Energía nuclear
Clasificados. Los archivos secretos sobre radiación III

Artículo publicado originalmente en American Association of University Professors.

Viene de la segunda parte.

Mientras los equipos de la ONU realizaban exámenes de tiroides en niños seleccionados para su estudio de casos y controles, los médicos soviéticos entregaron a consultores de la OIEA biopsias de un número inesperadamente grande de niños con cáncer de tiroides, de veinte a treinta veces mayor de lo habitual. De hecho, ese fue un resultado catastrófico. Los investigadores de la ONU dudaron que los cánceres pudieran ser reales. Las dosis eran demasiado bajas en comparación con las de Hiroshima, repetían una y otra vez.

Los cánceres llegaron demasiado pronto. El período de latencia fue de cinco a diez años. Calcularon que cuatro años después del accidente era demasiado pronto para detectar cánceres, incluso entre los niños, cuyas células se multiplican rápidamente. Los investigadores soviéticos en Ucrania y Bielorrusia estaban confundidos. No consideraban el Estudio de Duración de la Vida como su estándar de oro; apenas conocían ese material. En lugar de calcular dosis y consecuencias, los investigadores soviéticos alentaron a los expertos visitantes a utilizar los cuerpos de los pacientes y evidencia material corporal, como biopsias, para determinar tanto las dosis como los daños.

Pero no era así como se hacía la epidemiología de la radiación en Occidente. Los físicos de la salud actuaban bajo el entendimiento de que si las altas dosis de las bombas atómicas causaban algún daño a la población de supervivientes de la bomba, dosis mucho más bajas en Chernobyl provocarían tasas de enfermedad mucho más bajas, y un aumento de los cánceres tan mínimo, calcularon, que sería imposible detectar tasas de cáncer superiores a la media.

Mientras los equipos de la ONU realizaban exámenes de tiroides en niños seleccionados para su estudio de casos y controles, los médicos soviéticos entregaron a consultores de la OIEA biopsias de un número inesperadamente grande de niños con cáncer de tiroides, de veinte a treinta veces mayor de lo habitual.

De hecho, con el Estudio sobre la Duración de la Vida como referente y estimación de los niveles de radiación ambiental, los investigadores occidentales no necesitaron hacer un estudio. Llegaron a la conclusión de que las dosis eran tan bajas que no encontrarían efectos. Un estudio realizado tan pronto después de la exposición produciría pocos conocimientos útiles. Entonces, ¿por qué hacer uno? Clarence Lushbaugh, médico de las Universidades Asociadas de Oak Ridge, financiadas por la Comisión de Energía Atómica, escribió en privado a un colega en 1980 admitiendo que este tipo de estudios de radiación de dosis bajas eran en gran medida para consumo público: “Tanto los trabajadores [nucleares] como sus directivos necesitan tener la seguridad de que una carrera que implique exposición a bajos niveles de radiación nuclear no es peligrosa para la salud. . . . Los resultados de tal estudio [sobre los trabajadores nucleares estadounidenses] podrían ser la mejor contramedida a la propaganda antinuclear que continúa inundándonos a todos. . . . Serían inmensamente útiles para resolver los reclamos de los trabajadores”. Le correspondió al Departamento de Energía, sucesor de la Comisión de Energía Atómica, financiar estos estudios, continuó Lushbaugh, porque si competidores como el sindicato de trabajadores nucleares hicieran sus propios estudios, podrían obtener resultados condenatorios: “Los estudios diseñados para mostrar las transgresiones de la gestión normalmente tendrán éxito”. Lushbaugh señalaba el hecho de que los parámetros de las reconstrucciones de dosis eran tan flexibles que fácilmente podían servir a fines políticos.

La OIEA presentó un estudio similar al que propuso Lushbaugh, diseñado para apaciguar a públicos ansiosos en la Unión Soviética, Europa y América del Norte. El breve examen de dieciocho meses concluyó con la apresurada publicación del Informe Final del Proyecto Internacional Chernobyl en la primavera de 1991. El informe estimaba que las tasas de enfermedad, aunque superiores a las esperadas, eran las mismas tanto en el grupo de control como en el grupo expuesto. Atribuyeron el exceso de problemas de salud al estrés provocado por la exposición a la radiación, o lo que los científicos llamaron “radiofobia”. El único resultado de salud que vieron los investigadores de la ONU fue un posible aumento detectable en el futuro del cáncer de tiroides infantil. ¿Qué pasa con los cánceres de tiroides que ya han aparecido?, preguntaron investigadores bielorrusos y ucranianos. ¿Qué pasa con las biopsias que dieron a los equipos de la ONU para verificar? En las transcripciones de la reunión de 1991 sobre el informe del Proyecto Internacional Chernobyl, Mettler reconoció que había llevado las biopsias a su laboratorio en Nuevo México y que habían “comprobado”. A pesar de ese “hecho”, el texto del informe final sólo decía que había habido “rumores” de cáncer de tiroides pediátrico que eran “de naturaleza anecdótica”. Los consultores de la ONU habían verificado un aumento importante, veinte veces mayor, en el cáncer de tiroides pediátrico en un laboratorio universitario, y luego calificaron esa prueba de “anecdótica”. ¿Por qué hicieron eso?

Los consultores de la ONU habían verificado un aumento importante, veinte veces mayor, en el cáncer de tiroides pediátrico en un laboratorio universitario, y luego calificaron esa prueba de “anecdótica”. ¿Por qué hicieron eso?

Los consultores de la ONU eran voluntarios; trabajaban en universidades o laboratorios gubernamentales. Eran independientes de la jerarquía de la ONU y no estaban en deuda con nadie. Quizás los físicos de la salud negaron la evidencia que ellos mismos habían verificado porque no coincidía con sus modelos predictivos del Estudio de Duración de la Vida. Este podría ser un caso de ciencia lenta, en el que a los investigadores les lleva mucho tiempo pasar de un paradigma a otro. Pero aun hay más. El estudio estaba en la literatura pública, pero estaba lejos de ser la única investigación sobre la exposición humana a contaminantes radiactivos.

Los investigadores del equipo de la ONU que tenían autorizaciones de seguridad tuvieron acceso a estudios clasificados que mostraban que el 79 por ciento de los niños menores de diez años en las Islas Marshall expuestos a explosiones de bombas estadounidenses habían desarrollado cáncer de tiroides. El setenta y nueve por ciento de varios cientos de niños tenían cáncer de tiroides cuando la tasa inicial era de uno entre un millón. Se trataba de un precedente claro para juzgar los cánceres de Chernobyl. Sin embargo, en 1991 los estudios de las Islas Marshall todavía estaban clasificados. También lo fue el vasto trabajo que el gobierno de Estados Unidos había encargado en relación con experimentos de radiación en seres humanos. Los investigadores con autorizaciones de alto nivel conocían desde hacía décadas la existencia de cánceres de tiroides pediátricos de rápido movimiento en paisajes contaminados, pero no podían discutirlos en público.

El caso de Chernobyl no es simplemente una cuestión de los lentos cambios de marcha del avance científico en funcionamiento. Más bien, el caso muestra cómo la división entre investigación clasificada y no clasificada coloca a los científicos en una posición peligrosamente comprometida. Los científicos con autorización no podían reconocer las Islas Marshall y otras investigaciones con sujetos humanos sin ponerse en peligro de ser acusados de cargos federales por divulgación de secretos de estado. Los científicos rusos en Moscú estaban en la misma situación. Es posible que los científicos franceses y británicos también hayan tenido que negociar la división entre investigación abierta y cerrada en sus propios mundos institucionales.

Y luego estaban los juicios. La viñeta inicial de este ensayo mostró cómo los abogados del DOE y del DOJ se preocuparon por la avalancha de demandas judiciales posteriores a la Guerra Fría y trabajaron para armar a los físicos de la salud como testigos expertos para defender los intereses del gobierno de Estados Unidos. Chernobyl tuvo en cuenta estos casos porque las exposiciones crónicas a dosis bajas que Chernobyl presentó eran más similares a los casos de los sujetos humanos y de los que estaban a favor del viento que los del estudio japonés sobre la duración de la vida. Reconocer la existencia de una epidemia de cáncer de tiroides pediátrico en los territorios de Chernobyl habría puesto en peligro la defensa del gobierno de Estados Unidos en demandas que se estaban abriendo camino en los tribunales en ese momento. Las Islas Marshall, el sitio de pruebas de Nevada, Three Mile Island y las plantas de plutonio de Hanford señalaron que el cáncer de tiroides era una consecuencia importante para la salud de su exposición.

Oportunidades perdidas

En 1996, después de que el número de casos pediátricos de tiroides en Ucrania y Bielorrusia hubiera aumentado a miles, las agencias de la ONU ya no pudieron negar la epidemia. Los científicos de la ONU admitieron que se habían equivocado: que Chernobyl desencadenó cánceres de tiroides pediátricos antes y de manera más significativa de lo que los estudios publicados en la literatura pública habían predicho. Con ese anuncio, decenas de equipos de investigación se apresuraron a realizar estudios de seguimiento sobre los cánceres pediátricos causados por Chernobyl. Pero ¿qué pasa con el estudio epidemiológico más amplio y a largo plazo sobre una amplia gama de consecuencias para la salud de Chernobyl? Ese estudio prometió resolver muchas de las preguntas sin respuesta sobre la exposición a bajas dosis crónicas de radiactividad. Las perspectivas para un estudio de este tipo parecían buenas. A principios de la década de 1990, Japón donó 20 millones de dólares a la OMS para un estudio piloto sobre los efectos de Chernobyl en la salud. La Asamblea General de la ONU formó un grupo de trabajo ad hoc sobre Chernobyl y se puso a trabajar organizando una campaña de compromiso para recaudar 646 millones de dólares (más de mil millones de dólares en la actualidad) para reasentar a doscientas mil personas de áreas contaminadas y financiar el tan esperado estudio epidemiológico a largo plazo. de los efectos de Chernobyl en la salud.

Pero ¿qué pasa con el estudio epidemiológico más amplio y a largo plazo sobre una amplia gama de consecuencias para la salud de Chernobyl? Ese estudio prometió resolver muchas de las preguntas sin respuesta sobre la exposición a bajas dosis crónicas de radiactividad.

Abel González, el funcionario de la OIEA que dirigió el Proyecto Internacional Chernobyl, había pedido que la campaña de compromiso de la ONU se llevara a cabo después de que se hubiera publicado la evaluación de su grupo. Margaret Anstee, jefa del Grupo de Trabajo sobre Chernobyl, aceptó inocentemente retrasar la campaña hasta septiembre de 1991. Desafortunadamente, después de que el Proyecto Internacional Chernobyl anunció que no había encontrado efectos detectables en la salud, la campaña de compromiso de Anstee fracasó. En lugar de 347 millones de dólares, el grupo de trabajo recaudó menos de 6 millones de dólares. Los principales donantes, Alemania, Estados Unidos y Japón, se negaron, citando la evaluación de “no efectos” de la OIEA “como un factor”. Sin financiación, no se realizó ningún estudio sobre los efectos a largo plazo de las dosis bajas en la salud humana. Hasta el día de hoy, los científicos dicen que sabemos poco sobre los efectos de las dosis bajas en la salud. Deberían decir que tenemos poca información en la literatura abierta sobre los efectos de las dosis bajas. Esa distinción entre literatura abierta y clasificada debe hacerse siempre. Es una distinción importante para quienes piensan en la libertad académica y, como resultado, en la falta de libertad.

En los años siguientes, los funcionarios de la ONU utilizaron el apresurado y mal diseñado estudio del Proyecto Internacional Chernobyl para desarrollar una narrativa de que los únicos problemas de salud relacionados con Chernobyl eran los causados por la ansiedad por el miedo a la radiación. A pesar de la gran cantidad de pruebas que salieron a la luz de las instalaciones médicas soviéticas desclasificadas, los funcionarios de la ONU en la OIEA y el Comité Científico de las Naciones Unidas para los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) repitieron esta afirmación con tanta frecuencia que se tomó como una realidad. En 1996, UNSCEAR realizó una importante revisión de la investigación de Chernobyl. Tres editores de UNSCEAR, uno de ellos el mismo Fred Mettler que dirigió la evaluación del Proyecto Internacional Chernobyl, descartaron aproximadamente la mitad de los estudios reunidos para la revisión. Estos provinieron en gran medida de informes de investigadores soviéticos sobre problemas de salud a gran escala. Los editores de UNSCEAR menospreciaron estos estudios calificándolos de “no verificados” y “descuidados” con “control de calidad deficiente” y advirtieron que sus conclusiones deberían “tratarse con precaución”. Los periodistas resumieron: “Dada la experiencia acumulada hasta ahora en estudios de radiación, a menos que las exposiciones sean relativamente altas, es poco probable que las poblaciones ambientalmente expuestas experimenten incidencias notablemente mayores de efectos inducidos por la radiación”. Los daños psicológicos y las dificultades económicas, sostenía el informe del UNSCEAR de 1996, haciéndose eco de la evaluación original dirigida por la OIEA, eran las causas más generalizadas y probables de los problemas de salud en los territorios de Chernobyl. Los reporteros de UNSCEAR recomendaron no realizar estudios de seguimiento sobre los efectos de dosis bajas debido al “nivel de riesgo presumiblemente bajo”.

En 2006, Mettler fue el autor del informe del Foro de Chernobyl, que repetía en gran medida las conclusiones de los informes que los comités de la ONU habían emitido desde 1986. Hoy en día, el informe del Foro de Chernobyl se cita con mayor frecuencia como la evaluación autorizada de los daños de Chernobyl. La afirmación de que Chernóbil fue “el peor desastre [nuclear] de la historia de la humanidad” y que sólo murieron cincuenta y cuatro personas se utiliza como argumento para seguir construyendo centrales nucleares. Esa cifra, publicada en material respetable producido por agencias de la ONU, se cita con frecuencia, pero es claramente incorrecta. Actualmente, el Estado ucraniano paga indemnizaciones a treinta y cinco mil mujeres cuyos cónyuges murieron por problemas de salud relacionados con Chernobyl. Esta cifra sólo tiene en cuenta las muertes de hombres que tenían edad suficiente para casarse y habían registrado exposiciones. No incluye la mortalidad de mujeres, jóvenes, bebés o personas que no tuvieron exposiciones documentadas. Extraoficialmente, los funcionarios ucranianos dan una cifra de muertos de 150.000.

Extraoficialmente, los funcionarios ucranianos dan una cifra de muertos de 150.000.

Esa cifra es sólo para Ucrania, no para Rusia o Bielorrusia, donde cayó el 70 por ciento de la lluvia radiactiva de Chernobyl. Subestimar los daños de Chernobyl significó que casi todos los juicios posteriores a la Guerra Fría relacionados con la exposición a la radiactividad fracasaran en Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Dejó a los humanos desprevenidos para el próximo desastre. Cuando un tsunami se estrelló contra la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011, los líderes japoneses reaccionaron de manera inquietantemente similar a las respuestas de los líderes soviéticos. Hoy, treinta y cuatro años después del accidente de Chernobyl, todavía nos faltan respuestas y muchas certidumbres. La ignorancia sobre las exposiciones a dosis bajas es trágica y está lejos de ser accidental, una ignorancia que expone la brecha entre la investigación abierta y clasificada. Estamos con una pierna a cada lado de una grieta entre esos dos cuerpos de erudición. La brecha entre hechos y hechos alternativos surgió de ese profundo barranco entre el conocimiento abierto y el clasificado hundido durante la Guerra Fría.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.