Elecciones
Los gritos ahogados de las elecciones en Castilla y León

La gestión del Gobierno de Castilla y León se califica como “mala o muy mala” por un 43,6% de la población de la comunidad, según la última encuesta del CIS. Una cifra muy cercana a la de los 38 años que lleva el Partido Popular encabezando la Junta. En este período ha avanzado la despoblación al mismo ritmo que las políticas que condenan al territorio a ser foco de extracción y producción de energía para las grandes capitales. Pero también, en el cenit de la campaña hacia las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Castilla y León es el escenario de una sociedad organizada que no se resigna a ese futuro. 

Sonia (nombre ficticio) por fin cuenta con un puesto estable como bombera forestal tras años en una posición de fijo discontinuo, el estatus que posee la mayoría del cuerpo: trabaja en verano, vive del paro el resto del año. Es una de las escasas profesionales que se ha beneficiado de las medidas que ha adoptado la Junta tras la oleada de incendios que asoló el territorio el pasado verano, que se saldó con cinco muertes y 143.880 hectáreas arrasadas en Castilla y León. Desde su incorporación, un día pudo salir a cavar un alcorque con una azada alrededor de un árbol. Pero básicamente, cuenta Sonia, se pasa el día sentada en la base cerca del camión. 

Desde el 1 de enero, todo el cuerpo de bomberos forestales que trabaja directamente para la Junta de Castilla y León está contratado los 12 meses del año, una de las demandas históricas del colectivo. Esto afecta desde su implantación al 20% de los profesionales, ya que, según las cifras de los sindicatos, el 80% restante se reparten entre empresas privadas y la pública Tragsa. En su caso, las condiciones laborales las marcan las empresas subcontratadas. “Cada vez que el Gobierno de Castilla y León tiene un verano malo intenta tomar medidas a la desesperada que hacen que salgan bien parados en los titulares, pero que no traen mejoras reales”, denuncia Manuel (nombre ficticio) a El Salto, portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl). 

La Junta continúa sin desarrollar una planificación de las tareas de prevención de incendios, por lo que el escaso porcentaje de bomberos en activo estos meses no cuenta con directrices reales

Los carteles con la cara en llamas de Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, todavía pueden verse en muchas paredes de pueblos y ciudades de la comunidad. En febrero, las peticiones de dimisión del representante eran finalmente respondidas con su salida de las listas a las elecciones autonómicas del PP por León, que hasta ahora había encabezado. En sustitución figura María José Álvarez y, como número dos, Neftalí Fernández Barba, apegado a El Bierzo, una de las zonas más duramente castigadas por los incendios. 

Más allá de estas acciones, la Junta continúa sin desarrollar una planificación de las tareas de prevención de incendios, por lo que el escaso porcentaje de bomberos en activo estos meses no cuenta con directrices reales. Tampoco ha transformado el operativo en un servicio público en su totalidad. “La Junta empieza la casa por el tejado, el problema es que no cree en la prevención”, afirma Manuel. 

La última gran oleada de incendios en la comunidad ocurrió en la Sierra de la Culebra, en Zamora, el verano de 2022. Se saldó con 66.000 hectáreas calcinadas y también antecedió a un período electoral. El Partido Popular obtuvo entonces un 31.43% de los votos y 31 escaños, que le permitieron gobernar en coalición con un Vox reforzado con el 17,64% y 13 asientos en el parlamento. “Las medidas que ha tomado la Junta pueden no convencer a todo el mundo, pero puede que sí a parte de sus votantes”, sentencia Manuel. 

El papel de la comunidad en el mapa

João Teixeira y Susana Barrera Vilarmau, al igual que Manuel, entienden que la época electoral es uno de los momentos de mayor foco informativo, y eso hay que aprovecharlo. Por eso, pese a las divergencias internas, la organización de la que son portavoces, la plataforma ciudadana Stop Biogás Castilla y León, ha solicitado reunión con todos los partidos políticos en las últimas semanas. Solo dos no han respondido a las peticiones: PP y Vox. Para Susana y João no ha sido sorpresa, el Gobierno de la Junta lleva ignorando sus comunicaciones y recursos desde hace un año y medio. 

A finales de 2024, pueblos en distintos puntos de la comunidad comenzaron a reunirse para alertar de un nuevo fenómeno: la concesión de permisos para la construcción de megaproyectos de plantas de biogás. El tamaño de las instalaciones, propiedad de conglomerados extranjeros y financiadas con fondos europeos, hace imposible alimentarlas solo con desechos de los propios municipios, por lo que Stop Biogás afirma que será necesario traer residuos del exterior. El olor, el ruido, el tráfico y la luz equivalente a dos estadios de fútbol hará imposible, según sus integrantes, la vida en los municipios aledaños.

La plataforma ciudadana Stop Biogás Castilla y León ha identificado 120 proyectos en fase de implementación, todos en ayuntamientos del mismo color político

Pese a la opacidad de la Junta en su tramitación, la plataforma ha identificado 120 proyectos en fase de implementación. Todos los ayuntamientos implicados comparten el mismo color político del Gobierno autonómico. “No podemos demostrar que personas de la vida política estén en directo contacto con las empresas, pero cuanto más presionamos en las instituciones, más responden estas en medios de comunicación”, afirma Susana. Los artículos publicados les tildan de ignorantes, exagerados y con escasa formación en la materia. 

Desde hace un año y medio, cada vez más habitantes de nuevos municipios se han unido a la plataforma, que recorre pueblos y ciudades alertando sobre los peligros de estos macroproyectos para la salud pública y la viabilidad de la vida en el medio rural de Castilla y León. Las organizaciones se resisten a que la comunidad quede recluida a ser un productor de energía para las capitales del Estado y otros países europeos. “Nuestros partidos políticos tienen que ser valientes para enfrentarse y dejar de favorecer a las grandes corporaciones, deben facilitar la vida de las personas, para eso están ahí”, defiende Susana.

Las cifras certeras

En las calles donde hace menos de dos meses cientos de tractores salían del campo para recorrer las carreteras de la comunidad en protesta por el acuerdo de Mercosur, defendido por el Partido Popular Europeo y que acarrea consecuencias nefastas para el campo castellano y leonés, se observan unos carteles de color azul. Sobre el fondo destaca la cara del candidato a la presidencia de la Junta del PP, Alfonso Fernández Mañueco. 

Pese a los cambios en el panorama nacional e internacional y su impacto para la comunidad, los resultados electorales previstos por todas las encuestas no varían demasiado de los anteriores comicios

Pese a los cambios en el panorama nacional e internacional y su impacto para la comunidad, los resultados electorales previstos por todas las encuestas no varían demasiado de los anteriores comicios. El PP continúa siendo, según el CIS, la primera fuerza política con el 33,4% de los votos, seguido a escaso porcentaje por el PSOE (32,3%). Ante las cifras divididas entre Izquierda Unida-Movimiento Sumar–Verdes Equo (5,1%) y Podemos-Alianza Verde (3,1%), las encuestas otorgan nuevamente el poder de pacto a Vox (16,1%) para alcanzar la mayoría absoluta, quien ya ha manifestado estar abierto a hacerlo con el Partido Popular. 

Junto a los carteles con el rostro del candidato destaca, como una profecía inmóvil y antagónica a las demandas de cambio de las organizaciones, el lema elegido por el Partido Popular: “Aquí, certezas”.