Comunidad de Madrid
La PAH presenta al Canal y al Ayuntamiento de Madrid un convenio para garantizar el derecho al agua

Un mes después de que el Ayuntamiento de Madrid —y tres meses después de que el Canal de Isabel II— llegara a un acuerdo con la PAH para que los bloques recuperados de viviendas puedan regularizar su acceso al agua pública, estos siguen sin agua. Por ello, la PAH ha presentado a estas administraciones un convenio listo para firmar.
accion canal PAH
Mujeres de la PAH en una acción en diciembre por los suministros garantizados y el agua en Madrid. Lotta Meri Pirita Tenhunen

Los bloques de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que carecen de agua regularizada en Madrid y Arganda no pueden esperar un día más. Hace ya un mes que esta plataforma logró un compromiso del Ayuntamiento de Madrid —y tres que logró el del Canal de Isabel II— para suministrar agua a las viviendas recuperadas que carecen de ella y para regularizar el suministro de aquellas que ‘pinchan’ el agua y no disponen de un contrato. El acuerdo era, al parecer, inminente, pero un mes después las personas afectadas continúan sin agua o sin regularizar el suministro, y ello porque el Canal todavía no ha hecho llegar el convenio a los ayuntamientos.

Por ello, las PAH de Vallecas y de Arganda, apoyadas por la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y por la Alianza Contra la Pobreza Energética de Catalunya, han presentado hoy su propio convenio, un documento que enviaron hace ya una semana tanto a los ayuntamientos de Madrid y Arganda como al Canal. “La ciudadanía va por delante. Con esta propuesta de convenio, lo único que tienen que hacer los ayuntamientos y el Canal es firmarlo”, dice María Campuzano, de la Alianza Contra la Pobreza Energética, que ha venido de Barcelona para apoyar a la PAH.

“Desde la PAH, cuando no se nos da una respuesta, la damos nosotros”, ha explicado Diego Sanz, de PAH Vallekas, en rueda de prensa. Según este portavoz de los afectados, “no podemos aguantar más, esto es una tortura”, por lo que, si la solución no llega “con luz y taquígrafos”, actuarán con “desobediencia civil y acción directa pacífica”. Y lo harán en breve.

En el convenio presentado por la PAH, llamado “Convenio marco entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II para garantizar contratos provisionales de suministro de agua en casos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social”, se establece la “tramitación de urgencia al suministro básico de agua potable a aquellas personas o unidades de convivencia en situación de exclusión social”.

De los cinco bloques —cuatro de ellos en Vallecas y uno en Arganda— que se han unido para reclamar sus derechos, y en los que residen 126 personas, dos carecen de agua —uno de ellos desde hace cuatro años— y tres disponen de agua pero no de contratos, con la consiguiente inseguridad de sus habitantes. “Para entrar en un edificio de PAH Vallekas hay que estar en una situación de exclusión, en una situación económica de evidente precariedad”, dice Laura López, de PAH Vallekas. En sus edificios hay también mujeres víctimas de malos tratos, menores, dependientes, mayores y personas con enfermedades graves y/o crónicas. Cincuenta de estas personas deben acarrear el agua con bidones. Dos de los pisos de Arganda, en los que residen menores, tampoco disponen de agua desde hace entre cuatro y cinco años.

El convenio presentado por la PAH toma como ejemplo los convenios de este tipo firmados en Catalunya en los últimos dos años “gracias a la presión social”, como indica María Campuzano, de la Alianza Contra la Pobreza Energética. Barcelona, Terrassa, Granollers, El Vendrell o Santa Coloma de Gramanet son algunas de las ciudades que ya disponen de convenios o protocolos para garantizar el derecho al agua.

Y es que es fundamental “la defensa del derecho humano al agua”, indica Gonzalo Marín, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, un derecho que España está obligada a cumplir como firmante del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. “En Madrid, las dos administraciones que deben garantizar este derecho son el Ayuntamiento y el Canal, y no se está cumpliendo”, continúa Marín, que ha recordado que en este situación no solo se encuentran los edificios recuperados de la PAH, sino muchas otras personas, como las residentes en la Cañada Real.

El convenio que presenta la PAH, como ya indicaban hace un mes, no se limita a resolver la situación de las 126 personas afectadas en los edificios recuperados, sino que, una vez firmado por los distintos ayuntamientos, será válido para que todas las personas residentes en las localidades que firmen tengan garantizado su derecho al acceso al agua.

Un mes después

En lo que respecta a Vallecas, “el Ayuntamiento nos dijo hace un mes que el convenio llegaría en 48 horas, tenía que enviarlo el Canal, y no llegó”, dice Laura López, que añade que “la Junta de Distrito ha enviado un escrito al Canal en el que nos apoya”. En cuanto al alcalde de Arganda, para los activistas tiene una doble responsabilidad, como alcalde y como presidente de la Federación de Municipios de Madrid, pues se sienta en el Canal y tiene capacidad para convocar una reunión con urgencia. Desde la plataforma en defensa del agua pública, Marín indica que se ha convocado a los ayuntamientos y al Canal a una reunión tripartita, propuesta a la que “ninguna de las partes ha respondido”.

“Emplazamos a Juan Ignacio Zubizarreta y Lourdes Polo, del Canal de Isabel II, a que digan ya si va a haber o no va a haber contratos”, indica Diego Sanz. Y reclaman que la respuesta se les remita con urgencia. La situación lo requiere.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Comunidad de Madrid
Universidad pública El alumnado de la UNED denuncia el “modelo antipedagógico” tras la supresión de tutorías presenciales
El proceso de eliminación de clases se remonta a 2008, aunque ha sido este año, con el nombramiento Claudia Sevilla como directora de centros asociados de Madrid, cuando el gobierno de Ayuso “ha pisado el acelerador”.
Economía social y solidaria
Cooperativismo Economías tejidas por mujeres: feminismo y cooperativismo en Madrid, una genealogía por contar
La Economía Social y Solidaria feminista no ofrece fórmulas mágicas, pero sí un horizonte: uno donde lo productivo y lo reproductivo, lo económico y lo afectivo, dejen de estar enfrentados.
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid Arranca el segundo día de huelga en la educación madrileña
Hoy están llamados a la jornada de protesta en los ciclos de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial. Se planea una nueva fecha para la manifestación conjunta con universidad que no pudo celebrarse ayer por el apagón.
#11452
21/3/2018 11:18

Ahora Madrid no está para este tipo de asuntos.

6
0
Comunidad de Madrid
Universidad pública El alumnado de la UNED denuncia el “modelo antipedagógico” tras la supresión de tutorías presenciales
El proceso de eliminación de clases se remonta a 2008, aunque ha sido este año, con el nombramiento Claudia Sevilla como directora de centros asociados de Madrid, cuando el gobierno de Ayuso “ha pisado el acelerador”.
Rumanía
Rumanía La ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos de George Simion se destaca para la segunda vuelta
La extrema derecha rumana sale de nuevo reforzada pese a la eliminación de la carrera electoral de su otro representante, Calin Georgescu. La segunda vuelta de las elecciones será el 18 de mayo.
València
València Rechazada la querella por tortura contra Ramón, policía infiltrado en València
Un juzgado de València desestima el recurso presentado por Alerta Solidària contra la inadmisión de la querella criminal por torturas contra el agente que pasó dos años infiltrado.

Últimas

O Teleclube
O Teleclube 'Os Pecadores' loitan contra montruos reais e mitolóxicos no novo episodio de 'O Teleclube'
O dúo do director Ryan Coogler e o actor Michael B. Jordan estrean unha película sobre a experiencia afroamericana cunha ameaza sobrenatural engadida.
Opinión
Opinión El apagón y la ofensiva nuclear de las derechas
El gran apagón se ha producido en medio de una auténtica guerra cultural de la derecha contra el plan de cierre de las nucleares.
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición El PSOE se mira en el espejo de Canadá
La irrupción de un enemigo exterior poderoso como Trump ha provocado un giro rotundo en las elecciones del país norteamericano, catapultando a los progresistas tras estar al borde de una dura derrota.
Economía social y solidaria
Cooperativismo Economías tejidas por mujeres: feminismo y cooperativismo en Madrid, una genealogía por contar
La Economía Social y Solidaria feminista no ofrece fórmulas mágicas, pero sí un horizonte: uno donde lo productivo y lo reproductivo, lo económico y lo afectivo, dejen de estar enfrentados.
Más noticias
Huelva
Huelva Jornaleras de Huelva en Lucha interpone la primera denuncia por el despido de una temporera marroquí
La sección sindical, recién constituida, asegura que “abren la veda” para denunciar otros atropellos laborales similares en contratos fijo-discontinuos de trabajadoras contratadas en origen.
Artes gráficas
Andalucía Poevélez: Cuando poesía e imagen mezclan, funden y subliman
La muestra colectiva de diversos artistas del panorama nacional nos presenta ejercicios de poesía visual desde diversas disciplinas como el collage y la fotografía y se puede visitar en la Fundación Eugenio
Opinión
Opinión Sobre la guerra y la paz
Parece que los alemanes y el resto de europeos no aprenden con la historia que ellos mismos han protagonizado en los últimos 400 años. Ni siquiera con la historia del siglo XX, tan inmediatamente próxima y tan inmensamente trágica.

Recomendadas

Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña e Ourense mercaron material policial a Israel por medio millón de euros en só catro anos
O alcalde ourensán, Gonzalo P. Jácome, adxudicou un contrato por 70.000 euros días despois do sete de outubro. Abel Caballero asinou outro de máis de 200.000 euros e a alcaldesa da Coruña seguiu a estela cun contrato de 170.000 euros.