Energía
Cuando un tratado no permite que baje tu factura de la luz

El Tratado sobre la Carta de Energía proporciona a las grandes compañías energéticas herramientas para apuntalar sus beneficios, en muchas ocasiones, en detrimento de los derechos de las personas consumidoras. 

Pobreza energética
Movilización tras la muerte –en un incendio provocado por una vela– de Rosa Pitarch, una mujer de 81 años a la que Gas Natural Fenosa había cortado la luz, en noviembre de 2016. Freddy Davies

Tradener.org y miembro de la campaña No a los TCI


22 dic 2020 10:41

La pobreza energética provoca graves efectos sobre la salud física y mental de las personas, especialmente en niñas y niños y personas mayores. La cuestión de género también importa cuando hablamos de la falta de acceso a los servicios energéticos esenciales: las mujeres son las más afectadas por esta situación. El Estado debe ser garante de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España (MITECO), las personas usuarias del bono social de la luz —esto es, las que se acogen a descuentos en su factura por no poder enfrentar los costes de la misma— aumentan en 200 al día desde el inicio de la pandemia. Actualmente el bono social llega a 1,3 millones de hogares.

Los movimientos sociales ponen ampliamente en duda el bono social debido a los criterios de renta tan ajustados que plantea, al exceso de burocracia que dificulta su acceso y a la insuficiente rebaja de la factura que supone

Debido a las dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria, el Gobierno aprobó una moratoria en los cortes de suministros básicos en marzo. El mismo MITECO afirma que, gracias a esta medida, se han evitado 30.000 órdenes de corte desde su aprobación. Sin embargo, haciendo caso omiso a las voces que proponían recuperar y renacionalizar sectores estratégicos de la economía, el Gobierno decidió levantar la moratoria a finales de septiembre. En un contexto de nuevos confinamientos y crisis económica sin precedentes, eso significa abocar a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad al bono social. El bono social es la apuesta y solución del Gobierno ante la creciente pobreza energética, sin embargo los movimientos sociales lo ponen ampliamente en duda debido a los criterios de renta tan ajustados que plantea, al exceso de burocracia que dificulta su acceso y a la insuficiente rebaja de la factura que supone. Cabe preguntarnos por qué el Gobierno no realiza apuestas de mayor calado a favor del bienestar de la ciudadanía. 

Son muchas las causas subyacentes en la cobardía estatal ante el mercado energético. Por ejemplo, la presión que ejerce el lobby de las eléctricas desde su poderoso oligopolio, cuestionado por pactar precios y ocultar tarifas ventajosas para las personas consumidoras de manera recurrente. Hablamos de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o EDP, entre otros. También de las 175 puertas giratorias documentadas por La Marea, en las seis empresas energéticas del Ibex 35 —hombres en un 85 % de los casos—. Y es imposible no mencionar el amplio respaldo gubernamental a la liberalización del mercado energético y a la protección de las inversiones extranjeras a través de tratados internacionales. En el marco de esa arquitectura empresarial, el Tratado sobre la Carta de Energía (TCE)  proporciona a las grandes compañías energéticas herramientas para apuntalar sus beneficios, en muchas ocasiones, en detrimento de los derechos de las personas consumidoras. 

Los casos de Bulgaria y de Hungría, ambos demandados por inversores extranjeros por abaratar el acceso a la electricidad, marcan una senda peligrosa

De hecho, varios gobiernos ya han sido objeto de demandas en el marco del TCE por las medidas de alivio que han adoptado para proteger a las personas más vulnerables. Los casos de Bulgaria y de Hungría, ambos demandados por inversores extranjeros por abaratar el acceso a la electricidad, marcan una senda peligrosa. 

Este tipo de demandas están orientadas a coartar a los gobiernos y a evitar que opten por medidas que, sin las medias tintas del bono social, se orienten a proteger y garantizar los derechos energéticos de la ciudadanía. Las propuestas están sobre la mesa: prohibición de cortes en hogares en situación de vulnerabilidad, tarifas sociales efectivas y una gestión transparente y pública-comunitaria de la energía. En definitiva, anteponer el bienestar de las personas a los beneficios de las grandes energéticas.

Acuerdos comerciales
Una cascada de demandas contra el Estado español

Si España permanece en el Tratado sobre la Carta de la Energía podría enfrentar nuevas demandas millonarias en el futuro, sobre todo por medidas climáticas relacionadas con los planes de transición energética.

Demandas bajo el TCE

El caso de Bulgaria
Tres compañías eléctricas extranjeras denunciaron al gobierno búlgaro en 2013 por querer reducir los costes de la electricidad en torno a un 7% para las personas consumidoras y por querer limitar los beneficios crecientes de las compañías energéticas. Las denuncias contra el país, uno de los más pobres de la Unión Europea, ascienden a más de mil millones de euros.
 

El caso de Hungría
En 2007, el 16 % de los ingresos de los hogares húngaros se destinaba a pagar las facturas de energía, el doble de la media de la Unión Europea. Por ello el Gobierno decidió  establecer unos precios fijos para la generación eléctrica y recortar los beneficios de las compañías eléctricas. Esta medida desencadenó demandas por parte de empresas e inversores bajo el TCE. La sentencia admitió que el Gobierno tenía la legitimidad de legislar para controlar beneficios excesivos pero Hungría tuvo que pagar casi 15 millones de dólares en gastos jurídico.

Este artículo forma parte de un suplemento especial dedicado al Tratado sobre la Carta de la Energía elaborado por la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de Enlace, Madrid.
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Crisis climática
Inversiones 'marrones' España gastó más de 23.000 millones de dinero público en actividades nocivas para el medio ambiente en 2024
Un estudio analiza el impacto climático de las subvenciones otorgadas por el Gobierno español. Solo el 14% del monto total de las ayudas se destinó a actividades o proyectos que fomentan la transición ecológica.
Guerra en Ucrania
Conflicto bélico Rusia y Ucrania acuerdan un principio de alto el fuego marítimo a instancias de Estados Unidos
La Casa Blanca emite dos comunicados que coinciden en señalar una tregua en el Mar Negro y en prometer trabajo para el final de los ataques energéticos por ambas partes.
Granada
Medio ambiente El movimiento vecinal y ecologista consigue paralizar la planta fotovoltaica en Víznar
Ecologistas en Acción celebran la decisión con una “sensación agridulce”, ya que “los daños han sido muy graves y creen que irreparables. Actualmente en la provincia de Granada hay en marcha más de cien proyectos de energía renovable
#78029
24/12/2020 22:00

Si van a baja la factura de la luz si tienen un negocio redondo, además todos los políticos que salen se enchufan en electricas, Telefonica, gas etc. etc

0
0
Represión
Policía infiltrado La Directa destapa un nuevo caso de policía infiltrado, esta vez, en el activismo de Lleida
Bajo la identidad falsa de Joan Llobet García, un agente de la trigesimosegunda promoción de la Academia de Ávila, pasó dos años infiltrado en espacios independentistas, estudiantiles y ecologistas.
Redes sociales
El asesino de los CEO El fenómeno fan Luigi Mangione, ¿por qué tanta gente apoya a un asesino?
El caso del chico de clase alta que disparó sobre un CEO de una aseguradora médica ha desatado una ola cultural y de apoyo como no se había visto antes.
Madres protectoras
Madres protectoras Una madre, condenada a tres años y medio por secuestrar a su propia hija, solicita su indulto
La libertad de Jewel Lázaro depende de la respuesta del Ministerio de Justicia de España a su petición de indulto con el fin de no separarla de otro bebé de nueve meses.
Derecho a la vivienda
Manifestación estatal Mapa | Más de 40 ciudades se movilizan este 5 de abril por el derecho a la vivienda
Decenas de miles de personas en más de 40 localidades de todo el Estado español saldrán a la calle el próximo 5 de abril para reclamar medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.
Militarismo
Alejandro Pozo “El oportunismo de la industria militar española aprovechando lo que pasa en Gaza es grave”
Este investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria denuncia que el rearme ya está teniendo lugar y que el Ejecutivo escamotea información sobre las relaciones comerciales de la industria con Israel.

Últimas

Israel
Guerra en Gaza Israel ordena evacuar Rafah ante la previsión de un ataque terrestre
En la mañana del 31 de marzo, las fuerzas militares de Israel han ordenado a la población evacuar gran parte de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Francia
Francia Marine Le Pen es condenada por malversación y no podrá concurrir a las elecciones de 2027
Un caso de corrupción con los asistentes del Parlamento europeo golpea a la ultraderecha francesa. Le Pen y su partido, Agrupación Nacional, son condenados por el Tribunal Penal de París.
Precariedad laboral
Precariedad laboral Europa presiona de nuevo a España para que modifique la indemnización por despido improcedente
El Consejo de Europa concluye que el sistema español viola la Carta Social Europea al considerar que la compensación española no repara el daño a los trabajadores ni disuade de hacerlo.
Myanmar
Terremoto Myanmar: un país bajo los escombros
Con el cronómetro en contra, los equipos de rescate de Myanmar continúan buscando bajo los escombros a los supervivientes del que ya se considera el peor terremoto sufrido en las últimas siete décadas en el país.
Dependencia
Dependencia Los cuidados necesitarán entre 300.000 y 600.000 trabajadores más en cinco años
Las empleadas de residencias y ayuda a domicilio reclaman mejoras en esas nuevas plazas. “Debemos tener un sistema de cuidados universal y público, debe ser un derecho y no un negocio”, piden desde el sindicato ELA.
Memoria histórica
Opinión La maldición de los agotes
Los agotes son una minoría que habita el Pirineo occidental. Están concentrados principalmente en el valle del Baztán, en Navarra, y si bien su origen no está claro, hay varias teorías al respecto. Se cree que la palabra agote proviene del francés cagot y significa “perro godo”. El término es por tanto un insulto.
Huelga
Huelga Nueva jornada de huelga en Renfe el 1 de abril
Los tres sindicatos que no firmaron el acuerdo recuerdan que hay convocatoria de paro en todo el territorio. Reclaman mejoras en el servicio público.

Recomendadas

Literatura
Silvia Nanclares “Moratalaz nace como barrio franquista, solo que no contaban con la presión vecinal”
Con ‘Nunca voló tan alto tu televisor’ la escritora madrileña regresa a su barrio y examina lo que quedaba debajo de la cáscara de progreso que supuso la construcción del edificio de Torrespaña, aun hoy uno de los más reconocibles de la ciudad.
Galicia
Galicia Bimba y Lola se aleja de las fibras textiles de Altri con la salida del presidente de Greenalia de su consejo
El presidente de Greenalia y antiguo consejero delegado de Inditex, José María Castellano, abandona su puesto en la empresa cerrando una puerta más a la salida de la celulosa supuestamente creada para fibras textiles.
Cómic
Cómic Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: ¿los superhéroes de cómic son de derechas o de izquierdas?
¿Encarna Superman a la socialdemocracia liberal, es Batman un militante anarcocapitalista y el Capitán América la bandera del nacionalismo? La respuesta no es tan sencilla si se repasa la historia del género.
Memoria histórica
Manuel Pérez, ‘camarada Arenas’, tras salir de prisión “Cordón trató de escaparse, se cayó y se mató”
El militante histórico del PCE reconstituido y, según la Justicia, líder de los Grapo, mantiene su inocencia en todos los casos que le han llevado a pasar 32 años en prisión.