Comunidad de Madrid
Los familiares de los fallecidos en residencias piden una rectificación a la Fiscalía

Marea de Residencias y Verdad y Justicia celebran que se pida declarar a los “autores intelectuales” del protocolo de exclusión y que sean 17, no solo nueve, las denuncias presentadas por la fiscal superior madrileña.
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Los familiares de víctimas de las residencias piden que se investiguen los protocolos de exclusión Álvaro Minguito

A raíz del comunicado que hacía público la Fiscalía de la Comunidad de Madrid donde anunciaba que ponía en marcha nueve denuncias sobre la falta de asistanecia médica por discriminación de mayores en las residencias, las asociaciones de familiares Marea de Residencias y Verdad y Justicia piden una rectificación de esta información. Empezando por el dato que da la titular de la Fiscalía Superior, Almudena Lastra, y es que apuntan a que son 17 y no nueve las denuncias aupadas por este organismo.

Desde las dos asociaciones detallan cada una de estas demandas y, añaden, que se ha pedido la reapertura de otra causa archivada. Especifican que cinco de las denuncias han sido abiertas por la Fiscalía Provincial de Madrid (en los juzgados de instrucción de Madrid y de Collado-Villalba), otras seis desde la Fiscalía de Getafe-Leganés (una en el juzgado de instrucción de Getafe, otra en Aranjuez, tres en Valdemoro y una en Leganés), tres en la Fiscalía de Móstoles-Fuenlabrada (dos en el juzgado de instrucción de Alcorcón y una en el de Móstoles) y tres más por parte de la Fiscalía de Alcalá de henares (las tres en el juzgado de instrucción de Alcalá).

Comunidad de Madrid
Comunidad de madrid La fiscalía madrileña aúpa nueve denuncias contra la exclusión sanitaria de mayores en residencias
Los familiares de las víctimas celebran la decisión y piden a los cargos medios que “tiren de la manta” y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales de los protocolos, que este martes 18 cumplen cinco años.

La causa que piden reabrir ha sido en los juzgados de Fuenlabrada, reapertura pedida por la Fiscalía de Móstoles. Este mismo organismo, añaden las asociaciones, ha pedido al juzgado decano auxilio judicial para un informe médico forense en una causa presentada en Navalcarnero.

“Pedimos que se rectifique de inmediato esa nota informativa porque la opinión pública debe conocer la verdad y no ser intoxicado con versiones inventadas, bulos o verdades a medias”, indica a El Salto, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. “Lo cierto es que, pese a quien pese, esta decisión de la Fiscalía Provincial es un primer paso muy decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias”, reconoce.

“Lo cierto es que, pese a quien pese, esta decisión de la Fiscalía Provincial es un primer paso muy decisivo para conocer la verdad"

Otro dato que tanto Marea de Residencias como Verdad y Justicia rebaten a la fiscal es que se hayan reunido y, a raíz de ese encuentro, surgieran las denuncias de la fiscalía. “Esta información es falsa. La denuncia colectiva se presentó en el Registro de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el 10 de octubre, no en noviembre. Las entidades no se reunieron con la fiscal Lastra ni en octubre, ni en noviembre, ni en ninguna otra fecha desde entonces”.

Por último, los familiares quieren poner en relieve el trabajo que desde las fiscalías de la Comunidad de Madrid se ha hecho en estos meses. Celebran que la Fiscalía Provincial solicite que se llame a declarar como investigados a “los autores intelectuales” y a los firmantes del protocolo excluyente que impidió la derivación a los hospitales de miles de residentes enfermos. Esto pone en relieve lo que ya se ha intentado hacer con varias macro querellas y denuncias que es que reconozca el carácter discriminatorio y letal de los protocolos llamados ‘de la vergüenza’.

Por primera vez se consideran como investigados a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como posibles responsables de un delito.

Tanto las denuncias de la fiscalía como las presentadas por los familiares de 115 residentes se centran en demostrar que se cometió un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esto ha llevado, por primera vez, a considerar como investigados (antigua figura de imputado) a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como posibles responsables de este delito.

Algo determinante ara Marea de Residencias. “Además de certificar esa denegación de la derivación hospitalaria, también deja claro que no en todas las comunidades autónomas se actuó igual”, explican y detallan que, en concreto, la fiscalía dice que “fueron muy pocas las Comunidades Autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid”.

Por último, los familiares de fallecidos consideran “muy importante” que la Fiscalía resalte que “los médicos y resto de facultativos sociosanitarios hicieron todo lo que pudieron, incluso arriesgando su vida y salud y este sentimiento de respeto y admiración es reflejado por todos y cada uno de los denunciantes a los que se ha tomado declaración en las Diligencias de Investigación Preprocesal nº 66/2025”.

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