Doñana
Doñana ante el colapso

“En mis 28 años que llevo viviendo en Doñana jamás he visto esa laguna vacía”. Noé Garrido fue el último niño que se crió en la Casa de Martinazo, en pleno corazón de la reserva biológica de Doñana. Garrido sigue vinculado a la que considera su “patria” y regresa continuamente con su trabajo de educador ambiental: “Volver a mi casa tiene un componente agridulce para mí, por el deterioro evidente y absoluto del espacio”.

El 3 de septiembre se anunciaba la pérdida de la última laguna permanente de Doñana, la laguna de Santa Olalla, una de las joyas del Parque Nacional. La imagen genera un profundo desconsuelo: las 93 hectáreas de la laguna que históricamente ha sido refugio para la fauna y la flora que caracteriza el enclave natural, reducidas a un pequeño charco sin vida. “Es un lugar clave para las migraciones de aves del norte de Europa a África y al estar seco no hay un hábitat de parada para estas aves en su ruta”, comenta Teresa Gil desde WWF. Estas aves tampoco podrán pararse en los emblemáticos arrozales, ya que se encuentran en sus mínimos históricos según datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una plantación que representa una tercera parte de lo usual. El resto de espacios de agua del Parque Nacional también se encuentran en mínimos históricos.

Según un informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 15 de los 16 sectores del acuífero se encuentran en una situación preocupante

Según un informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 15 de los 16 sectores del acuífero se encuentran en una situación preocupante. A pesar de la resiliencia que ha demostrado el espacio natural en las últimas décadas, nos encontramos ante las puertas de un cambio sin retorno en su ecosistema que podría suponer la pérdida de Doñana tal y como la conocemos.

El uso político del agua

La situación hídrica de Doñana ha sido objeto de especulación política durante el gobierno del PP en Andalucía. En febrero de 2022, el PP junto a la ultraderecha y el desaparecido Ciudadanos registraron dos proposiciones de ley “para aumentar la zona de regadío y el uso del agua de los cultivos ilegales de la zona norte de Doñana” así como para indultar los regadíos ilegales de la zona. Los grupos parlamentarios que registraron la propuesta justificaron la acción alegando que es “necesaria la creación de normas nuevas para el desarrollo de los agricultores”. La vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comentó acerca de estas propuestas que le parecían “una enorme irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social”.

Las localidades aledañas al Parque Nacional tienen como base de su economía el sector agrícola, especialmente el fruto rojo y la fresa, muchos de estos campos llevan años abasteciéndose de regadíos ilegales en el entorno natural. Los empresarios agrícolas de los pueblos del condado onubense se han organizado bajo el nombre de Plataforma en Defensa de los regadíos en el Condado y apoyaron la PDL del gobierno popular, achacando que los problemas de los agricultores comenzaron con el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana de 2014 que protegía el espacio natural volviendo ilegales los regadíos históricos en la zona. La plataforma del sector agrícola, además del apoyo a la propuesta de ampliar e indultar los regadíos ilegales, también cree que la solución pasaría por un trasvase de agua desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras a la Cuenca del Guadalquivir. En marzo de 2022, el Gobierno aprobó la creación de una comisión técnica para su realización.

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción no ven esta acción como una solución viable: “La transferencia de recursos desde la cuenca del Tinto al Guadalquivir no soluciona el problema de ilegalidad en la zona Norte de Doñana, sino que el mismo obedece a un deseo especulativo para aumentar la presión en el Espacio Natural”. A pesar de que la propuesta de ley no se ha llegado a poner en marcha, ha repercutido en cuanto a la permisividad de los regadíos y una menor persecución de estos. “Ahora mismo no es compatible el uso que se hace del agua para regadío con los objetivos ambientales del espacio protegido, hace falta una gestión adecuada”, comenta Gil desde WWF.

Ante las últimas noticias del estado crítico de Doñana, el gobierno de Juanma Moreno ha dado un paso para atrás con respecto a estas propuestas de ley, paralizando su desarrollo, alegando “un grave problema de sequía”. El gobierno andaluz presentó una Proposición no de Ley el 5 de septiembre en la que exige al Gobierno central decenas de obras e infraestructuras para abordar la sequía. José Carlos Álvarez, vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP andaluz, comentaba el 19 de septiembre que “el problema del agua sería menor si Sánchez hubiera acometido las obras hidráulicas necesarias”. Una estrategia para alejar el foco mediático y político de las responsabilidades que tienen como ejecutivo andaluz. Desde Ecologistas en Acción denuncian que esta propuesta no de ley “ignora las evidencias científicas sobre las predicciones de cambio climático en distintos escenarios, la recuperación de costes que determina el artículo 9 de la Directiva Marco de Agua, las restricciones que padecen decenas de municipios andaluces y sus propias competencias”. La actitud del gobierno andaluz, según el colectivo ecologista, demuestra una continuidad en las políticas nocivas para el medio ambiente llevadas a cabo durante la última legislatura y prueba que “para este partido el agua es única y exclusivamente un recurso destinado al regadío y otras actividades económicas, excluyendo las demás funciones ecosistémicas absolutamente esenciales”.

Más allá de los regadíos

En el año 2018, el Ayuntamiento de Almonte, bajo el signo del PSOE, aprobaba un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aumentaba hasta un 100% las plazas hoteleras en Matalascañas con el objetivo de “dar un impulso a la actividad turística”. Este aumento en la capacidad de albergar veraneantes hace que una población que durante el resto del año cuenta con 2.450 habitantes en verano alcance las 100.000 personas. Esta zona de playas que se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional lleva abasteciéndose del agua de Doñana desde la construcción de los primeros hoteles en los años 70.

En 2019, el Tribunal de Justicia Europeo daba la razón a la denuncia de WWF en torno a las extracciones de agua subterránea de Doñana que iban a parar a las piscinas, céspedes y campos de golf de Matalascañas. La sentencia reconocía que “las extracciones desmesuradas de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana” incumplían el derecho comunitario y, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, y condenó a España a aplicar medidas que revertieran la situación. En un estudio realizado en 1989, el Informe Hollis, ya se advertía de que la situación iba a llegar a un punto de colapso debido a “la inexistencia de una gestión coordinada entre las administraciones competentes en la conservación de Doñana, en especial en lo relacionado con los recursos hidrológicos, sobre los que el control era muy deficiente”, y alertaba sobre “un posible colapso del sistema en menos de 30 años si no se acababa con el “robo del agua” y no se aseguraba la calidad de las mismas.

“Se está proponiendo una sustitución de los pozos que surten de agua Matalascañas por agua superficial que venga de la depuradora de Mazagón y de manera transitoria la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo que va a hacer es alejar estos pozos para que no influyan tanto en el acuífero que alimenta estas lagunas. Sería una medida transitoria porque seguirá afectando a otras zonas, la idea es la eliminación de los pozos”, argumenta Teresa Gil.

“A pesar de todo, Doñana sigue siendo el paraíso en la tierra”, Noé Garrido

Además, en los últimos años Doñana se ha visto amenaza por otras cuestiones como la extracción del gas del subsuelo del entorno natural, un proyecto que desde 2013 pretende convertir Doñana en “un almacén de gas” como comentan desde WWF. En marzo de 2022, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía daba a conocer la resolución por la que anula la prohibición de llevar a cabo proyectos de extracción y almacenamiento de gas en Doñana. Esta resolución da luz verde a los proyectos de las empresas gasísticas Gas Natural Fenosa y Repsol para realizar fracking en el subsuelo del parque, una intervención que ya se ha realizado en varias ocasiones. En 2016, el informe de tres doctores en Ciencias Geológicas Riesgos sísmicos relacionados con el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en Doñana y su entorno alertaba sobre la sismicidad inducida que supone la acumulación de gas en la zona y advertía de que “el Parque Nacional no soportará trabajos con gas”.

Por si fuera poco, en junio de 2017 un incendio arrasó 10.340 hectáreas del entorno del espacio debido a una negligencia de una empresa local de carbón. Tras cinco años y una instrucción en proceso, el parque nacional aún se recupera de las zonas calcinadas. En julio de este año, un incendio en la zona del paraje El Corchito de Bonares, cerca del parque natural, volvía a poner en tensión a vecinas y movimiento ecologista. Aunque no alcanzó los niveles de 2017, arrasó con 1.700 hectáreas. “No solo se trata de problemas exclusivos de Doñana, es un espacio donde los problemas globales se manifiestan más evidentemente al ser un sitio más sensible”, comenta Noé Garrido, educador ambiental.

Recuperar Doñana, ¿una utopía?

“Doñana requiere un plan más holístico de restauración de sus necesidades hídricas y de su funcionamiento hidrológico, tanto de sus aguas superficiales como de sus aguas subterráneas, que requeriría la participación de todas las administraciones, desde la estatal, ayuntamientos, la Junta de Andalucía y la sociedad civil”, explica Teresa Gil. Hasta ahora, las políticas emprendidas por las distintas administraciones nunca han tenido un objetivo común. Los políticos locales en muchas ocasiones se han visto envueltos en polémicas por permitir obras ilegales en el entorno natural. Es el caso del alcalde de Almonte José Miguel Espina, al que la justicia pide cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación por permitir obras en el acantilado del Asperillo, un espacio protegido dentro del parque.

En varias ocasiones la Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al gobierno de España por no llevar a cabo sus responsabilidades de proteger el espacio y no paralizar las extracciones de agua

La Junta de Andalucía ha utilizado de forma política el espacio y sus recursos tanto en los años del PSOE como actualmente con el gobierno del PP. El gobierno central no ha ido en sus políticas más allá de las palabras, caracterizando la realidad por una falta de inversión y estrategia con respecto a este espacio. En varias ocasiones la Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al gobierno de España por no llevar a cabo sus responsabilidades de proteger el espacio y no paralizar las extracciones de agua. El último de estos expedientes se daba a conocer en julio.

Quienes sí parecen ir en una misma dirección son los organismos internacionales, la comunidad científica, y los movimientos ecologistas. La ONU cuenta con un apartado en su Agenda 2030 en el que recalca la importancia de salvar este espacio como “una apuesta al futuro, un espacio aliado contra el cambio climático”. Los colectivos con enfoques ecologistas, desde los más locales como Salvemos Doñana o Mujeres por Doñana, hasta WWF o Ecologistas en Acción, llevan años haciendo labores de divulgación, pero también acciones en el espacio para revertir la posibilidad de incendios. Todos miran con incertidumbre el futuro de este espacio que, como dice Noé Garrido, “a pesar de todo, Doñana sigue siendo el paraíso en la tierra”.