Comunidad de Madrid
La fiscalía madrileña aúpa nueve denuncias contra la exclusión sanitaria de mayores en residencias

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha comunicado este lunes que presentará nueve denuncias para investigar si se denegaron prestación sanitaria a mayores en residencias de la región. Esta denuncia, según el comunicado, irá destinada a conocer la acción de los geriatras de referencia en la comunidad y de los hospitales a los cuales sí se derivaba hasta ese momento a los residentes de los centros asistenciales.

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Esta decisión se produce después de la reunión que el pasado noviembre tuvo la fiscal con la asociación Marea de Residencias y Verdad y Justicia, donde los familiares de fallecidos presentaron 109 denuncias sobre 115 personas fallecidas en marzo de 2020 que residían en centros de la Comunidad de Madrid. De estos 109 casos salen las nueve denuncias que ahora presenta la fiscalía madrileña y que, considera, no han sido investigadas hasta ahora.

La investigación se dirigiría a esclarecer si hubo denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios

Actualmente, en los juzgados madrileños existen decenas de denuncias en instrucción, otras archivadas y otras tantas en la Constitución con amparos de recurso. A estas se unen las 109 denuncias presentadas a Almudena Lastra que llevan una estrategia diferente: la denuncia se dirige a los altos cargos del Ejecutivo madrileño, entre ellos a la Isabel Díaz Ayuso y al ex consejero Enrique Ruiz Escudero, por el supuesto delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Hasta las acusaciones por la vía penal habían pasado por homicidio impudente, prevaricación y omisión del deber de socorro.

El pasado 8 de enero informaban que la Fiscalía les ha llamado a declarar, el primer paso para que se abra una investigación sobre lo sucedido en los peores meses del covid, cuando fallecieron sin atención médica 7.291 mayores en función de unos protocolos firmados por altos cargos del gobierno.

Hasta las acusaciones por la vía penal habían pasado por homicidio impudente, prevaricación y omisión del deber de socorro

Desde Marea de Residencia y Verdad y Justicia se felicitan por el paso dado por la Fiscalía y consideran que “es un primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias”. Las asociaciones piden a Carlos Mur y al resto de denunciados “que tiren de la manta” y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales de los protocolo excluyentes. Estos protocolos cumplen el martes 18 de marzo cinco años de su aprobación, recuerdan desde las asociaciones.

Los familiares de fallecidos también tachan de “relevante” que la Fiscalía provincial señale que los sanitarios “hicieron todo lo que pudieron, incluso arriesgando su vida y salud”, por ayudar a los afectados por el coronavirus. “Esto efectivamente es así y desenmascara a algunos políticos que torticeramente intentan trasladar a la opinión pública que los denunciantes van contra los médicos que trabajaban en las residencias”, comentan la asociaciones denunciantes, que piden al Gobierno regional que colabore con la justicia. 

La fiscalía “desenmascara a algunos políticos que torticeramente intentan trasladar que los denunciantes van contra los médicos que trabajaban en las residencias”

Juzgados de El Escorial, de Collado-Villalba, Majadahonda, Torrelaguna, Getafe-Leganés, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Móstoles-Fuenlabrada y la capital han tramitado numerosos otros casos de fallecidos en residencias madrileñas sin asistencia médica. Entre los más conocidos está la macro querella que se impuso por 350 casos con más de 700 familiares respaldando la denuncia. De estos casos, 150 siguen en instrucción en varios juzgados de la Comunidad de Madrid, otros 80 casos han apelado al Tribunal Constitucional con recursos de amparo contra el archivo y el resto han sido desestimados.

Entre los argumentos de los juzgados para desestimar o archivar las causas están los informes forenses que estiman que aunque no fueron llevados a hospitales o en residencias medicalizadas no hubiera cambiado el final de estas personas o que se trata de un recorrido administrativo por la discriminación pero no penal.  

Discriminados y fallecidos también en sus domicilios

A estos procesos judiciales abiertos por los protocolos de exclusión en las residencias de mayores se unen los abiertos por la discriminación de personas dependientes en sus domicilios. Tal y como publicóEl Salto estos protocolos también fueron enviados a los centros de salud. El 23 de marzo, y en pleno pico de pandemia, los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recibieron una orden de la consejería de Sanidad, a la que tuvo acceso El Salto, para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria.