Comunidad de Madrid
Ayuso suspende las ayudas predoctorales de 2025 y deja en vilo a 250 investigadores

La Comunidad de Madrid, bajo el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) ha cancelado la convocatoria de Ayudas para contratación de personal investigador predoctoral de la Comunidad de Madrid (PIPF) 2025, presupuestada con 29 millones de euros. Esto supondrá la pérdida de 250 convenios individuales para investigar durante cuatro años. La decisión del gobierno regional no sólo retrasará más de año y medio la entrada de una generación de investigadores a la carrera académica doctoral, sino que dejará fuera a numerosos estudiantes la próxima convocatoria, ya que concurrirán a los contratos dos promociones de manera simultánea.

“La suspensión de estas ayudas empuja a los egresados de máster de este curso a la convocatoria siguiente, aumentando la competencia por unos contratos que ya eran extraordinariamente difíciles de conseguir”, ha denunciado hace una semana la Asociación de Trabajadoras Precarias de la Investigación en la Comunidad de Madrid, DigniMad, junto con las plataformas universitarias Por la Pública.

La Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la región, Marina Pilar Villegas Gracia, se reunió con DigniMad el pasado mes de junio para notificar, entre otras cuestiones, que la Consejería de Educación tenía la intención de realizar reformas en las bases de la convocatoria. Normalmente se convocan a finales de año, aproximadamente en octubre o noviembre, pero en esta ocasión, aludiendo a la falta de tiempo para ultimar esas mejoras contractuales, el gobierno ha suspendido la convocatoria.

“Han tenido tiempo más que de sobra para hacer esos ajustes e incluso en el caso de que no lo hubieran tenido deberían haber sacado la convocatoria siguiendo el mismo modelo que se había sacado en años anteriores”, alega en conversación con El Salto Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma y miembro de la plataforma UAM por la Pública. Todavía no se ha facilitado una fecha para el próximo llamamiento, aunque se prevé que sea a finales de 2026. La Consejería tampoco ha revelado a donde irán los 29,1 millones de euros que ya estaban aprobados y presupuestados para financiar esos contratos.

“Las personas que concluyeron el máster en el curso 2024, como no ha habido convocatoria en este año 2025, van a tener que esperar hasta 2026 para solicitarla”, alega el profesor de la UAM, Luis Lloredo.

Los efectos a largo plazo de esta medida de recorte en la calidad de la investigación académica están todavía por ver, aunque los investigadores y profesores en lucha ya alertan de las demoras que generará. “Va a haber gente que tendrá que esperar hasta dos años para poder incorporarse a un puesto de trabajo con un contrato, porque las personas que concluyeron el máster en el curso 2024, como no ha habido convocatoria en este año 2025, van a tener que esperar hasta 2026 para solicitarla”, subraya Lloredo.

“Teniendo en cuenta que la convocatoria tiene más o menos un año de resolución desde que se solicita hasta que la gente finalmente se incorpora, esto quiere decir que hasta finales de 2027 no se van a poder incorporar en sus puestos de trabajo”, infiere Félix Martínez, investigador postdoctoral en el CSIC y presidente de DigniMad. La demanda será, con toda probabilidad, ingente.

El Consejo de Ciencia y Tecnología de la CAM no se ha pronunciado sobre si la próxima convocatoria responderá a la reclamación histórica de los estudiantes predoctorales: eliminar el requerimiento de haber finalizado el máster para solicitar el contrato. Este requisito es prácticamente exclusivo de Madrid, ya que buena parte del resto de comunidades autónomas no se exige haber finalizado los estudios de posgrado para echar la convocatoria. Tampoco para las estatales de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI), que recaen en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sí se requiere disponer del título de máster en el momento de la incorporación al doctorado (300 créditos entre el máster y el grado), pero no es preciso tenerlo en el momento de la solicitud. Este condicionante, además de ensanchar las desigualdades interautonómicas, deja fuera a muchos investigadores. Alba Lirón León, investigadora predoctoral en la Facultad de Matemáticas de la UCM, ha tenido que acogerse a un contrato de técnico para poder investigar.

“Como no hay suficientes contratos predoctorales... se da la situación de que mucha gente acaba haciendo la tesis con contratos que no son contratos predoctorales, pero que al menos tienes una financiación para poder hacerlos”, explica Alba, investigadora pre-doc en la UCM

“Como no hay suficientes contratos predoctorales y existe ese requisito de finalización del máster previo a la solicitud, se da la situación de que mucha gente como yo acaba haciendo la tesis con contratos que no son contratos predoctorales, pero que al menos tienes una financiación para poder hacerlos”, explica a este medio. Por el mismo motivo muchos estudiantes que no consiguen contratos pre-doc también acaban investigado por medio de contratos de profesor sustituto, que obliga a cubrir muchas más horas de docencia que las que corresponde a un contrato predoctoral. Esto se traduce, indica Lloredo, en tener que trabajar hasta que salga la siguiente convocatoria, de manera muy precaria, dependiendo de los propios ahorros o solapando varios empleos y contratos parciales para seguir investigando.

Uno de los múltiples miedos del estudiantado de cara a la futura convocatoria es que la inversión presupuestada se vea mermada o se desvíe a otras partidas. Desde hace más de un año, la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha ido denunciando el contexto de “estrangulamiento económico” que sufren los centros públicos en la región: Ya durante la huelga universitaria del pasado mes de noviembre se puso sobre la palestra la cuestión de la extrema precariedad de este sector. Desde contrataciones abusivas de profesores asociados y sustitutos para reemplazar a catedráticos hasta ausencia de medios técnicos para llevar a cabo trabajos de campo e intercambios en el extranjero o falta de ayudas para proyectos y redes de cooperación internacional, fundamentales para las investigaciones científicas.

De esta forma, los ajustes financieros han salpicado también, consecuentemente, a los salarios de los investigadores, de los más bajos del Estado español. El Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) establece que la retribución de un contrato predoctoral no podrá ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año, y al 75% durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al SMI, según el artículo 27 del mencionado texto. Mientras que en aquellos del FPI-FPU se ha subido el salario fijándolo al 75% en los cuatro años de contrato predoctoral, un estudiante pre-doc de la CAM sigue cobrando el 56% en los dos primeros años y el 60% en el tercero, sin subida salarial.

Desigualdades interterritoriales y elitización de los doctorados

“Se genera una terrible desigualdad entre el colectivo predoctoral arroja diferencias muy fuertes y muy discriminatorias entre investigadores: dependiendo de qué convocatoria de contrato predoctoral tengas cobrarás más o menos”, protestan Alba y Enrique García, investigador postdoctoral en el ICMAT (Instituto de Ciencias Matemáticas) y miembro de DigniMad. A través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid Emilio Viciana aseguraba recientemente que desde la administración regional “se mejorarán las condiciones económicas de los beneficiarios” en la próxima convocatoria, sin establecer exactamente de qué manera o con qué recursos. Ni siquiera se conoce, por el momento, si va a aumentar el número de contratos, donde Madrid bate el récord de menos oferta de convenios respecto al resto de territorios del Estado, incluso si se hace la comparativa con otros gobernados por el PP.

En Galicia, destacan desde DigniMad, se ofertaron en la convocatoria anterior 29 contratos por cada 1.000 egresados, cuatro veces más que en la Comunidad de Madrid. En Castilla y León se dan diez contratos por cada 1.000 egresados. “En Córdoba hay un grupo de investigadores que ha conseguido un trigo que no tiene gluten que además es más resistente a la sequía. Están dando una solución a los celíacos y además están generando un cultivo más resistente a condiciones de sequía, que es lo que nos viene ahora en un contexto de cambio climático. Evidentemente, si ese grupo tuviera más trabajadores, podrían estar trabajando en más cosas”, desliza Enrique.

“Tras 4 años de contrato, entre matrículas, derechos de examen y tasas de depósito de tesis doctoral, un investigador predoctoral invierte 3 meses de sueldo”, esgrimen Alba y Enrique, investigadores pe-doc

Aquellos afortunados que consiguen acceder a un contrato deberán abonar 400 o 500 euros anuales por el pago de la matrícula, frente a lo que sucede en las convocatorias estatales análogas, donde las matrículas están financiadas. En Madrid, sin embargo, no se cubre el pago de la matrícula al programa de doctorado, sino que este debe correr a cargo del estudiante: “En el mejor de los casos, las universidades tienen ayudas propias para suplir este gasto, ayudas que hoy vemos peligrar por los problemas presupuestarios. Por tanto, tras 4 años de contrato, entre matrículas, derechos de examen y tasas de depósito de tesis doctoral, un investigador predoctoral invierte 3 meses de sueldo, como mínimo, en requisitos obligatorios para su trabajo”, esgrimen Alba y Enrique.

En suma, si se ponen en común los elevados costes de la matrícula, el largo tiempo de resolución de las convocatorias -aproximadamente año y medio- y los salarios “ridículos” de los estudiantes, la carrera académica acaba elitizándose. “Esto tiene un efecto directo en las personas que no disponen de recursos económicos de colchón para compensar la infrafinanciación cuando están haciendo una tesis”, subraya Alba, que teme que investigar acabe sesgándose por clase. Para poder trabajar con dignidad en su campo de estudio, algunos ya optan por desarrollar sus investigaciones en la empresa privada.

Un embate contra el avance en el conocimiento científico

El deterioro de las universidades públicas está provocando precisamente este trasvase en masa a las privadas desde hace más de un año. Sin embargo, de las 250 ayudas que la CAM otorgó en la pasada convocatoria -en diciembre de 2024- 248 (el 99,9%) recayeron en universidades y organismos públicos: esto demuestra que la investigación en la región es eminentemente pública. Las investigadoras perjudicadas por estos recortes apuntan una vez más a una estrategia calculada por parte de la administración para que se produzca un trasvase de alumnos de los centros públicos a los privados, más dotados de recursos.

Incluso, indican desde DigniMad, se privilegian aquellas investigaciones orientadas a extraer una rentabilidad económica en el corto plazo. “Si estás controlando las élites de la universidad a través de los consejos sociales de las mismas, se van a potenciar presupuestariamente solo las investigaciones que tengan un rédito inmediato en el mercado, un beneficio claro y directo, pero en la universidad se tiene que hacer todo tipo de investigación”, comenta Alba. Para Diego, doctorando de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Geografía e Historia, es necesario hoy más que nunca “que la Comunidad de Madrid apueste de verdad por la universidad pública” porque “se está erosionando a pasos agigantados”.

Las plataformas universitarias reclaman “rectificación inmediata de la decisión de suspender la convocatoria” y “que se saque la convocatoria que debería haberse sacado en términos semejantes a los del año pasado”

A su juicio, no sólo está en juego la calidad de los centros académicos de la región, sino el avance en conocimiento en determinados campos de estudio vitales. Con la mirada puesta en las próximas noticias del gobierno madrileño sobre las bases de la convocatoria prevista para finales de año, DigniMad y las plataformas universitarias Por la Pública reclaman la “rectificación inmediata de la decisión de suspender la convocatoria” y “que se saque la convocatoria que debería haberse sacado en términos semejantes a los del año pasado, ignorando ese falso pretexto que esgrime la Comunidad de Madrid (la falta de tiempo para introducir mejoras en el convenio)”.

También, añaden, la “apertura de una mesa de diálogo con el colectivo de investigadores para dignificar sus condiciones laborales de cara a salir de la asfixia del sector”, indica Lloredo. Estas demandas se suman a las preexistentes por parte del conjunto de la comunidad universitaria en lucha, como un aumento del presupuesto público para estos centros y la paralización de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), cuya aprobación está fechada para el mes de febrero.