Opinión
Ha sido la lucha organizada, no la crisis de “los pocholos”

Desde hace una semana se está publicando en prensa una cascada de noticias sobre el fulminante cese del consejero de educación en la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, a manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un cese en diferido cuatro meses después del éxito de la huelga general universitaria de noviembre. Aquel fue un momento de ruptura en el que la comunidad educativa madrileña, autoorganizada asambleariamente, mostró su capacidad de lucha y su compromiso en defensa de una Universidad Pública.

Tras el cese de Viciana, empezaron a materializarse los primeros derrumbes de la estructura política construida por Ayuso para ceder el control de 7000 mil millones de presupuesto en educación a un grupo de inexpertos tecnócratas ultraconservadores. El primer acto del vodevil tuvo tintes dramáticos para el gobierno regional: dimitieron tres diputados/as regionales y dos directores/as generales, toda la cúpula de la consejería se desmoronaba como un helado de pistacho al sol en la plaza de Colón.

El segundo acto del sainete lo protagonizó la airada respuesta del excéntrico “gurú” que susurraba entre bambalinas al oído de la presidenta. Un oscuro personaje de la cultura madrileña que convenció a Ayuso (¿tan poco se necesita para manipularla?), para ceder las riendas de la educación y la cultura madrileña a su manipulable camarilla de acólitos/as sectarios/as.

El tercer acto lo componen la cascada de noticias en prensa y radio nacional que indagan en el estupor (o no tanto) que produce que tan excéntrico e incapaz grupo ostentara tan importante responsabilidad. Al tiempo profundizan, con cierto tono paparazzi, en aspectos como el perfil y la historia del gurú y su cohorte, o la incomprensión interna del Partido Popular, lo que supone la primera grieta en el poder omnímodo que ejerce la lideresa.

En este punto, es necesario destacar que el orden de los hechos es contrario al relato que parte de la prensa está difundiendo. La crisis no es producto de dos facciones enfrentadas, no se trata del estallido de un malestar interno en el gobierno regional o el partido, que haya derivado en ceses y dimisiones. Muy al contrario, esta crisis política es consecuencia directa de la lucha constante de la comunidad educativa organizada en la Plataforma por La Pública, que durante más de dos años y de forma asamblearia ha resistido el envite del gobierno de Ayuso. Una resistencia organizada que ha sido capaz de paralizar la LESUC, un objetivo que parecía inalcanzable hace solo un año.

Al poder elitista excluyente se ha opuesto un contrapoder popular con un proyecto propio de universidad radicalmente antagónico al que defienden las élites patrimonialistas madrileñas

En 2023 Ayuso encomendó a este peculiar grupúsculo, con el gris Viciana a la cabeza, la tarea política de erosionar la educación pública y potenciar el negocio privado. Su función era actuar como ariete al servicio de la vieja élite patrimonialista castiza para fundamentalmente dos cosas: imponer un modelo de infrafinanciación económica estructural que ahogara aún más a las universidades públicas y desarrollar una ley que les garantizara su control político por décadas. Esto es, desarrollar dos potentes dispositivos de control de clase sobre la educación pública, con el objetivo de subsumir la producción de conocimiento científico crítico a su control ideológico, limitando, al tiempo, las ya exiguas oportunidades de acceso a la Universidad a las clases sociales con menos recursos. Ese proyecto de imposición neoliberal tenía todos los poderes y recursos necesarios para imponerse sin sobresaltos. Sin embargo, sus planes se han estrellado contra la creciente organización de la comunidad universitaria en lucha, que durante muchos meses ha sido capaz de crear una estructura propia, horizontal e inclusiva, que ha ido creciendo al tiempo que desplegaba todo un crisol de acciones de difusión y reivindicación decididas en cientos de asambleas de las seis universidades públicas madrileñas. Dicho de otro modo, la clase alta madrileña que ostenta el poder económico y el control político de la Asamblea de Madrid, esa élite excluyente que parecía omnipotente, no ha sido capaz de imponer el rodillo de sus intereses por la decidida oposición en defensa de la Universidad Pública. Al poder elitista excluyente se ha opuesto un contrapoder popular con un proyecto propio de universidad radicalmente antagónico al que defienden las élites patrimonialistas madrileñas. Repitamos, este conflicto producto de la lucha ha sido el detonante de que se produjera la implosión del gobierno regional y el partido popular, no al revés. La crisis política del gobierno de Ayuso no es producto de la lucha entre camarillas de partido, entre excéntricos gurús y el ala dura, al contrario, la crisis es consecuencia del éxito de la organización y la lucha popular que ha sabido construir con paciencia y determinación una forma de contrapoder que sigue peleando por conseguir una Universidad Pública que realmente se digne de llamarse así: autónoma,democrática, crítica, gratuita, inclusiva e igualitaria.

Bien sabemos que esta lucha no ha terminado, que el gobierno regional está recomponiendo sus filas para armar una nueva estructura política. Habrá un nuevo asalto de su proyecto de patrimonialización elitista-excluyente de la educación, pero ya han aprendido por la fuerza de los hechos que no les va a ser sencillo imponerlo. Nosotras también hemos aprendido una valiosa lección: que todo está por conseguir y que la lucha es el único camino.