Ecuador
Las protestas indígenas en Ecuador cumplen un mes con tres muertos y el diálogo roto

El 16 de septiembre el poderoso movimiento indígena se lanzaba a las calles y a cortar carreteras en varias provincias de la sierra ecuatoriana. El paro indefinido decretado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) tres días después fue contestado con la declaración del estado de excepción en siete provincias y con una represión sistemática de la policía y el ejército ecuatoriano, que incluyó el uso “desproporcionado” de gases lacrimógenos y armas de fuego, según denuncia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Hasta la fecha, al menos tres personas han fallecido como consecuencia de la violencia policial y militar: el líder indígena kichwa de 46 años, Efraín Fuerez; José Alberto Guamán Izam, de 30 años, de la comunidad de Cachibiro, agricultor y padre de dos hijos, y Rosa Elena Paqui, mujer indígena saraguro de 61 años, por un paro cardiorrespiratorio causado por los gases lacrimógenos.

Según documenta WOLA, la represión ha alcanzado a la prensa, con periodistas “retenidos y deportados” y el cierre de medios comunitarios. También se han reportado allanamientos sin orden judicial, cortes de internet y telefonía en las provincias movilizadas y “deportaciones sumarias”, según esta organización estadounidense. Según las cifras de la Conaie, cuando se cumple un mes de movilización, a los tres muertos, se le suman 296 personas heridas y 377 vulneraciones de los derechos humanos. 

El 16 de octubre, 132 organizaciones internacionales de derechos humanos exigían al Gobierno ecuatoriano frenar la militarización y el “uso excesivo de la fuerza”. El comunicado hace hincapié en la criminalización judicial de las organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos “bajo cargos como terrorismo, enriquecimiento ilícito y paralización de los servicios públicos”. Según denuncian estas ONG de todo el mundo, el Gobierno de Noboa está recurriendo al bloqueo de cuentas bancarias de varias organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Las principales demandas indígenas siguen siendo la derogación de la ley que elimina el subsidio al diésel, más recursos para la sanidad, el fin de los despidos masivos, la reducción del IVA al 12% y el rechazo al referéndum convocado por el presidente, Daniel Noboa, para permitir la reinstalación de bases militares estadounidenses en el territorio. Con el transcurrir del paro indefinido, a las primeras demandas se le sumó la liberación de los detenidos y el fin de las criminalización.

El principal foco de resistencia indígena es la provincia de Imbabura, donde el Gobierno ha dirigido un operativo militar para “reprimir al pueblo y despejar las vías”, según la Conaie, organización que culpó al Gobierno de Noboa de la ruptura de las negociaciones y de la criminalización de la que están siendo víctimas: “No somos terroristas, somos pueblos milenarios que nos regimos por los principios de unidad y solidaridad”. Los intentos de trasladar las protestas a Quito y tomar la capital, como en anteriores paros que torcieron el brazo al gobierno ecuatoriano, fueron obstaculizados por las fuerzas de seguridad que impidió el paso de los camiones que trasladaban manifestantes y dispersó con gases lacrimógenos las manifestaciones en la ciudad el pasado 12 de octubre. 

La Conaie culpa a Noboa de “cerrar toda posibilidad de diálogo real mientras cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional a costa del sufrimiento del pueblo y el aumento de la pobreza”

Pese a que el Gobierno afirmó desde el principio que no iba a negociar con el movimiento indígena, el 15 de octubre se sentó con los representantes indígenas de Imbabura y de los pueblos kichwa de la sierra para llegar a un acuerdo que no duró mucho. “Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, dijo el ministro del Interior John Reimberg. Pero al día siguiente, las protestas continuaban. Las demandas de mantener el subsidio del diésel, de liberar a todos los manifestantes detenidos, en especial los “12 de Otavalo” acusados de terrorismo, o el esclarecimiento de las muertes producidas seguían sin verse satisfechas. 

El 19 de octubre, el Gobierno rompía oficialmente el diálogo con el movimiento indígena y le responsabilizaba de “cualquier cosa que pase”. La Conaie rechaza esta decisión, a la que califica de “autoritaria” y acusa a Noboa de “cerrar toda posibilidad de diálogo real mientras cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional a costa del sufrimiento del pueblo y el aumento de la pobreza”.