Derechos reproductivos
Legal pero no garantizado: retos para que el aborto sea un derecho ante el avance global de la extrema derecha

Un almacén de una ciudad belga albergaba a finales de agosto un cargamento con anticonceptivos por valor de casi diez millones de dólares que iban a ser incinerados. Se trataba de anticonceptivos donados por la agencia de cooperación internacional para el desarrollo estadounidense, la USAID, antes de que Donald Trump volviera a convertirse en el presidente del gobierno de Estados Unidos. El destino de este cargamento había quedado en suspenso después de que el actual gobierno de EE UU decidiera cancelar los programas de USAID.

Diversas organizaciones se ofrecieron a hacerse cargo de su recogida y distribución, algo a lo que el gobierno estadounidense se negó en un principio. Entre esas organizaciones estaba Sedra - Federación de Planificación Familiar, integrada en IPPF. “Los anticonceptivos todavía no se han incinerado, pero están todavía en fase de ‘stand by’ después de que IPPF y otras organizaciones hayan emitido una declaración por la cual se pueden hacer cargo de estos anticonceptivos”, explica Filomena Ruggiero, responsable de Incidencia Política de Sedra. 

La mayoría tendrían que llegar a algunos países de África con los cuales USAID tenía ya programa implementado desde hace muchos años. Según datos de Reproductive Health Suplies Coalition (RHSC) citados por IPPF, estos anticonceptivos podrían evitar 362.000 embarazos no intencionados, 110.000 abortos en condiciones de riesgo y 718 muertes maternas. Programas como los que se han cancelado con el cierre de la USAID “salvan vidas” en un contexto en el que 210 millones de mujeres no tienen acceso a la anticoncepción, dice Ruggiero. 

Nuria Berro (Amnistía Internacional): “El discurso de los grupos antiaborto para hacer retroceder los derechos reproductivos está muy presente, muy financiado y muy conectado a nivel internacional, de modo que donde hay una restricción, se ve de alguna forma legitimada porque también está ocurriendo en otros sitios”

“El condicionamiento político de la ayuda internacional es una realidad: se presenta un plan de ayuda al desarrollo, se implementan por un cierto número de años y, si cambia el curso político y los sectores conservadores terminan bloqueando todo, esto influye en la vida cotidiana de las personas”, argumenta Ruggiero. “Nosotros llamamos a esto un acto de coacción reproductiva, porque es un acto intencionado”.

Y es que la llamada Global Gag Rule, una política de restricciones que limita el acceso a fondos de Estados Unidos a países u organizaciones que en sus programas mencionan o proveen servicios de aborto o de salud y derechos sexuales y reproductivos, es un ejemplo de como en un mundo globalizado las decisiones de Donald Trump acaban convirtiéndose en un obstáculo para los derechos de miles de mujeres fuera de su país. 

Nuria Berro, portavoz de Amnistía Internacional cita la anulación de la sentencia Roe v. Wade en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos como un punto de inflexión que ha llevado a un momentum global en el que el aborto, aunque no esté prohibido, no pude darse por garantizado. “Aunque ha habido muchos avances en los últimos treinta años, y más de 60 países han ido ampliando o modificando su legislación para que haya mayor acceso al aborto, también vemos que hay gobiernos que están dando pasos atrás”, dice. Además, “vemos cómo el discurso de los grupos antiaborto para hacer retroceder los derechos reproductivos está muy presente, muy financiado y muy conectado a nivel internacional, de modo que donde hay una restricción, se ve de alguna forma legitimada porque también está ocurriendo en otros sitios”, valora.

Momentum europeo

Ese momentum tiene su propia forma y se puede ver en el mapa del European Abortion Policies Atlas de 2025, publicado este 24 de septiembre. Este mapa crea un ranking en función de un porcentaje que aplica a los países en función del cumplimiento de cuatro criterios: estatus legal, acceso, atención clínica y prestación de servicios e información.

Según el mapa, los países con mejor desempeño: Suecia (94,6%), Francia (85,2%) —que no por casualidad está entre los primeros después de incluir el aborto en su Constitución en 2024— y los Países Bajos (80,3%) gracia a fuertes protecciones legales que despenalizan totalmente el aborto, amplia disponibilidad de servicios, cobertura sanitaria nacional, información en línea dirigida por el gobierno y lucha contra la desinformación. Además, 33 de los 49 países puntuados superan el 50%. 

Sin embargo, el mapa detecta también barreras en el acceso el derecho al aborto. Así, si bien 48 países permiten el aborto bajo ciertas causales, solo un país garantiza la plena libertad de acceso. Por otra parte, nueve países aún regulan el aborto en sus códigos penales, lo que expone a pacientes y proveedores a posibles sanciones. El mapa también advierte que el aborto está disponible previa solicitud en 43 países, pero solo 8 países no imponen barreras obligatorias como períodos de espera, asesoramiento obligatorio o autorización de terceros y que solo 23 países cubren el aborto en el seguro médico nacional. Si bien 22 gobiernos proporcionan información fiable en línea sobre servicios de aborto, solo 7 países ofrecen protección legal contra el acoso en las clínicas.

Kika Fumero, portavoz del movimiento Mi Voz Mi Decisión que ha conseguido llevar a la Comisión Europea más de un millón de firmas para que tenga que evaluar una Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al aborto, pone en contexto algunos de estos datos. “Nos preocupan países como por ejemplo Malta, donde está penalizado el aborto en cualquiera de sus casuísticas, y también, Polonia o Croacia, con un alto grado de prohibición”, dice, en concordancia con el mapa, que muestra cómo los países con peores resultados con Andorra, Malta y Polonia siguen en los últimos puestos de la clasificación, con el aborto ampliamente criminalizado con penas estrictas, el acceso y la atención clínica altamente restringidos o no disponibles y una falta de información gubernamental.

Kika Fumero, de Mi Voz Mi Decisión, señala cómo en el mapa europeo Andorra y Malta tiene penalizado el aborto, pero va más allá: Alemania, Austria o Italia son lugares donde poner el foco por el avance de la extrema derecha en estos países

Pero Fumero va más allá: Alemania, donde las elecciones regionales más recientes han supuesto un claro avance del partido de extrema derecha AfD, Austria, donde la extrema derecha fue la fuerza más votada en las elecciones generales de 2024 aunque no lograra llegar a gobernar, o Italia, con un gobierno neofascista italiano de los Fratelli d‘Italia con Carolina Meloni desde 2022, son lugares donde poner el foco, alerta. Porque no hace falta prohibir el aborto para negar a las mujeres que puedan acceder a él. “La falta de recursos para las mujeres accedan a este derecho también está siendo crítica y alarmante”, dice Fumero, Y esto se combina con otro factor: “Al mismo tiempo, están dando recursos económicos públicos a asociaciones que ellos llaman provida, que en realidad pues nosotros llamamos promuerte”.

Fumero también alerta, como hace la Iniciativa Ciudadana Europea que presentaron, de cómo el acceso al aborto no es una realidad efectiva para mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad como son las demandantes de asilo, las refugiadas o las mujeres que están en una situación administrativa irregular. Para ellas, “el derecho al acceso al aborto es prácticamente inexistente”.

Nuria Berro pide ver también los avances y nombra dos países: Francia, que en 2024 incluyó el aborto en su Constitución, o Irlanda del Norte que lo legalizó en 2019. Pero señala un problema que es una realidad en Europa, como es la criminalización de las defensoras del derecho al aborto. Y pone dos ejemplos. En Andorra, la activista Vanessa Mendoza Cortés se enfrentó a un juicio después de que las autoridades andorranas la acusaran de difamar a las autoridades del país por una intervención en octubre de 2019 la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) donde ella presentó el informe de su asociación sobre la situación de la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto en Andorra documentado por la Associació Stop Violències, de la que ella es presidenta. Mendoza fue absuelta en enero de 2025. Berro cita también el caso de Justyna Wydrzyńska, activista polaca que fue condenada a ocho meses de servicios a la comunidad en un juicio que la consideró culpable de complicidad por ayudar a una mujer a interrumpir su embarazo. El tribunal resolvió en febrero de 2025 que Justyna no tuvo un juicio justo y ordenó repetirlo. “Justyna en ningún caso debió de ser juzgada, con lo cual tampoco es el pronunciamiento que buscábamos”, dice Berro.

Las organizaciones ante la amenaza de la derecha

Ante esta situación, Filomena Ruggiero señala varias líneas de acción para la organizaciones que promueven el derecho a la salud sexual y reproductiva. Lo primero, presionar para que haya un blindaje, como en Francia. “Hay que blindar las leyes como ha hecho Francia, por ejemplo, intentar quitar todo lo que está vinculado a esto del Código Penal, a pesar que nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que desde luego que es importante”. En segundo lugar, atender al lenguaje y la narrativa: “Esto es muy importante porque claramente estos movimientos intentan instalar la idea de que los derechos reproductivos son una amenaza para la familia tradicional o la identidad nacional”. Y, tercero, intentar llegar a las jóvenes: “El aborto es algo que ya hemos logrado, pero lo tenemos que mantener y, si no estamos allí, probablemente se va a resonar como muchos de nuestros derechos”.

Kika Fumero, cree, por su experiencia en Mi Voz Mi Decisión que ha articulado a docenas de colectivos feministas de ocho países en una campaña de recogida de firmas que finalizó con éxito en abril de 2025, que hay una organización consolidada y con capacidad de movilización. “Está ahí y ya es un movimiento consolidado”, explica. Y, además, es capaz de articularse para promover otros derechos. Por ejemplo, dice, estas organizaciones se movilizaron para apoyar una Iniciativa Ciudadano Europea en contra de las terapias de conversión para las personas LGBTI.

Filomena Ruggiero, de Sedra, cree que es clave blindar las leyes como ha hecho Francia, al incluir el aborto en la Constitución, como también lo es atender a la narrativa sobre el derecho al aborto y tratar de llegar a las mujeres jóvenes

Berro señala otra línea estratégica en la defensa del acceso al aborto. “Nosotras desde hace más de un año vemos que hay que defender a las defensoras del derecho al aborto, per también a quienes lo proveen”, explica. ​​El informe Un Movimiento Imparable de Amnistía Internacional, publicado en 2023, recoge cómo profesionales de la salud que trabajan en garantizar este derecho se sienten “aisladas, sin apoyos y no reconocidas como defensoras de los derechos humanos”. “En vista de que prestan con determinación servicios de salud esenciales, a pesar de la hostilidad, deberían contar con protección y capacidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia son objeto de criminalización, hostigamiento, estigmatización, amenazas verbales y violencia real, así como de aislamiento y desgaste profesional en el lugar de trabajo”, recoge el resumen ejecutivo..

Para Berro, esto supone “una barrera más en el acceso de las mujeres y de las personas que pueden afectar al ejercicio del derecho al aborto”, y además se convierte en una clave en el contexto Estatal, donde en este momento las comunidades autónomas deben presentar un listado de méricos objetores para poder organizar los recursos de la Sanidad pública de modo que pueda prestar este servicio.