Derechos reproductivos
El Senado aprueba la reforma del Código Penal que sanciona el acoso ante clínicas ginecológicas

Hoy se ha aprobado en el Senado la reforma del Código penal que sanciona el acoso ante clínicas donde se lleva a cabo la interrupción voluntaria del embarazo y otras pruebas y tratamientos ginecológicos. Una antigua demanda del movimiento feminista que venía exigiendo desde hace décadas dada la violencia no solo simbólica sino real de diversos grupos religiosos y antielección.

La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, formada por colectivos y asociaciones feministas celebra este hito porque “entendemos que esto supone el reconocimiento del acoso que llevamos sufriendo mucho tiempo y saludamos que frente a la libertad de expresar odio, se proteja la libertad de ejercer nuestros derechos para decidir sobre nuestros cuerpos, si queremos ser madres y cuándo”.

“Entendemos que esto supone el reconocimiento del acoso que llevamos sufriendo mucho tiempo y saludamos que frente a la libertad de expresar odio, se proteja la libertad de ejercer nuestros derechos para decidir sobre nuestros cuerpos“

Sin embargo apuntan una solución eficaz al problema de fondo. “La mejor manera de erradicar el acoso es abortar en la Sanidad Pública”, afirman en un comunicado. En este sentido consideran que el acoso es prácticamente imposible si puedes acudir a un centro público en el que se realizan cientos de intervenciones todos los días de manera que nadie puede saber a qué vas al centro de salud. Por tanto es imprescindible garantizar el derecho al aborto para todas ya que muchas mujeres no pueden acceder a la sanidad pública. Denuncian que por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el colapso de los Servicios Sociales y del Sistema de Salud Público impide realizar los trámites necesarios -y a tiempo- para el acceso al aborto de las mujeres en situación administrativa irregular.

“Para nosotras, la solución real está en una educación afectivo sexual desde la diversidad que promueva una sociedad igualitaria. Porque educar en el respeto significa prevenir el acoso y la violencia”

Asimismo, denuncian la pretendida Ley Ómnibus que ha propuesto el gobierno de Díaz Ayuso ya que “privatiza, desmantela y limita de forma global los servicios sociales y públicos necesarios también para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos”.

Por otro lado, valoran que si bien esta nueva reforma al Código Penal sanciona con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad a los acosadores que se plantan fuera de las clínicas, desde la Comisión consideran que la solución a no puede ser sólo punitiva. Ven imprescindible garantizar la educación afectivo sexual para acabar con acoso y la violencia, tanto contra las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo, como contra el personal sanitario que las practica. “Para nosotras, la solución real está en una educación afectivo sexual desde la diversidad que promueva una sociedad igualitaria. Porque educar en el respeto significa prevenir el acoso y la violencia”, subrayan.

En cuanto a los grupos religiosos y antielección, principales acosadores de las mujeres afuera de las clínicas, la Comisión reclaman que “La Administración pública no puede financiar grupos antielección que utilizan recursos de todas y todos para presionarnos ante el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos reconocidos tanto en la Ley del Estado como en las Leyes de Derechos Humanos Internacionales”. Ante el escarnio que estos grupos hacen “juzgando, obstaculizando, culpabilizando y estigmatizando” a las mujeres exigen que “la Ordenanza de Publicidad Exterior no permita que en la vía pública se muestren mensajes de acoso.

”Consideramos que estas situaciones expresan la necesidad de una visión integral que reforme La Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en la línea que hemos venido trabajando y con mecanismos de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas“ concluye la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid en su comunicado.

Entre las intervenciones de las senadoras, la de Eva Granados Galiano (PSOE) fue la más contundente, y quien recordó: “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por Ley Orgánica con amplio consenso y apoyo de la ciudadanía pero no siempre se puede ejercer de manera libre y plena”. Dirigiéndose especialmente al los partidos Popular y Vox, quienes presentaron vetos a la iniciativa, señaló “El objeto de esta iniciativa es blindar el ejercicio libre y sin amenazas de un derecho constitucionalmente reconocido. Obstaculizar el ejercicio de este derecho va a ser un delito”. Además, la reforma incluye que no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal, es decir que podrá ser perseguido por oficio.