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Convocada una protesta ante la sede del PP en Mérida el 29 de mayo para exigir la dimisión de Mazón

Este próximo jueves, 29 de mayo, el Sindicato 25 de Marzo, junto a Campamento Dignidad y la Asociación 25 de marzo,  han convocado en Mérida una concentración ante la sede regional del Partido Popular para “expresar nuestra solidaridad con la jornada de huelga general convocada en la comunidad valenciana el próximo 29 de mayo”. El acto se desarrollará a las 19 horas en la calle Adriano de la capital extremeña.

De esta forma, los colectivos convocantes quieren compartir “la denuncia sobre la responsabilidad del gobierno valenciano del Partido Popular presidido por Carlos Mazón por su actuación manifiestamente negligente durante la catástrofe de la DANA, en la que se priorizaron los intereses económicos por encima de las vidas y no se procedió a activar con la suficiente premura los necesarios protocolos de seguridad ante las previsiones meteorológicas”.

“Queremos incidir en la responsabilidad de una parte importante del sector empresarial que forzó a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo y ocultó información crítica a sus plantillas”

En esta línea exigirán este jueves “la dimisión de Mazón y una actuación de la justicia que dirima las responsabilidades y proteja a las víctimas”, rechazando “a su vez las políticas neoliberales de recortes, privatizaciones o desregulación urbanística que incrementan los riesgos, inciden en el deterioro de los servicios de emergencia e incrementan las desigualdades, exponiendo a la sociedad a un mayor impacto ante los desastres ecológicos”.

Además, señalan más responsables en esta catástrofe, apuntando no solo al poder político sino también al económico: “Queremos incidir en la responsabilidad de una parte importante del sector empresarial que forzó a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo y ocultó información crítica a sus plantillas”.

Por todo ello, los colectivos apuestan “por una reconstrucción socialmente justa que no sirva para llenar los bolsillos de los empresarios en forma de contratos con la administración, sino para reforzar los derechos sociales y económicos de la clase trabajador y poder evitar futuras catástrofes”.