Comunidad de Madrid
La trampa de Ayuso en la Ley Mbappé: no obliga a los ricos a invertir en España

Ya ha entrado en el registro de la Asamblea de Madrid la propuesta estrella de Isabel Díaz Ayuso para atraer grandes fortunas a la Comunidad de Madrid: la modificación del régimen de tributos cedidos por el Estado para introducir la Deducción por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero, la conocida como Ley Mbappé.

Mediante esta modificación, aquellas personas de fuera de España, o que no hayan vivido en el país en los últimos cinco años, que se instalen en la Comunidad de Madrid y se conviertan en contribuyentes del IRPF, manteniendo su residencia durante cinco años, se podrán deducir hasta el 20% de las inversiones que realicen en la cuota autonómica del impuesto.

Es decir, a grandes rasgos, un millonario que cobra una salario en España de 10 millones de euros, pagaría de IRPF más o menos 4,48 millones anuales, de los que unos 2,44 irían para las arcas del Estado y otros 2,04 acabarían en las madrileñas. Si ese rico invierte al llegar cinco millones de euros, y mantiene la inversión durante seis años, se deduce el 20%, un millón de euros, de la cuota autonómica. Pagaría unos 3,4 en total. Si invierte 10 millones, se ahorraría la práctica totalidad del tramo madrileño del impuesto. Si invierte más de 10 millones, la deducción de más que no pueda disfrutar en ese año fiscal se le guarda para el siguiente. Y así hasta donde el rico quiera invertir para evitar pagar impuestos, ya que la Ley Mbappé no tiene topes máximos a la desgravación como sí tienen otras desgravaciones como la de aportaciones a planes de pensiones privados o la antigua desgravación de la hipoteca o de la cuenta vivienda. Es decir, un millonario con una nómina de 10 millones de euros anuales podría invertir 50 millones de euros a su llegada a Madrid y ahorrarse 10 millones en desgravaciones de su declaración de la renta en los siguientes cinco años y no pagar ni un euro a las arcas madrileñas.

La Ley Mbappé puede que no atraiga ni un solo euro de inversión, ni genere un solo puesto de trabajo, mientras que sí causará una merma de ingresos fiscales

Hasta aquí todo bien y cuadra con el relato liberal de Ayuso de bajarle los impuestos a los altos patrimonios para atraer inversiones a la Comunidad de Madrid y a España con la intención de generar riqueza y empleo. Salvo por una pequeña salvedad: el texto que pretenden aprobar no obliga a esos ricos a invertir esas cantidades en España, por lo que la Ley Mbappé puede que no atraiga ni un solo euro de inversión, ni genere un solo puesto de trabajo, mientras que sí causará una merma de ingresos fiscales con los que Ayuso debería financiar los servicios públicos.

La normativa propuesta y pendiente de aprobar por la mayoría del Partido Popular en la Asamblea de Madrid admite como elementos patrimoniales desgravables los “valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados o no, en mercados organizados” y “valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados o no, en mercados organizados”, incluyendo los gastos y tributos en los que incurra en la inversión. En resumen, acciones de empresas cotizadas, participaciones en empresas y fondos que inviertan en acciones u otros activos de cualquier tipo, como podría ser deuda de países extranjeros o incluso criptomonedas.

Como condiciones para que sea aplicable la deducción, el texto propone varios requisitos. Uno es que la inversión no supere el 40% del capital social en una empresa propia, del cónyuge o de algún familiar hasta segundo grado. Tampoco se permite que el contribuyente pueda tener funciones ejecutivas ni mantener una relación laboral con la empresa.

No existe ningún condicionante en la Ley Mbappé que obligue a los ricos a que las inversiones que se deducen repercutan en la economía madrileña y española

Otro es que las empresas no podrán estar constituidas ni domiciliadas en un paraíso fiscal, en los que se utiliza esta denominación para tan solo algo más de una decena de territorios que incluye la lista de la Comisión Europea o la española. Pero —y aquí viene el agujero— no exige en ningún momento que dichas inversiones se hagan en empresas madrileñas, españolas o extranjeras pero que tengan sedes en España. No existe ningún condicionante en la Ley Mbappé que obligue a los ricos a que las inversiones que se deducen repercutan en la economía madrileña y española.

Volviendo al ejemplo anterior, si el millonario que se instala en Madrid compra el año de su llegada 10 millones en acciones de Apple, los mete en un fondo de Goldman Sachs que invierte en empresas contaminantes de Oriente Medio, en el ETF de Bitcoin de Blackrock, en una empresa de armas israelí o en bonos de deuda china, se ahorraría unos dos millones de euros en impuestos sin que ni un solo euro recaiga en la economía madrileña ni en la española y sin que genere un solo empleo. Las arcas madrileñas verían mermados sus ingresos por IRPF, los altos patrimonios españoles verían cómo los ricos extranjeros pagan menos que ellos, pero sus inversiones podrían no influir en la economía española de ningún modo positivo.

La norma sí ofrece una ventaja más relacionada con la residencia de las empresas. Si la “inversión en valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios emitidos por entidades españolas y de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades españolas, la inversión también podrá realizarse en el ejercicio anterior al de la adquisición de la citada residencia”. Es decir, si el millonario ya invirtió algo en una empresa o un fondo de inversión que sí tenga sede en España el año anterior a instalarse en la Comunidad de Madrid, también se lo podrá desgravar de la cuota autonómica el año que se instale.

La inversión podría tener sede en el mismo Paseo de la Castellana pero derivar todo el dinero a invertir en acciones de empresas extranjeras o en bonos de deuda pública extranjera

Aunque incluso esa inversión del año anterior podría no repercutir en absoluto en la economía española, ya que un fondo de inversión con sede en España puede destinar esos capitales a invertir en todo el mundo, no necesariamente en España. La inversión podría tener sede en el mismo Paseo de la Castellana pero derivar todo el dinero a invertir en acciones de empresas extranjeras o en bonos de deuda pública extranjera. De hecho, también se podría dar la paradoja de que se invierta en, por ejemplo, fondos que inviertan o empresas de Cataluña o el País Vasco, teniendo un impacto en las economías de esas regiones pero siendo los contribuyentes madrileños quienes tienen que soportar la merma en la recaudación de impuestos y sus consecuencias en los servicios públicos, sin que se genere ni un solo empleo para ellos.

Los cambios en la ley para bajar los impuestos a los ricos extranjeros fueron rechazados la anterior legislatura madrileña tras negarse Vox a apoyarlos en última hora y contar, por supuesto, con la oposición de todas las fuerzas de izquierda. Pero la mayoría absoluta del Partido Popular aprobará como una apisonadora este nuevo favor a los ricos que irá en contra de todo lo que ha prometido Ayuso y que repercutirá negativamente en las cuentas públicas de los madrileños.

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