Comunidad de Madrid
Tres ex altos cargos de Ayuso, citados como imputados de nuevo por los protocolos en las residencias

Las familias de residentes que fallecieron durante los meses más duros del covid-19 sin recibir asistencia médica celebran una citación más, en el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están llamados a declarar como imputados, tal y como informan desde la Asociación Verdad y Justicia para las víctimas de las residencias, 7.291.

Así, el próximo martes 10 de febrero deberán acudir al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, tanto Carlos Mur, firmante del conocido como protocolo de la vergüenza que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era en marzo de 2020 director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; como Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca, que era el máximo responsable del SUMMA 112 durante los meses más duros del covid-19.

El 10 de octubre de 2024 familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia dentro de las residencias. Pedían que se investigara a altos cargos de Ayuso por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias. De estas querellas, cinco ya han derivado en citaciones judiciales para declarar.

La querella que ha desencadenado la citación del próximo martes 10 de febrero es la presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020.

Declaración telemática desde Andorra

La última citación se desarrolló el pasado 29 de enero, cuando Mur solicitó y consiguió declarar telemáticamente desde Andorra, país donde ahora reside. Ese día, y tras cuatro ocasiones en las que presentó razones para no comparecer, tiró balones fuera en cuanto a su responsabilidad en los protocolos. Según los abogados de la acusación, autorizados para asistir a estas comparecencia que se realizan a puerta cerrada, Mur cargó la responsabilidad sobre Martínez Peromingo como autor de estos protocolos junto a 22 geriatras más, ya que él solo los habría firmado. En una declaración de diciembre, Peromingo habría acusado a Mur como autor de los protocolos, siempre según la versión de los abogados de la acusación, ya que las declaraciones se suceden a puerta cerrada.

“Se están echando la culpa unos a otros”, explicaba la abogada de la acusación Alejandra Jacinto a El Salto, presente aquel día durante la declaración. Pero sí añadió una novedad: Mur habría apuntado que tanto la entonces viceconsejera de Sanidad y actual Consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, como el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, eran conocedores de los protocolos. 

“Ha dicho que él mandó los protocolos a la viceconsejera Dávila y quien ordenó crear las figuras de geriatra de enlace fue Escudero. Estos nombres, hasta la fecha no habían aparecido en escena”, explicaba Jacinto. Los geriatras de enlace fueron los encargados de atender el teléfono y decidir la derivación o no de cada residente durante esos meses.

Desde la Asociación Verdad y Justicia valoran que Mur “se haya atrevido a señalar por primera vez en sede judicial a sus superiores en la Consejería de Sanidad” pero le piden que “aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el protocolo de la vergüenza”

Desde la Asociación Verdad y Justicia valoran que Mur “se haya atrevido a señalar por primera vez en sede judicial a sus superiores en la Consejería de Sanidad” pero le piden que “aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el protocolo de la vergüenza”.

Por otro lado, y después de que Ayuso se refiriera a los familiares de residencia en lucha como personas “frustradas y manipuladas por la izquierda” aseguran que los insultos de Ayuso a las víctimas, “además de retratarla, no pueden ocultar una enorme verdad: seis años después sigue sin explicar por qué no envió a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros que tenía a su disposición para medicalizar los centros en marzo y abril de 2020”, concluyen.