Economía
Si te vas al extranjero, devuelve las ayudas: la propuesta de Podemos frente a Ferrovial

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado esta mañana una proposición no de ley para poner coto al traslado de actividades o de sede fiscal de aquellas empresas que hayan sido beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas. La medida ha sido anunciada y registrada después de la polémica por el anuncio de la multinacional constructora Ferrovial de traslado de su sede fiscal a los Países Bajos.

La propuesta dispone que las empresas que hayan trasladado producción o sede fiscal a otros países tengan que devolver todas las ayudas o subvenciones públicas que les hayan sido concedidas en los diez años anteriores. Técnicamente, la propuesta de Unidas Podemos supone una modificación de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de incluir este supuesto entre los motivos de devolución de las ayudas.

Unidas Podemos define esta propuesta como “un contrato de permanencia” con el Estado, en el caso de que las administraciones públicas hayan beneficiado a estas empresas con ayudas o subvenciones. En su exposición de motivos, UP reconoce que “la amenaza de deslocalización o externalización de empresas industriales es un hecho que está cobrando protagonismo en los últimos meses”. Las licitaciones y contratos (no ayudas y subvenciones) de Ferrovial con el Estado ascienden a 1.000 millones de euros desde junio de 2018, según el diario El País.

La propuesta dispone que las empresas que hayan trasladado producción o sede fiscal a otros países tengan que devolver todas las ayudas o subvenciones públicas que les hayan sido concedidas en los diez años anteriores

La propuesta define como deslocalización “la transferencia o reubicación de una industria, actividad económica o unidad productiva o parte de estas; o cambio de domicilio fiscal o domicilio social a otro Estado”. El caso de Ferrovial sería ilustrativo exclusivamente del segundo de estos supuestos, si bien fuentes sindicales consultadas por los medios de comunicación han alertado de que el simple cambio de sede fiscal sí puede tener consecuencias para el traslado de trabajadores u oficinas de la empresa.

En palabras de Pablo Echenique, portavoz de UP, “hay que frenar este tipo de comportamientos porque [Ferrovial] es una empresa que ha recibido un montón de ayudas y subvenciones con dinero público de los contribuyentes españoles”. Echenique se ha referido al anuncio de la empresa de Rafael del Pino como un acto de “piratería económica”.

El traslado fiscal de la empresa a Países Bajos ha provocado reacciones tanto desde dentro del Ejecutivo como desde fuera. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidente económica, Nadia Calviño, han criticado este anuncio tanto por su contenido como por sus formas, si bien las reacciones no se han traducido en un anuncio de medidas o líneas de actuación concretas más allá de las llamadas desde diferentes departamentos ministeriales a la propia Ferrovial tras ser difundidos sus planes.

La oposición del Partido Popular ha hecho suyo un argumento de la propia Ferrovial, ese que incide en que el traslado no se debe a motivos de ahorro en impuestos, sino a la situación de inseguridad jurídica provocada por la política económica del Gobierno. En la misma línea, el PP ha alertado de un efecto contagio sobre otras empresas, algo que Calviño se ha apresurado a negar, pero que sí aparece reflejado co0mo amenaza en la propia PNL presentada por Unidas Podemos.