Dependencia
El Gobierno impulsa la “refundación” de la dependencia mientras persisten las desigualdades entre comunidades

Hace veinte años que la ley de dependencia se puso en marcha en el Estado español. La normativa creó un marco para garantizar los servicios y las prestaciones públicas para “la vida digna” de las personas que necesitan apoyo para su día a día, por una cuestión de edad, enfermedad o discapacidad. En 2012 se realizó una reforma del sistema de atención a la dependencia que, como denunciaron los colectivos, redujo el número de personas beneficiarias, así como de servicios. En sus veinte años de recorrido, la legislación ha logrado que más de 3,5 millones de personas sean atendidas, pero también ha dejado un reguero de desigual implementación territorial, personas desatendidas y precariedad laboral.

Según los datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), actualmente 1.655.446 personas cuentan con una prestación, la cifra más alta desde que se puso en marcha la ley. La tendencia de atención irá en aumento por el envejecimiento social, por lo que el sistema de cuidados sigue creciendo.

Según el SAAD la media estatal de días de espera desde que una persona realiza una solicitud hasta que llega la prestación es de 170 días. Ocho de las 17 administraciones autonómicas superan esta cifra.

En este contexto, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están impulsando una reforma del modelo de atención a la dependencia que aún sigue en proceso de negociación, aunque, paralelamente, el Gobierno anunciaba el pasado martes la inversión de 6.200 millones de euros más en esta cuestión en los próximos dos años. “Nos parece necesario, puesto que desde que se aplicó la ley ya nació con infrafinanciación”, valora al respecto Concha Real, parte de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio.

En busca de “refundar” la dependencia

La medida anunciada por el presidente del Gobierno dotará a los gobiernos autonómicos de 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más de lo estipulado en 2027 para sostener el sistema de atención.

Según fuentes del departamento, “no es una inyección adicional, sino que es un cambio estructural” que ampliará de forma permanente las cuantías que el Estado transfiere a las administraciones autonómicas por cada persona en situación de dependencia. Según el Gobierno, el Estado aportará para 2027 7.239,4 millones de euros, el doble que en 2025. Para ese año, el Estado se hará cargo del 50% del gasto total del sistema de cuidados.

“Esto ya queda blindado y ya no se puede cambiar, salvo que se haga una ley específica para derogar”, explican desde el ministerio a El Salto; de este modo, la administración dirigida por Pablo Bustinduy busca dar un primer paso en la “refundación” del modelo de atención.

A nivel de ingresos mensuales, las cuantías de todos los grados de atención a la dependencia aumentarán. Las asignaciones económicas para la gran dependencia pasarán de 290 euros al mes a 660 euros al mes. Las ayudas para la dependencia severa pasarán de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y la cuantía para la dependencia moderada pasará de 76 euros al mes a 90 euros al mes. Las administraciones autonómicas contarán con esta transferencia desde el 1 de julio.

 “Esta aportación económica no debe servir para sanear las arcas autonómicas, sino para mejorar y atender a las personas en situación de dependencia, no se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, exponen desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Los gobiernos autonómicos serán los encargados de ejecutar estos recursos, que tienen como objetivo la mejora del servicio: “Si tú, como administración autonómica, consigues reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de las trabajadoras del sistema de cuidados, mejorar las instalaciones y mejorar los servicios, te bonifican con una mayor financiación en ese nivel acordado; si empiezas a reducir o empobrecer el servicio que estás ofreciendo, se te penaliza y se te da menos dinero”, exponen a El Salto desde Derechos Sociales.

Desigualdad territorial

El papel de las administraciones autonómicas en cómo se utilizarán estos recursos es esencial, ya que es la institución final que ejecutará el presupuesto. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales exponen que: “Al incrementar las cuantías del nivel mínimo de financiación, automáticamente, al ser un sistema capitativo, los gobiernos autonómicos recibirán el incremento presupuestario. Esta aportación económica no debe servir para sanear las arcas autonómicas, sino para mejorar y atender a las personas en situación de dependencia de manera idónea y ágil. No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”.

Este colectivo, que celebra que “el Gobierno de España pase de la retórica a los hechos”, muestra su duda sobre qué impacto tendrá en los territorios esta refundación del modelo de atención a la dependencia: “La pregunta es: ¿Qué mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia?”.

“Mientras que la gestión siga siendo privada, los millones se van directamente a las empresas, que lo llevan gestionando desde 2006 y se siguen lucrando de ese dinero público”, señala Concha Real de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio.

La situación de la dependencia es muy desigual en las distintas comunidades autónomas, como muestran los datos y la realidad de las personas que acceden a este servicio. Uno de los parámetros en los que podemos poner el foco para ver en qué estado de salud se encuentra el sistema de cuidados es en los tiempos de espera. Según el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a 31 de mayo de 2026 la media estatal de días de espera desde que una persona realiza una solicitud hasta que llega la prestación es de 170 días. Ocho de las 17 administraciones autonómicas superan esta cifra, siendo Andalucía la comunidad en la que más hay que esperar, 400 días, seguida por Murcia, con 318 días.

Como exponen desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en uno de sus últimos informes, 13.500 personas murieron en las listas del sistema de cuidados en 2026 hasta mayo, de las cuales 4.342 fueron en Catalunya y en Andalucía 2.204, siendo los territorios donde más se produjeron.

Este mismo informe situaba a la cabeza en cuanto a número de personas que se encuentran esperando la resolución a Catalunya, con 80.837 personas, seguida por Andalucía, 49.513, País Valencià con 28.808 y Canarias con 17.457. Un 67% de las personas que se encuentran en espera pertenecen a uno de estos cuatro territorios.

“Hay administraciones autonómicas donde el dinero destinado al sistema de cuidados se gestiona mejor y otras, como Madrid, donde la gestión depende de sus intereses políticos”, sentencia al respecto Concha Real.

Un cambio de gestión

Más allá del aumento de financiación y de cómo se utilizará por parte de las administraciones autonómicas, distintos colectivos señalan la necesidad de que se produzca un cambio de gestión de este servicio. Según expone la investigación El servicio de Ayuda a Domicilio, diagnóstico de la situación laboral y social en el sector, el 74,1% del servicio de ayuda a domicilio a nivel estatal está externalizado a empresas privadas. En algunas administraciones autonómicas supone aún más, como en Cantabria, que es el 91,3%; Castilla y León, con el 88,7%; o Murcia, con el 87,2%.

Empresas como DomusVi, Vitalia Home, Serveo o Clece, entre otras, cooptan las licitaciones y contratos públicos de la atención a domicilio, la teleasistencia, los centros de día, etc. “Mientras que la gestión siga siendo indirecta, o sea privada, los millones se van directamente a las empresas, a las mismas empresas de los cuidados que lo llevan gestionando desde 2006 y se siguen lucrando de ese dinero público”, reflexiona Real, portavoz de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio.

En el Estado español apenas hay unos ejemplos de localidades en las que el servicio de atención a domicilio pertenece de forma íntegra al ayuntamiento. Pamplona y los municipios gaditanos de Puerto Real y El Puerto de Santa María. Una vía que, según expone Real, la refundación del sistema de cuidados no contempla auspiciar: “Le preguntamos al ministerio y no se contempla que no haya una empresa privada gestionando”.