Deportes
Ahora Madrid y la remunicipalización simulada de los polideportivos público-privados

La actual propuesta del Ayuntamiento de Madrid para la gestión de los cinco polideportivos municipales cuyos contratos vencen próximamente se presenta con la fachada de “gestión directa municipal”, aunque en realidad reitera el modelo privatizador, sólo que de forma encubierta.

Para llegar a esta conclusión hay que recorrer un laberinto donde se reconoce la persistente labor de las administraciones del Partido Popular en la instalación de una lógica administrativa que prioriza el beneficio y la gestión privados, sobre la base de la precarización laboral y la promoción activa de la fragmentación y antagonismo de intereses de los trabajadores.

Esa pasión privatizadora

Dicho partido inauguró la modalidad de ceder parte de la gestión de los polideportivos municipales a la empresa privada que, hasta ese momento había sido pública; y se ejercía de forma directa desde la estructura municipal, o desde entidades autónomas especializadas en la esfera deportiva, como fue el Instituto Municipal de Deportes (IMD), desmontado y liquidado por Gallardón, con la inocultable intención de que nunca más se pudiera volver a una administración integralmente pública.

No fue posible —como el PP hubiera querido— privatizarlo todo, pero llegaron bastante lejos. Actualmente son cinco, el Francisco Fernández Ochoa, en Carabanchel, el Antonio Díaz Miguel, en Tetuán, La Almudena, en Ciudad Lineal, Las Cruces, en Latina y Fuente del Berro, en el barrio de Salamanca, los que funcionan bajo el modelo impuesto por Gallardón.

En esa deriva, consiguieron instalar una insólita subdivisión en la masa trabajadora de los polideportivos: una parte son empleados de la administración municipal (personal laboral), mientras que otros dependen de la empresa privada concesionaria que en cada caso se trate.

También se fragmentó el perfil técnico y la cualificación de los trabajadores de uno y otro ámbito, dándose la paradójica situación de que con frecuencia el ayuntamiento ha dejado en manos de las concesionarias privadas el área de cualificación profesional específica—técnicos deportivos—, reservando para sí funciones que no pertenecen a dicho estamento y se agrupan en un conglomerado multifuncional: empleados de oficina, socorristas, técnicos de mantenimiento y otros del plantel clasificado como “botiquín” (médicos, enfermeros, socorristas).

Un verdadero pandemónium de perfiles y escenario de indefensión en favor de los centros de poder —sindical, político y administrativo— para operar sobre una base social previamente segmentada y fragmentada en sus intereses y categorizaciones.

Y el ámbito laboral, tierra arrasada

Como es de esperar con semejante escenario, tanto el espacio público como el privado comparten un trazo: la precariedad y degradación de las condiciones de trabajo de las plantillas. Así, en el sector público, sobre un total oficial de 3.085 personas en nómina —unas 2.900 en realidad— hay 754 bajo la condición de interinas discontinuas.

Es decir, un 25% de la plantilla en condiciones de precariedad horaria y funcional; situación que, en algunos casos, se arrastra desde hace lustros. Esa cuarta parte del personal –obviamente- está aguardando una oportunidad para regularizar y mejorar su situación salarial y estatutaria. Por si no bastase, existe una “bolsa de trabajo” en el ayuntamiento, en la que se agolpa una larga lista de demandantes de empleo que continúan allí, esperando a Godot.

Como se puede inferir, si esto sucede en el ámbito público, en el privado la situación es bastante peor. A igual tarea, los salarios son menores que los del sector público y la potestad empresarial para decidir sobre condiciones y horarios de trabajo de sus empleados es omnímoda.

En este sector, los que ostentan el estatuto de “técnicos deportivos” tienen algo más de estabilidad y mejores condiciones que sus colegas que no gozan de esta categorización. Sobre todo, porque el ayuntamiento —después de largos años de vaciamiento— atraviesa por una carencia de “técnicos deportivos”, dejando este nicho —precisamente el núcleo conceptual de los servicios que prestan los polideportivos— en manos de las concesionarias privadas.

Los dilemas del ayuntamiento y los cotos de caza sindicales

Cuando el consistorio decidió ampliar los horarios de prestación de servicios de estos centros, ambos segmentos laborales —el “público” y el “privado”— se pusieron en alerta para intentar mejorar sus condiciones de contratación. Y, obviamente, percibiendo a sus colegas del sector opuesto como potenciales competidores.

Los del sector privado, en la expectativa de una contratación más digna y —de consagrarse la subrogación prometida en el programa de Ahora Madrid— pasar a formar parte de un elenco estable, bajo la categoría de personal laboral fijo, una clara mejoría de su actual situación.

Los del sector “público”, por su parte, esperando ver terminada su fase de sub-contratación (horarios restringidos) y la derivada mejora en sus ingresos.

Si el ayuntamiento optase por la primera alternativa, satisfaría a las plantillas de las concesionarias, en desmedro de los trabajadores “públicos” en precario, que mantendrían sus restricciones horarias y —en consecuencia— salariales.

Si eligiese la segunda vía, conseguiría el beneplácito de la plantilla “pública”, pero —con el argumento de que “no hay recursos para hacer todo”— conllevaría el despido de centenares de trabajadores del sector privado.

Difícil situación para el activismo sindical honesto y favorable a la gestión pública integral, a la mejora del personal laboral en precario y a la subrogación de las plantillas de las concesionarias.

Y plato servido para la manipulación de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. Como es proverbial, el primero centra sus esfuerzos en la consolidación de derechos del funcionariado y poco o nada le preocupa la precariedad de las plantillas de las concesionarias privadas. UGT desplegó una estrategia bifronte: ante los de “la pública” se manifestaba en favor de la ampliación de sus jornadas y derivada mejora salarial; a los de “la privada” les decía que estaba a favor de la subrogación.

Pero, en la medida en que ni CC OO ni UGT estaban dispuestas a dar una batalla frontal en favor de la gestión exclusivamente pública de los servicios sumada a las reivindicaciones de ambas plantillas, pronto se vio que sus estrategias estaban destinadas —como de praxis— a consolidar sus espacios de poder e influencia dentro de la masa sindicalizada.

Fue CGT el único sindicato que —desde el inicio y durante todo el proceso— mantuvo y luchó por la propuesta de gestión pública integral de los polideportivos, simultánea ampliación de los horarios de la plantilla “pública” y subrogación de los empleados de las concesionarias.

Desde el posibilismo tan al gusto de buena parte del equipo de Ahora Madrid se alegará que se trata de una actitud demagógica, porque no habría recursos para encarar ambas medidas en simultáneo. Las fuentes de CGT consultadas afirman que, muy por el contrario, las plantillas —tanto del sector público como del privado— están infra dimensionadas y prestan servicios en condiciones extremas, situación que, desde el punto de vista del interés ciudadano, impondría la adopción de ambas medidas simultáneamente; además de que constituiría un acto de justicia para los dos segmentos —público y privado— de trabajadores.

Y afirman que sí habría recursos, a condición de que Ahora Madrid tuviera la voluntad política para movilizarlos y disponerlos en las partidas presupuestarias. Y asumir la previsible avalancha crítica de la oposición.

eliminar el conflicto y neutralizar a las fuerzas activas

Llegados a este punto, el Ayuntamiento definió una estrategia que no satisface a nadie, pero le sirve para neutralizar las fuerzas que podrían haberle planteado conflictos. La vertebró en torno al mantra de garantizar el empleo para todo el mundo; claro que al precio de prolongar las condiciones de precariedad que atraviesan tanto uno como el otro segmento analizados.

Simultáneamente, nombró un administrador público municipal al frente de cada polideportivo, lo que le permite la simulación de que habría remunicipalizado la gestión. Dejó así fuera de combate al activismo que planteaba la subrogación de los trabajadores de las concesionarias, bajo el argumento de que eso perjudicaría a la plantilla del personal laboral (subcontratada); desactivó las expectativas de mejora de ésta que —en términos morales— no podría asumir que se despidiese a los colegas de “la privada” para la ampliación de horarios y mejora de sus condiciones; neutralizó a la prensa opositora, que ya no puede alegar —como lo hiciera al inicio— que habrá despidos.

Y dejó en mala posición a las plataformas en favor de la remunicipalización de los servicios públicos —promesa programática de Ahora Madrid— que se ven en dificultades para explicar la complejidad del cuadro a la opinión pública, a pesar de los —a estas alturas numerosos— fallos y sentencias judiciales que demuestran que sí es posible llevarla adelante, si se tiene el coraje de asumirla como mandato programático. El propio ayuntamiento tiene la prueba, a través de las remunicipalizaciones exitosas de Bicimad, la Funeraria Municipal y el Teleférico.

En estos casos, parece haber hecho suya la iniciativa dada la garantía de que no iría a tener críticas de la oposición y de los medios del establishment, ya que no había por parte de los intereses privados cualquier intención de hacerse cargo de ninguno de estos servicios. Los activistas de los polideportivos afectados consultados por El Salto, reconocen la voluntad de asumir la remunicipalización con subrogación por parte de una minoría de concejales: Rommy Arce, Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Carlos Sánchez Mato, pero tienen clara la decisión en contrario de la propia alcaldesa y de su equipo de confianza.

Además de lo señalado, cabe agregar que la existencia de una red privada de polideportivos implica un trato discriminatorio en desmedro en los servicios que se prestan a los usuarios: por ejemplo, un bono de baños o de gimnasio adquirido en un polideportivo público no tiene validez en los de gestión privada. A lo que cabe añadir, en una pincelada, el manifiesto deterioro de las instalaciones, producto del deficiente mantenimiento de las concesionarias privadas, obviamente más preocupadas en garantizar sus beneficios que en mantener un servicio de calidad.