Crisis económica
Políticas de victimización vs políticas de emancipación

Leo el Real Decreto ley 20/2020 de 29 de mayo, el del Ingreso Mínimo Vital. Esa medida que Pedro Sánchez califica de “histórica en nuestra democracia” o de “nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar”, y el vicepresidente Pablo Iglesias de “nuevo derecho social en España". El Congreso ha aprobado la medida por mayoría absoluta. Incluso el PP de Pablo Casado ha dado su beneplácito a lo que él llama ”renta básica para proteger a los más vulnerables“. Un consenso al que se aplaude en nombre de un tipo de democracia —la de representación parlamentaria— pero al que, desde la perspectiva de una democratización real —capaz de repartir la riqueza y del poder—, no cabe dejar de preguntarse: ¿no será que esta medida es la ”solución“ perfecta para intentar contener la protesta, en un país con índices de pobreza y desigualdad crecientes, pero sin emprender ningún cambio económico estructural de calado?

Por mi parte, comparto totalmente la definición del IMV de Daniel Raventós, quien la tacha de “renta para pobres”, y me sumo (y ahorro) las críticas generales a “la cosa”, cuyas trampas principales desglosa perfectamente Nuria Alabao.

El objetivo de este artículo es, no obstante, dirigir la lupa sobre un punto muy concreto del RDL 20/2020: el que elimina el requisito del año de residencia legal en España para las mujeres víctimas de “violencia de género”. El artículo 7 del RDL establece este requisito que deja fuera a todas las personas que se hallan en situación administrativa irregular en España. Una de esas fronteras internas que produce la Ley de extranjería, la concertina institucional más afilada e hiriente: una ley que garantiza mano de obra barata, explotable y sin derechos. Una fábrica de indigencia. Pero ninguno de esos indigentes de producción institucional tendrá acceso al Ingreso Mínimo, sea o no Vital para ellos. Salvo “las mujeres víctimas de violencia de género”

Esencial hacer hincapié en la urgencia y necesidad de dar todo el apoyo del mundo, también el IMV, a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia sexista. Pero también es preciso hacerse algunas preguntas respecto a estos mecanismos perversos de victimización.

En este sentido, lo que parece importar aquí no es que estés afectada por la ley de extranjería y, como resultado de la misma, no llegues ni a principios de mes. Lo que se exige es que seas “víctima”.

Lo primero sería apuntar que las mujeres no son víctimas nunca, o no del todo. En palabras de Laura Macaya “negar la capacidad de decisión de las mujeres que permanecen en una relación de violencia las despoja del atributo básico para su liberación, la responsabilidad”. Victimizar es quitar la capacidad de agencia, algo que no se le puede arrebatar nunca a nadie, ni aunque viva con un torturador.

Este tipo de medidas contribuye sin duda a reforzar las sospechas con las que se produce y reproduce la construcción del “otro” extranjero

En segundo lugar, ¿por qué no es suficiente con la violencia del hambre de quien vino a buscar una vida mejor, huyendo, también en muchos casos, de una relación de violencia machista en su país de origen? Por una cuestión obvia de garantizar la integridad física a personas cuyas vidas se encuentren seriamente amenazadas, una medida de protección puede priorizar a unas mujeres pobres frente a otras. Pero esta priorización respecto de un derecho tan mínimo como el IMV solo se puede establecer partiendo de una premisa: no hay para todos. Prácticas de triaje en condiciones de generación política de escasez. Un espectáculo al que pretenden acostumbrarnos en tiempos de covid19.

Desde una apuesta de distribución real de la riqueza existente este tipo de priorizaciones debería ser absolutamente implanteable. No cabe olvidar que al mismo tiempo que se prevé el derrumbe del PIB, una recesión profunda, el aumento del paro o la inminente multiplicación de los desahucios, hay empresas que están extrayendo pingües beneficios durante esta pandemia: Blackstone y BlackRock, por ejemplo —mientras el gobierno ofrece a los inquilinos la posibilidad de empobrecerse aún más, endeudándose para pagar alquileres 30% mayores que hace apenas cinco años—, pero también Amazon o la farmacéutica Gilead —nombre, por cierto, de la República fascista en la distopía de Margaret Atwood—. Recursos haberlos, haylos. Lo que no falta es intención política para distribuirlos.

Amazon, Blackstone y BlackRock, los grandes beneficiados en la economía tras el covid-19

Pablo Elorduy

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Dos grandes fondos de inversión, BlackRock y Blackstone, y el proveedor de servicios Amazon son los actores mejor situados en el inicio de la crisis económica provocada por el covid-19.

Por eso la Plataforma por la Regularización Ya reclama derechos para todos en vez de políticas de selección y exclusión. Derechos, también, por lo tanto, para uno de los colectivos más vulnerables de este país. Todos los afectados por la Ley de extranjería. Todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas en situación administrativa irregular.

En tercer lugar, este tipo de medidas contribuye sin duda a reforzar las sospechas con las que se produce y reproduce la construcción del “otro” extranjero. Doblemente sospechosa —por pobre, por extranjera— la mujer migrante que accede al IMV en condición de víctima de violencia será, además, potencialmente escrutada como mentirosa potencial. La extrema derecha ya andará frotándose las manos con esta nueva oportunidad de “desvelar” supuestas “denuncias falsas”.

Pero el filtro más peligroso radica, sin embargo, en el que pueden aplicar las lentes de los servicios sociales en su tarea de acreditar la situación de vulnerabilidad. Porque este filtro está normalizado y el racismo social se edifica, precisamente, con el cemento de este tipo de distinciones. No se trata, evidentemente, de evitar que las mujeres migrantes en condición administrativa irregular no accedan al IMV. Se trata de que todas las mujeres migrantes en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a este ingreso mínimo.

Exponer, por último, una cuarta derivada perversa de este mecanismo de triaje vía victimización de las mujeres: su potencial capacidad de intensificar la racialización del sexismo y la sexualización del racismo. Estos conceptos aluden al doble mecanismo por el cual la extrema derecha europea —como punta del iceberg de una subjetividad racista más extendida socialmente— suele, primero, construir el problema de la violencia sexista como algo que no sería propio de las “culturas occidentales cristianas y blancas”, sino procedente de “culturas alóctonas” —preferiblemente asociadas al Islam—.

Esto es lo que se denomina racialización del sexismo. Y una vez definida la relación de dominio patriarcal como algo que les sucede a “otros”, el dispositivo de sexualización del sexismo procede a distinguir entre mujeres y hombres racializados —en particular, si estos son leídos como musulmanes—, estereotipando a las primeras como víctimas sumisas de una cultura de subordación machista y a los segundos, como agresores en potencia. A este respecto, una ley que distingue entre la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en virtud de ser víctimas o no de violencia de género, discriminando, además, entre hombres y mujeres extranjeros en situación administrativa irregular, contribuye, a nuestro juicio, a sostener y reforzar estos estereotipos de graves consecuencias para la profundización de imaginarios racistas.

En definitiva, mientras no se apueste por medidas emancipadoras, esto es, por decisiones políticas que den más autonomía individual y colectiva a la población, pues “toma el dinero y corre” que decía la peli. Porque la situación de necesidad de buena parte de la población española es acuciante y el hambre biológica no espera. Pero la otra hambre, la de justicia e igualdad, la democrática, no solo espera, en el sentido de no perder la esperanza, sino que le tocará pelear duro hasta alcanzar el poder popular necesario para trastocar la línea de flotación de las causas estructurales de producción y reproducción de desigualdad. La caridad (IMV) puede aliviar, pero no está diseñada para transformar, sino para todo lo contrario: sostener el statu quo.