Derechos Humanos
Milei pone en peligro tres décadas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina

La lucha de los organismos de derechos humanos convirtió a Argentina en la referencia mundial en los procesos de reconstrucción post dictadura, pero la continuidad de este proceso está amenazada por la proliferación de discursos negacionistas, de odio y favorables a políticas represivas. Para Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad, lo que está sucediendo era más o menos previsible, y equivale a “una ofensiva que intenta instalar un discurso de guerra, o reivindicativo del genocidio, que se diferencia de la experiencia neoliberal anterior [la del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, 2014-2019], que fue más en sintonía con la banalización del genocidio, pero no con la reivindicación más dura, como la actual”.

Milei cerró la comisión encargada de la investigación de niños desaparecidos en la última dictadura y está llevando a cabo un plan de vaciamiento —vía despidos y desfinanciación— de los sitios de memoria

Como parte de la ofensiva ultraderechista, el Gobierno desmanteló el área del Ministerio de Defensa creada en 2010 que investigaba material desclasificado de las Fuerzas Armadas y anunció el despido de diez de los 13 trabajadores que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos que servían para aportar pruebas en causas de lesa humanidad. También cerró la comisión encargada de la investigación de niños desaparecidos en la última dictadura (CoNaDi), y está llevando a cabo un plan de vaciamiento —vía despidos y desfinanciación— de los sitios de memoria. En los nueve meses que lleva de gobierno, La Libertad Avanza (LLA) ya despidió al menos a 28 de los 65 trabajadores de los sitios de gestión nacional. 

Por lo demás, y envalentonados por el clima de época, varios militares condenados por delitos de lesa humanidad solicitaron la condonación de sus penas y han sido objeto de una gran polémica en las últimas semanas, a propósito de una visita que hicieron algunos diputados del oficialismo a represores presos en el penal de Ezeiza. La noticia de la visita y la viralización de una imagen en la que se ve a los diputados y a los genocidas sonriendo a cámara generó una fuerte polémica y una ola de repudios, pero también habla de una foto de época.

Villarruel, la vice

Especialista en seguridad, la actual vicepresidenta era un bebé cuando su padre, el Teniente Coronel Eduardo Villarruel, fue enviado como parte del Ejército a Tucumán, en el norte de Argentina, para participar del Operativo Independencia —iniciado en democracia y continuado en dictadura—, para acabar con los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En ese mismo lugar, se asentó el primer centro clandestino de detención del país, y surgió uno de los personajes más siniestros de la dictadura, el general Antonio Domingo Bussi, condenado a cadena perpetua. Su hijo, Ricardo Bussi, es diputado nacional por LLA y, al igual que Villarruel, sostiene no hubo genocidio sino una guerra, que se cometieron excesos y que los desaparecidos no son 30.000. Si bien el padre de Villarruel nunca fue implicado en causas de lesa humanidad, su tío Ernesto, capitán del Regimiento III de La Tablada, sí. Detenido en 2015, acusado de delitos perpetrados en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, Ernesto no fue juzgado porque fue declarado incapaz por cuestiones de salud.

Ricardo Bussi, hijo de un represor, es diputado nacional por LLA y, al igual que la vicepresidenta Villarruel, sostiene que no hubo genocidio sino una guerra, que se cometieron excesos y que los desaparecidos no son 30.000

Si bien la relación entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, parece definitivamente rota, su presencia en el Gobierno pone en el centro de la escena política una discusión y un tema que hasta hace algunos meses parecía saldado en la sociedad argentina: la reivindicación del terrorismo de Estado. Hija, nieta y sobrina de militares, la vicepresidenta —y titular de la Cámara de Senadores—, agita la batalla cultural de la ultraderecha argentina. En medio de esta coyuntura, a fines de agosto, organizó un acto en el Senado de conmemoración de “víctimas del terrorismo”, con el objetivo de reivindicar a las víctimas de las fuerzas insurgentes de los años 70. Allí advirtió que impulsará la reapertura de las causas que involucren crímenes cometidos por grupos civiles que en los 70 hayan promovido la lucha política armada. “Los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”, sostuvo. Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de la apertura de esos expedientes, dado que no se trata de crímenes de lesa humanidad.

Durante el acto, Villarruel acusó directamente a Néstor y Cristina Kirchner por sus políticas de reapertura de las causas contra los militares, interrumpidas con los indultos del expresidente Carlos Menem: “El kirchnerismo construyó una oscuridad pestilente sobre la década más dolorosa de nuestra historia”, sentenció. El acto fue organizado por Claudia Rucci, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija de José Rucci, un sindicalista asesinado por Montoneros en 1973. Antes de hablar, Villarruel le dio la palabra a Gloria Paulik, que pertenece a la organización Víctimas de Terrorismo de los años 70, y es hija del sargento Juan Paulik, quien murió en el atentado de Montoneros en la Superintendencia de Seguridad Federal. 

La vicepresidenta Villarruel advirtió que impulsará la reapertura de las causas que involucren crímenes cometidos por los grupos civiles armados de los 70. “Los Montoneros tienen que estar presos”, sostuvo

Sobre este último hecho es sobre el que se encuentran trabajando quienes tratan de encontrar un intersticio jurídico para avanzar en esta cruzada “anticomunista”. Hace unos pocos días se supo que la Cámara Federal de Apelaciones porteña analiza la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), sucedido el 2 de julio de 1976 por una bomba atribuida a la organización guerrillera Montoneros. Los tres jueces que integran la Sala I, debaten desde hace meses si declararán a este hecho como una grave violación a los derechos humanos y, por ende, imprescriptible.

El lobby militar

“Lo del intento de reapertura de las causas es algo que anda sobrevolando en el aire, pero que está ligado solamente a un sector de La Libertad Avanza, el de la vicepresidenta. Lo que estamos viendo es una ofensiva por el cese de los juicios o, al menos, el cese de las prisiones efectivas de quienes están siendo juzgados. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó en los últimos días en respuesta al objetivo de la vicepresidenta que “los delitos cometidos por las organizaciones armadas que no fueron juzgados en su momento, no pueden serlo ahora porque están prescriptos”. Además, continúa, “los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad o contra la humanidad, crímenes de tal magnitud que la humanidad decidió exhibirlos, juzgarlos y no repetirlos, como los del nazismo o de la última dictadura”, sostuvo la ONG.

Sin embargo, tal y como lo señala la periodista Emilia Delfino en un artículo para elDiarioAr.com, “aunque ninguno de los jueces del tribunal considera el caso de la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA) como un expediente de lesa humanidad, ya que no hay intervención del Estado en el hecho, la clave está en si determinarán que se trata de una grave violación a los derechos humanos, una categoría utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer la imprescriptibilidad de ciertos crímenes y la responsabilidad del Estado para dar respuesta a las víctimas e investigar los hechos”.

“Memoria completa”

En el 2000, con una larga trayectoria en grupos que reivindican lo que llaman “memoria completa”, Villarruel formó parte de la Asociación Argentinos por la Memoria Completa y, en 2006, ella misma fundó la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. La vicepresidenta también ha sido cuestionada por las visitas que le hacía a la cárcel al dictador Jorge Rafael Videla, y por figurar en las anotaciones que hizo el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz —condenado a nueve cadenas perpetuas—, mientras preparaba su defensa en la reapertura de los juicios de lesa humanidad. 

“La pertinencia de la opción por la lucha armada respecto a las acciones que llevaron algunas organizaciones en los años 70 es una discusión válida, pero en el plano judicial lo que estamos juzgando es el plan sistemático de exterminio que llevó adelante la dictadura genocida, el resto es discusión política o histórica”, sostiene Godoy. 

“La recuperación de la identidad de los niños secuestrados, la investigación de las estructuras represivas o la apertura de los archivos solo pueden ser llevadas adelante por el Estado. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”

Un informe del CELS y Memoria Abierta —una alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas— muestra el impacto del intento de relegitimar la dictadura por parte de la actual gestión de gobierno. Bajo el título Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura, el texto refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia, se tradujo en decisiones concretas: “Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Si bien es un tema sobre el que no parece haber consenso ni siquiera dentro de las filas del oficialismo, ya que para Milei no está claro que sea una agenda tan prioritaria como si lo es para Villarruel, tanto desde el CELS como desde Memoria Abierta manifestaron su preocupación por el camino iniciado desde que asumió el actual Gobierno, por el retroceso que implica y porque desarmar las estructuras tendrá un alto costo a futuro: “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”. 

Decisión

De momento, la postura oficial —al menos en el plano discursivo— es de total alineamiento con los sectores pro militares que promueven una amnistía, aunque habrá que ver sí desde el Gobierno están dispuestos a pagar el enorme costo político que tendría una decisión que también podría acarrear consecuencias en el plano internacional. Hasta ahora, la política de derechos humanos era un eje central de la estructura diplomática argentina, y de su sistema democrático, pero las cosas en este terreno también están cambiando. Antes de Milei, Argentina configuró un perfil internacional de apego y adhesión a los principales tratados de derechos humanos —muchos de los cuales tienen rango constitucional—, e incluso durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem —que promovió los indultos a los genocidas— se continuó con los lineamientos internacionales. 

Godoy, que lleva años como abogada querellante en este tipo de juicios, opina que las posibilidades de que los genocidas presos sean puestos en libertad son escasas: “Hay 17 años de construcción jurisprudencial respecto del tema y solo son perseguibles los crímenes cometidos desde el aparato estatal. Intentan avanzar siempre, y con los distintos Gobiernos, pero también encuentran respuestas desde el campo popular. Lo de las visitas a los genocidas en la cárcel generó mucho repudio y quedó suspendido. El cierre de la CoNaDi, y el desmantelamiento de las estructuras estatales sí que va a tener un impacto fuerte, pero también hay estrategias para sortearlo. Respecto al pedido de reapertura de causas en contra de organizaciones de los 70 es algo que está en el terreno judicial desde hace mucho tiempo y, en todo caso, al Poder Judicial le va a costar mucho revertir todo el camino que se ha hecho a lo largo de estos años. La disputa quizás no sea tanto en el plano de los juicios, sino en el plano cultural y simbólico, y una de las herramientas más potentes con la que contamos son las pedagogías de la memoria”.