Especulación urbanística
La Junta modificará el Decreto de zonas ZEPA en un intento de legalizar la urbanización de lujo de Valdecañas

Mientras el Tribunal Constitucional sigue analizando la demolición total ordenada por el Tribunal Supremo, esta semana se ha conocido una nueva maniobra de la Junta de Extremadura para evitar cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la urbanización ilegal Marina de Valdecañas. En esta ocasión, la Junta lo estaría intentando a través del Proyecto de Decreto por el que se modifican los límites de las Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA), ajustándolas a las cotas de máximo llenado y cambiando así los límites de 11 zonas protegidas; entre ellas, la isla donde se sitúa la urbanización de lujo (concretamente, el área ocupada por los establecimientos hoteleros, las viviendas de lujo y los campos de golf). 

La propuesta del gobierno extremeño argumenta que estos espacios no son zona inundable y, por tanto, habrían perdido su valor ecológico. Desde el punto de vista “técnico” añade, además, a la necesidad de corregir la corrección de errores derivados de imprecisiones cartográficas, errores que harían necesario el ajuste cartográfico “con la tecnología más precisa disponible”. Dicha “tecnología” es, en relación a los intereses inmobiliarios, extremadamente precisa, pues ofrece protección ambiental al embalse y excluye solo un área perfectamente separada del resto, una isla: la isla objeto de polémica.

No es la primera vez que la Junta intenta recortes de este tipo, llegando incluso a apostar en 2022 por una modificación de la Ley del Suelo estatal.

No obstante, y como advierte Ecologistas en Acción, esta interpretación jurídica y ecológica incumple la Directiva Aves (2009/147/CE) y lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la UE relacionado con la imposibilidad de desproteger territorio por razones políticas, económicas y urbanísticas.

“La Junta de Extremadura quiere salvar la Marina Isla de Valdecañas reconociendo en su propuesta que no lo hace por razones científicas. La funcionalidad ecológica de una ZEPA no se limita a la superficie inundada. Tanto la directiva Aves (2009/147/CE) como el Manual de designación de ZEPA de la Comisión Europea reconocen como hábitat de interés zonas no inundables si sirven de refugio, nidificación, alimentación o descanso. Si se aceptase la argumentación de este decreto extremeño, entonces habría que desclasificar cientos de islas, playas, cortados o zonas ribereñas de cientos de embalses de España y Europa”, afirman en Ecologistas en Acción.

“Si se aceptase la argumentación de este decreto extremeño, entonces habría que desclasificar cientos de islas, playas, cortados o zonas ribereñas de cientos de embalses de España y Europa”

Por otro lado, la organización ecologista incide en que el Proyecto de Decreto no se basa en razonamientos sobre valores naturales, porque no aporta ningún estudio con datos de seguimiento del estado de conservación actual. En cambio, la investigación realizada por el CSIC a instancias de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura concluyó que los valores naturales de la Isla merecían protección y que su antropización había afectado a un tercio de las aves terrestres reproductoras, un quinto de las invernantes, modificando la conducta de las especies acuáticas, lo que vendría a demostrar una alta afectación debida a la urbanización que seguiría existiendo a futuro.

La desclasificación, según subraya la organización ecologista, “no se basa en una evolución natural del ecosistema que haga que sea necesaria su desprotección sino que obedece al nuevo intento de incumplir las sentencias que obligan a su derribo”. Por lo tanto, se estaría cometiendo una nueva infracción al no respetar el principio de no regresión que se contempló en la sentencia STS 882/2023 de la Sala III del Tribunal Supremo.

La demanda de Ecologistas en Acción es clara: la retirada definitiva del Proyecto de Decreto presentado por la Junta de Extremadura.