Energía nuclear
¿Más corrupción nuclear?

Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.

La Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC) y Georgia Power se enfrentan a nuevas acusaciones de connivencia y posible corrupción tras la reciente subida de tarifas aprobada por la PSC para el proyecto de expansión nuclear de las unidades 3 y 4 de Vogtle. Al igual que en los recientes escándalos de corrupción nuclear en Ohio, Illinois y Carolina del Sur, los comisionados de servicios públicos de Georgia actuaron en contra de los intereses de los contribuyentes de Georgia, aprobando la recuperación de costes por los errores cometidos por Georgia Power.

Georgia Power, a pesar de las numerosas advertencias y oportunidades para evitar aumentos de tarifas, se aseguró aumentos de la base tarifaria de 7.560 millones de dólares en sobrecostes para Vogtle 3 y 4 durante la audiencia del 19 de diciembre de 2023 ante la PSC de Georgia. Este aumento de tarifas, sumado a los anteriores aumentos de tarifas para Vogtle, elevará las tarifas eléctricas residenciales y de pequeñas empresas en un 26%. El incremento total de las tarifas aprobado por la PSC entrará en vigor cuando Vogtle 4 entre en funcionamiento comercial. La votación de la PSC del 19 de diciembre por valor de 7.560 millones de dólares sólo incluía los costes de construcción. Una vez que la Unidad 4 entre en funcionamiento comercial, Georgia Power ampliará su base tarifaria en la asombrosa cifra de 11.100 millones de dólares para incluir los costes de financiación de 3.500 millones de dólares, de los que Georgia Power también se beneficia.

Nuclear Watch South y Georgia WAND creen que la SEC debería investigar a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia y a Georgia Power como hizo con la fallida expansión nuclear de Summer en Carolina del Sur y los recientes escándalos de sobornos en Ohio e Illinois. En octubre, un denunciante de Southern Company denunció ante la SEC el fracaso de la central de carbón con captura de carbono de Kemper, construida por Mississippi Power, propiedad de Southern Company. Southern Company es también la matriz de Georgia Power.

Nuclear Watch South y Georgia WAND creen que la SEC debería investigar a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia y a Georgia Power como hizo con la fallida expansión nuclear de Summer en Carolina del Sur y los recientes escándalos de sobornos en Ohio e Illinois.

Glenn Carroll, coordinador de Nuclear Watch South, declaró: “La decisión de la Comisión de cargar a los contribuyentes de Georgia Power con 7.560 millones de dólares adicionales en costes para las Unidades 3 y 4 de Vogtle demuestra la total falta de una supervisión reguladora significativa para proteger los intereses de los consumidores. Desde el principio, la PSC y Georgia Power han hecho la vista gorda ante los problemas de construcción y los retrasos que han plagado este proyecto innecesario. Este nivel de desprecio por los trabajadores de Georgia, que pagan sus facturas de electricidad bajo la suposición de que no están siendo estafados, es vergonzoso y merece una investigación federal - similar a la investigación en Ohio que descubrió que su principal regulador de servicios públicos aceptó sobornos de las empresas de servicios públicos que se suponía debía regular.”

A principios de diciembre, el ex presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO), Samuel Randazzo, fue acusado por la fiscalía federal de delitos de soborno y malversación relacionados con el rescate de 2020 (HB 6) de las centrales nucleares de Ohio. Al igual que en el caso de la ampliación de Vogtle, la PUCO de Ohio aprobó aumentos de costes para los contribuyentes de los reactores nucleares (en este caso existentes) propiedad de FirstEnergy, en contra de los intereses de los contribuyentes de Ohio. La detención de Randazzo se produjo tras la condena de Larry Householder, ex presidente de la Cámara de Representantes de Ohio, que fue declarado culpable de la misma trama de corrupción urdida por FirstEnergy.

A principios de diciembre, el ex presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO), Samuel Randazzo, fue acusado por la fiscalía federal de delitos de soborno y malversación relacionados con el rescate de 2020 (HB 6) de las centrales nucleares de Ohio. Al igual que en el caso de la ampliación de Vogtle, la PUCO de Ohio aprobó aumentos de costes para los contribuyentes de los reactores nucleares (en este caso existentes) propiedad de FirstEnergy, en contra de los intereses de los contribuyentes de Ohio.

Kimberly Scott, directora ejecutiva de Georgia WAND, declaró: “Se trata de otro golpe financiero desmesurado a los clientes de Georgia Power, que se han visto constantemente agobiados por los aumentos de las tarifas de una empresa de servicios públicos que obtuvo 17.000 millones de dólares de beneficios durante la construcción de Vogtle, cuando los costes de construcción estaban subestimados y retrasados. Los ejecutivos de Georgia Power admitieron haber cometido errores en la planificación y ejecución de los nuevos reactores, pero se han negado a asumir la carga financiera de estos errores y, en su lugar, han trasladado el aumento de los costes a los clientes, con la aprobación de los comisionados de la PSC. Esta enorme subida de tarifas se basa en un acuerdo estipulado entre el personal de la PSC y Georgia Power, que se cerró antes de cualquier audiencia pública o presentación de pruebas.

”Existe un amplio historial de corrupción en la industria nuclear, más recientemente en Ohio, donde el ex presidente de la Cámara de Representantes Larry Householder fue condenado este último año a 20 años de prisión por chantaje relacionado con el rescate de una central nuclear. Los escándalos nucleares de Illinois y Carolina del Sur dieron lugar a numerosas condenas federales. Las centrales nucleares proporcionan enormes beneficios a las empresas de servicios públicos, ya que las autoridades estatales casi siempre obligan a los clientes a pagar enormes subidas de tarifas por los inevitables sobrecostes. Eso es lo que nos ocurrió en Georgia, y ahora es el momento de que se rindan cuentas de lo que ocurrió a puerta cerrada“.

Patty Durand, ex presidenta de Smart Energy Consumer Collaborative y reciente candidata al PSC de Georgia, intervino como testigo experto en nombre de Concerned Ratepayers of Georgia en el reciente procedimiento de prudencia de Plant Vogtle ante el PSC de Georgia. Escribió en una carta al Atlanta Journal Constitution tras la aprobación de la subida de tarifas por parte de la PSC de Georgia: ”La Comisión de Servicios Públicos de Georgia permite a Georgia Power obtener pingües beneficios, muy por encima de las normas del sector, lo que viola su mandato de regular en interés público. Y los comisionados electos votaron el martes para empeorar las cosas al aprobar el mayor aumento de tarifas en la historia del estado para la Planta Vogtle, la central eléctrica más cara jamás construida en la tierra.

Y los comisionados electos votaron el martes para empeorar las cosas al aprobar el mayor aumento de tarifas en la historia del estado para la Planta Vogtle, la central eléctrica más cara jamás construida en la tierra.

“Los comisarios sabían desde hace años que los costes de construcción de la energía nuclear eran muy superiores a los de otras formas de generación, pero autorizaron este proyecto sin límites de costes ni protecciones para los clientes. Como se predijo, los costes de construcción de Vogtle superaron con creces el presupuesto, pero los comisionados no hacen nada para ayudar a las poblaciones vulnerables a pagar las facturas de los servicios públicos. Incluso antes de que estos enormes aumentos de costes entren en vigor, más de 240.000 clientes de Georgia Power fueron desconectados de la electricidad el año pasado, y la mayoría de ellos pertenecían a hogares de minorías.

Los ciudadanos de Georgia se merecen una agencia estatal que les proteja de las extralimitaciones de los monopolios en lugar de celebrar lo favorables que son a las empresas, pero eso no es lo que tenemos”. Mientras tanto, las elecciones a la Comisión de Servicios Públicos llevan más de un año en suspenso debido a litigios relacionados con violaciones de la Ley del Derecho al Voto, y dos comisionados con escaños caducados siguen votando."

Traducción de Raúl Sánchez Saura.