Genocidio
Una navidad sin dátiles israelíes

Una investigación del Observatorio de Corporaciones Alimentarias (OCA), de Justicia Alimentaria, pone el foco sobre la comercialización de dátiles israelíes en el Estado español.

Pese a la escasez de agua y que más de la mitad del territorio israelí es desierto, la producción agrícola y su exportación tienen un importante peso en la economía de este país, destacando el cultivo del dátil.

La mayor parte de estos dátiles son de la variedad medjool, que corresponde a ejemplares oscuros y grandes, pudiendo superar los 30 gramos. Israel ha apostado por esta variedad pensando en el mercado exterior, dado que el consumo interno es escaso y se cultiva básicamente para exportar. De hecho, el estado hebreo encabezó, en 2022, el ranking de países exportadores de dátiles, con más de 330 millones de dólares de facturación, siendo, sin embargo, el decimosexto país en producción.

Para alcanzar tales cifras, desde que Israel obtuvo su independencia en 1948, la superficie dedicada al cultivo de dátil se ha multiplicado por 2,6, llegando a unas 500.000 hectáreas. Dicho aumento se ha producido fundamentalmente en zonas del Valle del Jordán, que corresponden a asentamientos ilegales en Cisjordania, y de los Altos del Golán, una zona invadida a Siria donde el estado hebreo sigue anexionándose territorio.

La Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina denuncia que la mayor parte de los dátiles israelíes se cultivan en las colonias de Cisjordania y suponen una de las principales fuentes de financiación de los colonos. «Las colonias, también llamadas asentamientos, además de ser ilegales según el derecho internacional, constituyen la punta de lanza de un sistema de apartheid y limpieza étnica contra los palestinos. Para proteger y desarrollar la colonización, Israel expulsa a los palestinos de sus casas y tierras, les impide el acceso a las fuentes de agua, les agrede y acosa impidiéndoles desplazarse por su propio país, a menudo incluso para acceder a sus propias tierras de cultivo, a sus puestos de trabajo, a los centros educativos o de salud; les reduce a la miseria destruyendo sus cultivos e infraestructuras y boicoteando su economía».

Conforme a ello, Justicia Alimentaria, junto a muchas otras organizaciones, reclama, en solidaridad con Palestina, el boicot a los dátiles israelíes en el Estado español. Este boicot queda justificado, por un lado, porque el cultivo de dátiles israelíes alienta y alimenta la ocupación ilegal de tierras palestinas (también sirias), y el sistema de apartheid de su pueblo. Y por otro lado, porque las exportaciones de dátiles fortalecen la economía israelí, y el genocidio en Gaza parece que sólo se detendrá cuando las consecuencias económicas sobre el estado impulsor obliguen a ello.

CUESTIÓN DE ARANCELES

Hay que tener en cuenta que en torno al 15% de los dátiles comercializados en el Estado español proceden de Israel, según la base de datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria. Según la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina, «sus exportadores son Mehadrin, Carmel-Agrexco y Hadiklaim, y sus marcas comerciales habituales (suelen cambiar de nombre para eludir el boicot) son Isla Bonita, Carmel, King Solomon, Jordan River, Jordan Plains, Jordan Valley, Kalahari, Red Sea, además de la conocida marca valenciana El Monaguillo».

Conforme al acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea e Israel en el año 2000, se dejaron de aplicar aranceles a las importaciones entre ambos. Posteriormente, en 2004, se añadió una salvaguarda al acuerdo que excluía de esta ventaja a aquellos artículos que proviniesen de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados de Palestina. Esto conllevaba que las aduanas españolas, y las del resto de los países de la UE, debían discriminar unos productos de otros, en base al código postal de procedencia.

Sin embargo, en el Estado español esto no se hacía, pese a la denuncia de organizaciones de derechos humanos, hasta que mayo de 2023 el Ministerio de Hacienda dio orden de que las aduanas españolas exigieran el Taric, un nuevo código de certificado de origen, que garantiza que el producto israelí no procede de zonas ocupadas, y por tanto, exime del pago de aranceles. Esto sigue permitiendo la exportación de productos obtenidos en zonas ocupadas, aunque obliga al pago de dichos aranceles. Sin embargo, como critica Santiago González Vallejo, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, «si son ilegales los asentamientos ¿por qué es legal su comercio?».