Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid fuerza la expulsión del residente que estuvo en huelga de hambre

Por segunda vez, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), a través de Gerencia de la Agencia Madrileña de Atención Social, ha comunicado a Marcelo Marko, el residente que pasó 25 días en huelga de hambre para denunciar el estado de la comida, que debe abandonar la residencia de mayores de Colmenar Viejo donde vive para trasladarse hasta la residencia de Villaviciosa de Odón, a 50 kilómetros de distancia. En el escrito se puede leer que, si este jueves 16 de julio no abandona el centro, “se procederá a la ejecución forzosa de la resolución”.

“Hablar de ejecución forzosa cuando lo que está en juego es el lugar donde vive una persona mayor debería hacer reflexionar a cualquier administración pública”, denuncian en un comunicado desde la plataforma en apoyo a este residente. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta esta situación?

El residente denuncia un “castigo”

Marko habla de “castigo” por la huelga de hambre que realizó en enero, que adelantó El Salto y salió en multitud de medios de comunicación. Marco denunciaba el mal estado de la comida gestionada por la empresa Frutícolas Ateca S.L, que destina 6,98 euros para el menú completo por residente en un servicio adjudicado por la Comunidad de Madrid. La gerencia, por su parte, habla de un procedimiento sancionador realizado conforme a la legislación. 

Los hechos se remontan al 24 de diciembre de 2025. Ese día, y tal y como explica el residente en su recurso de reposición, se produjo un incidente con otro que “se inició debido a una provocación”. “Esta provocación, con gestos reiterados de menosprecio hacia mi persona, hizo que le agarrara de la parte de la nuca con intención de que parara de hacer estos gestos”, explica Marko. “Yo mismo acudí a la directora del centro a informarle de estos hechos en cuanto se reincorporó tras sus vacaciones de Navidad, reconociendo que mi conducta no fue adecuada, pero que no hubo ninguna agresión ni le provoqué al otro residente ninguna caída”, asegura.

Por su parte, según un escrito del AMAS, la conducta consistente en sujetar por el cuello a otro residente generó “una situación de riesgo” y requirió “asistencia médica” lo que, a juicio de esta institución, “constituye objetivamente una agresión física entre personas usuarias del centro, subsumible en el tipo infractor previsto en el artículo 101.c) de la Ley 12/2022”, que hace alusión a faltas muy graves. 

“El abogado pidió medidas cautelares pero no hemos obtenido respuesta. Igual me ponen otra falta muy grave y si se juntan dos me podrían echar del sistema. Pero voy a pelear hasta el final ”, expresa Marcelo Marko

Según el AMAS, el 27 de enero de 2026, le entregó una notificación con el inicio del expediente, que este rechazó. “Es cierto que no firmé el documento que la directora del centro me ofreció, pero tampoco fui debidamente informado de qué era tal documento y de qué consecuencias tendría ser o no notificado. Debo incidir en que en esa fecha me encontraba en huelga de hambre como protesta por la calidad de la comida que recibimos los residentes, huelga de hambre que inicié el 9 de enero de 2026. Esto hace que el día 27 de enero, día en que consta en la Resolución que rechazo la notificación, ya llevara 18 días en huelga de hambre, encontrándome débil tanto física como psíquicamente, lo que sin duda hace que no me encontrara en plenas capacidades”, asegura el residente en su recurso.

Plazo que vence

En marzo de 2026 le era notificada la resolución emitida por el AMAS que concluye con la decisión de su traslado. Tras esto, interpuso un recurso de reposición que fue rechazado por la administración en abril, instándole a abandonar el centro. El pasado 1 de julio Marko retiraba una notificación de correos que le da 15 días para abandonar la residencia, plazo que vence este jueves.

La diputada por Más Madrid, Diana Paredes, denuncia en un vídeo que, en lugar de tomar medidas como “una auditoria” para comprobar la calidad de los alimentos o aumentar el presupuesto que se dedica a la alimentación de las personas mayores “que no llega ni a siete euros al día para comida, merienda y cena”, el gobierno de Ayuso ha buscado “la vía más cruel, castigar a Marcelo y aplicarle un castigo que sirva también de amenaza para que cualquiera que se atreva siquiera a levantar la voz sepa lo que le espera”.

“No hay una hora concreta y no sé cuando vendrá la furgoneta. Yo calculo que será entre las 9 y las 10 pero yo no me pienso ir”, explica Marcelo Marko a El Salto. Después de esto asegura que no sabe lo que sucederá. “El abogado pidió medidas cautelares pero no hemos obtenido respuesta. Igual me ponen otra falta muy grave y si se juntan dos me podrían echar del sistema. Pero voy a pelear hasta el final ”, expresa. “Se trata de un desahucio, ellos me quieren llevar allí castigado y yo no asumo que se me castigue de esa manera”, concluye.