Desahucios
El caso de Joana: a juicio tras recibir una paliza de un mosso en un desahucio ilegal

Joana Sales (Barcelona, 1997) es una militante ampliamente reconocida en el movimiento por la vivienda en Catalunya, y especialmente en el barrio donde milita, el Raval. Sales ha pasado más de cinco años formando parte del Sindicat d'Habitatge (sindicato de vivienda) local, siendo su cara pública como portavoz. Es por eso que a miles de personas les ha impactado ver su rostro completamente amoratado y herido circulando en redes sociales. 

La joven militante denuncia que este jueves ha sido juzgada tras la brutal paliza que recibió por parte de un mosso d’Esquadra en noviembre de 2022. Joana se encontraba entonces yendo a visitar a una amiga, una compañera del Sindicat, pero al llegar a su casa vio un dispositivo articulado de mossos para desahuciar a esta. Ambas sabían que el procedimiento penal de expulsión había sido ya archivado, pero la intención de los agentes parecía ser otra. 

“Me giró contra la pared. Me cogió la cabeza por detrás, me estampó contra la pared de nuevo, y me tiró al suelo directamente”, cuenta Joana sobre el momento de la agresión

Fue precisamente en ese momento cuando Joana intentó mediar en el conflicto que empezó el enfrentamiento con el policía en cuestión. “Por mucho que le solicitamos si tenía alguna orden de desahucio nueva que se nos pudiera haber pasado, contestaba que no, que no hacía falta, que él sabía lo que hacía. Intenté mediar un poco y lo que recibí es que el mosso me bajara al rellano de abajo. Se me iba poniendo encima y al bajar, me giró contra la pared. Me cogió la cabeza por detrás, me estampó contra la pared de nuevo, y me tiró al suelo directamente. Me agarró por el pelo, apretó una rodilla contra mi cabeza y me puso las esposas, tirándome de ellas escaleras abajo”, explica Joana a El Salto. Después de la agresión que describe, fue llevada a un centro médico de Atención Primaria en Barcelona, y posteriormente a la Comisaría del barrio de Les Corts, donde pasaría la noche hasta la mañana siguiente.

A pesar de la gravedad de las lesiones, registradas por un médico forense, el mosso denunció a Joana por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones. En la mañana del jueves 13 de junio, casi dos años después, la joven se ha enfrentado a un juicio donde le piden dos años de prisión y 1.200 euros de multa.

Las causas detrás de la actuación policial

Cuando le preguntamos a la militante qué intención podría haber detrás de esta agresión y posterior detención, parece tenerlo claro. “No es una casualidad que los mossos se estén tomando el poder por la mano. No es un hecho aislado, estas palizas pasan diariamente, tanto en el movimiento por la vivienda como en las calles. Es el resultado de la impunidad de los cuerpos de seguridad y la legitimidad con la que luego se apropian, como en este juicio, donde es la palabra de un mosso contra la mía, y en la que tengo todas las de perder”, explica. 

De acuerdo con Joana, su caso forma parte de una política represiva más amplia contra los derechos políticos y sindicales. “Lo que yo he vivido forma parte de un giro represivo del Estado: cuanto más nos ahogan a nivel económico, social, e incluso cultural, más represión. Cuanto peor estamos, más policía, tal y como vemos en el barrio del Raval, que está claramente militarizado para dar al turista una sensación de falsa seguridad. Y si encima estos policías pueden ir dando palizas a marroquís, desahuciando sin órdenes judiciales, mirándote mal, haciéndote sentir un criminal y que tú como vecino tengas más motivos para pirarte y dejar más casas al turismo, pues ya estaría todo hecho”, señala. 

“Cuanto peor estamos, más policía, tal y como vemos en el barrio del Raval, que está claramente militarizado para dar al turista una sensación de falsa seguridad”, dice la activista

La militante del Sindicat d’Habitatge del Raval no cree que estas dinámicas represivas se instalen únicamente a nivel de los cuerpos de seguridad del Estado, sino las encuentra inherentes a las políticas parlamentarias. “Quien me está pidiendo dos años no es un juez, no es un mosso, sino un Estado supuestamente progresista y de izquierdas, un Ayuntamiento que en su momento era de Ada Colau, una Catalunya de Esquerra Republicana. Todos son responsables de que nos criminalicen y tengamos que vivir nuestras vidas en estas precarias condiciones. Y además, nos tenemos que ver juzgados por el hecho de poner encima de la mesa cuestiones como el querer tener una casa”, añade. 

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La represión a la militancia del movimiento por la vivienda

De acuerdo con el Sindicat de Habitatge del Raval, sección local del Sindicat de Habitatge Socialista de Catalunya, el contexto represivo en el movimiento por la vivienda ha vivido un punto de inflexión desde la pandemia. Tras el inevitable parón, describen que se dio una fuerte reactivación de las convocatorias y los desahucios, intensificando el nivel represivo en base a multas —que llegan a alcanzar los 40.000 euros entre 2020 y 2021— a través de la Ley Mordaza.

Es en ese momento, señalan, es cuando desde el movimiento por la vivienda se negocian junto a la Generalitat los criterios policiales para imponer estas multas, con lo que se acaba concluyendo que la Ley de Seguridad Ciudadana dejará de ser aplicada en desahucios, y se actuará únicamente por la vía penal, acabando, en teoría, la mayor parte de causas en archivos. Sin embargo, a partir de 2021, la dinámica cambia y la persecución policial comienza a centrarse más en perfiles militantes concretos.

“Antes era algo más indiscriminado, ahora es una represión más selectiva, a personas con recorrido militante. Van a golpear a la gente organizada en los colectivos en sí. Se abren procedimientos más largos y más duros, donde se pueden juntar acusaciones de organización criminal, desórdenes, etc”, indica el portavoz del Sindicat de Habitatge del Raval a El Salto.

“Antes era algo más indiscriminado, ahora es una represión más selectiva, a personas con recorrido militante. Van a golpear a la gente organizada en los colectivos en sí”, acusa Joana Sales

“Ahora, en el ciclo 2023-2024, estamos con diferentes procedimientos abiertos con individuos con más capital militante. El caso de Joana entra dentro de esta misma tónica. Ella es portavoz del Sindicato del Raval, con mucha actividad e impacto político, además en un barrio muy proletarizado donde la actividad sindical permea mucho en el tejido vecinal. Es una persona muy conocida, con muchos años de recorrido, así que creemos que hay algo selectivo, además de que hay un tema de montaje; a Joana le meten una paliza en un contexto de un desahucio ilegal una tarde noche, en la que encima le acaban acusando a ella de haberle dado una supuesta patada a un policía”, añade el portavoz del colectivo.

“Llevamos años luchando para defendernos en el día a día, y nuestras condiciones de vida hoy son peores. El problema de vivienda que sufrimos es un problema político y necesita una respuesta política que señale la raíz del problema, el capitalismo, y se organice para superarlo”, ha declarado la portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Marina Parés, este jueves en la concentración en la Ciutat de la Justicia barcelonesa para acompañar a Joana.

El movimiento por la vivienda ha denunciado en reiteradas ocasiones la intensificación de los procedimientos represivos contra militantes de diferentes sindicatos. En esta línea, cabe destacar que los desahucios continúan aumentando: más de un 12 % a nivel estatal, con 7.424 desahucios en el primer trimestre de 2024, y un 9% a nivel de Catalunya, la comunidad autónoma donde más se desahucia, con 1.037 desahucios desde entre enero a marzo.