Colombia
El arresto de Uribe puede remover cuatro décadas de narcoparamilitarismo en Colombia

La Justicia colombiana tiene abiertas cerca de 60 investigaciones contra Álvaro Uribe, más de una docena de ellas en la Corte Suprema y 46 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Las investigaciones abarcan una amplia gama de delitos, nexos estrechos con el paramilitarismo ultraderechista y el narcotráfico, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante sus mandatos presidenciales (2002-2010), espionaje y un largo etcétera.

Sin embargo, al igual que le pasó al gángster estadounidense Al Capone en los años 30 ─fue detenido no por sus numerosos crímenes sino por evasión fiscal─ Álvaro Uribe se encuentra en realidad en detención domiciliaria preventiva por causas comparativamente de nivel menor a nivel penal.

Como explicaba Pablo Elorduy en estas mismas páginas días atrás, la Corte Suprema lo investiga por soborno y fraude procesal, pero, al igual que en el caso de Al Capone son hilos que conducen directamente al gran ovillo y que de desenrollarse provocarán un verdadero terremoto político que puede arrastrar al actual Gobierno de Iván Duque ─delfín de Uribe─ y alterar todo el escenario político en Colombia e incluso en la región.

La omnipotencia del hombre tal vez más poderoso de Colombia le hizo incurrir en errores que lamentará. Álvaro Hernán Prada, diputado del partido de Uribe, el Centro Democrático, y uno de sus abogados personales, Diego Javier Cadena Ramírez ─letrado de narcotraficantes en Colombia y en EE UU─ intentaron sobornar en la propia cárcel a varios de los testigos con los que contaba la acusación para incriminar a Uribe, para que cambiaran su testimonio y lo exculparan.

El ex presidente y su hermano están acusados de crear en 1996 el grupo paramilitar Bloque Metro que se integraría en las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Bajo la promesa de cambios en su situación judicial en un caso y en otro con entrega de una fuerte suma de dinero a su familia, se intentó que cambiaran su testimonio en el que inculpaban a Uribe.

Uno de esos testigos clave, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, nació y se crió en la hacienda ganadera de dos mil hectáreas 'Guacharacas' de la familia Uribe Vélez, en Antioquia, donde su padre era el encargado.

Él fue quien confirmó que fue allí donde tras sufrir en enero de 1995 un ataque de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el robo de 600 reses y caballos, Álvaro Uribe y su hermano Santiago decidieron crear un grupo armado.

Álvaro Uribe era entonces gobernador de Antioquia, y usó su poder para poner en marcha inicialmente la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, que operó en varios municipios de ese departamento.

El representante legal de la misma era un conocidísimo ganadero y narcotraficante amigo de Álvaro Uribe, Luis Alberto Villegas Uribe y entre sus miembros había otros ganaderos relacionados con el narcotráfico, como Santiago Gallón Henao, quien reconoció esa relación en 2010 ante el Juzgado Primero Penal de Antioquia.

Según la Fiscalía, los hermanos Uribe, junto con los hermanos Gallón Henao y los hermanos Villegas Uribe acordaron constituir el Bloque Metro, un grupo paramilitar que se empezó a entrenar en la propia hacienda 'Guacharacas'.

Poco después esta organización se integró formalmente en las derechistas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) comandadas por Carlos Castaño.

Las AUC llegaron a tener miles de hombres y protagonizaron numerosas masacres en zonas rurales que consideraban que podían prestar apoyo logístico en la región a las guerrillas de las FARC o del ELN. El control del territorio y la complicidad de las autoridades les permitió financiarse impunemente con el narcotráfico.

Las miles de horas de conversaciones telefónicas interceptadas por el CTI (Cuerpo Técnico Judicial) de la Fiscalía durante años permitieron a la Justicia confirmar la versión de más de 40 testigos y reunir un abrumador cúmulo de pruebas contra Álvaro Uribe, su hermano Santiago ─en la cárcel por su vinculación con el grupo narco Doce Apóstoles que también se reunía en la hacienda familiar─, el diputado Prada, el abogado Cadena y una serie de otros políticos y empresarios.

Por ello la Corte Suprema decidió dar este paso histórico: detener por primera vez en la historia de Colombia a un ex presidente.

Entre las conclusiones del documento de 1.554 páginas de la Corte se puede leer: “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecer recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”.

La causa que inició Uribe contra el senador Iván Cepeda, látigo de la izquierda contra los paramilitares y el narcotráfico se convirtió en un bumerán que lo llevó a su arresto actual

Álvaro Uribe recibió en su propia cara, como un bumerán, la causa por 'infamia' que él mismo inició en 2014 contra el senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Cepeda había acusado en 2012 a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de haber creado el Bloque Metro, y al ser elegido senador por el Polo en 2014 presentó esa acusación en el hemiciclo aportando el testimonio de varios ex paramilitares, lo que en su momento provocó ya un debate nacional.

La Corte Suprema terminó exculpando a Cepeda en 2018 a quien Uribe acusaba de manipular testigos, y comenzó a investigarlo a él mismo, logrando probar que fue el ex presidente quien intentó en realidad sobornar a los testigos de Cepeda para que cambiaran su testimonio.

El arresto domiciliario de Uribe es ya de por sí un triunfo para la izquierda y para los defensores de derechos humanos en Colombia.

Iván Cepeda es filósofo de profesión, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), hijo de la activista Yira Castro y del congresista Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica, asesinado en 1994 por paramilitares en connivencia con el Ejército.

Miles de guerrilleros desmovilizados han sido asesinados tras los últimos dos acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno

La UP había reunido a partir de 1985 a guerrilleros de las FARC-EP desmovilizados tras un anterior acuerdo de paz, el celebrado durante el Gobierno de Belisario Betancur. Durante los '80 y '90 fueron asesinados ocho de sus congresistas, 13 diputados, 109 concejales, 11 alcaldes, dos candidatos presidenciales y más de 4.000 militantes de la UP.

La defensa de los derechos humanos por parte de Iván Cepeda lo ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos en Colombia y en el extranjero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2010 al Estado colombiano por su complicidad con los grupos paramilitares en el asesinato del padre de Iván Cepeda y de muchos otros militantes, parlamentarios, periodistas y activistas de izquierda durante las décadas de 1980 y 1990.

La Fiscalía de la Nación declaró en 2014 esos asesinatos políticos como crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, poco después de esa declaración la experiencia se repetía. Tras el último acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016 las FARC se convirtieron en partido político. Más de 220 de sus exguerrilleros han sido asesinados ya en el tiempo transcurrido desde entonces.

Las ramificaciones que pueda tener la causa por la que la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe podrían dar lugar a remover las páginas más siniestras de la historia colombiana de las últimas cuatro décadas.

Algunas de las otras investigaciones judiciales que tiene abiertas el ex presidente se centran en sus relaciones con famosos narcotraficantes, como con el Cartel de Medellín y con el propio Pablo Escobar y varios de sus lugartenientes; con la financiación de sus campañas electorales de 2002 y 2006 por parte del narcotráfico, o la brutal guerra sucia librada contra la guerrilla que se cobró más de 10.000 víctimas.

Al menos 2.000 de ellas fueron 'falsos positivos', campesinos y personas marginales secuestradas y asesinadas por el Ejército, presentadas luego a la prensa con uniformes y armas como guerrilleros para reivindicar los 'éxitos' del Gobierno contra la guerrilla.

Cables de Inteligencia de EEUU de 1991 desclasificados en 2004 ya vinculaban a Uribe con Pablo Escobar y otros narcotraficantes

La familia Uribe tiene un origen humilde pero a partir de los años '80 todo empezó a cambiar. La buena relación de Alberto Uribe Sierra ─padre de Álvaro Uribe─ con narcotraficantes ganaderos y criadores de caballos de pura sangre del estado de Antioquia y su papel como testaferro de ellos hizo que en pocos años se convirtiera en un potente hacendado.

Una a una fue comprando fincas dedicadas también a esas actividades que permitían blanquear el dinero de las drogas. Según investigaciones periodísticas el asesinato del padre del ex presidente en 1983 en su propia finca 'Guacharacas' fue debido a un ajuste de cuentas y no durante un intento de secuestro por parte de las FARC como intentó presentarlo la familia.

Varias de las haciendas familiares, no solo las 'Guaracharacas' sino también 'San Cipriano', 'La Mundial' y otras habrían sido utilizadas no solo por los narcoparamilitares sino también por la Brigada XIV del Ejército colombiano para torturar y asesinar a campesinos y peones rurales acusados de ayudar a la guerrilla.

En 1981 el ex presidente ahora arrestado era director de la Aeronáutica Civil, lo que facilitaba el otorgamiento de licencias a aeropuertos privados y a helicópteros y avionetas utilizados por los narcos. Otros directores anteriores habían sido asesinados por los narcos por negarles licencias a ganaderos tan 'respetables' como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Ochoa Vázquez y otros.

En 2004 Newsweek, The New York Times y otros medios estadounidenses revelaron un informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de Defensa del 23 de septiembre de 1991 que se acababa de desclasificar en el que se calificaba a Álvaro Uribe de “amigo personal cercano de Pablo Escobar” al que intentaba ayudar consiguiendo que el narcotraficante pudiera conseguir un escaño como congresista.

“Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes”. Así titulaba también años más tarde, el 25 de mayo de 2018 un artículo en The New York Times en el que se daba cuenta de documentos del Departamento de Estado desclasificados esos días, datados en 1992 y 1993.

Esos cables informaban de reuniones de diplomáticos estadounidenses con distintos políticos colombianos en los que estos reconocían abiertamente las relaciones de Uribe con el narcotráfico. En uno de ellos recogían declaraciones de Alejandro González, senador del Partido Liberal, en el que militaba entonces Uribe en las que decía que este “temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus contactos del Cartel de Medellín” la promesa de negociar un acuerdo con el gobierno para lograr la rendición de Escobar.

En otro cable se informaba que en una reunión en la embajada estadounidense en Bogotá Luis Guillermo Véz Trujillo, senador también del Partido Liberal, se quejaba que el clan familiar narco de los Ochoa Vásquez había financiado las campañas electorales de Uribe. El ex presidente es primo de los Ochoa.

Un testaferro de narcos reivindicó en marzo pasado haber comprado votos en las presidenciales de 2018 en las que Iván Duque fue elegido presidente; en junio fue asesinado

A pesar de todo este cúmulo de pruebas que pesan sobre Uribe y varios miembros de su familia, el expresidente ha llegado a sus 68 años sin ser nunca detenido. Hasta ahora.

Su arresto y la contundencia de las acusaciones en las que basa su fallo la Corte Suprema parecieran augurar un juicio de importancia histórica en Colombia.

El actual presidente, Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe y líder de Centro Democrático está precisamente ahora, a dos años de las elecciones presidenciales, en su etapa más baja, con solo un 30% de popularidad.

Violando la tradicional norma de los presidentes de respetar los fallos de la Justicia en respeto a la división de poderes, Duque se ha mostrado públicamente airado con la detención de su mentor, ha defendido su inocencia y ha prometido hacer lo imposible para conseguir revertir su situación.

Pero el presidente no las tiene todas consigo. En marzo pasado el propio Duque se veía arrastrado junto con Uribe por declaraciones del ganadero José Guillermo Hernández, Ñeñe, acusado de ser testaferro de cárteles de la droga, en las que este reivindicaba con orgullo en unas grabaciones haber ayudado a comprar votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 2018 en las que salió electo Iván Duque.

Hernández fue asesinado en Brasil tres meses después, en junio pasado.