Educación
Ninguna universidad privada cumple todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Universidades en el decreto que prepara

Manuel Castells, ministro de Universidades, anunciaba a finales de noviembre de 2020 la elaboración de un nuevo decreto que endurecerá los requisitos que deben cumplir las universidades para ser consideradas como tal. Más oferta académica, más grados que másteres y un mínimo de investigación eran los puntos clave del texto, que se suma a otras reformas elaboradas bajo el liderazgo del sociólogo como la eliminación de grados de tres años. Los resultados de las modificaciones de criterios para crear —o ser llamadas— universidades eran previsibles: el texto en el que se está trabajando afectaría principalmente a la universidad privada.

El Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha concluido en un informe presentado en rueda de prensa hoy, 18 de marzo, que no hace falta irse a la nueva norma para que haya incumplimiento: solo 18 de las 81 universidades estudiadas cumplen todos los requisitos de la ordenación vigente en estos momentos. Si bien todas aprueban en el mínimo de oferta académica exigida, sigue habiendo incumplimientos en aspectos relacionados con la plantilla docente por parte de instituciones tanto públicas como privadas: ratio mínima entre profesorado y estudiantado y porcentajes mínimos de personal docente e investigador (PDI) doctor.

Es decir, ni los estudiantes reciben la atención prometida ni el profesorado tiene facilidades para poner fin a la precariedad de unas plantillas que se valen en exceso de la figura de profesor asociado. Catalunya es la comunidad que más suspende en lo que a cumplimiento de requisitos actualmente en vigor en este ámbito se refiere, seguida de Madrid, País Valencià y Castilla y León.

Si a las demandas a los centros de educación superior del decreto actualmente en vigor se añaden las reformas que plantea el nuevo, el número de universidades cumplidoras baja de 18 a 12, todas ellas públicas. Si, además, se hacen extensibles los requisitos a los centros adscritos de las instituciones —la inmensa mayoría de los cuales están vinculados a instituciones privadas, y sobre los que el informe valora que las conclusiones del estudio “pone en cuestión la viabilidad y calidad de una gran mayoría de estos centros”—, el número de universidades que superan el baremo baja hasta cuatro.

El informe ha descartado del estudio dos instituciones públicas —la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía— por su característica de universidades especiales y cinco privadas —CUNEF, ESIC, Internacional Villanueva, de las Hespérides e Internacional de la Empresa— por su reciente reconocimiento como universidades que imposibilita el estudio de indicadores. 

En qué fallan

Como era previsible, las universidades públicas fallan principalmente —cuatro de cada diez lo hacen— en la parte de la plantilla del personal docente e investigador (PDI), y también sobre los centros adscritos. En Catalunya, en la mayoría de universidades públicas (cinco de siete), los contratos temporales alcanzan o superan el 60% del total —cuando el máximo permitido es 40%—, del mismo modo que sucede en dos públicas madrileñas —UC3M y Rey Juan Carlos— y la Universitat de les Illes Balears. Otro problema que deduce el estudio sobre las instituciones públicas es el bajo porcentaje de PDI con dedicación a tiempo completo (inferior al 40%, cuando el mínimo exigido actualmente es el 60%) entre las que destacan de nuevo universidades catalanas: la Autónoma de Barcelona (38,0%), la Universitat de Barcelona (39,1%) y la Rovira i Virgili (31,6%).

En la privada, la investigación es una asignatura reciente: solo una cumple lo que exige el nuevo decreto. La concepción de las universidades como lugar para la transmisión del conocimiento se ve relegada por una oferta académica repleta de grados y másteres —pocos programas de doctorado— que generan ingresos a las instituciones privadas. “Todas las carencias en cuanto a oferta docente se concentran en las privadas”, ha resumido Vera Sacristán, miembro del OSU y autora del informe ¿A qué puede llamarse universidad? en la presentación del mismo. “Hay universidades privadas más pensadas al negocio cuyos propietarios son fondos de inversión”, recuerda la docente jubilada.

La nueva normativa exige dedicar al menos un 5% de presupuesto a programas propios de investigación, presentar al menos cinco propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales al año, obtener al menos cinco proyectos de investigación al cabo de cinco años —seis de cada diez privada no lo cumplen, las públicas lo hacen en su totalidad—, acumular como mínimo seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores a tiempo completo —ocho de cada diez públicas lo cumplen, solo una de cada diez privadas— y que un mínimo del 60% de todo el PDI doctor cuente con uno o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora, lo conocido como sexenios —siguiendo la metodología empleada por el OSU, casi la mitad de privadas no ha obtenido ninguna evaluación positiva en al menos uno de los años del quinquenio 2014-2018—. 

En lo que se refiere a las plantillas PDI, en el caso de las privadas solo una de cada tres universidades aprueba en la actualidad lo exigido en el texto. El incumplimiento de ratio de profesorado por estudiante, la alta proporción de PDI con contrato temporal o la reducida proporción de PDI a tiempo completo también se extienden a parte de las universidades privadas. 

Oferta académica y situación del profesorado

Para asegurar la calidad docente y el cumplimiento de los objetivos que se presuponen de las universidades, el Ministerio de Universidades considera que la normativa debe asegurar que los grados fueran lo más ofertado en las instituciones y aquello que reuniera mayor número de estudiantes. Era una primera forma de poner coto a la privada. Mientras todas las universidades públicas cumplen la totalidad de requisitos sobre oferta de grados, másteres, doctorados, porcentaje de matriculados en grado sobre el total de alumnado y variedad de ramas de conocimiento —excepto la Carlos III de Madrid y las politécnicas de Cartagena y de Catalunya—, al menos tres privadas incumplen en cada ámbito, tal y como se puede consultar de manera detallada en el informe del OSU.

En lo que se refiere a nuevos requisitos sobre la plantilla de personal docente e investigador y su cualificación, la investigación del grupo catalán incide en que la temporalidad es la asignatura pendiente de abordar en el sistema universitario al destacar que “el porcentaje de PDI temporal en el conjunto de las universidades españolas es del 46%, de lo que se deduce que este requisito, a pesar de estar vigente para las universidades públicas desde 2007, se está incumpliendo masivamente y de manera sistemática”, sobre todo por parte de las públicas. En la privada, algunas universidades superan el doble de la temporalidad máxima, lo que Sacristán vincula a la cuestión producción científica: “Si tu personal docente e investigador trabaja a tiempo parcial, lo único que puede hacer es dar clases, está todo muy ligado”.

Cuatro de cada diez universidades públicas y cuatro de cada cinco privadas incumplen el requisito de PDI a tiempo completo. “Hay requisitos sobre plantilla que están en vigor desde hace mucho tiempo, en todos estos años este incumplimiento ha sido masivo y no ha tenido consecuencias”, concluye Vera Sacristán. En este sentido, la autora del informe ha incidido en la necesidad de un seguimiento efectivo que garantice que las universidades cumplan lo exigido.