Opinión
La esperada y muy merecida demolición de Valdecañas

Hace unas semanas por fin se conoció el informe que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) pidió a la Estación Biológica de Doñana sobre las cuestiones ambientales que rodean el caso de la urbanización ilegal de la Isla de Valdecañas, un informe que ha caído como un jarro de agua fría sobre nuestra clase política y que por el contrario ha sido celebrado por el ecologismo, pues deja claro que “la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla”, lo que inevitablemente pasa por la demolición del complejo turístico.

Es este el penúltimo capítulo de una larga historia de especulación urbanística de altos vuelos que comienza en 2006, en plena euforia de la fiebre del ladrillo que arrasó con tantos espacios naturales a lo largo de las décadas doradas del capitalismo inmobiliario. El proyecto que se presentó en 2006 y se empezó a construir en 2007 consistía en una urbanización de lujo para la aristocracia madrileña en una península de 135 hectáreas del embalse de Valdecañas, que estrangula al río Tajo en las inmediaciones de El Gordo y Berrocalejo. 185 chaléts de lujo, un par de hoteles de 4 y 5 estrellas, playa artificial con arena de mar, puerto deportivo con 70 puntos de atraque y, por supuesto, el sempiterno campo de golf que siempre acompaña a los pelotazos urbanísticos a lo largo y ancho de este atribulado país… Un paraíso para las elites madrileñas promovido por un sobrino del Borbón que mataba elefantes y que atrajo a la que iba a ser la “Marbella extremeña” a compradores con apellidos ilustres de nuestra clase política, de la gran banca, del mundo de la farándula y otros Very Important Peoples… Y todo, como siempre, incluía grandes promesas de empleo y prosperidad para la población de esta zona rural, tan deprimida como otras tantas de la región extremeña, y por tanto contaba con el apoyo de todos los políticos locales y regionales.

Todo se decidía y se hacía con tanta naturalidad depredadora y extractiva que ha merecido que se acuñe un neologismo que designa a este tipo de política: ibarrismo

Solo había un "pequeño problema"… o dos. El primero era que todo se planeaba hacer en un lugar que era una "Zona de Especial Protección para las Aves" y, por tanto, en un espacio incluido en la Red Natura 2000. O sea, en un espacio protegido. Pero en los tiempos de Ibarra el modelo de desarrollo pasaba por encima de los ecosistemas, por encima del mundo rural y por encima de los intereses del pueblo con una facilidad pasmosa. Todo estaba justificado para atraer capitales y CREAR EMPLEO, así, con mayúsculas, todo se decidía y se hacía con tanta naturalidad depredadora y extractiva que ha merecido que se acuñe un neologismo que designa a este tipo de política: “ibarrismo”. Pero esta vez pensaban que iban a poder pasar también por encima de la Justicia y del movimiento ecologista extremeño. Y este fue el segundo “pequeño problema”.

Hacer un relato completo y pormenorizado de la batalla judicial que emprenden ADENEX y Ecologistas en Acción, primero, para impedir la construcción de la urbanización y, después, para que se demuela lo construido sería demasiado prolijo y daría más bien para un libro que para un artículo como este. En ese largo proceso de 13 años ha habido de todo: sentencias de los tribunales que se recurrían al tiempo que se continuaban las obras, modificaciones retroactivas de la Ley del Suelo aprobadas unánimemente por las dos bancadas del PSOE y el PP en la Asamblea con el objeto de desoír la sentencia del TSJex de 2009, cambios ad hoc de los planes generales de ordenación territorial... En 2011, este mismo tribunal declaró nulo el PIR (declaración de Plan de Interés Regional) y ordenó la reposición de los terrenos a su anterior estadio, pero la Junta recurrió al Tribunal Supremo y continuó la construcción y venta de chalets en una política de hechos consumados.

Ha habido sentencias favorables a las tesis de los grupos ecologistas pero que pedían que estos depositasen una fianza de 41 millones de euros para que se hiciesen efectivas, ha habido campañas de difamación y ataques incluso físicos a activistas del ecologismo regional. Por fin, en 2014, la sala tercera del Tribunal Supremo confirma la sentencia de nulidad del PIR y ordena la restitución de los terrenos a su estado anterior. Pero no acaba ahí la cosa. Nuevas alegaciones de la Junta, la petición del informe a la Estación Biológica de Doñana para ir ganando tiempo y llegar a una situación en que el derribo de la urbanización sea tan caro debido a las millonarias indemnizaciones que no se lleve a cabo. Una verdadera batalla de la clase política regional contra la Justicia y el Derecho que ha utilizado recursos públicos para favorecer a una minoría que ya es rica y privilegiada, y que además es foránea, una batalla también contra el movimiento ecologista, al que se trata de estigmatizar como enemigo del progreso y el empleo, enemigo del mundo rural.

Una vez recibido este informe el TSJEx debe dictaminar en Marzo cómo se ejecuta una sentencia que es firme

Por eso ahora ya están preocupados, muy preocupados incluso, porque el informe de Doñana es demoledor, valga la redundancia. Desmonta uno por uno los argumentos que alegó la Junta sobre el perjuicio ambiental que supondría ahora la demolición (tiene bemoles que quien permitió una endeble y fraudulenta declaración de impacto ambiental para la construcción se preocupe ahora tanto de la demolición). “Mantener el complejo en su estado actual (…) es la opción más perjudicial para la ZEPA”, “la demolición seguida de la restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo”, afirma el informe; también desarma la presunta preocupación de la Junta sobre las emisiones de CO2 que provocaría el desmantelamiento: “mantener el complejo generaría una huella de carbono al menos 29 veces mayor… que la demolición”.

Una vez recibido este informe, el TSJEx debe dictaminar en marzo cómo se ejecuta una sentencia que es firme, y podemos intuir que no deben estar faltando las presiones políticas sobre la judicatura, porque aquí hay responsabilidades, responsabilidades económicas muy importantes que se estiman en más de 130 millones de euros entre los costes de demolición y, sobretodo, las indemnizaciones que reclamarán los propietarios de la urbanización de lujo. No parece que sea justo que estas indemnizaciones recaigan sobre el erario público, que pondrían en un grave aprieto las cuentas públicas de una Administración regional ya endeudada, ya que fueron los gobiernos regionales de Ibarra y Monago y los gobiernos locales de El Gordo y otros pueblos los que maniobraron para cambiar leyes con el objeto de burlar la protección ambiental y las decisiones judiciales. Fueron todos los diputados de la Asamblea los que votaron un cambio de la ley del suelo que sabían que era una burla, y también hay que recordar que desde 2011 los que compraron propiedades en la urbanización ya sabían que era ilegal y a lo que se exponían. Quizá por ahí se podían buscar a los responsables de asumir las indemnizaciones astronómicas y los gastos de esta aventura especulativa que, en vez de llegar a ser la “Marbella extremeña”, se ha quedado en triste “Algarrobico fluvial”. Aunque es de temer que, como siempre en este país de tanta bandera, los gastos de esta “fiesta” también corran a cargo del pueblo.

Si aguanta la presión el TSJEx, si finalmente vence la Justicia este largo y duro pulso que le ha echado la política del desarrollismo y el ladrillazo y Extremadura se libra de esta herencia envenenada de Ibarra, entonces habremos ganado en Justicia Ambiental y en Justicia Social, y además se abriría la posibilidad de acabar bien lo que empezó mal y transcurrió peor: acometiendo un Plan de Restauración Ecológica y Desmantelamiento Selectivo que podría ser un modelo para otras actuaciones semejantes. Este Plan ya fue entregado a las autoridades por Ecologistas en Acción y tiene ventajas claras sobre otras formas de demolición: es más barato, recicla más del 75% del material de derribo, utiliza mucha mano de obra no cualificada, emite menos gases de efecto invernadero y otros contaminantes, evita grandes vertederos… procurando un desmantelamiento completo, seguido de trabajos de restauración ecológica en suelos, flora y riberas, que facilite y acelere la regeneración natural de la Isla. Un Plan que de implementarse sí pondría a Extremadura a la vanguardia de algo decente: la transición ecológica. Pero quizá sea mucho pedir.