América Latina
Golpe al uribismo y avance de la izquierda a semanas de las elecciones en Colombia

Semana dura para el uribismo. A la tensa y violenta situación que se vive en Colombia ante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo en la que el candidato oficioso del uribismo y del resto de la derecha, Federico Gutiérrez, competirá con el líder de la izquierda, Gustavo Petro, se han sumado en los últimos días dos duros reveses para la derecha.

El expresidente Álvaro Uribe, omnipresente en la política colombiana en los últimos 20 años, mentor del actual presidente, Iván Duque, y del candidato Federico Gutiérrez, deberá ir a juicio por presunta compra de testigos y fraude procesal.

Uribe no contaba con esa decisión judicial, daba por seguro que la jueza Carmen Ortiz confirmaría la petición de la Fiscalía para que se cerrara la causa abierta en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, caso del que dimos cuenta en su momento en estas mismas páginas.

El lado oculto de la noticia

El arresto de Uribe puede remover cuatro décadas de narcoparamilitarismo en Colombia

Roberto Montoya

1

Colombia

El arresto de Uribe puede remover cuatro décadas de narcoparamilitarismo en Colombia

Roberto Montoya

1

Durante décadas Álvaro Uribe logró escurrirse de las manos de la Justicia colombiana a pesar de su probada relación con el paramilitarismo y el narcotráfico, y su arresto hace tambalear también al Gobierno y todo el Estado.

Tanto en 2018 como en 2020 la Corte entendió que había testimonios y pruebas contundentes de que tres exparamilitares ultraderechistas presos habían sido sobornados en la cárcel por enviados de Uribe para testimoniar contra el senador de izquierda Iván Cepeda. Este se había convertido en el principal azote del uribismo. 

Cepeda había presentado una sólida acusación, con testigos y pruebas documentales, sobre la convivencia de Uribe y su régimen con el narcoparamilitarismo ultraderechista que asoló durante años Colombia provocando la muerte de miles de personas.

Uribe, ese hombre premiado y condecorado tantas veces en España, está ahora acorralado judicialmente y aunque sus abogados intentarán todavía apelar ante la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá, difícilmente podrá haber una decisión antes de que se realicen las elecciones del 29 de mayo.

El lado oculto de la noticia

Uribe, el ex presidente detenido más elogiado y condecorado en España

Roberto Montoya

1

Colombia

Uribe, el ex presidente detenido más elogiado y condecorado en España

Roberto Montoya

1

A pesar de las graves acusaciones de connivencia con el narcoparamilitarismo que pesan desde hace décadas contra el ex mandatario colombiano, gobiernos, bancos, multinacionales y grupos mediáticos españoles lo han presentado durante años como modelo de libertad y democracia.

Para más inri, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, líder de Pacto Histórico, ha hecho últimamente mítines de su campaña electoral a las puertas de algunas de las inmensas fincas de Uribe en la región de Córdoba, poniéndolas como ejemplo de tierras improductivas de los terratenientes colombianos a las que propone expropiar.

Petro, el candidato de la izquierda que avanza en las encuestas, propone confiscar grandes fincas improductivas de terratenientes como Uribe y producir alimentos que hoy día se importa

El líder de Pacto Histórico, que se presenta como un defensor de la soberanía alimentaria, sostiene que mientras el país importa muchos de los alimentos que consume, hay en Colombia millones de hectáreas fértiles sin ser trabajadas en manos de terratenientes como Uribe.

Miembro de la guerrilla del M19 de los años 70, Petro se ha convertido en una pesadilla para el uribismo y las fuerzas armadas. Acompañado por la poderosa activista medioambientalista y feminista Francia Márquez, aparecen hoy día ascendiendo en las encuestas mientras Gutiérrez se estanca.

Márquez, una mujer negra que en las primarias consiguió un gran apoyo, es la que más ha hecho campaña contra las explotaciones petroleras, proponiendo un plan para disminuir progresivamente su producción mientras se potencian las energías renovables. Ella también aporta a la campaña una postura feminista contundente que compensa esa cierta ambigüedad que mantiene Petro sobre el tema. 

La tensión aumenta a medida que se acerca la fecha de las elecciones. El propio comandante del Ejército, el general Zapateiro, ha entrado en la polémica electoral atacando a Petro después de que este denunciara que varios altos oficiales militares están en nómina del poderoso Clan del Golfo, uno de los más poderosos grupos del narcotráfico. 

Lejos de reprochar al general por hacer declaraciones políticas que violan la Constitución, el presidente Iván Duque, violando a su vez la Ley Electoral, ha salido en su defensa, reivindicando el honor y el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra los narcos y atacando a su vez al candidato de la izquierda.

El uribismo, temeroso por el avance en las encuestas de la candidatura Petro-Márquez intenta en una carrera contrarreloj sacar adelante en el Congreso una reforma de la ley de traspaso de poder para impedirles acceder a información clasificada de seguridad nacional en el caso de llegar al poder.

Gustavo Petro sabe que su cabeza tiene precio hace tiempo y en estos días su equipo de campaña lo ha convencido para que anule algunos de sus actos de campaña ante avisos creíbles de la policía advirtiéndole que se preparaba un atentado contra su vida.

Por primera vez militares colombianos reconocen ante un tribunal que asesinaron a jóvenes campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos, estimulados por las recompensas

El Centro Democrático, el partido del otrora poderoso Álvaro Uribe y su discípulo, el presidente Duque, no presenta candidato propio en estas elecciones tras su demoledora derrota en las elecciones legislativas de marzo pasado y han dejado la decisión final en manos de sus bases aunque nadie duda que Gutiérrez, al frente de la coalición derechista Coalición Equipo por Colombia, es su candidato, su gallo tapao. Muchos de los cargos del uribismo ya han adelantado su intención de votarlo.

Gutiérrez, que militó en las filas del uribismo y que al ser elegido alcalde de Medellín dedicó su triunfo a Uribe, necesita esos votos pero al mismo tiempo intenta no aparecer como su marioneta, como lo fue Duque. El uribismo se hunde cada día más.

Días atrás y cinco años después de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que tanto Uribe como Duque rechazaron y boicotearon, Colombia escuchó por primera vez el testimonio de 11 militares, entre ellos un general, dos coroneles y dos tenientes coroneles, que reconocieron haber asesinado a 120 campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en combate.

Los crímenes, conocidos como falsos positivos, se cometieron en este caso en Catacumbo, una región fronteriza con Venezuela del departamento Norte de Santander, pero fueron también otras zonas de Colombia donde se llevó a cabo esta guerra sucia del gobierno, como Meta, Casanare, Antioquía, Huila.

A cambio recibían ascensos, recompensas económicas u otros beneficios. A fin de mejorar las estadísticas oficiales de éxito militar el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) aprobó en 2005 una directiva militar interna para incentivar las detenciones o muertes de guerrilleros. 

Esos 11 militares en concreto están acusados en el Caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entre enero de 2007 y 2008 por el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Ese tribunal los citó a fines de marzo pasado en audiencias donde se intercalaron sus testimonios con el desgarrador testimonio de familiares de sus víctimas.

Néstor Gutiérrez, un suboficial acusado de varios de los asesinatos de Catacumbo reconoció ante los familiares de Javier Peñuela: “Era un campesino, sí, lo digo en público hoy acá, y como todos sus familiares gente de bien. Su único pecado fue bajar al pueblo para que le sacaran una muela”.

Ahí fue detenido, trasladado a otra zona donde fue ejecutado, le quitaron su ropa, la quemaron y le pusieron uniformes de la guerrilla. “Asesinamos personas inocentes, campesinos”. Uno tras otro se fueron escuchando los testimonios de los familiares de los asesinados y luego los de sus asesinos.  

Hay registrados al menos 6.400 falsos positivos, jóvenes campesinos asesinados bajo los gobiernos de Uribe, una práctica que se intensificó cuando el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos era ministro de Defensa

La JEP tiene registrados miles de estos crímenes, más de 6.400 falsos positivos, una práctica que alcanzó su mayor intensidad durante los años en los que Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de Uribe, entre 2006 y 2009. Santos, que llegaría en 2010 a la presidencia de la mano de Uribe del que luego se alejó, fue nombrado Premio Nobel de la Paz por impulsar los Acuerdos de Paz de 2016 con la guerrilla.

En junio de 2021 pidió por primera vez perdón al ser interpelado por la Comisión de la Verdad por aquellos hechos: “Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, victimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.

Santos aseguró que no creyó al principio las terribles denuncias que hacían familiares de las víctimas sobre los crímenes cometidos por el Ejército contra civiles inocentes, pero las organizaciones de derechos humanos consideraron poco creíble las palabras de Santos. 

Consideran que era imposible que siendo ministro de Defensa y conociendo la larga historia de crímenes cometidos por las fuerzas armadas colombianas no hubiera siquiera ordenado una investigación sobre tantas denuncias similares hasta ya muy avanzado su mandato. 

Santos ha logrado hasta ahora no ser investigado por la Justicia y tanto en España como en otros países ha mantenido una imagen de férreo defensor de los derechos humanos. Pero la siniestra práctica de los 'falsos positivos' parece no haber quedado atrás.

La última matanza protagonizada por el Ejército de Iván Duque tuvo lugar el 28 de marzo pasado en una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, en la comunidad Alto Remanso, de unos 250 habitantes, totalmente abandonada por el Estado, por donde habitualmente se mueven dos escisiones disidentes de las FARC que se han negado a entregar sus armas. Son los llamados Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF) y el Frente Primero Carolina Ramírez, enfrentados entre sí por el control del territorio.

Allí se celebraba el tercer día de un bazar comunitario, fiesta, baile, comida, bebida, fútbol, riña de gallos, en los que participaban varias decenas de personas, incluso de otras comunidades, cuando fuerzas militares enmascaradas y vestidas de negro, emboscadas en los alrededores, comenzaron a disparar indiscriminadamente. 

Once personas al menos resultaron muertas, entre ellas mujeres, un adolescente; el  gobernador indígena de la localidad, Pablo Panduro Coquinche y el presidente de la Junta de Acción comunal (JAC), Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarrias, que estaba embarazada y Jhon Jairo Silva Mutumbajoy, un ex guerrillero desmovilizado.

Tanto el comandante del Ejército, Zapateiro, como el presidente Duque, presentaron el 'operativo antiterrorista' como un gran éxito militar, asegurando que en la fiesta había guerrilleros, que ocho de ellos murieron y que los otros tres murieron por sus disparos al repeler la acción militar.

La versión de toda la comunidad de El Alto Remanso de Puerto Leguizamo, Putumayo, rechaza totalmente esa versión y acusan a los militares de disparar a los civiles creyendo que había combatientes de las disidencias de las FARC en las fiestas. 

Miembros de organizaciones campesinas como la Moviccaap, periodistas y peritos de la Fiscalía que llegaron varias horas después al lugar han descubierto que los cadáveres habían sido manipulados, cambiados de lugar, y que a algunos cuerpos con grandes manchas de sangre se les había puesto encima burdamente impolutos chalecos antibalas y se habían dejado armas largas a su lado.

David Melo Cruz, abogado de las víctimas y miembro de la Fundación Liderazgo y Paz del Putumayo sospecha que el Ejército confundió a alguno de los participantes en la fiesta con Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, líder guerrillero en busca y captura y que por ello comenzaron a disparar.

El presidente Duque repitió rápidamente en su cuenta de Twitter la versión del Ministerio de Defensa: “Se neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC”. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo aceptan esa versión, se ha iniciado una investigación que amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones a las puertas de las elecciones.

El candidato presidencial de la izquierda, Petro, contestó al tuit del presidente: “No es neutralización, señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las FARC, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acabarán definitivamente los 'falsos positivos'”.

Por su parte Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato centrista de Coalición Centro Esperanza, dijo que “Un ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos; un gobierno no puede presentar una acción desproporcionada y vil como un operativo exitoso”.

De no pasar a la segunda vuelta de las presidenciales se da por descontado que pedirá el voto de sus seguidores para Petro, mientras que el Partido Liberal del expresidente César Gaviria ha anunciado ya oficialmente que apoyará la candidatura de Federico Gutiérrez, el candidato de la derechista Coalición Equipo por Colombia.

También Ingrid Betancourt, ex rehén de las FARC y candidata de Oxígeno Verde -cuenta con tan solo el 1,1% de intención de voto- declaró que “un falso positivo es la violación de derechos humanos más atroz de la historia reciente, no puede haber impunidad”, aunque no aclaró a qué candidato apoyará.

La tensión es máxima en Colombia. El ministro de Defensa tendrá que comparecer ante el Congreso para explicar la matanza de El Alto Remanso, mientras se suceden declaraciones de militares hostiles a Petro y crecen los rumores de golpe de Estado.

Gustavo Petro se ha visto obligado el pasado lunes 2 de mayo a suspender su visita a los departamentos del Eje Cafetero colombiano después de conocerse la existencia de un plan para matarlo. 

Según el equipo de seguridad del líder de la coalición Pacto Histórico, se habría recibido información de primera mano de fuentes en la zona de que el grupo de narcotraficantes y sicariato La Cordillera preparaba un atentado contra Petro.

La Cordillera es un poderoso grupo que opera en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas y ejerce control sobre buena parte de las autoridades civiles locales y políticas de ese Eje Cafetero, y en el que se asegura que participan incluso agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

La posibilidad cierta de que una coalición de izquierda alcance por primera vez el poder en Colombia, un país asolado por el narcotráfico y la violencia política desde hace décadas, ha hecho saltar todas las alarmas en las filas de la derecha y los grandes poderes de ese país y también fuera de sus fronteras.