Opinión
Los rectores madrileños también son responsables de la crisis universitaria

Hace unas semanas, la CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid) llegó a un acuerdo de financiación con Isabel Díaz Ayuso, tras prácticamente dos años de conflicto con las autoridades regionales. Se trata de un acuerdo lamentable, que no hace sino prolongar la larga agonía que llevan viviendo las universidades públicas desde 2008. Durante todos estos años, las universidades madrileñas han visto cómo los sucesivos gobiernos autonómicos se dedicaban a financiarlas con presupuestos cada vez más restrictivos, y cómo los diferentes rectorados administraban la miseria, agachando la cabeza una y otra vez, para terminar convertidos en los verdugos de unas políticas cuyo objetivo final siempre fue degradar la educación pública. Una degradación que persigue al menos dos fines: agrandar la brecha social, dificultando el acceso de las clases más desfavorecidas a los estudios superiores —dado el alto precio de las matrículas en Madrid, muy superior al resto de España—, y preparar la coartada perfecta para la defensa del modelo universitario privado.

Se han hecho ya muchos análisis de este último acuerdo, por lo que no quiero profundizar demasiado en ello. Basta con recordar los datos más elocuentes: la LOSU, es decir, la ley estatal, establece que la educación superior debe financiarse con el 1% del PIB regional, mientras que, actualmente, la Comunidad de Madrid destina solo un 0,36%. Este irrisorio porcentaje subirá hasta el 0,45% conforme al nuevo modelo de financiación, con lo que ni siquiera alcanzará la mitad de lo requerido por la LOSU. Si comparamos estas cifras con nuestro entorno, las cosas son todavía más sangrantes: en España, la media de inversión en la universidad pública es del 0,75%; en los países de la OCDE es del 0,88%; mientras que en la Unión Europea es del 0,92%. A la vista de estos datos, no se sostienen los argumentos de la Comunidad de Madrid ni las excusas de la CRUMA, cuando se escudan en la idea de que el 1% de la LOSU es un mero desiderátum. Deberían avergonzarse de que la comunidad más rica del país se encuentre a la cola de las regiones españolas en la financiación de sus universidades, y tan dolorosamente lejos del esfuerzo económico que Europa destina al sistema público de estudios superiores.

Por otra parte, como han denunciado las plataformas en defensa de la pública, el acuerdo incluye varias trampas. Para empezar, solo contempla un incremento sustancial de la financiación para el año 2027 (10,6%), mientras que prevé una ínfima subida del 3% anual para el tramo entre 2029 y 2031, que no servirá para cubrir el encarecimiento de los gastos derivado de la inflación y el crecimiento vegetativo de la plantilla. Además, las cuantías anunciadas por la CAM incluyen la recaudación derivada del precio de las matrículas, así como otros fondos que las universidades ya obtienen por su cuenta —mediante la participación en proyectos competitivos, colaboración público-privada, patentes, etcétera—, con lo que lo aparentemente abultado de las cifras no es sino un engaño: humo y ruido para ocultar la crisis política desatada en la Consejería de Educación tras la destitución del exconsejero Emilio Viciana y la correlativa dimisión de varios cargos del PP de la Asamblea; destitución y dimisiones directamente relacionadas con el fracaso de la LESUC, que había suscitado la oposición rotunda de la comunidad universitaria, materializada en dos huelgas, varias manifestaciones y numerosas acciones de protesta en los campus de la región.

Los presupuestos raquíticos destinados a universidades son consecuencia de un proyecto político orientado a la demolición de todos los espacios en los que el Estado social aún se mantiene más o menos en pie

Pero no quiero detenerme más en las cifras. Y es que, pese a ser importantes, la clave del enfrentamiento entre las plataformas y la Comunidad de Madrid no reside en la financiación. La financiación es una faceta del problema, pero el núcleo de la cuestión tiene que ver con la concepción que los actores de este conflicto tienen acerca de los servicios públicos en general, de la universidad pública en particular, de la democracia y de la igualdad social. La Comunidad de Madrid es claramente hostil a todas esas cosas: a los servicios públicos, a la universidad pública, a la democracia y a la igualdad social. Por eso nos infrafinancia. Los presupuestos raquíticos destinados a universidades son consecuencia de un proyecto político orientado a la demolición de todos los espacios en los que el Estado social aún se mantiene más o menos en pie, que apunta a generar una sociedad oligárquica y que, por tanto, no cree ni en la democracia, ni en la igualdad, ni en el servicio público.

En ese sentido, entender el conflicto como un problema de cifras conduce a perder de vista lo profundo del desacuerdo y, de paso, a aceptar el marco ideológico de la CAM. Las cosas no se van a arreglar regateando aquí y allá sobre una tabla de Excel. La cancha es otra: es política, ética, cultural. En el acto posterior a la firma del acuerdo, la presidenta de la CRUMA y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, se refirió elogiosamente a Miguel Ángel García, consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, a quien dirigió un agradecimiento “muy especial” por su “manejo impresionante del Excel”. Son unas palabras muy significativas, que nos permiten entender la idiosincrasia de la presidenta de la CRUMA y que revelan una comprensión puramente tecnocrática de su cargo. Para ella, pero también para el resto de la CRUMA, esto es un problema de ajuste de cuentas, de acercamiento de intereses económicos: la Comunidad de Madrid busca ahorrar y las universidades vivir más holgadas, así que necesitaríamos alcanzar un punto medio.

Esta forma de ver las cosas lleva a un error estratégico, porque no permite comprender adecuadamente al enemigo. El enemigo no quiere escamotearnos un poco de dinero, como el aguinaldo que racaneaba la vieja del villancico —“le parece mucho, le viene quitando”— sino que busca desmantelar el servicio público, una sociedad más desigual, una investigación más sometida a los intereses del mercado y un estudiantado más reprimido. Si entendemos así la situación, entonces no se puede “negociar” con el enemigo, ni desatrancar el conflicto de forma “dialogada”, ni centrar el problema en un mero reparto económico. Lo único que cabe es profundizar en la lucha, agudizar el enfrentamiento e incluir los elementos clave del conflicto: queremos una universidad en la que la investigación sea autónoma de los poderes económicos, por lo que no podemos hacer depender la financiación de la colaboración público-privada; que sea tendencialmente gratuita, para que todas las capas de la población puedan beneficiarse de ella; que cultive valores destinados a fortalecer la democracia, por lo que se requieren campus política y socialmente activos, donde las asociaciones de estudiantes no estén constantemente vigiladas y reprimidas; que los trabajadores no se vean expuestos a cargas de trabajo desproporcionadas… Y, sobre todo, queremos que se ataje la colonización del sistema público por parte de la empresa privada.

Si las cosas son así, ¿por qué los rectores no son capaces de leer correctamente al enemigo? ¿Por qué no se han apoyado en la fuerza social que han logrado construir las plataformas? ¿Por qué no se han plantado rotundamente contra la Comunidad de Madrid, justo cuando las movilizaciones habían logrado descabezar al consejero Viciana y se había puesto freno a la LESUC? ¿Por qué no han aprovechado el tirón mediático generado por la última huelga para ejercer una presión más intensa sobre Isabel Díaz Ayuso? ¿Por qué no han querido participar en las acciones organizadas por las plataformas, asistir a las manifestaciones, apoyar con claridad las reivindicaciones de quienes nos hemos involucrado en esta lucha? Esta es mi hipótesis: porque tampoco los rectores están comprometidos con el servicio público, con la democracia y con la igualdad social. Sí, es cierto que han mantenido un pulso con la Comunidad de Madrid, que escribieron un comunicado rechazando la insuficiencia económica derivada de los presupuestos y que han negociado entre bastidores con el gobierno regional. Pero no lo han hecho desde un compromiso robusto con el servicio público, la igualdad y la democracia, sino desde la lógica economicista que estoy denunciando.

Hay muchos elementos que avalan esta hipótesis. Para empezar, buena parte de la comunidad universitaria, rectores incluidos, defiende un modelo de financiación basado en el cumplimiento de objetivos, que es uno de los ejes del acuerdo. En algunos casos, por interés: hay muchas líneas de investigación perfectamente alineadas con los intereses económicos hegemónicos y, por lo tanto, se ven beneficiadas por ese sistema. En otros casos, por lo que el marxismo denomina falsa conciencia: el migrante que vota a partidos xenófobos. Muchos profesores se embarcan en una lucha febril por la captación de recursos externos y por satisfacer indicadores de “productividad” académica, porque el sistema de estabilización y promoción nos fuerza a ello, pero terminan olvidando que se trata de un dispositivo de explotación y pasan a defenderlo como el mejor de los modelos. Además, muchos profesores opinan que nuestra función es formar profesionales para el mercado y que la universidad debe estar libre de “ideología”, olvidando que nada está libre de semejante cosa: nada más ideológico que enseñar derecho de sociedades mercantiles o introducción a la economía con los Principios de Gregory Mankiw, asesor económico de George Bush.

Pero podemos ir a elementos más tangibles. No conozco en detalle la realidad cotidiana de todas las universidades públicas madrileñas, pero sí la de la Universidad Autónoma. Aquí las cosas están claras. Tenemos una rectora que apoya la celebración de macro-festivales en el campus —poniendo patas arriba la circulación interna, impidiendo el uso ordinario de las instalaciones deportivas, colonizando los espacios publicitarios—, pero pone trabas para la realización de fiestas organizadas por las asociaciones estudiantiles y practica una política restrictiva en cuanto al despliegue de pancartas y carteles. Es la misma rectora que, a lo largo de las numerosas acciones de protesta realizadas estos dos años, no ha dudado en enviar a la vigilancia privada a ejercer un control represivo sobre estudiantes y profesores, que nos hemos visto obligados a enfrentarnos con vigilantes que arrancaban carteles. Y es la misma rectora que, tres días antes de la huelga del 28 de abril de 2025, tomó la decisión de censurar a la sección sindical de CGT, suprimiendo su derecho de envío de correos electrónicos a la plantilla, como represalia por los desacuerdos que dicho sindicato había manifestado contra el posicionamiento rectoral ante las movilizaciones. Una censura que, afortunadamente, le ha costado a la universidad una condena por vulneración de derechos fundamentales, dictada por los juzgados de lo social el 31 de marzo de 2026.

A la luz de todo esto, me parece que la hipótesis formulada adquiere más consistencia que la que quizá algún colega haya sentido a primera vista. Si la presidenta de la CRUMA ha sido capaz de incurrir en una conducta antidemocrática tan grosera, ¿qué podemos esperar de su compromiso con esa universidad por la que claman las plataformas en defensa de la pública? Esa falta de convencimiento acerca de la democracia y el servicio público también explicaría el tono con el que se dirigió a las autoridades regionales en el acto posterior a la firma del acuerdo: “Gracias, presidenta, por tu sensibilidad ante nuestras demandas (…) nos consta tu interés personal para que las universidades públicas contemos con una financiación suficiente”. ¿Cómo se puede hablar de “sensibilidad” de la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo puede agradecerse de forma tan melosa al actor político que nos ha conducido a la asfixia en la que nos hallamos, que ha vapuleado sin cesar al sistema público y que ha desencadenado dos huelgas universitarias con un enorme seguimiento? ¿Cómo puede apelarse al “interés personal” de una presidenta bajo cuyas órdenes se estaba tramitando una ley, la LESUC, que intervenía violentamente contra la autonomía universitaria, y que ha desatado la mayor crisis del gobierno regional desde su investidura? Podemos descartar la hipótesis del formulismo protocolario: siempre habría sido posible dirigir unas palabras neutrales sin mayor carga afectiva. Descartada esta opción, me parece que nos quedan dos alternativas: enajenación y falsa conciencia, o coincidencia de intereses y formas de ver la vida. Juzguen ustedes.

Lo bueno de todo esto es que el horizonte estratégico se percibe ahora con mayor nitidez: no se puede contar con los rectores para defender el sistema público universitario madrileño. Somos nosotros, los estudiantes, los profesores y el personal administrativo, quienes debemos seguir organizándonos para la lucha por una universidad realmente pública, accesible, democrática, autónoma e igualitaria. Y tendremos que hacerlo, si se tercia, contra las propias autoridades que nos gobiernan en los campus. Hemos construido un capital organizativo muy importante durante este ciclo de movilizaciones, hemos posicionado el problema en la agenda pública, hemos afinado nuestros argumentos y hemos tejido alianzas que eran impensables hace tres años. Ahora es momento de mantener y ensanchar este capital, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia los sectores de la comunidad universitaria que ya se sienten traicionados por este acuerdo, y luchando por desplazar el horizonte de la lucha hacia esos otros elementos que son más nucleares que las cuestiones puramente financieras: democracia, igualdad, servicio público. El último hito ha sido la manifestación del pasado domingo 19 de abril, pero será solo el primero de muchos otros por venir.