Educación pública
La Comunidad de Madrid, condenada por racismo en la escuela

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de la Comunidad de Madrid comunicaba hoy a Petra Ferreyra una sentencia pionera con la que se condena a la Comunidad de Madrid por el acoso racista al que fue sometido su hija en el CEIP Cardenal Herrera Oria. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, considera probado tanto que la menor, Camila, sufre “ansiedad, miedo, baja autoestima, pesadillas, problemas sociales, desconfianza… “como consecuencia de las situaciones vividas en el colegio, como que ha existido un “funcionamiento anormal del servicio público, causante de un daño al perjudicado que no tiene el deber jurídico de soportar”. Así condena a esta administración a indemnizar a la parte afectada con 7.500 euros.

Petra Ferreyra, que atiende al teléfono emocionada, afirma que la satisfacción es plena. “Estamos muy contentas y satisfechas porque conseguir el reconocimiento era lo primero para nosotras; también para la recuperación de Camila es indispensables”, asegura Ferreyra. “Se ha hecho justicia, se ha reconocido tanto el acoso escolar racista como que no tomaron las medidas necesarias. La falta de acción ha quedado en relieve”, concluye.

Camila, quien llevaba soportando insultos como “negra de mierda” o “hueles mal” desde los tres años, sufrió la “indefensión” de las instituciones, tras dos protocolos de acoso que no consiguieron frenar la situación y que se realizaron con constatadas deficiencias que hoy reconoce la justicia. La menor, que finalmente ha tenido que abandonar el centro, pasó graves episodios de ansiedad que acabaron con un diagnóstico de estrés postraumático. Su madre relata como en el colegio pasaron de los insultos a rodearla en los recreos, “tirarla balones en la tripa en clase de Educación Física” o “correr para chocarse con ella”.

La sentencia, ante la que no cabe recurso, es contundente en sus conclusiones. En ella se afirma que “ni la dirección del centro ni siquiera el profesorado, indagó sobre lo que realmente estaba sucediendo, tratando de relativizar el problema a cosas de niños, calificados, en el acto de la vista, como ‘hechos puntuales normales dentro del colegio’”.

La sentencia expone también que la propia inspección educativa puso en duda la actuación del centro al reconocer el incumplimiento de los pasos que establece la guía de acoso de Madrid para activar los protocolos contra el bullying. La inspección educativa afirma que no se dio traslado de la apertura del protocolo, tampoco hay constancia de las entrevistas a las familias y no se hizo seguimiento de las medidas tomadas. “Ni siquiera se tomó declaración a la menor afectada”, destaca la sentencia.

Utilizando la causa de Camila, pionera en llegar hasta la justicia, madres con hijas e hijos afrodescendientes han puesto en marcha la campaña “#SuspensoAlRacismo” para denunciar el trato discriminatorio dentro de las aulas que muchas veces queda camuflado como “cosas de niños”. La campaña, que cuenta con el impulso de la asociación de madres antirracistas UKUAJI, ha conseguido recabar y difundir más testimonios de niñas y niños quienes denuncian que se enfrentan al racismo en ausencia de protocolos específicos.