Coronavirus
Por qué demandamos Regularización Ya

El Covid-19 ha alterado drásticamente nuestra realidad económica, social y política. Estamos viendo cómo la fragilidad de la vida en nuestra cotidianidad está empujando una serie de ideas que antes no tenían la fuerza con la que ahora se defienden. El fortalecimiento de lo público, en concreto de la sanidad, y de los ideales ligados a la solidaridad y la protección de lo común son dos de los marcos que más se están viendo reforzados en esta emergencia sanitaria.

Como sociedad no nos podemos permitir dejar a las voces migrantes y antirracistas fuera de ese común. Los nuevos consensos políticos y sociales que se den dentro de los movimientos de base deben dar la misma entidad que se le da a la clase y al género, al eje racial/étnico como forma de explicar las desigualdades sociales y, por tanto, como la narrativa que alimente nuestras prácticas políticas. De lo contrario, estaríamos en la misma línea que marca las medidas sociales que, hasta ahora, se han impulsado desde el Gobierno, el cual sigue tratando a las personas migrantes como mano de obra desechable y no como sujetos políticos a los cuales se les deben garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La reconstrucción pasa por proteger la vida de todas, por lo que debemos de marcarnos como objetivo la transformación de las condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad en la que viven la mayoría de las personas migrantes

En este artículo hacemos una revisión de diversas estadísticas obtenidas de encuestas nacionales que muestran cómo afectan de forma diferenciada las desigualdades estructurales a la población extranjera  y a la población española. De aquí reflexionaremos sobre de qué manera esa desigualdad de partida se ve agudizada en este contexto de crisis sanitaria, económica y social.

La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización

Sarah Babiker

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La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización

Sarah Babiker

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El estado de alarma y sus consecuencias más inmediatas ha puesto sobre la mesa la demanda de regularizar a las personas migrantes. La tensión entre una mirada desde la garantía de derechos humanos y otra utilitarista define el debate y las políticas.

En base a este análisis podremos decir que si este Gobierno no quiere dejar a nadie atrás, si estamos poniendo nuestras miradas en la elaboración de nuevos consensos políticos, sociales y económicos, si nosotras como sociedad queremos asumir con firmeza un compromiso con lo común, debemos introducir en nuestras agendas políticas la regularización general que están pidiendo diferentes organizaciones de personas migrantes y antirracistas. La reconstrucción de nuestro país pasa por proteger la vida de todas, por lo que debemos de marcarnos como objetivo la transformación de las condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad en la que viven la mayoría de las personas migrantes: se trata de tejer lo comunitario desde abajo para no dejar a nadie atrás.

Una de las mayores consecuencias que está teniendo la pandemia es que ha obligado a parar la economía, hasta llegar al punto de mantener solo las actividades esenciales lo cual ha llevado a las empresas a despedir de forma masiva a trabajadoras y trabajadores. Algunas de las trabajadoras serán suspendidas temporalmente a través de un ERTE, otras podrán recibir un subsidio al haberse acabado su contrato temporal —si cumple ciertas condiciones— y otras no percibirán nada al no cumplir los supuestos exigidos para obtener alguna prestación. Además, hay muchas personas que trabajan en la economía informal, entre dos y cuatro millones de personas aproximadamente, las cuales sufren enormemente las consecuencias de la crisis, ya que muchas veces estas actividades se realizan en el espacio público y las personas que viven de ellas no podrán recibir ninguna prestación.

Por lo tanto, estamos asistiendo a una precarización casi generalizada de la población pues muchísimas personas cobrarán mucho menos de lo que lo estaban haciendo y otras no cobrarán nada. Evidentemente, esta situación es mucho más grave para aquellas personas que antes de la crisis ya estaban en una situación de riesgo de pobreza, esto quiere decir que afrontaban sus gastos vitales con una gran dificultad, además de tener una capacidad de ahorro prácticamente nula.

Como se ve en el Gráfico 1, la mitad de la población extranjera2 que no proviene de la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza en el año 2018, mientras que la población con nacionalidad española lo estaba en un 18% —cifra también elevadísima—. Además, más del 70% de las personas extranjeras de fuera de la UE tienen algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes, como se puede ver en el Gráfico 2. De esta forma, la diferencia en cómo afectan las desigualdades sociales a la población extranjera y a la población con nacionalidad española nos puede hacer entender las enormes consecuencias negativas que tendrán para las primeras esta situación de crisis.

 En relación con lo anterior, las personas extranjeras viven en mucha mayor medida en viviendas de alquiler, como se aprecia en el Gráfico 3. Si bien el gobierno ha aprobado algunas medidas importantes tales como la prórroga automática de los contratos que finalicen hasta dos meses después del final del estado de alarma, la suspensión de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la posibilidad de moratoria del alquiler cuando el propietario es un gran tenedor -en caso de no llegar a un acuerdo con él que reduzca la renta— o créditos avalados por el Estado para pagar el alquiler, colectivos como la PAH han señalado la insuficiencia de las medidas.

Por un lado, porque los avales a los créditos para pagar a los grandes tenedores suponen una transferencia de recursos públicos a favor de estos, en vez de promover la exoneración del pago de la renta. Por otro lado, porque tanto la necesidad de devolución de los créditos como del pago prorrateado de la moratoria, supondrán un grave problema económico a las familias que tengan que afrontarlo en el futuro, agravando la precariedad económica de estas, con el consecuente mayor riesgo de desahucio una vez finalice el periodo en el que están prohibidos.

Por otro lado, el lema #YoMeQuedoEnCasa —que sin duda creemos necesario para acabar con la pandemia—, oculta otra desigualdad importante, las condiciones de habitabilidad de la vivienda. No es lo mismo vivir el confinamiento desde las mansiones que muestran los famosos en redes sociales, a vivir en casas que carecen de las condiciones necesarias para vivir dignamente. La casa, en vez del refugio que para muchas supone en estos tiempos, se puede convertir en un factor que dificulte aún más la situación.

Las personas extranjeras de fuera de la Unión Europea carecen de luz natural y de la posibilidad de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en porcentaje muy superior a la población con nacionalidad española.

En este sentido, en el Gráfico 4 y 5 mostramos cómo las personas extranjeras de fuera de la Unión Europea carecen de luz natural y de la posibilidad de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en porcentaje muy superior a la población con nacionalidad española. Estos aspectos son realmente importantes pues la carencia de luz natural y la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada pueden agravar las consecuencias para la salud que ya de por sí tienen un contexto tan largo de confinamiento.

 Otro aspecto muy relevante que muestra el Gráfico 5 es la mayor carencia de ordenador personal en las personas extranjeras. Muchas expertas han alertado de la importancia de la brecha digital a la hora de agrandar la desigualdad educativa durante el confinamiento, debido a la imposibilidad de las estudiantes de seguir el curso de manera online ante la falta de recursos para ello, con las consecuencias que ello tiene para el rendimiento académico.

 También es muy importante para el confinamiento conocer el número de personas que viven en una casa en función de su tamaño. Es más complejo convivir en una vivienda con mucha gente y poco espacio, aumentando la posibilidad de conflictos de convivencia y la ansiedad. Además, cuanta más personas, más dificultad de aislar en una habitación a una persona que está enferma, aumentando el riesgo de contagio sobre el resto de las personas que habitan en la vivienda. Las personas extranjeras conviven habitualmente con más personas que las no extranjeras en viviendas de menor tamaño, con las dificultades que esto supone en un contexto tan difícil como el confinamiento prolongado, como muestra el gráfico 6.

Las personas sin hogar y aquellas que viven en infraviviendas lo tienen aún más difícil en esta crisis. De nuevo aquí, son las personas extranjeras las que están sobrerrepresentadas, como se ve en el Gráfico 7, en el que se puede comprobar que las personas extranjeras representan un porcentaje mucho más elevado en las personas sin hogar, que el porcentaje que representan en la población total. Si bien las autoridades han abierto nuevas plazas para personas sin hogar —hay que tener en cuenta que muchos de estos recursos colectivos no son seguros, pues la posibilidad de contagio es muy alta—, estas se encuentran ya agotadas, por lo que muchas de ellas continúan viviendo en la calle, con las consecuencias que ello tiene sobre la exposición al virus. Fruto de esto se han visto situaciones paradójicas en las que la policía ha multado a personas sin hogar por no estar confinadas en sus casas. 

Además, según Cáritas, hay 11.500 personas viviendo en infraviviendas en Almería, Huelva y Tenerife. Estas infraviviendas, entre otras cuestiones, carecen de agua potable permanente, lo cual es un requisito indispensable para garantizar el derecho a la salud y más en el actual contexto de pandemia. Muchas de las personas que viven aquí son de origen migrante en situación administrativa irregular y se están organizando, como es el caso del Colectivo de Trabajadores Africanos, para denunciar la situación en la que viven y trabajan y luchar por sus derechos.

Uno de los enclaves donde se encuentran estas infraviviendas es el Mar de Plástico de Almería, formado por macrocultivos de frutas y hortalizas desde los que se alimenta a toda Europa a bajo coste, gracias a la situación de precariedad de las trabajadoras. La situación de irregularidad en la que se encuentran permite a los empresarios explotarles laboralmente con sueldos por debajo del convenio.

Es lo que Sandro Medrazza denomina “la inclusión a partir de la exclusión”, es decir, la construcción por parte de los Estados de la irregularidad a través de la cual se mantiene esta lógica de explotación para tener disponible mano de obra sin derechos. El Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, fortalece y recrudece más esta lógica racista y clasista.

Los datos muestran que muchas de las personas extranjeras independientemente de su situación administrativa acumulan una gran cantidad de carencias económicas y materiales que les impide vivir de forma digna

Los datos nos han mostrado que muchas de las personas extranjeras independientemente de su situación administrativa —pues no hay datos estadísticos sobre la situación específica de las personas en situación irregular— acumulan una gran cantidad de carencias económicas y materiales que les impide vivir de forma digna. Sin embargo, el contexto de las personas en situación irregular es mucho más precario de lo que muestran estos datos ya que estas carecen de derechos esenciales tales como el derecho al trabajo —con todas las prestaciones económicas que hay ligadas a este—, el derecho a la vivienda —pues muchas personas carecen de ella o viven hacinadas como estrategia de afrontar la precariedad económica—, el derecho a la salud, a la educación, etc. Además, quedan fuera de las ayudas anunciadas por el gobierno para paliar la crisis del coronavirus. De esta forma, la crisis sanitaria, económica y social les está golpeando con tal contundencia que muchas de estas familias y personas se están preguntando qué será de ellas tras el fin del confinamiento.

 Por todo ello, la regularización general no debe mirarse simplemente como una cuestión específica dirigida a uno de los grupos sociales más vulnerables de nuestra población: debe entenderse como la capacidad que tenemos como sociedad de proteger la vida de todas las personas. En nuestras manos y decisiones políticas está qué tipo de país queremos reconstruir, un país de derechos o un país en el que se siga acrecentando el sufrimiento social provocado por las desigualdades sociales ligadas a cuestiones raciales, de género y de clase.