Dependencia
El Congreso aprueba la reforma del sistema de dependencia con el único voto en contra de la extrema derecha

Durante la jornada del martes el Congreso de los diputados ha aprobado la reforma del sistema de dependencia, con el voto favorable de todos los partidos, el voto de la extrema derecha de Vox como único contrario. “No es un objetivo político de mi Gobierno es una necesidad de la sociedad española en su conjunto”, ha puesto durante la sesión Pablo Bustiduy, ministro que ha impulsado esta reforma.

En esta misma jornada el Consejo de Ministros ha aprobado una partida presupuestaria a repartir entre las comunidades autónomas de 904 millones de euros para financiar el nivel acordado de dependencia en la normativa. El ministro insiste en que la reforma también pone el foco sobre el derecho a envejecer en casa en decremento del modelo basado en las residencias.

Otro cambio esencial es la supresión del régimen de incompatibilidad que abre la puerta a que las personas dependientes puedan recibir diferencias prestaciones de forma simultánea

El reforma incluye una enmienda que supone un cambio en cuanto a la financiación del sistema de Dependencia, en ella garantiza que sea el Gobierno central quien asuma el 50% de la financiación de este servicio. Otro cambio esencial es la supresión del régimen de incompatibilidad que abre la puerta a que las personas dependientes puedan recibir diferencias prestaciones de forma simultánea, una normativa que aprobó en en 2013 el Gobierno del PP en el contexto de recortes a esta materia.

Además, como anunció el pasado junio el Gobierno la reforma de la dependencia se completará con la puesta en marcha de un real decreto en el que se expone la inversión 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 para esta partida.

La “refundación” de la dependencia, como la define el ministro Pablo Bustinduy, también recoge la teleasistencia como un derecho universal, prohíbe las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas y la reducción de la burocracia para acceder al servicio. En otro de los apartados la reforma expone una restructuración de los espacios públicos para garantizar la “accesibilidad universal”. 

Otra de las medidas de esta reforma que tendrá repercusión en el día a día de las personas dependientes es la ampliación de quien puede ser cuidadora de la persona dependiente reconocida por las instituciones, y no tendrán por qué ser familiares únicamente. 

Hace veinte años que la ley de dependencia se puso en marcha en el Estado español. La normativa creó un marco para garantizar los servicios y las prestaciones públicas para “la vida digna” de las personas que necesitan apoyo para su día a día, por una cuestión de edad, enfermedad o discapacidad. En sus veinte años de recorrido, la legislación ha logrado que más de 3,5 millones de personas sean atendidas, pero también ha dejado un reguero de desigual implementación territorial, personas desatendidas y precariedad laboral. Según los datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), actualmente 1.655.446 personas cuentan con una prestación, la cifra más alta desde que se puso en marcha la ley. 

En la implementación de esta reforma tendrá un papel esencial las comunidades autónomas, que financian la mitad del sistema, y donde existe una gran desigualdad en esta materia. Según el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a 31 de mayo de 2026 la media estatal de días de espera desde que una persona realiza una solicitud hasta que llega la prestación es de 170 días. Ocho de las 17 administraciones autonómicas superan esta cifra, siendo Andalucía la comunidad en la que más hay que esperar, 400 días, seguida por Murcia, con 318 días.