Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid desoye a la justicia y no facilita el apoyo a un joven con autismo severo

Álex, residente en el distrito madrileño de Carabanchel, de 18 años, tiene autismo en grado máximo, problemas de conducta asociados y una discapacidad reconocida del 89%. Aún así, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), se niega a darles una plaza en un centro que pueda atender sus necesidades. “Llevamos más de dos años esperando una ayuda que no llega, porque siempre ponen alguna alegación”, cuenta Laura, la madre del joven, a este diario. “Mi hijo cumplió los 18 años el 3 de marzo y desde hace meses nos dicen que no se harán cargo de él porque en muy poco tiempo iba a ser mayor de edad”, añade.

Mientras la familia espera una ayuda de la Comunidad Autónoma de Madrid que no llega, la situación en casa es “insostenible”. “Las agresiones y autolesiones son nuestro día a día, son su manera de decir las cosas que no sabe expresar, por ejemplo, si sufre algún dolor o si no entiende algo”, explica la progenitora. “La situación es horrible, tengo miles de llamadas del Samur, de la Policía, del colegio… Cuando está bien es un niño súper cariñoso; pero cuando no, lo pasa mal él y lo pasamos mal el resto”, relata la madre, destacando que una vez, en el centro de educación especial al que acude, llegaron a necesitar hasta a ocho personas para “reducirlo” mientras se encontraba en un brote.

“Con miedo”, así es como describe Laura su día a día como madre de Álex. Tienen la casa adaptada, pensada para que el número de objetos con los que pueda autolesionarse o agredir sea mínimo. En su habitación, tiene un pestillo que solo puede abrirse desde fuera para que, en momentos de brote, no pueda acercarse a nadie y sólo pueda coger el colchón. Esta es una solución desesperada, pero no es la mejor para nadie: “Como madre no me gusta tener que encerrar a mi hijo pero, ¿qué hago?”.

Una batalla judicial ganada, pero que se queda en papel mojado

Ante esta situación Laura, su marido y la asociación PROTGD –en la que están desde hace años– han agotado todas las vías para conseguir recursos especializados para el autismo y la conducta de Álex. Primero pidieron la guarda del menor, luego la custodia. Sin embargo, no lograron un fallo a favor hasta el 2 de diciembre de 2025, cuando la justicia ordenó que los servicios de protección asumieran la guarda del menor y facilitaran su ingreso en un centro específico capaz de atender sus necesidades de forma integral. “Hasta entonces nos decían que no nos podían dar una plaza, aunque las había, porque las reservan para menores ‘desamparados’”, explica a este medio. “Nos castigan por ser buenos padres”.

En la resolución, a la que ha accedido este diario, la magistrada describe una situación familiar “límite”. Destaca que los padres siempre han cuidado bien de Álex, pero se sienten “completamente sobrepasados y agotados” ante una situación de riesgo que no puede resolverse únicamente en el ámbito familiar y para la que el centro de educación especial al que acude no tiene recursos. Además, el fallo también reconoce la delicada situación del resto de la familia a distintos niveles.

El 27 de marzo de 2026, la administración de justicia emitió una diligencia de ordenación donde se demuestra el incumplimiento de la sentencia por parte de las instituciones madrileñas

“Me emocioné al escuchar el alegato final de la jueza”, relata Laura. Sin embargo, a fecha de publicación de este reportaje, la familia aún no ha recibido noticias de la Administración para que Álex ingrese en un centro adaptado a sus necesidades. “¿No dicen que la justicia es para todos? No entiendo cómo la CAM puede esquivarla de esta manera”, sentencia la madre. El 27 de marzo de 2026, la administración de justicia emitió una diligencia de ordenación donde se demuestra el incumplimiento de la sentencia por parte de las instituciones madrileñas.

Ruido mediático para una promesa sin cumplir

Ante una situación que califican de “angustiante”, la familia acudió en el pasado a diversos medios de comunicación como infoLibre, 20minutos o Espejo Público con el objetivo de hacer el máximo ruido y llegar a oídos de cualquier persona que pudiera ayudarles.

“Me llamaron desde la dirección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales poco después, en junio. Me decían que se harían cargo del caso”. Y añade: “¿Sabes qué hicieron? Ponernos el número 60 en una lista de espera en la que podremos quedarnos hasta cuatro o cinco años”. A fecha de publicación de este artículo, casi un año después de esta llamada, la familia no ha recibido novedades sobre la plaza que se les prometió.

“A mí ya me costó mucho asimilar que mi hijo estaría mejor en un sitio que no es mi casa, así que solo pido que no me lo pongan más complicado”, madre de Álex

Con todo lo agridulce de la situación, la mujer remarca el desgaste psicológico que supone un proceso así. “A mí ya me costó mucho asimilar que mi hijo estaría mejor en un sitio que no es mi casa, así que solo pido que no me lo pongan más complicado”.

¿Qué necesita un joven como Álex?

“El caso de Álex, como el de cualquier otra persona, es muy individualizado”, arranca diciendo Ana Vidal, pedagoga de PROTEGD. “Además, es un adolescente, la edad también influye”, continúa. Sin embargo, en una conversación con este medio, la profesional en procesos de aprendizaje esboza una serie de necesidades que pueden tener jóvenes con características similares.

Relata que se necesita, en primer lugar, un tratamiento psicológico con un enfoque multidisciplinar, es decir, que integres a psicólogas, pedagogas, integradoras sociales, etc. Además, considera que se debe seguir un modelo de apoyo conductual positivo, es decir, que se centre en aprender herramientas para reducir la ansiedad, los niveles de estrés o regular las emociones. “Muchos episodios de violencia contra sí mismo o contra el resto son fruto de no comprender las situaciones”, explica la pedagoga. Para los momentos más críticos, apela a la necesidad de personal especializado en técnicas de contención no agresivas, orientadas a calmar y que el daño sea mínimo.

A la pregunta de si existen centros que cumplan con estas características, Vidal es clara: “Públicos, ahora mismo, no hay ninguno. Todos son privados y promovidos por entidades sociales o las propias familias”.