Dependencia
Los cuidados necesitarán entre 300.000 y 600.000 trabajadores más en cinco años

La secretaría de Estado de Derechos Sociales ha hecho un ejercicio de prever qué se necesitará en Dependencia de aquí a 2030. Los datos confirman que el sector de los cuidados es un sector en alza. En parte por el envejecimiento de la población pero también por el reemplazo de quién tradicionalmente se ha encargado de estas tareas. La titular de la secretaría, Rosa Martínez Rodríguez, explica que “los datos nos dicen que quienes soportan desproporcionadamente el cuidado son mayoritariamente las mujeres, lo que se traduce en peor calidad de vida, en menos opciones laborales y peores pensiones”.

Estas estimaciones pasan por prever que se necesitarán unas 300.000 personas más dedicadas a este campo profesionalmente si se mantienen los servicios actuales pero que podría llegar a necesitar hasta 600.000 personas más si cumplimos con las reivindicaciones actuales. A finales de 2024 las personas trabajadoras de cuidados del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia eran 489.900 personas.

Si se quiere asistir a todas esas personas y con servicios reclamados a nivel comunitario, se necesitarían 1.129.200 personas trabajadoras en total, un incremento del 131%

“Siguiendo la tendencia de expansión de cobertura, intensidades y servicios del SAAD, necesitaríamos un total de 751.300 trabajadoras en 2030, de las que 261.400 son adicionales (53% de incremento) y se atendería a 2.055.172 personas”, explica el informe. Si se quiere cubrir a las 2.473.554 personas que lo necesitarían pero algunas se han quedado sin esa cobertura, se necesitarán 904.500 trabajadoras. Un 85% de incremento. Y si se quiere asistir a todas esas personas y con servicios reclamados a nivel comunitario, se necesitarían 1.129.200 personas trabajadoras en total, un incremento del 131%.

Toda una oportunidad para las empresas y fondos que solo ven en los cuidados un sector en alza y posibles beneficios. Por eso, advierten desde los sindicatos, este incremento de trabajadores debe hacerse mejorando las actuales condiciones que tienen ya. Según datos de la OCDE, recogidos por Derechos Sociales, las trabajadoras de atención domiciliaria ganan un 35% menos a la hora que el salario medio, el 47% tiene contrato parcial y el 73% están expuestas a riesgos para su salud física o mental. Además, calculan, tienen 2,5 veces más posibilidades que el resto de las personas trabajadoras, de trabajar en domingo o por la noche.

“En muchos casos, el aumento de la rentabilidad ha beneficiado a las empresas pero las trabajadoras siguen haciendo jornadas parciales, sin estabilidad ninguna”

“Nos encontramos ante una paradoja, porque a pesar de que las plazas van a la alza, no repercute en las condiciones de las trabajadoras, en todos los sectores de cuidados: residencias, ayuda a domicilio, diversidad funcional, atención a menores, etc”, indica a El Salto Iratxe Viejo, representante del sector de residencias del sindicato ELA. “En muchos casos, el aumento de la rentabilidad ha beneficiado a las empresas pero las trabajadoras siguen haciendo jornadas parciales, sin estabilidad ninguna”.

Para esta trabajadora, la búsqueda de los beneficios se ha traducido en recortes de personal “lo que afecta a la calidad de los cuidados”. También, reconoce, que donde ha habido lucha sindical o se han mantenido los servicios públicos, esto no ha ocurrido e incluso ha habido mejoras. “Hablamos de cuidados públicos donde el único interés sea la calidad de los servicios”, resume Viejo.

La remunicipalización de los servicios es una reivindicación de las trabajadoras

En Sevilla conocen esta dicotomía muy bien. Allí, las trabajadoras del SAD (sistema de ayuda a domicilio) emprendieron una acampada que duró 36 días para lograr mejores condiciones para sus empleos y para los usuarios de dependencia, lo que, en su juicio, pasa por la municipalización de los servicios. “La dependencia está llevada por empresas que vienen del ladrillo”, indica Trinidad Molina, presidenta de la plataforma del SAD Sevilla y delegada de CGT.

“Este problema es a gran escala, tanto en las residencias como a domicilio, no se contrata personal suficiente”, explica, por eso, cree “deberían llevarlo empresas municipales, para mirar por el usuario y el trabajador”. Para Molina, su conflicto no ha acabado, ya que el ayuntamiento lleva un año estudiando la viabilidad de la remunicipalización sin novedades. Tienen una reunión a primeros de abril y no descartan volver a la calle de nuevo. “Solo hace falta voluntad política para mejorar este sector”, opina la delegada de CGT.

“Solo hace falta voluntad política para mejorar este sector”, opina la delegada de CGT y trabajadora del SAD, Trinidad Molina

Tal y como recuerda Iratxe Viejo, la precariedad y las malas condiciones no es algo ajeno a que sea un sector empleado mayormente por las mujeres. “Los cuidados han estado tradicionalmente feminizados, por cultura, por economía y por tradición. La sociedad ha empujado a la mujer a cuidar, primero en casa sin remunerar y luego en el mercado laboral con sueldos muy bajos. Al ser trabajos de mujeres se les ha dado muy poca importancia, con condiciones peores”.;

También, recuerda, acceden a este sector mujeres que tienen difícil su integración en otros o que vienen de migrar. A estas mujeres es más difícil aún llegar, explican desde el sindicato ELA, así como defender sus derechos o evitar que abusen de su situación irregular. Pero no todo es negativo para Viejo: “Hemos conseguido un gran logro: poner los cuidados en el centro del debate. Aunque todavía pesa el estigma de ser trabajos ‘para mujeres’ estamos logrando que se valore a todas las trabajadoras del sector, que permite al resto de la sociedad seguir viviendo”.

“Los cuidados están dejando de verse como una vocación y más como una profesión, con su formación y su valor”

Son trabajos “indispensables”, recuerda. “Están dejando de verse como una vocación y más como una profesión, con su formación y su valor”, comenta, algo que hará que cada vez más hombres quieran trabajar en este ámbito, al aumentar su valor ·tanto económico como social”. Para lograrlo, desde ELA tiene claro, al igual que apuntaba CGT, que “debemos tener un sistema de cuidados universal y público, debe ser un derecho y no un negocio”.

“Ya no solo tenemos que tener unos ratios de personal por usuario adecuados para una buena asistencia, también para evitar sobrecarga de trabajo de las profesionales”, explica Viejo que añade la importancia de mejorar también aspectos como tener inspecciones frecuentes y sanciones reales “para quién incumple las normativas”, lograr mayor estabilidad laboral, mejora de la salud laboral, garantizar los descansos y la seguridad en el trabajo. Mucho más que una buena nómina, inciden.

Más ratios e inspecciones antes de hablar de nuevos perfiles en Dependencia

Todo esto se puede lograr con una buena financiación. Así lo defienden desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez, reclama que desde el Gobierno se cumpla el plan aprobado en 2022. “Hay un modelo de residencia y de atención de servicios que se establece por parte del Gobierno en el Consejo Territorial. Lo que hay que hacer es el seguimiento de la implementación del modelo aprobado. El tema es que no se ha avanzado en los ratios ni en el reconocimiento en nómina de las personas trabajadoras”.

Preguntado por estos nuevos puestos que harán falta antes de 2030, Ramírez tiene claro que “antes de hablar de nuevos perfiles, hay que afianzar el desarrollo del acuerdo nacional sobre el tema”. Su asociación reivindica que “las auxiliares de gerontología o de ayuda a domicilio deben equipararse el salario a las auxiliares que trabajan en el sistema sanitario”. Y concluye que “si no cobran lo mismo, está claro que no podemos avanzar más allá”.

Falta de personal cualificado

También explica Ramírez, son conscientes del problema que supone que no se encuentren suficientes candidatos y candidatas para cubrir puestos en este área especialmente en la España vaciada y en determinados lugares como la Costa del Sol o Baleares. “La solución que están tomando con normativas en algunas comunidades es permitir que trabajen como auxiliares aunque no tengan reconocimiento de la formación, porque no pueden cubrir bajas o personas que se van a otros sectores”, indica.

Un problema que también apuntan desde CGT ya que creen que “hace falta que las compañeras tengan la titulación de grado medio”. así lo explica Trinidad Molina: “Se está contratando a muchas personas sin titulación y esas compañeras no están preparadas para asistir a un dependiente en un domicilio. Muchas veces trabajamos con personas con problemas de Alzheimer o salud mental, que no pueden decirnos qué necesitan, ni qué medicación toman”.

“El problema es cuánto le pagas”, concluye Ramírez, ya que muchas personas que sí están formadas acaban en sectores donde cobran más o tienen mejores condiciones de trabajo.

“El problema es cuánto le pagas”, concluye Ramírez, ya que muchas personas que sí están formadas acaban en sectores donde cobran más o tienen mejores condiciones de trabajo. Esto pasa también, en la opinión del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, por acabar con “el laberinto burocrático” que no permite a muchos migrantes convalidar su formación universitaria o profesional en España.

¿Cómo se logran mejores salarios? Ramírez apunta a los presupuestos públicos en los pliegos que subcontratan estos servicios al sector privado. “Las empresas se van a oponer a aumentar ratios o nóminas porque el dinero que se da en los pliegos es muy bajo. Estamos pagando 60 euros por atender a una persona 24 horas al día, lo mismo que me cuesta a mi dejar mi coche en el aeropuerto de Málaga”, denuncia.

Los datos respaldan esta opinión. Según un estudio de la Fundación Ramón Areces, las ayudas a la Dependencia en España representan solo el 0,8% del PIB. Una cifra muy baja comparándola con otros países de la Unión Europea como Países Bajos (4%), Suecia (3,2%), Dinamarca (2,5%), Bélgica (2,2%) o Francia (1,7%). La cuestión es también quién gestiona ese dinero y qué intereses se ponen por delante, como cuestionan una y otra vez las trabajadoras del sector cuidados.