sánchez Aguilar explora las distintas formas en las que la ansiedad permea unas vidas agitadas por “pequeños presentes apocalípticos”.
Actualidad árabe (y más)
Actualidad árabe (y más) Los supervivientes en Libia señalan a los “responsables políticos”
La negligencia y el autoritarismo continúan costando vidas en Oriente Medio; Libia protesta tras la catástrofe, MbS condena un tuitero a muerte; Líbano deporta miles de sirios y grupos israelíes crean el nuevo Pegasus.
Bolivia
Bolivia La guerra contra la coca en Bolivia: entre el mito y la realidad
La consideración de la planta de coca como un estupefaciente ha perjudicado históricamente a las poblaciones productoras, mientras alimenta la problemática del narcotráfico con todo lo que este conlleva para los territorios.
Laboral
Laboral Smoking Paper se fuma el convenio colectivo
La plantilla de producción y control de calidad de la planta del Besòs del Grupo Miquel y Costas lleva diez jornadas de huelga defendiendo que las nuevas contrataciones tengan la misma retribución que los veteranos.