Banca
Archivan la pieza contra Bankia por la venta de participaciones preferentes

A finales del año 2012, ése en el que el 15-M seguía convocando manifestaciones masivas, las asambleas de barrios seguían vivitas y coleando y en que tuvieron lugar dos huelgas generales, las personas mayores salieron a la calle (como están haciendo ahora los y las jubiladas) para protestar ante las puertas de entidades de crédito porque se sentían estafadas por sus bancos de toda la vida. Se trataban de las famosas afectadas por las preferentes.

Años antes, concretamente en el 2009, numerosos empleados de estos bancos les habían llamado ofreciendo la compra de participaciones preferentes, un producto muy seguro, parecido a una acción, con buen rendimiento y que podía recuperar en cualquier momento, pues siempre había compradoras dispuestas a readquirirlas. Su seguridad se sustentaba en la propia garantía de solvencia del banco, que en caso de Caja Madrid se encontraba nada menos que todo un Rodrigo Rato al timón.

El perfil de compradora era por lo general el de una usuaria de servicios básicos, de cierta edad y sin conocimientos bursátiles. Muchas de ellas se fiaron y, en consecuencia, especularon con sus ahorros adquiriendo eso que le habían asegurado que les harían ricas. Así, Bankia obtuvo en dos meses 3.000 millones de euros.

Sin embargo, estas participaciones preferentes resultaron no ser ni participaciones, ni preferentes. No eran preferentes porque en caso de que un banco entre en concurso de acreedores, estos productos se encontrarían completamente subordinados a todas las demás deudas, por lo que las últimas en cobrar serían las accionistas y las penúltimas las titulares de las preferentes, por detrás del resto de acreedores. Y, por otro lado, no eran participaciones porque eran valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho al voto. La retribución pactada como pago de intereses de estas falsas participaciones se condicionaba a la obtención de beneficios y a la decisión de distribuirlos. Por tanto, existía un riesgo de no percepción de las remuneraciones, pues debía ser el órgano rector del banco el que acordara el abono en caso de obtención de beneficios, que podrían destinarse a otros fines.

Un tiempo después, Caja Madrid cesó de existir, Rato fue defenestrado y, bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, se pidió una inyección pública de 22.000 millones de euros en la nueva entidad conocida como Bankia. Treinta y tres de sus consejeros serían imputados en la Audiencia Nacional como presuntos autores de delitos societarios y los telediarios empezaron a informar que a lo mejor las preferentes no eran tan seguras como se nos había dicho: las mismas ya no podían ser amortizadas por la entidad, quedándose congelados varios millones de euros. En definitiva, lo habían perdido todo.

Por eso, las afectadas salieron a la calle, como lo hizo Domitila, una señora de 81 años que se sirve de un andador para desplazarse y que en 2013 fue multada por la Guardia Civil por supuestamente alterar del orden público durante una protesta. Pero también acudieron a los tribunales. En la vía civil, el Tribunal Supremo condenó en 2013 a BBVA a indemnizar a un matrimonio con 291.000 euros por los perjuicios causados en la comercialización de preferentes y esta sentencia sirvió de precedente para que miles de personas pudieran recuperar sus ahorros. Así, Bankia devolvió 2.800 millones a los clientes afectados de Caja Madrid y Bancaja, repartidos entre 1.100 millones a través de un proceso de arbitraje que implicó a 137.000 personas y 1.700 millones por vía judicial.

Pero la jurisdicción civil, si bien era útil para recuperar el dinero, no se traducía un castigo para quienes las habían engañado. Por ello, se acudió también a la vía penal gracias a iniciativas como #15MparaRato y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada contra Bankia.

Sin embargo, el pasado 18 de mayo el juez Fernando Andreu acordó el archivo de la pieza separada del caso Bankia en la que se investiga a la antigua cúpula de Caja Madrid por las participaciones preferentes al no quedar acreditado que se emitieran para “engañar a los inversores de forma global”, ni que se ordenara a las sucursales a comercializar entre clientes inexpertos el producto. Ésta también ha sido la postura de la Fiscalía desde el año 2013.

Andreu afirma además en su Auto que los contratos de venta de estos productos financieros “se formalizaron por lo general adecuadamente”, y recuerda que Caja Madrid corrigió los defectos detectados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por su parte, las impulsoras de #15MparaRato han lamentado en un comunicado el archivo de la pieza y recuerdan que "lo que se estaba investigando no era el engaño a particulares, algo que quedó ya sobradamente probado en el Supremo cuando conseguimos que los preferentistas estafados por Bankia recuperasen su dinero, si no la responsabilidad penal de la cúpula de Bankia (entonces Caja Madrid) por el diseño de las preferentes".

¿Y la consecuencia de esto? Pues que esta ausencia de ánimo de engañar cierra la vía penal para las denunciantes, por lo que las afectadas minoristas restantes deberán defender sus intereses en la jurisdicción civil.